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Protegiendo las manos que nos alimentan: por un futuro mejor para todos

Posted on by Amanda Cordova Gonzales

Elisabeth Jost, FIAN Austria; Naomi Reinschmidt, ÖBV- Vía Campesina, Austria;  Ana María Suárez Franco, FIAN International

A nivel mundial, la tierra está controlada por el 1%, es decir las grandes granjas industriales. En la UE se estima que unas 1.000 granjas cierran cada día. Aproximadamente 9,1 millones de personas actualmente activas en la agricultura se jubilarán en la próxima década. Las guerras y conflictos desplazan a poblaciones enteras, destruyen y contaminan los territorios que las comunidades rurales y los pueblos indígenas dedican a producir alimentos, causando y agravando las hambrunas.

La forma en que se cultiva la tierra hoy determinará si las generaciones futuras heredarán suelos sanos, agua limpia, biodiversidad y comunidades rurales vitales. Por eso, los derechos de los campesinos y los pueblos indígenas no son solo una cuestión del presente, sino que también son centrales para la justicia intra e intergeneracional y los derechos humanos de las futuras generaciones.

Los jóvenes luchan por cultivar

Los jóvenes se enfrentan a importantes barreras estructurales para la agricultura, siendo el acceso y control de la tierra lo más crítico.  La concentración y la especulación hacen que los precios sean inalcanzables, especialmente para quienes no pueden heredar. La creciente competencia por las tierras agrícolas —por parte de inversores, producción de energía y grandes proyectos de infraestructura— expulsa la agricultura, especialmente la agrícola a pequeña escala y la familiar, del paisaje.  Minoristas poderosos y actores corporativos imponen precios que no cubren los costes de producción, extrayendo valor de los agricultores y haciendo económicamente imposible la agricultura a tiempo completo, obligando a muchos a trabajos precarios a tiempo parcial o a endeudamientos.  El aumento de los costes del petróleo y los fertilizantes, intensificado por la guerra, la concentración de tierras y la especulación, profundizan aún más las desigualdades existentes, especialmente para los pequeños productores de alimentos.

El sistema educativo empeora los problemas. En muchos países, la formación agroecológica es escasa. Las cooperativas y las granjas gestionadas colectivamente se enfrentan a obstáculos administrativos y carecen de apoyo estructural. La participación política es demasiado a menudo simbólica: los jóvenes agricultores tienen pocos canales significativos para codecidir políticas. Las mujeres y las personas con diversidad de género enfrentan opresión a través de sistemas de herencia patriarcales, discriminación estructural y la invisibilidad sistémica del trabajo de cuidado no remunerado. En contextos de guerra, ocupación o conflicto, quienes resisten —navegan el trauma y están subordinados a una administración interrumpida o colonizada— enfrentan desafíos aún mayores y soportan cargas crecientes de cuidado y supervivencia.

Tierra y territorio, conocimiento y derechos humanos de las futuras generaciones

Las consecuencias son intergeneracionales. La tierra, el agua y los bosques no pueden considerarse activos especulativos porque su fertilidad, ecología, biodiversidad y función social se desarrollan a lo largo de generaciones. Los derechos sobre la tierra y el agua, tal como se reconoce en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Áreas Rurales (UNDROP), son derechos intergeneracionales. Cuando los sistemas opresivos actuales desmantelan los sistemas alimentarios campesinos, pescadores, pastoralistas e indígenas, dejan a las futuras generaciones con suelos empobrecidos, biodiversidad destruida, sistemas de conocimiento fragmentados y mercados de semillas y tierras controlados por las corporaciones, minando su capacidad para hacer cumplir su derecho a la alimentación.

Las granjas agroecológicas y otros sistemas alimentarios locales, en cambio, son pioneros en la resiliencia climática y el cuidado de la naturaleza. Almacenan carbono, regeneran el suelo, mejoran la biodiversidad y amortiguan los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos. Perderlos no es solo una pérdida social; supone un golpe para la adaptación climática y para el derecho de las futuras generaciones a un entorno limpio, saludable y sostenible. Proteger al campesinado, comunidades rurales y pueblos indígenas hoy significa salvaguardar los ciclos ecológicos, la diversidad de semillas y el conocimiento que no puede reconstruirse de una generación a otra.

El derecho a la alimentación es el derecho a decidir

Cumplir el derecho a la alimentación requiere una transformación política para superar las injusticias y redistribuir el poder, asegurando las condiciones que la gente necesita para practicar la agroecología y alcanzar la soberanía alimentaria. Las dimensiones ecológicas, sociales y políticas están profundamente entrelazadas: la justicia y la paz, el derecho a la tierra, las semillas, una renta justa y la autodeterminación están en el corazón de cualquier futuro sostenible.

Los derechos campesinos, tal y como se reconocen en UNDROP, proporcionan una brújula normativa para esta transformación. Se oponen a la violencia y al régimen alimentario industrial dominante, que concentra el poder, desplaza a las comunidades rurales, endeuda a los agricultores y traslada la responsabilidad de acabar con el hambre de los Estados hacia las corporaciones. Los gobiernos deben cumplir con sus obligaciones de proteger, respetar y cumplir el derecho a la alimentación y todos los derechos relacionados mediante políticas públicas que sirvan a las personas.

Eso implica remodelar la gobernanza de la tierra con leyes antiespeculativas, limitar la concentración de tierras, garantizar la responsabilidad de los usurpadores de tierras y construir fondos públicos para los recién llegados, guiados por criterios de bien común e interés público. La tierra debe estar en manos de quienes la trabajan, la nutren y alimentan al mundo.

Esto significa actuar ante estos asuntos urgentes:

  • Los ingresos justos son fundamentales. Los precios deben cubrir los costes de producción. El apoyo público debería priorizar las granjas campesinas y los pequeños productores locales de alimentos por encima del dominio de la agroindustria y los minoristas.
  • La protección social debe incluir a todos los agricultores, pescadores, ganaderos y trabajadores, incluyendo el trabajo estacional e informal. El trabajo de cuidado, realizado predominantemente por mujeres, debe ser visible, reconocido, valorado y redistribuido.
  • La política agrícola, al igual que la PAC europea, necesita un reinicio. Debe alejarse de los pagos por hectárea que penalizan a las pequeñas explotaciones agrícolas e ignoran a los recién incorporados, diseñando en su lugar políticas accesibles para todos y premiando las prácticas agroecológicas y la provisión de bienes públicos.
  • El conocimiento es un bien público. Necesitamos una educación agroecológica integrada en los territorios, como el aprendizaje de agricultor a agricultor, y mentoría que transmita las habilidades y sabiduría adquiridas durante décadas.
  • La democracia debe ser real. Los jóvenes agricultores necesitan un espacio genuino de codecisión y las mujeres y personas con diversidad de género necesitan vías específicas hacia el liderazgo libres de miedo y discriminación.
  • Los mercados locales deben fortalecerse para mantener el valor en las comunidades y reducir la dependencia de la exportación, al tiempo que se compromete globalmente con un comercio justo y basado en la solidaridad.
  • En situaciones de guerra y conflicto, las semillas y el conocimiento tradicional deben ser salvaguardados para la reconstrucción de sistemas alimentarios alterados. ¡La transformación de la comida, el agua y la tierra en armas debe acabar! … ¡Las guerras deben acabar!

Escuchemos y protejamos el creciente movimiento juvenil en la agricultura y en otras circunscripciones rurales. Su mensaje es claro: defender la tierra y los territorios como un bien común, invertir en agroecología y abrir puertas a quienes quieran dedicarse a la agricultura.  Los derechos de las futuras generaciones comienzan hoy con los derechos de las comunidades rurales y de los pueblos indígenas. ¡Respetemos su vida!  

Para más información, por favor contacte con la Secretaria General Internacional de FIAN, Ana Maria Suárez Franco suarez-franco@fian.org, Elisabeth Jost, FIAN Austria elisabeth.jost@fian.at; o Naomi Reinschmidt, ÖBV- Vía Campesina Austria.  naomi.reinschmidt@viacampesina.at 

Proceso Nyéléni: Replanteando el comercio mundial en tiempos de tensiones geopolíticas

Posted on by Amanda Cordova Gonzales

Durante una gran parte de este siglo, una cohorte de naciones ricas y poderosas ha corrompido y secuestrado el sistema multilateral establecido tras la Segunda Guerra Mundial. Estas naciones están alterando el denominado orden mundial basado en normas y redefiniendo los conceptos de cooperación, justicia, prosperidad compartida y estabilidad, abanderadas por Estados Unidos, que, combinando el poder del capital y el poderío militar, elude las normas colectivas e impone decisiones unilaterales que están remodelando radicalmente la política y el comercio mundial. Esto ha dado lugar a un sistema internacional frágil en el que todas las reglas son variables y la fuerza bruta determina los resultados.

Esto no quiere decir que el asediado sistema internacional/multilateral sea justo, equitativo o democrático. Sus principales órganos, a saber, el Consejo de Seguridad de   Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC), son desde hace mucho tiempo instrumentos de promoción de los intereses de las antiguas potencias coloniales. La amarga paradoja actual es que incluso las normas impuestas por estas instituciones están desbaratadas.

Ya se negocien mediante acuerdos de la OMC, acuerdos bilaterales de libre comercio o asociaciones económicas estratégicas, el comercio y la inversión mundial se han transformado en armas en los conflictos geopolíticos. Los aranceles, las sanciones y las restricciones financieras no se esgrimen para corregir desequilibrios comerciales, sino para ejercer una presión política implacable y derrotar a naciones y pueblos. Las medidas económicas se aplican a los que se atreven a trazar una vía alternativa al capitalismo global y a las ideologías fascistas.

Como demuestra la última guerra en Asia Occidental, el efecto de estas acciones se extiende mucho más allá de las naciones implicadas. Para los países en desarrollo las consecuencias son devastadoras. Los medios de vida de la clase trabajadora se ven amenazados por aranceles fluctuantes, sanciones agresivas y precios volátiles de las materias primas que presionan sobre los sistemas alimentarios y profundizan la dependencia de unos mercados exteriores cada vez menos fiables.

Lxs pequeñxs productorxs y trabajadorxs, que son la columna vertebral de las economías locales, se ven atrapados en el flagelo de unos precios mundiales oscilantes, costes de producción en aumento y rentas en disminución.  

Cuando son las ambiciones imperiales y colonialistas las que impulsan las políticas económicas, las expectativas de un comercio justo y equitativo se esfuman. Cuba, Palestina y Venezuela son ejemplos de que la utilización del comercio como arma y las reivindicaciones coloniales conducen al castigo colectivo de los pueblos.

Sin embargo, este momento de crisis también supone una oportunidad crucial. Conforme se desvanece la fe en los sistemas existentes, los países y los movimientos sociales se levantan para exigir un multilateralismo renovado y genuino, basado en la cooperación y no en la opresión, en la democracia participativa y no en la representación opaca.

Focus on the Global South, La Via Campesina

Leer completo aquí, o descargar aquí

Hora de actuar: cómo garantizar un futuro sostenible mediante la rendición de cuentas corporativa

Posted on by Amanda Cordova Gonzales

A pesar de un marco legal internacional cada vez más sólido en materia de derechos humanos y medioambiental, en lo que respecta a acuerdos comerciales y de inversión, a las corporaciones transnacionales a menudo se les conceden derechos más sólidos que la tenencia y los derechos humanos de las comunidades locales, sin incluir ninguna obligación corporativa, especialmente sus obligaciones de respetar y cumplir con los recursos.

En el documento informativo «Hora de actuar: Asegurar un futuro sostenible a través de la responsabilidad corporativa», FIAN y otras organizaciones abordan el reto de garantizar que el creciente reconocimiento de la RtHE en los ámbitos de gobernanza se traduzca en obligaciones exigibles y coherentes tanto para los estados como para las empresas. El documento expone cómo el instrumento jurídicamente vinculante de la ONU sobre Corporaciones Transnacionales y derechos humanos puede contribuir a cerrar esa brecha mediante una regulación vinculante de la conducta corporativa para prevenir daños y asegurar el acceso a la justicia y la reparación en contextos transnacionales.


«El Tratado sobre empresas transnacionales y derechos humanos puede desempeñar un papel fundamental en la operacionalización de las obligaciones de los estados de respetar, proteger y cumplir el derecho a un entorno limpio, saludable y sostenible, por ejemplo, reforzando una participación significativa, el Consentimiento Libre, Previo e Informado, y evaluaciones sólidas de impacto ambiental, de género y de derechos humanos», afirma Ayushi Kalyan, coordinadora de responsabilidad corporativa en FIAN International. «Estas disposiciones permitirían y requerirían que los Estados tomen medidas oportunas para modificar, suspender, detener o abstenerse de acuerdos comerciales, de inversión o concesión que amenacen los medios de vida, contaminen tierras y aguas, socaven la biodiversidad o contribuyan al cambio climático.»

El documento destaca múltiples ejemplos de cómo las operaciones corporativas están causando una grave contaminación ambiental en el agua, el aire y el suelo, daños a la agricultura local, expropiación y desplazamiento de comunidades, etc. Se refiere a desarrollos recientes en la jurisprudencia internacional que han aclarado los deberes de los Estados para regular a los actores privados, hacer cumplir el cumplimiento y garantizar remedios eficaces, especialmente el Dictamen Consultivo (AO) de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las obligaciones de los Estados respecto al cambio climático y el Dictamen Asesor (AO) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (TICt) sobre emergencia climática y derechos humanos.

Concluye con un conjunto de recomendaciones

  • a Estados:

-Participar constructivamente y fortalecer el Borrador Actualizado del instrumento jurídicamente vinculante sobre corporaciones transnacionales y derechos humanos, asegurando que establezca obligaciones claras para las corporaciones y los estados, la responsabilidad entre jurisdicciones y remedios efectivos para las comunidades afectadas;  – Integrar en la legislación nacional mecanismos estrictos de debida diligencia en materia de derechos humanos, responsabilidad y otros mecanismos de prevención basados en el derecho a un entorno limpio, saludable y sostenible

  • a organismos intergubernamentales y de la ONU

– garantizar que las políticas medioambientales reflejen y sirvan genuinamente a las necesidades y prioridades de quienes se ven más afectados por la degradación medioambiental y garantizar la coordinación entre los procesos de derechos humanos y gobernanza ambiental en línea con los estándares de protección más progresistas. 

  • a la sociedad civil, incluidos los sindicatos

– Centrar las voces de las comunidades de base y los movimientos sociales como actores esenciales y promover soluciones lideradas por la comunidad y centradas en las personas para la crisis ecológica; – Aprovechar el lenguaje del instrumento y la jurisprudencia legalmente vinculantes sobre el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible en la defensa de la justicia ambiental, y compartir información sobre este instrumento en espacios relevantes.

Para más información, por favor contacte con Sabine Pabst pabst@fian.org

El CIP publica su documento de posición sobre reforma agraria ante la CIRADR+20

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Veinte años después de la primera CIRADR, la tierra, el agua, los bosques y los océanos están cada vez más concentrados en manos de corporaciones y actores financieros, impulsando el despojo, la desigualdad y el colapso ecológico. Campesinxs, Pueblos Indígenas, pastoralistas, pescadorxs artesanales, mujeres rurales y trabajadorxs siguen siendo excluidxs de sus territorios y de los espacios de toma de decisiones.

El CIP insta a los gobiernos a ir más allá de compromisos voluntarios y adoptar medidas vinculantes y medibles que garanticen una reforma agraria redistributiva, acceso equitativo a los bienes naturales, gobernanza democrática y desarrollo rural agroecológico. Sin derechos colectivos seguros sobre la tierra y los territorios no puede haber soberanía alimentaria, transición justa ni paz duradera. En la CIRADR+20, el CIP presenta una visión política clara para recuperar la tierra y la dignidad en todo el mundo.

Descarga el documento de posición aquí

Movimientos sociales globales se movilizan en torno a la CIRADR+20 ante la intensificación de las luchas por la tierra, los bienes naturales y los territorios

Posted on by Tom

Desde Palestina hasta Venezuela, desde Cuba hasta el Ártico, está en marcha una renovada disputa imperial por territorios, minerales, agua y energía. Las inversiones financieras, la ocupación militar, los bloqueos económicos y los llamados proyectos de seguridad, desarrollo y transición verde se utilizan cada vez más por parte de los gobiernos, las corporaciones y la élites para despojar a los pueblos e imponer su poder sobre los recursos estratégicos. Como resultado, el mundo se enfrenta a una creciente concentración de la tierra, el despojo de territorios y bienes naturales y a una profunda desigualdad. Como movimientos sociales globales de  productoras y productores de alimentos a pequeña escala, estamos decididas y decididos a unirnos en Cartagena para visibilizar cómo estas disputas de poder global afectan directamente a las comunidades trabajadoras rurales y urbanas, y para luchar por políticas públicas que respeten nuestros derechos y nuestra autonomía.

Como resultado de esta expansión capitalista e imperialista, el sistema alimentario mundial también se encuentra en una profunda crisis. Está colapsando bajo el impacto del deterioro climático, los monocultivos industriales y la desigualdad extrema. Nosotras y nosotros, las personas campesinas, los Pueblos Indígenas y las personas productoras de alimentos a pequeña escala que alimentamos a la mayor parte del mundo y protegemos los ecosistemas, enfrentamos una nueva ola de despojo impulsada por la militarización, el crimen organizado, las grandes tecnologías y la mercantilización de la acción climática.

Nosotres, representantes de movimientos sociales de más de 70 países, organizades a través del Comité Internacional de Planificación sobre Soberanía Alimentaria (IPC), quienes asistiremos a CIRADR+20, como parte de la Agenda de Acción Política Común resultado del Tercer Foro Global de Nyéleni, hacemos un llamado a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) para que establezcan mecanismos de evaluación fuertes, participativos y regulares, que permitan monitorear la implementación de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra (VGGT). La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en Áreas Rurales (UNDROP) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) deben ser pilares centrales de  reformas agrarias integrales, orientando a los Estados a proteger los derechos colectivos, garantizar la participación, respetar el consentimiento libre, previo e informado, y defender los territorios frente al despojo.

La CIRADR+20, que tendrá lugar del 24 al 28 de febrero de 2026, se realiza veinte años después de la primera conferencia en Porto Alegre. En las décadas transcurridas, la concentración de la tierra se ha intensificado y se han expandido nuevas formas de acaparamiento de tierras y agua. Como movimientos sociales, insistimos en que la conferencia debe ir más allá de recomendaciones técnicas y promesas voluntarias.

Llamamos a una reforma agraria integral basada en cuatro pilares: el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos consuetudinarios sobre la tierra, los territorios y el agua; la redistribución de la tierra y los bienes naturales, incluidos límites a la acumulación corporativa y militar; la restitución para las comunidades despojadas por el acaparamiento de tierras, el colonialismo, la ocupación y los conflictos; y una regulación firme de los mercado de la tierra para proteger los territorios de las y los pequeños productores de alimentos frente a usos extractivos, especulativos y militares.

Una reforma agraria integral es central para la democracia, la paz y la justicia climática. Toda reforma agraria significativa debe situar en el centro la igualdad de derechos de las mujeres a la tierra, garantizar futuros dignos para las juventudes rurales y reconocer los derechos, la seguridad y el sentido de pertenencia de las personas con diversidad sexual y de género en los territorios rurales. Sin compromisos políticos y mecanismos globales y efectivos de monitoreo y cooperación, el acaparamiento de tierras simplemente adopta nuevas formas.

Nuestra lucha por la reforma agraria hoy es inseparable de nuestra lucha contra el imperialismo, el autoritarismo y el colapso ecológico. La CIRADR+20 se perfila como un momento crítico para intensificar nuestros esfuerzos colectivos para recuperar la tierra, los territorios, restaurar la dignidad de las poblaciones rurales, construir soberanía alimentaria y defender las bases mismas de la vida. Como Grupo de Trabajo del CIP sobre Tierra, Bosques, Agua y Territorios, organizaremos un Foro de Movimientos Sociales y Pueblos Indígenas los días 22 y 23 de febrero para preparar nuestras propuestas colectivas para la Conferencia.

¡Defendemos la vida, construimos la soberanía alimentaria!

¡Control popular sobre la tierra, el agua y los territorios ya! 

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA PRENSA

  • Lista de movimientos sociales globales: LVC, IITC, WFFP, WFF, WAMIP, WMW, FIMARC, MIJARC, HIC, URGENCI
  • Lista de movimientos sociales regionales: AFSA, CAOI, COPROFAM, ECMIA, MAELA, PROPAC, ROPPA, USFSA
  • Fechas clave
    • Foro de Movimientos Sociales: 22–23 de febrero de 2026
    • Foro Académico: 20–22 de febrero de 2026
    • Conferencia Oficial CIRADR+20: 24–28 de febrero de 2026
    • Rueda de prensa: Por confirmar (virtual o en Cartagena)

3er Foro Nyéléni: Construyendo la solidaridad mundial para una transformación sistémica

Posted on by Tom

El 3er Foro Global Nyéléni tuvo lugar en la ciudad de Kandy, en Sri Lanka, del 6 al 13 de septiembre de 2025. El complejo del Instituto Nacional de Desarrollo Cooperativo acogió a pequeños productores de alimentos, consumidores, pueblos indígenas, sindicatos, defensores de los derechos humanos, defensores de la justicia climática y sanitaria, comunidades urbanas pobres, mujeres y grupos de diversidad de género, profesionales de la economía social y solidaria, académicos, artistas y otros representantes de movimientos de base y organizaciones de la sociedad civil. Juntos elaboraron una Agenda de Acción Política Común (AAPC) para la transformación sistémica hacia la justicia económica, social, de género, racial y medioambiental.

A lo largo de los años, el proceso Nyéléni ha posibilitado la generación de un movimiento colectivo, ofreciendo un espacio en el que los movimientos de base comparten luchas, analizan tendencias, y trabajan juntos para avanzar hacia soluciones comunes. Sobre la base de las enseñanzas del primer y segundo foro Nyéléni, que tuvieron lugar en Mali, este 3er foro ha ampliado su alcance al unir fuerzas con los movimientos para la justicia climática, salud de las personas, y economía social y solidaria.

En un reflejo de su diversidad, el foro congregó a participantes de todas las regiones del mundo, con un equipo de 73 intérpretes voluntarios organizado por el colectivo COATI, trabajando denodadamente para garantizar la justicia lingüística y la interpretación hacia los 18 idiomas oficiales.

En esencia, el foro reafirmó que soberanía alimentaria y solidaridad global son inseparables. Les participantes, venidos de Palestina a Congo, de Haití a Sudan y más allá, expresaron su compromiso de resistir a la opresión en todas sus formas y construir un mundo fundado en la dignidad, la justicia, y los cuidados, en el reconocimiento de que el apoyo a Palestina, y a todos los pueblos que sufren ocupación, guerra y desposesión, es una responsabilidad conjunta y un reflejo de que el movimiento comparte una visión colectiva de la justicia.

El foro culminó con la adopción por aclamación de la Declaración de Kandy, con expectativa de enriquecer la Agenda de Acción Política Común (AAPC); ambas están destinadas a servir de brújula política que guíe las acciones y la visión de los movimientos de todo el mundo que luchan por la soberanía alimentaria y la justicia.

Esta edición del boletín Nyéléni comparte una selección de los aspectos más destacados del foro, recogiendo varias de las perspectivas de les participantes. Como afirma la declaración de Kandy: «A través de todas las diversidades que representamos, para fortalecer nuestras luchas, alzamos juntos la voz y declaramos: ¡Transformación sistémica, ahora y para siempre!».

Comité Internacional de Planificación (CIP) para la Soberanía Alimentaria, Transnational Institute (TNI) 

Ilustración: Mural creado por el colectivo Fearless Collective durante el 3er Foro Nyéléni en Kandy, Sri Lanka. 

Haga clic aquí para descargar la edición en español (pdf) o lea el boletín directamente en el sitio web. 

Para más información, póngase en contacto con info@nyeleni.org, www.nyeleni.org
¡Por favor, difundir a sus contactos!

En el Día Internacional de los Derechos Humanos, exigimos una transformación de la ONU que fortalezca la rendición de cuentas y sirva a los pueblos, no a los presupuestos

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En nuestro trabajo con comunidades afectadas por violaciones de derechos humanos, a menudo nos dicen que las visitas y recomendaciones de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos – como la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Alimentación – y las recomendaciones de los Órganos de Tratados dan visibilidad a los riesgos y perjuicios que enfrentan, orientan a los Estados para prevenir o reparar esos daños, y garantizan la rendición de cuentas por las obligaciones bajo los tratados de derechos humanos de la ONU.

Aunque el Sistema de Derechos Humanos no ha logrado detener genocidios y otras atrocidades graves, el trabajo de los Procedimientos Especiales y los Órganos de Tratados – llevado a cabo por expertos independientes que trabajan sin remuneración – ha desempeñado un papel decisivo en la corrección de injusticias y destaca como una de las partes más importantes del sistema para las y los titulares de derechos.

A pesar de esta realidad, la reforma ONU80 (UN80 Initiative) amenaza con reducir los presupuestos esenciales para garantizar el trabajo de los mandatos de derechos humanos, incluyendo recortar el apoyo técnico proporcionado por ACNUDH, necesario para responder cartas de alegaciones de los titulares de derechos, preparar informes y realizar otros trabajos críticos de monitoreo. El pilar de derechos humanos de la ONU ya está gravemente subfinanciado, recibiendo apenas alrededor del 1% del presupuesto total de la ONU, y los recortes propuestos afectarían de manera desproporcionada nuevamente el trabajo en derechos humanos, debilitando aún más la protección para quienes están en mayor riesgo. Nos preocupa porque ya comenzaron las fusiones de mandatos esenciales y se anunció que la reducción del número de visitas a países introducida en 2025 continuará sin cambios en 2026, con solo una visita prevista. Además, aunque el trabajo de estos mandatos se basa principalmente en Ginebra, las decisiones las toma la Asamblea General de la ONU en Nueva York, a través de un proceso muy opaco, sin la debida consulta con un grupo diverso de la sociedad civil y las comunidades afectadas, ni siquiera con los titulares de los mandatos de derechos humanos correspondientes.

«La credibilidad y legitimidad de la ONU ya han sido seriamente cuestionadas debido a su fracaso para detener el genocidio en Gaza, los numerosos abusos cometidos por corporaciones transnacionales y la destrucción de nuestra naturaleza. Debilitar aún más los mandatos de derechos humanos profundizaría la crisis de legitimidad. Necesitamos una transformación de la ONU que ponga a las personas y al planeta en el centro y fortalezca esos mecanismos que sirven a la gente, no una reforma apresurada y de reducción de costos que trata superficialmente los síntomas dejando intactas las causas estructurales», afirma Sibylle Dirren, representante permanente de FIAN en Ginebra.

Hacemos un llamado a todos los Estados miembros de la ONU para que paguen sus contribuciones y defiendan activamente el funcionamiento pleno e ininterrumpido de los Procedimientos Especiales y los Órganos de Tratados. Los miembros que se hayan comprometido a respetar, proteger y cumplir los derechos humanos deberán garantizar que cualquier reforma asegure la rendición de cuentas, el acceso a la justicia y recursos efectivos. Una reforma que se realice con las personas que sirven al sistema sin remuneración – los Relatores Especiales y los miembros de los comités de los tratados – y con aquellos que tienen el mandato de defender: las y los titulares de derechos humanos. Hacemos un llamado a la sociedad civil para que se una y alce su voz por una verdadera transformación de la ONU.

Persona de contacto: Sibylle Dirren, dirren@fian.org

Mujeres rurales, cuidado y agrotóxicos: Un llamado a la acción 

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En las comunidades rurales de todo el mundo, las mujeres son el pilar de la producción de alimentos y del cuidado. Sin embargo, también están en la primera línea de una creciente crisis de salud y ambiental causada por el uso generalizado de agrotóxicos. Los pesticidas y fertilizantes sintéticos, centrales en el sistema alimentario corporativo industrial y en el modelo de producción, juegan un papel fundamental en la triple crisis planetaria: la intensificación del cambio climático, la degradación de ecosistemas y pérdida de biodiversidad, y la contaminación ambiental.

Nuestro nuevo informe “Mujeres rurales, cuidado y agrotóxicos” muestra que las mujeres enfrentan exposición en todas las dimensiones de la vida. En las industrias del banano y la floricultura de Ecuador, las mujeres trabajan en medio de fumigaciones y residuos químicos, a menudo sin protección. Muchas llevan prácticas de uso de pesticidas a invernaderos familiares cerca de sus hogares, extendiendo la contaminación al ámbito doméstico. Las mujeres están expuestas a tóxicos durante el trabajo de cuidado, cuando lavan ropa contaminada, preparan alimentos o recogen agua. Los tóxicos también aumentan su ya pesada carga de trabajo de cuando además cuidan a familiares enfermos.

“Estamos en una lucha constante. Buscamos producir alimentos que son sanos y agrodiversos […] plátano, cacao, yuca, café, cítricos, aguacate […]. Sin embargo, a nuestros alrededores […] nos encontramos con grandes extensiones de monocultivos de banano. A través de fumigaciones, por medio de avionetas o drones, la producción extensiva contamina a la naturaleza, nuestra producción y a nosotras mismas.” Evelyn Yánez y Daisy Chávez, mujeres rurales de Ecuador.

El cuidado como resistencia y transformación

A pesar de estas injusticias, mujeres rurales están construyendo alternativas transformadoras basadas en el cuidado. Están liderando la resistencia contra un sistema alimentario centrado en la extracción y la contaminación que acumula riqueza en manos de unos pocos mientras externaliza los daños a las comunidades y al medio ambiente. En Ecuador, la Red de Mujeres Rurales ha emprendido una transición agroecológica que incluye producción diversificada, protección de semillas, escuelas agroecológicas dirigidas por mujeres, reservas territoriales de alimentos libres de agrotóxicos y mercados comunitarios.

Igualmente, en Honduras, mujeres pescadoras están defendiendo sus territorios costeros, que están siendo contaminados y privatizados por la acuicultura industrial de camarón. La destrucción de los manglares y la biodiversidad marina ha dificultado cada vez más que estas mujeres alimenten a sus familias o se ganen la vida; al mismo tiempo que agrava los impactos del cambio climático en las comunidades costeras. Sin embargo, continúan cuidando los ecosistemas marinos y sus comunidades, exigiendo la co-gobernanza de los recursos marinos, restaurando los manglares y abogando por prácticas de pesca sostenibles.

“Estamos llenas de laboratorios de camarón, agarraron nuestras playas y solo nos dejan escombros y contaminación. No cumplieron sus promesas de dar empleo a la comunidad. Lideresa de la comunidad de Cedeño.

Estos esfuerzos no solo buscan garantizar la seguridad alimentaria; se trata de recuperar el control sobre los recursos naturales que sustentan la vida y sobre la forma en que se produce la comida y se alimenta a las familias. Al abrazar la agroecología, las mujeres demuestran que el cuidado de los sistemas alimentarios, la tierra, el agua, los bosques y las comunidades, es una fuerza clave para la justicia social y ambiental. Abogan por formas de producir, recolectar e intercambiar alimentos basadas en el cuidado y la solidaridad, no en insumos tóxicos y la codicia corporativa.

Los desafíos que enfrentan las mujeres rurales se ven agravados por las desigualdades de género. Aunque realizan la mayor parte del trabajo de cuidado no remunerado, reciben poco o ningún apoyo del estado, y su trabajo a menudo es subestimado e invisibilizado. Como señaló Marcos Orellana, Relator Especial de la ONU sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, las mujeres enfrentan una “doble injusticia”: son responsables de proteger a sus familias de los tóxicos invisibles, pero a menudo se les niegan los recursos y la información necesarios para protegerse a ellas mismas y a sus comunidades.

El liderazgo y las prácticas transformadoras de las mujeres rurales ofrecen una hoja de ruta para un mundo justo y libre de tóxicos. Para apoyar y amplificar sus esfuerzos, es esencial que los estados:

  • Reconozcan el cuidado de los alimentos como esencial: Reconocer el papel fundamental del trabajo de cuidado de las mujeres en el sostenimiento de la vida y los sistemas alimentarios. 
  • Redistribuyan las responsabilidades del cuidado: Implementar políticas que distribuyan equitativamente el trabajo de cuidado entre las familias, las comunidades y el estado. 
  • Apoyen la agroecología: Invertir en prácticas agroecológicas sostenibles lideradas por mujeres, proporcionando capacitación, recursos y acceso a mercados. 
  • Hagan cumplir medidas protectoras: Promulgar regulaciones sólidas y sensibles al género para proteger a las mujeres rurales de los agrotóxicos y otras sustancias tóxicas. 

Si realmente queremos sistemas alimentarios justos, saludables y sostenibles, debemos colocar el cuidado—y a las mujeres que lo brindan—en el centro de las políticas y acciones. Proteger sus derechos no es solo una cuestión de justicia; es esencial para el futuro de los alimentos y la salud de nuestro planeta.

La información es poder: cómo entender las complejidades de la violencia contra las vendedoras ambulantes

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Las mujeres constituyen la mayoría de las personas que venden en las calles y mercados ambulantes del mundo. Día a día, podemos verlas en las ferias y en las calles, ganándose la vida para mantener a sus familias y contribuyendo de manera importante a la economía local. Es en ellas en quienes nos enfocamos en esta edición del Supermarket Watch.

De acuerdo a los datos del “Barómetro de Vendedores Ambulantes”, una investigación participativa conducida por StreetNet International junto al Global Labor Institute, 64,2 por ciento de las vendedoras ambulantes en Zimbabwe sufren abuso físico de parte de sus clientes, y muchas informan sufrir niveles de maltrato y amedrentamiento que ponen en peligro su seguridad y dignidad. Algunas de las mujeres son sobrevivientes de abuso doméstico que recurrieron a la venta ambulante como una fuente de sobrevivencia más que como una real elección. La precariedad económica específica de su género exacerba su vulnerabilidad, ya que sólo el 7,8 por ciento de las mujeres goza de alguna protección a la maternidad y la mayoría trabaja largas jornadas en condiciones inseguras y de explotación. En general, las personas que venden en las calles en Zimbabwe no tienen acceso a infraestructura básica. Para una de cada cinco, el suelo es su lugar de trabajo y carecen de algún tipo de techo que les proteja. Los extremos climáticos han sido desastrosos para los ingresos de quienes venden en las calles, especialmente si venden productos frescos, frutas, hortalizas o pescado.

Al mismo tiempo, la investigación encontró que el 56,9 por ciento de las vendedoras y de los vendedores ambulantes en Argentina no tienen acceso a baño en sus lugares de trabajo, un problema que afecta proporcionalmente más a mujeres que a hombres. De las personas que tienen acceso a servicios sanitarios, sólo el 32,9 por ciento tiene acceso a baños separados por género; los baños separados son de gran importancia para la seguridad y comodidad de las vendedoras ambulantes y su inexistencia es una amenaza a su salud y una fuente de incomodidad durante la menstruación. La investigación también indicó que el 40,9 por ciento de las vendedoras ambulantes sufren violencia y acoso, a menudo de parte de la policía y otros vendedores ambulantes. Los resultados de la investigación demuestran que la falta de instalaciones sanitarias, la inseguridad y los extremos del clima intensifican las tensiones tanto económicas como sicológicas, agravando el peligro de daño físico y emocional para las mujeres.

Los datos anteriores muestran una dura realidad, pero también pueden ayudar a cambiarla. La investigación participativa desarrollada por el Barómetro de Vendedores Ambulantes busca visibilizar y empoderar a las vendedoras ambulantes y de mercados que sufren de violencia de género. La investigación participativa transforma a las mujeres vendedoras de sujetos de investigación a participantes en igualdad de condiciones, generando así datos reales que resaltan los componentes de género de la exclusión económica. Es una herramienta de organización que fortalece la solidaridad y muestra experiencias comunes en diversos países.

El Barómetro de Vendedores Ambulantes ha confirmado dos problemas importantes que enfrentan las y los vendedores ambulantes y feriantes, y especialmente las mujeres vendedoras: el primero es la lucha contra el acoso y las expulsiones y el segundo es la lucha por obtener protecciones sociales, como el acceso a servicios de salud y la seguridad de los ingresos económicos. También ha dado mayor visibilidad a las demandas de las vendedoras por el derecho a formalizar su trabajo y a vivir libres de violencia. En este número también damos a conocer un caso en que mujeres de las comunidades pescadoras en Uganda convierten la información recolectada en evidencia innegable que apoya la participación de las mujeres en la discusión de políticas públicas y en la construcción de lazos de solidaridad para luchar por sistemas alimentarios justos.

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Para más información contacta a Laura Michéle michele@fian.org

Foto: Primero de Mayo en un mercado de Zambia. Por: StreetNet

Proceso Néléni: Anclados en la resistencia, territorios hacia la justicia climática

Posted on by Tom

Para los Pueblos Indígenas, campesinos.as, pescadores.as artesanales, pastores.as, habitantes de los bosques, trabajadores.as y demás comunidades rurales, la tierra, las aguas, los bosques y los ecosistemas constituyen la base de la vida. Los Pueblos Indígenas entienden sus territorios como el hábitat total que ocupan o utilizan, donde se arraigan la cultura, la identidad y los medios de vida. Más allá de la producción de alimentos, estos territorios sostienen funciones sociales, culturales, espirituales y ecológicas esenciales. Sin embargo, la tierra y los bienes naturales son objeto de profundas disputas y su distribución desigual refleja la discriminación estructural y las injusticias históricas. A lo largo de los siglos, los procesos de restricción en el uso de los recursos comunes, de colonialismo y de desposesión han concentrado el control en manos de actores poderosos, reforzando la opresión y la exclusión.

En la actualidad, la degradación del clima, la pérdida de biodiversidad y la injusticia medioambiental -impulsadas por economías neoliberales arraigadas en la financiarización, el patriarcado y el colonialismo- intensifican estas luchas. El acceso de las comunidades a la tierra y los territorios, así como su uso y control, siguen siendo esenciales para avanzar en las transformaciones sistémicas previstas por el movimiento por la soberanía alimentaria. Los territorios son lugares de resistencia contra los proyectos extractivos que ponen en peligro la salud, los medios de vida y los ecosistemas, pero también espacios donde las comunidades construyen alternativas basadas en la agroecología. Estos modelos promueven la soberanía alimentaria, la dignidad y la justicia social, climática, medioambiental, de género e intergeneracional.

Mientras los movimientos sociales se movilizan hacia la COP 30 del Clima y la 2ª Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, esta edición del Boletín Nyéléni subraya el carácter central de la tierra y los territorios en la configuración de futuros justos y sostenibles.

FIAN Internacional, Amigos de la Tierra Internacional, Grupo ETC, La Vía Campesina

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Ilustración creada para el 3er Foro Global Nyéléni: Cultivar o morir, Chardonnoir –
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