Hora de actuar: cómo garantizar un futuro sostenible mediante la rendición de cuentas corporativa
A medida que la alteración climática, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la exposición a tóxicos continúan empeorando e intensificándose a nivel global, el debate internacional sobre las obligaciones ecológicas y de derechos humanos de las empresas, especialmente de las corporaciones transnacionales, está ganando una urgencia renovada.
A pesar de un marco legal internacional cada vez más sólido en materia de derechos humanos y medioambiental, en lo que respecta a acuerdos comerciales y de inversión, a las corporaciones transnacionales a menudo se les conceden derechos más sólidos que la tenencia y los derechos humanos de las comunidades locales, sin incluir ninguna obligación corporativa, especialmente sus obligaciones de respetar y cumplir con los recursos.
En el documento informativo «Hora de actuar: Asegurar un futuro sostenible a través de la responsabilidad corporativa», FIAN y otras organizaciones abordan el reto de garantizar que el creciente reconocimiento de la RtHE en los ámbitos de gobernanza se traduzca en obligaciones exigibles y coherentes tanto para los estados como para las empresas. El documento expone cómo el instrumento jurídicamente vinculante de la ONU sobre Corporaciones Transnacionales y derechos humanos puede contribuir a cerrar esa brecha mediante una regulación vinculante de la conducta corporativa para prevenir daños y asegurar el acceso a la justicia y la reparación en contextos transnacionales.
«El Tratado sobre empresas transnacionales y derechos humanos puede desempeñar un papel fundamental en la operacionalización de las obligaciones de los estados de respetar, proteger y cumplir el derecho a un entorno limpio, saludable y sostenible, por ejemplo, reforzando una participación significativa, el Consentimiento Libre, Previo e Informado, y evaluaciones sólidas de impacto ambiental, de género y de derechos humanos», afirma Ayushi Kalyan, coordinadora de responsabilidad corporativa en FIAN International. «Estas disposiciones permitirían y requerirían que los Estados tomen medidas oportunas para modificar, suspender, detener o abstenerse de acuerdos comerciales, de inversión o concesión que amenacen los medios de vida, contaminen tierras y aguas, socaven la biodiversidad o contribuyan al cambio climático.»
El documento destaca múltiples ejemplos de cómo las operaciones corporativas están causando una grave contaminación ambiental en el agua, el aire y el suelo, daños a la agricultura local, expropiación y desplazamiento de comunidades, etc. Se refiere a desarrollos recientes en la jurisprudencia internacional que han aclarado los deberes de los Estados para regular a los actores privados, hacer cumplir el cumplimiento y garantizar remedios eficaces, especialmente el Dictamen Consultivo (AO) de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las obligaciones de los Estados respecto al cambio climático y el Dictamen Asesor (AO) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (TICt) sobre emergencia climática y derechos humanos.
Concluye con un conjunto de recomendaciones
- a Estados:
-Participar constructivamente y fortalecer el Borrador Actualizado del instrumento jurídicamente vinculante sobre corporaciones transnacionales y derechos humanos, asegurando que establezca obligaciones claras para las corporaciones y los estados, la responsabilidad entre jurisdicciones y remedios efectivos para las comunidades afectadas; – Integrar en la legislación nacional mecanismos estrictos de debida diligencia en materia de derechos humanos, responsabilidad y otros mecanismos de prevención basados en el derecho a un entorno limpio, saludable y sostenible
- a organismos intergubernamentales y de la ONU
– garantizar que las políticas medioambientales reflejen y sirvan genuinamente a las necesidades y prioridades de quienes se ven más afectados por la degradación medioambiental y garantizar la coordinación entre los procesos de derechos humanos y gobernanza ambiental en línea con los estándares de protección más progresistas.
- a la sociedad civil, incluidos los sindicatos
– Centrar las voces de las comunidades de base y los movimientos sociales como actores esenciales y promover soluciones lideradas por la comunidad y centradas en las personas para la crisis ecológica; – Aprovechar el lenguaje del instrumento y la jurisprudencia legalmente vinculantes sobre el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible en la defensa de la justicia ambiental, y compartir información sobre este instrumento en espacios relevantes.
Para más información, por favor contacte con Sabine Pabst pabst@fian.org
