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Proceso Néléni: Anclados en la resistencia, territorios hacia la justicia climática

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Para los Pueblos Indígenas, campesinos.as, pescadores.as artesanales, pastores.as, habitantes de los bosques, trabajadores.as y demás comunidades rurales, la tierra, las aguas, los bosques y los ecosistemas constituyen la base de la vida. Los Pueblos Indígenas entienden sus territorios como el hábitat total que ocupan o utilizan, donde se arraigan la cultura, la identidad y los medios de vida. Más allá de la producción de alimentos, estos territorios sostienen funciones sociales, culturales, espirituales y ecológicas esenciales. Sin embargo, la tierra y los bienes naturales son objeto de profundas disputas y su distribución desigual refleja la discriminación estructural y las injusticias históricas. A lo largo de los siglos, los procesos de restricción en el uso de los recursos comunes, de colonialismo y de desposesión han concentrado el control en manos de actores poderosos, reforzando la opresión y la exclusión.

En la actualidad, la degradación del clima, la pérdida de biodiversidad y la injusticia medioambiental -impulsadas por economías neoliberales arraigadas en la financiarización, el patriarcado y el colonialismo- intensifican estas luchas. El acceso de las comunidades a la tierra y los territorios, así como su uso y control, siguen siendo esenciales para avanzar en las transformaciones sistémicas previstas por el movimiento por la soberanía alimentaria. Los territorios son lugares de resistencia contra los proyectos extractivos que ponen en peligro la salud, los medios de vida y los ecosistemas, pero también espacios donde las comunidades construyen alternativas basadas en la agroecología. Estos modelos promueven la soberanía alimentaria, la dignidad y la justicia social, climática, medioambiental, de género e intergeneracional.

Mientras los movimientos sociales se movilizan hacia la COP 30 del Clima y la 2ª Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, esta edición del Boletín Nyéléni subraya el carácter central de la tierra y los territorios en la configuración de futuros justos y sostenibles.

FIAN Internacional, Amigos de la Tierra Internacional, Grupo ETC, La Vía Campesina

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Ilustración creada para el 3er Foro Global Nyéléni: Cultivar o morir, Chardonnoir –
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Negociaciones de la ONU: es hora de una protección real contra las violaciones y abusos de los derechos humanos por parte de las empresas

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FIAN International abogará por un ambicioso instrumento jurídicamente vinculante (LBI) en las negociaciones.  Si los Estados no apoyan esto, la impunidad corporativa continuará socavando los derechos humanos, la justicia y la dignidad de las personas en la primera línea del extractivismo, el acaparamiento de tierras, el daño climático, los abusos laborales y la destrucción ambiental.

En sus informes a la Asamblea General de la ONU, el Grupo de Trabajo sobre campesinos y trabajadores rurales y el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación también han advertido que el creciente dominio de las empresas transnacionales y la agroindustria industrial en los sistemas alimentarios mundiales representa una amenaza creciente para la seguridad alimentaria, los medios de vida rurales y los derechos humanos. Subrayan que los compromisos voluntarios no son suficientes. Los derechos consagrados en la declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, incluidos los derechos a la tierra, las semillas, la biodiversidad y la participación, deben implementarse a través de leyes vinculantes y mecanismos sólidos de rendición de cuentas.

Los derechos ambientales se han debilitado particularmente en el último borrador actualizado del LBI. FIAN y las organizaciones asociadas piden a los Estados que se reintegren en el lenguaje sólido del instrumento que consagra el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, como se indica en un estudio publicado recientemente.

«Estamos listos, junto con los movimientos de campesinos, pueblos indígenas, trabajadores, defensores del medio ambiente y comunidades afectadas, para presionar por un tratado con dientes», dice Ayushi Kalyan, coordinador de responsabilidad corporativa de FIAN Internacional.

«En Ginebra presionaremos firmemente con nuestros socios para que se establezcan disposiciones textuales que garanticen la justicia, la rendición de cuentas y el respeto de los derechos humanos por encima de las ganancias corporativas».

Tratado sólido basado en derechos

Esta semana continuará las negociaciones dirigidas por los Estados sobre los Artículos 12-24 y un debate interactivo basado en el resumen del Presidente de las tres consultas entre sesiones, que tuvieron lugar a principios de este año, así como en sus propias propuestas sobre la reformulación de los Artículos 4-11. Estos solo se publicaron cinco días antes del inicio de las negociaciones, lo que dio a la sociedad civil y a los Estados poco tiempo para analizarlos adecuadamente. Los grupos de presión corporativos y los representantes de las empresas participaron activamente en las consultas entre sesiones de este año, diluyendo aún más el borrador y presionando por normas voluntarias, en lugar de disposiciones jurídicas vinculantes.

Además, la nueva redacción propuesta por el Presidente-Relator de los Artículos 4 a 11 presenta una versión simplificada y procedimental del instrumento legalmente vinculante que prioriza la convergencia textual entre los Estados sobre la ambición sustantiva. Si bien las sugerencias de la Presidencia incluyen algunos avances positivos, reducen las obligaciones de los Estados al condicionarlas a los marcos legales nacionales, no integran suficientemente las dimensiones ambientales y de género, y suavizan las disposiciones de rendición de cuentas relacionadas con la responsabilidad corporativa y el acceso a la justicia.

Este enfoque difiere del posicionamiento de FIAN, que pedía un tratado sólido y basado en derechos basado en obligaciones estatales vinculantes, medidas cautelares, una fuerte protección ambiental, responsabilidad solidaria obligatoria y el derecho de las comunidades a decir «¡no!». El momento y el contenido de las propuestas del Presidente corren el riesgo de dejar de lado estas propuestas sustantivas de la sociedad civil y del Sur Global, cambiando el proceso hacia el consenso procesal en lugar de la justicia transformadora.

Es hora de actuar

Las decisiones que se tomen ahora determinarán si el instrumento final es robusto o se diluye hasta el punto de la ineficacia.

«Si no se adoptan normas sólidas y vinculantes, continuará la impunidad de las empresas transnacionales», dice Stephan Backes, coordinador de obligaciones extraterritoriales de los Estados de FIAN Internacional.

Hacemos un llamamiento a todos los Estados para que participen en esta sesión de negociación con ambición y valentía. Necesitamos un tratado que establezca obligaciones vinculantes para las empresas transnacionales, mecanismos de aplicación sólidos y recursos efectivos para los pueblos afectados. Debe abordar las interrelaciones entre el poder corporativo, la destrucción del medio ambiente, la injusticia climática, el complejo militar-industrial y la desigualdad de género, incluso a través de reparaciones, sanciones y desinversiones en industrias abusivas.

Estas dimensiones deben integrarse en todo el tratado, no tratarse como cuestiones periféricas. También es esencial evitar la interferencia indebida de los intereses comerciales que buscan diluir la protección de los derechos humanos. El proceso debe estar impulsado por principios de derechos humanos, no por intereses corporativos.

Estas negociaciones no deben apresurarse ni diluirse para adaptarse a la presión corporativa o geopolítica. Un acuerdo débil o simbólico solo legitimaría el statu quo de la impunidad.

Para obtener más información, comuníquese con Ayushi Kalyan kalyan@fian.org o Stephan Backes backes@fian.org

Las empresas deben responder de sus actos: reconocer el derecho a un medio ambiente sano

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En todo el mundo, las comunidades se ven afectadas por el poder transnacional descontrolado y sin regulación de las empresas, que provoca la contaminación de las reservas de agua, la pérdida de tierras agrícolas, la destrucción de los sistemas alimentarios y la pérdida de medios de subsistencia. Sin embargo, con demasiada frecuencia, las empresas no responden de sus actos, mientras que las comunidades se quedan sin recursos para su subsistencia ni justicia, como se destaca en el nuevo estudio dedicado a las cuestiones medioambientales, titulado «Las empresas deben responder de sus actos ante las personas y el planeta», cuyo objetivo es orientar los debates de las Naciones Unidas.

La próxima sesión del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta del Consejo de Derechos Humanos, que se celebrará en octubre de 2025 —la undécima ronda anual de negociaciones—, ofrece un enorme potencial para limitar el poder excesivo de las empresas y proteger a las comunidades y el medio ambiente. Los Estados negociarán los artículos finales del actualizado del instrumento jurídicamente vinculante (LBI) destinado a regular las empresas transnacionales en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. FIAN y otras organizaciones internacionales de la sociedad civil insisten en que el LBI reconozca explícitamente el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible e incorpore este derecho —así como consideraciones más amplias relacionadas con el medio ambiente y el cambio climático— en todas sus disposiciones sustantivas.

«Es muy sencillo. Si el ILI no incluye medidas estrictas de protección medioambiental, traicionará a las comunidades a las que se supone que debe proteger», afirma Ayushi Kalyan, coordinadora de responsabilidad jurídica corporativa de FIAN Internacional.

Normas internacionales aplicables

Las comunidades y las defensoras y los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente llevan mucho tiempo luchando por esta incorporación al derecho internacional de los derechos humanos.

En América Latina, varias familias siguen luchando por obtener justicia, décadas después de que la empresa sueca Boliden Mineral vertiera residuos tóxicos en Arica (Chile), causando problemas de salud generalizados entre las personas que viven cerca del vertedero. En Palestina, empresas como Heidelberg Materials están acusadas de contribuir al saqueo de los recursos naturales de los territorios ocupados. En toda África y Asia, los proyectos de extracción privan a los Pueblos Indígenas y a las comunidades rurales de sus territorios y sistemas alimentarios. Cada caso subraya la urgente necesidad de normas internacionales claras y aplicables que den prioridad a los derechos humanos y la protección del medio ambiente por encima de los beneficios empresariales.

Tanto la Corte Internacional de Justicia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han afirmado la obligación de los Estados de regular a los actores privados y prevenir los daños ambientales transfronterizos. Más del 80% de los Estados miembros de la ONU ya reconocen legalmente el derecho a un medio ambiente sano.

El LBI debe reconocer explícitamente el derecho a un medio ambiente sano, proteger a las defensoras y los defensores contra las represalias y garantizar a las víctimas un acceso efectivo a la justicia», afirma Stephan Backes, coordinador de obligaciones extraterritoriales de FIAN Internacional.

Salvar la brecha

Los Estados tienen ahora la responsabilidad de salvar la brecha a nivel mundial incluyendo este derecho en el LBI.

El estudio publicado hoy propone a los Estados textos jurídicos concretos destinados a reforzar las disposiciones del LBI, velando en particular por que incluya la diligencia debida en materia de medio ambiente, las medidas de precaución y la primacía de los derechos humanos y las obligaciones medioambientales sobre los acuerdos comerciales y de inversión. Los Estados deberían examinar detenidamente estas recomendaciones e incorporarlas en sus contribuciones durante la próxima ronda de negociaciones en octubre, y seguir basándose en estas propuestas en el marco de sus acciones de promoción en curso en los espacios y procesos nacionales, regionales e internacionales pertinentes.

Mientras el mundo se acerca al colapso climático, este proceso del LBI representa una oportunidad crucial para exigir a las empresas que rindan cuentas. Los Estados no deben desperdiciarla.

Para más información, póngase en contacto con Ayushi Kalyan Kalyan@fian.org o Stephan Backes Backes@fian.org.

El costo los supermercados en la salud y la nutrición

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A medida que los supermercados se expanden, los sistemas alimentarios tradicionales se reducen, poniendo en peligro las dietas tradicionales y los beneficios que ofrecen para la salud humana. Este es el tema central de nuestro boletín de septiembre.

Una investigación realizada en la región del Kilimanjaro en Tanzania encontró que el cambio a una dieta occidentalizada resultó en efectos negativos para la salud, como inflamación elevada, debilitamiento de la función inmune y sobrepeso, mientras que un retorno a los alimentos tradicionales trajo beneficios anti inflamatorios y una reducción de los marcadores de enfermedades metabólicas.

La presión por imponer los supermercados a nivel global está provocando, por un lado, un aumento exponencial de los alimentos altamente procesados y refinados, con una vida útil larga en las góndolas y, por otro, una rápida disminución de la disponibilidad de alimentos nutritivos, frescos y más perecibles, especialmente frutas y verduras. Estos alimentos ultra-procesadosse asocian a un riesgo elevado de obesidad y a otras enfermedades crónicas, como enfermedades al corazón, diabetes y cáncer, e incluso desnutrición infantil. Están compuestos mayormente de ingredientes derivados de la agricultura industrial y de cadenas comerciales globales, las que producen una enorme contaminación química del agua, del aire y los suelos.

Por otro lado, los circuitos locales de distribución de alimentos a través de mercados locales y de las personas que venden alimentos a pequeña escala, ofrecen un mayor llegada a una diversidad de alimentos frescos y saludables a bajo precio y fácilmente accesibles. Las personas que venden en las calles tienen un importante papel en muchos de estos sistemas alimentarios tradicionales. Se estima que cada día, 2 mil500 millones de personas consumen comida ambulante. La mayoría de las personas que venden comida en la calle no cuentan con una gran capacidad de almacenamiento, de manera que, frecuentemente, tienen que comprar pequeñas cantidades de ingredientes frescos en los mercados minoristas tradicionales o directamente del campesinado local. La calidad de los alimentos está asegurada por los fuertes lazos sociales y de confianza que existen entre quienes producen, las personas que venden alimentos y las personas que los consumen. El alimento es preparado en instalaciones de procesamiento simples. Por el contrario, los alimentos ultra procesados son comúnmente denominados “comida chatarra,” por su alto nivel de azúcares libres, almidones refinados, sodio, grasas saturadas y trans derivadas de sustancias o aditivos que los convierten en productos más atractivos y con una mayor duración. En los lugares donde las comunidades tienen una fuerte tradición alimentaria, una de las estrategias de comercialización de las corporaciones productoras de alimentos y de las cadenas minoristas para expandir sus mercados, es imitar y recrear a los alimentos tradicionales usando ingredientes de origen industrial.

Este mes, el tercer Foro Global de Nyéléni se llevará a cabo en Sri Lanka. El proceso Nyéléni enfatiza el derecho de las personas a acceder a alimentos saludables y apropiados culturalmente, producidos mediante métodos ecológicamente seguros y sustentables. La producción de alimentos, su distribución y el acceso a ellos, forma parte de un tejido socio cultural organizado que es el soporte del bienestar nutricional y mental de las personas y de su soberanía alimentaria. En esta edición, destacamos cómo los sistemas alimentarios locales deben ser el punto de partida para abordar temas como la nutrición, las condiciones laborales y el fortalecimiento de las comunidades. También revisamos ejemplos de una política de adquisiciones de alimentos saludables en las escuelas de Brasil y las formas en las cuales África resiste ante la expansión de los supermercados.

Lea Supermarket Watch aquí

Para más información, póngase en contacto con Laura Michéle michele@fian.org

El informe SOFI 2025 ignora las causas estructurales del hambre 

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Heidelberg/Ginebra. El informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI) 2025, presentado el 28 de julio en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios +4 (UNFSS+4), señala un ligero descenso del hambre en el mundo hasta los 673 millones de personas en 2024. Las mejoras se producen principalmente en América Latina y Asia, mientras que África y, sobre todo, los países de bajos ingresos siguen siendo los lugares más hambrientos del mundo. Para FIAN, los importantes avances en América Latina son un buen ejemplo de que las políticas públicas basadas en el derecho a la alimentación y la nutrición pueden marcar la diferencia.  

Ana María Suárez Franco, secretaria general de FIAN Internacional, destaca que la inseguridad alimentaria y las violaciones del Derecho a la Alimentación pueden reducirse rápidamente con medidas decisivas. «Brasil, por ejemplo, ha reducido el número de personas que sufren pobreza alimentaria grave en más de un 80 % en solo un año. ¡El hambre no es inevitable! El salario mínimo, las comidas escolares, las transferencias en efectivo a las personas más necesitados y los programas de contratación pública que dan prioridad a los y las productoras de alimentos a pequeña escala pueden llegar de forma rápida y eficaz a las personas afectadas. Sin embargo, esto requiere voluntad política para redistribuir la riqueza», afirma Suárez Franco. 

Ignorar la concentración del poder corporativo 

El informe no aborda las causas estructurales de la inseguridad alimentaria y el hambre: la concentración y el poder de las empresas en los sistemas alimentarios, la especulación financiera y la instrumentalización de los alimentos, e ignora cómo la agroindustria se beneficia de las crisis y cómo los Estados permiten la impunidad de las empresas. 

El SOFI 2025 atribuye el aumento de los precios de los alimentos a «factores externos» como la COVID-19 y el cambio climático, mientras ignora los factores críticos dentro del sistema alimentario. Es notable la ausencia de cualquier mención a la especulación de los precios por parte de las grandes empresas agroindustriales, que obtuvieron beneficios récord durante las recientes crisis alimentarias, ni se aborda adecuadamente cómo la especulación financiera de los fondos de alto riesgo con los futuros de cereales inflan artificialmente los precios, un fenómeno que el informe califica erróneamente como simple «volatilidad del mercado». 

El análisis de género es igualmente deficiente, ya que reconoce las disparidades, pero no aborda la infravaloración sistémica del trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres, que sustenta los sistemas alimentarios y exige reconocimiento y redistribución.  

Lo más llamativo es el silencio del informe sobre el creciente dominio de las empresas digitales («el poder de las Big Dig») en la remodelación de los sistemas alimentarios, incluso cuando elogia la mejora de la recopilación de datos, un punto ciego que ignora cómo los monopolios tecnológicos están acelerando la consolidación de las empresas y marginando a los y las productoras y pequeña escala. Estas omisiones revelan una tendencia preocupante a evitar el escrutinio de los actores económicos poderosos y atribuir el hambre a «choques» apolíticos en lugar de a las desigualdades estructurales. 

«El silencio del informe sobre los abusos de las empresas es desconcertante», afirma Sabine Pabst, responsable del trabajo ambiental de FIAN. «Culpa al cambio climático, pero no a las agroindustrias que impulsan la deforestación, los monocultivos y la degradación ambiental en general». Además, ignora el papel fundamental que desempeñan los mercados territoriales a la hora de conectar a los pequeños productores con las y los consumidores. 

Gaza: la complicidad de las empresas en el hambre como arma de guerra  

El informe destaca que el 100 % de la población de Gaza se enfrenta a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, lo que indica una crisis grave. También señala un aumento significativo de la malnutrición entre los niños y niñas de la ciudad de Gaza, donde casi uno de cada cinco menores de cinco años sufre malnutrición aguda. No obstante, omite cualquier referencia explícita al uso de los alimentos como arma de guerra en Gaza y a la complicidad de las empresas en el genocidio. 

En Gaza, más del 95 % de las tierras agrícolas han quedado inutilizables debido a las operaciones militares israelíes, incluida la destrucción deliberada del 71 % de los invernaderos y el 83 % de los pozos agrícolas, mientras que las comunidades pescadoras se enfrentan a una violencia letal y a la prohibición casi total de acceder al mar, lo que provoca el colapso de la producción local de alimentos y la utilización del hambre como arma contra la población civil. 

El UNFSS+4 sigue distrayendo y agotando la energía de la ONU para tomar medidas urgentes  

El persistente fracaso del UNFSS a la hora de abordar los desequilibrios estructurales de poder y reducir el poder de las empresas en los sistemas alimentarios queda patente en el protagonismo del Foro Económico Mundial y del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible en la agenda de este año. Además, el UNFSS+4 hace la vista gorda ante cuestiones críticas como el uso de los alimentos como arma de guerra, el apartheid alimentario, la drástica reducción de la ayuda pública al desarrollo, el auge del autoritarismo, la criminalización de los defensores de los derechos humanos y la represión de los movimientos sociales y los pueblos indígenas. En cambio, los gobiernos deberían intensificar sus esfuerzos en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas para aplicar su Marco de Acción en Situaciones de Crisis Prolongadas y una serie de políticas que aborden las causas estructurales de las injusticias actuales relacionadas con la alimentación. 

Reivindicaciones de la sociedad civil omitidas por el SOFI 2025  

Partiendo del derecho de los Estados a la alimentación, exigimos a los Estados que avancen en la tributación justa de las grandes empresas agrícolas, alimentarias, financieras y tecnológicas, mediante elementos sólidos en la negociación de La Convención Fiscal en curso en la Asamblea General de las Naciones Unidas; un compromiso activo y una regulación estricta en el contexto del Tratado de las Naciones Unidas sobre las Empresas Transnacionales y Otras Empresas con respecto a los derechos humanos, negociado en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; que se impulsen reformas agrarias redistributivas, aprovechando la oportunidad que brinda la Conferencia Internacional sobre la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural que se celebrará en Colombia en febrero de 2026 y la aplicación de las obligaciones internacionales de los Estados en materia de medio ambiente.     

FIAN ha rechazado sistemáticamente el enfoque tecno-fix de SOFI y las falsas soluciones corporativas promovidas por la UNFSS. Uniéndonos a los movimientos sociales, en cambio, pedimos a los Estados que apoyen las soluciones de los pueblos, incluido un fuerte apoyo a la transición a la agroecología, el fin de la captura corporativa de la ONU y la garantía del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino así como el fin del uso de alimentos como arma de guerra y genocidio.  

¡Seguiremos presionando para que se produzca la transición hacia sistemas alimentarios que antepongan las personas y el planeta al lucro corporativo! 

El acaparamiento global de tierras evidencia la creciente desigualdad de riqueza y la necesidad de reformas

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Extensas parcelas de tierra en el Sur Global están siendo cada vez más adquiridas por inversionistas internacionales y corporaciones ultrarricas, fomentando una creciente desigualdad – parte de una tendencia global de transferencia de riqueza que perjudica a los pobres y a la clase trabajadora.

Un nuevo informe de FIAN International y Focus on the Global South, Los señores de la tierra: terratenientes transnacionales, desigualdad y el imperativo de la redistribución, pone el foco en los diez mayores propietarios transnacionales de tierras del mundo – que controlan 404.457 km², un área del tamaño de Japón.

Esto forma parte de una fiebre mundial por la tierra. Desde el año 2000, corporaciones e inversores financieros han adquirido aproximadamente 65 millones de hectáreas de tierra – el doble del tamaño de Alemania. Hoy en día, el 70 por ciento de las tierras agrícolas globales están controladas por el 1 por ciento de las mayores explotaciones industriales.

Desplazamientos forzados

Esta concentración tiene graves implicaciones para la seguridad alimentaria, amenazando los medios de subsistencia de 2.500 millones de pequeños agricultores y 1.400 millones de las personas más pobres del mundo, la mayoría de las cuales dependen de la agricultura para sobrevivir. También está provocando violencia, desalojos forzosos, destrucción ambiental y contribuyendo al cambio climático.

Prácticamente todos los principales propietarios globales de tierras han sido implicados en informes sobre desplazamientos forzados, destrucción ambiental y violencia contra las comunidades.

Uno de los principales actores es el fondo de pensiones estadounidense TIAA, que ha adquirido decenas de miles de hectáreas en la región del Cerrado brasileño, una de las áreas con mayor biodiversidad del mundo. En el Cerrado, aproximadamente la mitad de la tierra ha sido convertida en plantaciones de árboles, grandes monocultivos agroindustriales y pastos para la producción ganadera  – en medio de informes sobre acaparamientos violentos de tierras, deforestación y destrucción ambiental que ya muestran signos de impacto en el clima.

TIAA casi cuadruplicó sus propiedades de tierras entre 2012 y 2023, pasando de 328.200 hectáreas a 1,2 millones de hectáreas.

Desigualdad

La concentración de tierras tiene consecuencias para el mundo entero. El hecho de que vastas extensiones de tierra en diferentes jurisdicciones estatales sean controladas por corporaciones distantes socava la soberanía estatal y la autodeterminación de los pueblos.

El monocultivo industrial a gran escala, a menudo llevado a cabo en estas tierras, es un importante motor del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la destrucción de ecosistemas, impidiendo transiciones justas hacia sistemas alimentarios y modelos económicos más equitativos y sostenibles.

Esto forma parte de una tendencia global de creciente desigualdad y concentración de la riqueza. Desde mediados de la década de 1990, el 1% más rico de la población mundial ha capturado el 38% de toda la riqueza adicional acumulada, mientras que el 50% más pobre ha recibido solo el 2%. Se estima que 3.600 millones de personas, o el 44% de la población mundial, viven ahora con menos de 6,85 dólares estadounidenses al día, un nivel que impide una vida digna.

Dado que el acaparamiento de tierras está impulsado en gran medida por el capital global y la acumulación de tierras a través de diferentes jurisdicciones por parte de corporaciones transnacionales y entidades financieras, la cooperación internacional es esencial. La próxima segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20) en Colombia a principios del próximo año ofrece una oportunidad crítica para que los gobiernos acuerden medidas que pongan fin al acaparamiento de tierras, reviertan la concentración de tierras y aseguren una distribución amplia y sostenible de los recursos naturales.

En un mundo que enfrenta crisis interconectadas – colapso climático, inseguridad alimentaria, pobreza persistente y desigualdad social – y una reconfiguración del equilibrio de poder global, existe una oportunidad para alejarse de las políticas neoliberales que han beneficiado a muy pocos, y crear un futuro global más justo y sostenible para todas y todos.

Para más información o entrevistas con medios, por favor contacte a Philip Seufert seufert@fian.org o Amanda Cordova-Gonzales cordova-gonzales@fian.org

Solidaridad, no a la explotación: apoyamos a quienes trabajan en el sector alimentario, desde el campo a la mesa

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A principios de mayo, en el Día Internacional de los Trabajadores, celebramos la fuerza y los sacrificios de los trabajadores de todo el mundo. Sin embargo, en esta edición de Supermarket Watch nos centramos en los millones de trabajadores que trabajan para producir, procesar y servir alimentos a la gente, la mayoría de ellos en la economía informal.

Pero hay gente que trabaja y que es permanentemente ignorada: aquellos millones que laboran para producir, procesar y llevar a las personas sus alimentos, quienes en su mayoría forman parte de la economía informal. Ya sea que hablemos del campesinado en Perú, gente que vende en las calles de Zimbabue o que reparten comida en India, las personas que trabajan en todo el sector alimentario – en producción, procesamiento, distribución o preparación – son esenciales para llevar el alimento hasta la mesa de la población y, sin embargo, siguen estando entre las personas más explotadas del mundo.

Pueblos campesinos y las agricultoras y agricultores “sin tierra” a menudo son expulsados a la fuerza de sus tierras ancestrales por la agricultura industrial o son despojados debido a la crisis climática y la eco-destrucción y deben luchar para sobrevivir. Muchas personas migran para convertirse en mano de obra mal pagada e indocumentada en la agricultura industrial de países más ricos. Estas son las personas que trabajan invisibilizadas, recolectando fruta, cosechando hortalizas y empacando carne para consumidores remotos – habitualmente sin acceso a la salud, a la protección legal o al derecho a sindicalizarse.

En las ciudades, las personas que venden en las calles y en los mercados, muchas de las cuales son mujeres, enfrentan persecución y violencia todos los días. Aunque proveen alimentos nutritivos y asequibles a las comunidades de bajos ingresos, siguen sin ser reconocidas como trabajadoras y trabajadores que entregan servicios esenciales y, generalmente, no tienen acceso a ninguna protección social.

También están las trabajadoras y trabajadores que reparten alimentos que dependen de plataformas digitales, gobernadas por algoritmos que prometen libertad y eficiencia, pero solo les ofrecen inseguridad, sanciones arbitrarias y un pago miserable.

Los alimentos nos conectan a todos, pero las personas que los producen y proveen son habitualmente invisibles. Su labor es considerada “no calificada”, sus luchas son ignoradas y sus organizaciones son suprimidas. En el mes en el cual celebramos el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, debemos asumir el costo humano de nuestro sistema alimentario cada vez más en manos de las corporaciones, explotador y profundamente desigual. Cada ración de comida es posible gracias a trabajadoras y trabajadores cuyos derechos – al descanso, a organizarse, a vivir con dignidad – son negados demasiado a menudo. La gran mayoría de la gente que trabaja en el sector de alimentos en el Sur global, y muchos en el Norte global, no tienen acceso a una protección social básica. En relación a las pensiones de jubilación, por ejemplo, después de décadas de un trabajo arduo, campesinas y campesinos, gente de la pesca, personas que trabajan en actividades agrícolas y vendedores y vendedoras de alimentos en casi todo el Sur global no tienen una jubilación o solo reciben una miseria.

La soberanía alimentaria no puede estar disociada de la justicia laboral. Esto implica salarios justos, condiciones de trabajo saludables y seguras, protección social y negociación colectiva. Para los millones de personas que trabajan en la economía informal, también significa asegurar sus derechos a la total protección legal y social y a la participación en la elaboración de políticas. Esto es posible de hacer, es más, ya hay casos en países del Sur global donde los gobiernos, a menudo presionados por los movimientos sociales, han promulgado sistemas públicos de pensiones, diseñados para brindar una jubilación digna a las campesinas y campesinos y sus familias. En la próxima 113ª. reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, los gobiernos y las trabajadoras y trabajadores de todo el mundo discutirán las normas tanto para las personas en la economía informal como para aquellas que están en la economía de plataformas digitales. Es de vital importancia que las necesidades e intereses de quienes trabajan en el sector alimentario, en toda su diversidad, sean un tema central en estas discusiones.

¡Luchemos unidas y unidos por un sistema alimentario basado en la solidaridad, no en la explotación!

Para más información, póngase en contacto con Laura Michéle michele@fian.org

La comunidad internacional debe detener la instrumentalización de los alimentos y la hambruna en Gaza

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Al bloquear 116.000 toneladas métricas de alimentos en su frontera con Gaza – suficientes para proporcionar raciones básicas a un millón de personas durante cuatro meses – Israel y sus partidarios violan su obligación de respetar el derecho a la alimentación de la población palestina, impidiendo el acceso a alimentos adecuados necesarios para la supervivencia y una vida digna.

Nadie en Gaza tiene acceso a suficiente comida y agua. Algunos, incluidos niños pequeños, ya han muerto de hambre con miles enfrentando desnutrición aguda. La infraestructura agrícola y los cultivos de Gaza han sido diezmados, y los sistemas agrícolas han colapsado casi por completo. Las severas restricciones de combustible han paralizado la infraestructura hídrica y el suministro eléctrico, dejando solo energía limitada de paneles solares y generadores.

Los precios de los alimentos en la Franja de Gaza han aumentado un 1.400 por ciento desde la culminación del último alto el fuego, haciendo casi imposible que las comunidades afectadas aseguren alimentos asequibles. Esta crisis impacta no solo a la población actual sino que también amenaza gravemente la salud de las generaciones futuras y otros derechos relacionados.

Actualmente, los residentes en Gaza dependen principalmente de verduras enlatadas, arroz, pasta y lentejas, ya que productos básicos como carne, leche, queso y fruta han desaparecido prácticamente. El resultado es una deficiencia significativa tanto en la cantidad como en la calidad de los alimentos necesarios para cumplir con su derecho a una alimentación y nutrición adecuadas. Los niños se van a dormir hambrientos, según la ONU.

Esta grave escalada se deriva no solo de las hostilidades recientes sino también de la ocupación israelí, la opresión sistémica y las violaciones prolongadas de los derechos humanos del pueblo palestino. Estas incluyen la destrucción de infraestructura alimentaria y sanitaria, la restricción de suministros de agua, la destrucción ambiental y otras violaciones de derechos económicos, sociales y culturales – así como el derecho a la autodeterminación. Estas continuas violaciones han precipitado una catástrofe alimentaria y sanitaria que la comunidad internacional ha permitido que persista, incumpliendo sus obligaciones de garantizar el derecho a la alimentación dentro y fuera de sus fronteras y para las generaciones presentes y futuras.

La comunidad internacional debe actuar para corregir esta violación, adoptando todas las medidas necesarias para prevenir la instrumentalización de los alimentos y defender los derechos de la población en Gaza. Los Estados deberían cesar inmediatamente cualquier apoyo — ya sea militar, económico o político — a Israel y a las corporaciones transnacionales cómplices en este genocidio en curso.

A corto plazo, se insta a las naciones a desplegar esfuerzos diplomáticos para facilitar la entrega de suministros de alimentos actualmente bloqueados en la frontera. Sin embargo, estas medidas por sí solas están lejos de ser suficientes. La comunidad internacional debe restaurar los sistemas alimentarios locales y la infraestructura en Gaza, respetar el derecho de los palestinos a la autodeterminación y garantizar el acceso a alimentos, remedio y justicia. Es imposible realizar los derechos humanos y ejercer la soberanía alimentaria en el contexto del colonialismo de asentamiento y la ocupación.

El establecimiento del Grupo de La Haya es un paso positivo hacia la resolución de esta crisis, pero estados adicionales deben unirse a esta iniciativa y tomar inmediatamente acciones efectivas para garantizar justicia y paz para el pueblo palestino.

Para más información o consultas de medios, contacte a Ana María Suárez Franco: suarez-franco@fian.org

Día Internacional de las Luchas Campesinas: Declaración Conjunta de Organizaciones Campesinas y de Solidaridad

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El acaparamiento de tierras continúa intensificándose, impulsado por la agroindustria, la minería, los proyectos energéticos y los llamados planes de «desarrollo». Los bosques y las tierras ancestrales son arrasados, nuestros territorios son convertidos en sitios comerciales y las fuentes de agua son privatizadas – todo para dar paso a inversiones orientadas al lucro.

Cuando los campesinos resisten, son reprimidos. Son acosados, vigilados y falsamente etiquetados como «anti-desarrollo» y enemigos del estado. Muchos son encarcelados bajo cargos inventados. Otros nunca regresan a casa. Su derecho a organizarse está bajo ataque y sus comunidades viven con miedo. Mientras tanto, aquellos que destruyen la tierra y violan los derechos humanos gozan de protección, e incluso son recompensados.

Este es un esfuerzo sistemático para desmantelar la resistencia, silenciar la disidencia y despejar el camino para la acumulación de capital. Y, sin embargo, los campesinos continúan levantándose. Se organizan, resisten y afirman su derecho a la tierra, a la alimentación y a una vida digna.

En este día, honramos a los agricultores de Samahan ng Nagkakaisang Mamamayan ng Barangay Sumalo (SANAMABASU) Hermosa, Bataan por su valentía. Desde 2009, la organización ha estado defendiendo incansablemente su tierra contra el intento de Litton & Co., Inc y Riverforest Development Corporation (RDC) de convertirla para uso industrial, lo que llevó a su criminalización por parte de la corporación. Aunque los agricultores, acusados de delitos sin derecho a fianza, fueron liberados bajo fianza el 8 de enero de 2025, la comunidad ahora enfrenta una renovada represión, ya que RDC ha presentado casos de desalojo para desplazarlos de sus hogares y tierras de cultivo.

El 16 de septiembre de 2024, un grupo de expertos independientes en derechos humanos con mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (3 Relatores Especiales y 2 Grupos de Trabajo) envió cartas al Gobierno de la República de Filipinas y a Litton & Co., Inc. y Riverforest Development Corporation (RDC). Ambas cartas destacaron preocupaciones significativas sobre derechos humanos respecto a la situación en la comunidad. Los problemas clave incluían desalojos forzosos, demoliciones de viviendas, acceso restringido a tierras cultivadas, criminalización y prohibición de actividades agrícolas.

En una respuesta fechada el 16 de enero de 2025, RDC refutó las acusaciones. Afirmaron que la tierra en cuestión no era adecuada para la agricultura, alegando que ningún agricultor legítimo la estaba cultivando. Acusaron a ciertos miembros de la comunidad de explotar el Programa Integral de Reforma Agraria (CARP) para beneficio personal y describieron sus acciones como ilegales. RDC defendió sus esfuerzos de desalojo como legales, afirmando que solo se dirigen a quienes obstruyen los planes de desarrollo.

Mientras tanto, la respuesta del gobierno de Filipinas con fecha del 23 de enero de 2025 afirmó que el caso de estafa sindicada presentado contra los agricultores «ya ha sido desestimado por insuficiencia de pruebas». También expusieron otros esfuerzos del gobierno en la reforma agraria. Sin embargo, esto es falso ya que los agricultores continúan asistiendo a audiencias judiciales en los dos casos pendientes de estafa sindicada.

El 28 de enero de 2025, el Comité de Reforma Agraria de la Cámara realizó una investigación del Congreso sobre la criminalización y el acoso que enfrentan los agricultores y los beneficiarios de la reforma agraria (ARB) en el país. A pesar de que esto es un desarrollo positivo, el Congreso ahora está en receso de sesiones hasta junio para dar margen a las próximas elecciones en mayo. Esto significa que se necesitaría otro esfuerzo de cabildeo en el próximo Congreso a partir de julio, ya que un nuevo conjunto de representantes ocupará los escaños del Congreso.

Con estos acontecimientos, reafirmamos nuestro compromiso con su causa y con todos los agricultores que enfrentan el mismo dilema. Alzamos nuestras voces en unidad para exigir:

  1. La implementación de la reforma agraria y la redistribución de la tierra a quienes la trabajan;
  2. La protección de los dominios ancestrales y territorios indígenas;
  3. El fin del acaparamiento de tierras y la agresión del desarrollo liderado por corporaciones;
  4. La derogación de leyes y políticas que favorecen a las corporaciones sobre las comunidades;
  5. Justicia para las víctimas de asesinatos, arrestos y acoso relacionados con la tierra;
  6. El fin de la criminalización, militarización y etiquetado como «rojos» de líderes campesinos y defensores;
  7. El reconocimiento y protección de los derechos de los campesinos, consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP); y
  8. Soberanía alimentaria, no sistemas alimentarios controlados por corporaciones.

Honramos a aquellos que han caído, a los encarcelados por defender la tierra y a quienes continúan luchando frente a amenazas y miedo. Su valentía vive en cada semilla plantada, cada barricada construida, cada pedazo de tierra recuperado y cada lucha colectiva por la justicia ganada.

Tierra para quien la trabaja. Justicia para los oprimidos.

¡Viva la resistencia campesina!

Firmado:

Kilusan para sa Repormang Agraryo at Katarungang Panlipunan (KATARUNGAN), Filipinas

Movimiento Anti-Jindal & Anti-POSCO (JPPSS) Odisha, India

Bangladesh Food Security Network- KHANI, Bangladesh

Centre Europe – Tiers Monde (CETIM)

Claudio Schuftan, PHM y WPHNA

Coastal Action Network (CAN), India

Feminist Dalit Organization (FEDO), Nepal

FIAN Austria

FIAN Indonesia

FIAN Internacional

FIAN Nepal

FIAN Sri Lanka

FIAN Suiza

Focus on the Global South

Gaza Urban & Peri-urban Agriculture Platform (GUPAP), Gaza, Palestina

Habitat International Coalition-Housing and Land Rights Network

Lanka Organic Agricultural Movement (LOAM), Sri Lanka

National Fisheries Solidarity Movement in Sri Lanka

Pakistan Kissan Rabita Committee, Pakistán

Participatory Research & Action Network- PRAAN, Bangladesh

Prof. Dr. Anne C Bellows, Universidad de Syracuse, EE.UU.

Seed and Knowledge Initiative (SKI)

UBINIG, Bangladesh

Youth's Forum for Protection of Human Rights, Manipur, India

Zambia Alliance for Agroecology and Biodiversity (ZAAB)

El camino de FIAN en la lucha global por el derecho a la alimentación

Posted on by fredsaxo

Ana María asumió el cargo de secretaria general de FIAN Internacional a principios de este año, sucediendo a Sofía Monsalve, cuyo largo mandato transformó la organización, vinculando su misión a temas globales críticos como el cambio climático, la digitalización, la financiarización, los conflictos y el trabajo de cuidados.

Cuenta con una amplia experiencia en incidencia internacional, incluidas más de dos décadas en FIAN Internacional, desempeñándose más recientemente como representante permanente de la organización ante la ONU en Ginebra.

¿Cómo ve su papel como secretaria general de FIAN?

Veo mi papel como el de proporcionar liderazgo estratégico para avanzar en el derecho a la alimentación y la nutrición a nivel mundial, en línea con el plan estratégico de FIAN. Durante 23 años, he aprendido de campesinos, Pueblos Indígenas, pescadores, académicos, responsables políticos y otros.

Utilizaré todos esos aprendizajes, siguiendo la inspiración de Sofía Monsalve, nuestra anterior secretaria general, para proporcionar liderazgo estratégico a la organización en la lucha contra las amenazas al derecho a la alimentación. Esto incluye revelar falsas soluciones en el contexto de la transformación de los sistemas alimentarios y las transiciones justas, y amplificar las soluciones populares como la agroecología y la soberanía alimentaria.

En tiempos de cambios geopolíticos inciertos, mi papel también consiste en liderar nuestra organización para crear una masa crítica que resista, denuncie, proporcione alternativas y fortalezca la incidencia colectiva. También pretendo guiar a FIAN para que continuemos acompañando la defensa de las comunidades afectadas por violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluso a través de nuestro trabajo de casos y profundizando los lazos con los movimientos sociales, particularmente los jóvenes, para desafiar las desigualdades en los sistemas alimentarios.

¿Cuáles son los principales desafíos que se avecinan y cómo los afrontará FIAN?

En medio de múltiples crisis globales —cambio climático, contaminación, pérdida de biodiversidad, guerras y narcotráfico— que profundizan el hambre, la pobreza y la desigualdad, enfrentamos un desafío adicional: el auge de gobiernos autoritarios que desmantelan las instituciones públicas, priorizando el lucro sobre las personas y polarizando las sociedades. Estos movimientos amenazan el consenso de posguerra consagrado en la Carta de la ONU: paz, derechos humanos y progreso social, y obstaculizan el progreso hacia sistemas alimentarios justos, saludables y sostenibles y transiciones justas.

Nuestro plan estratégico recién adoptado proporciona objetivos claros para responder a estos desafíos dentro del mandato de FIAN. Con sus seis luchas temáticas y ocho herramientas estratégicas, ofrece una hoja de ruta para la acción.

¿Qué diferencia puede hacer FIAN en la lucha global por el derecho a la alimentación?

Durante casi 40 años, FIAN ha estado profundamente comprometida en avanzar en las luchas de los pueblos por el derecho a la alimentación, abordando la opresión por parte de estados y actores no estatales y enfrentando los desequilibrios de poder. Lo que distingue a FIAN es su trabajo de casos: abogar junto con las comunidades por su derecho a la alimentación, mientras conecta las luchas locales con las políticas y la gobernanza global.

Las habilidades de facilitación de FIAN fortalecen el movimiento por el derecho a la alimentación, conectando diversos actores a través de regiones y sectores, mientras fomentan la solidaridad y el poder colectivo. Este trabajo es crucial para impulsar el cambio, especialmente bajo regímenes autoritarios, como lo reconocen aliados y secciones. Facilitar en un ecosistema tan diverso requiere apertura para aprender de todos los actores por igual, análisis crítico de las soluciones convencionales y coordinación estratégica del diálogo. Aunque a menudo sea invisible, el trabajo de facilitación que hacemos es esencial para tender puentes y fortalecer la acción colectiva en entornos que respetan y valoran la diversidad.

Nuestra persistencia, capacidad para colaborar con otros, creatividad y el compromiso de cada persona involucrada en FIAN continúan siendo invaluables para fortalecer el movimiento por el derecho a la alimentación y lograr cambios transformadores en todo el mundo.

¿Qué tan optimista está sobre las perspectivas de avanzar en el derecho a la alimentación en el clima actual?

A pesar de los desafíos, hay mucho que celebrar: el 20º aniversario de las Directrices de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación vio progresos en su implementación. FIAN Colombia aseguró el reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación, los campesinos de Ecuador ganaron casos emblemáticos sobre el derecho a la tierra y Uganda vio reducida la violencia militar contra los pescadores después de años de incidencia. Nuestros esfuerzos, junto con muchos aliados, para aumentar la responsabilidad corporativa están dando frutos, con pasos hacia un instrumento vinculante para abordar los daños de las grandes empresas alimentarias, tecnológicas, agrícolas y los principales actores financieros.

También creo que el progreso en el reconocimiento de los derechos humanos de las generaciones futuras ofrece nuevas vías para combatir las crisis ambientales y promover la justicia. Y nuestro trabajo sobre el cuidado alimentario está destacando caminos importantes para la equidad de género y el desmantelamiento de prácticas patriarcales que dañan a las mujeres y al colectivo LGBTQIA+.

Estos pasos, aunque pequeños, representan avances significativos. Recorrerlos en solidaridad nos acerca a un mundo donde los sistemas alimentarios prioricen a las personas y al planeta por encima de los intereses corporativos.

Para más información, contacte a Ana María Suárez Franco: suarez-franco@fian.org