Autor: Tom

Desde Palestina hasta Venezuela, desde Cuba hasta el Ártico, está en marcha una renovada disputa imperial por territorios, minerales, agua y energía. Las inversiones financieras, la ocupación militar, los bloqueos económicos y los llamados proyectos de seguridad, desarrollo y transición verde se utilizan cada vez más por parte de los gobiernos, las corporaciones y la élites para despojar a los pueblos e imponer su poder sobre los recursos estratégicos. Como resultado, el mundo se enfrenta a una creciente concentración de la tierra, el despojo de territorios y bienes naturales y a una profunda desigualdad. Como movimientos sociales globales de  productoras y productores de alimentos a pequeña escala, estamos decididas y decididos a unirnos en Cartagena para visibilizar cómo estas disputas de poder global afectan directamente a las comunidades trabajadoras rurales y urbanas, y para luchar por políticas públicas que respeten nuestros derechos y nuestra autonomía.

Como resultado de esta expansión capitalista e imperialista, el sistema alimentario mundial también se encuentra en una profunda crisis. Está colapsando bajo el impacto del deterioro climático, los monocultivos industriales y la desigualdad extrema. Nosotras y nosotros, las personas campesinas, los Pueblos Indígenas y las personas productoras de alimentos a pequeña escala que alimentamos a la mayor parte del mundo y protegemos los ecosistemas, enfrentamos una nueva ola de despojo impulsada por la militarización, el crimen organizado, las grandes tecnologías y la mercantilización de la acción climática.

Nosotres, representantes de movimientos sociales de más de 70 países, organizades a través del Comité Internacional de Planificación sobre Soberanía Alimentaria (IPC), quienes asistiremos a CIRADR+20, como parte de la Agenda de Acción Política Común resultado del Tercer Foro Global de Nyéleni, hacemos un llamado a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) para que establezcan mecanismos de evaluación fuertes, participativos y regulares, que permitan monitorear la implementación de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra (VGGT). La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en Áreas Rurales (UNDROP) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) deben ser pilares centrales de  reformas agrarias integrales, orientando a los Estados a proteger los derechos colectivos, garantizar la participación, respetar el consentimiento libre, previo e informado, y defender los territorios frente al despojo.

La CIRADR+20, que tendrá lugar del 24 al 28 de febrero de 2026, se realiza veinte años después de la primera conferencia en Porto Alegre. En las décadas transcurridas, la concentración de la tierra se ha intensificado y se han expandido nuevas formas de acaparamiento de tierras y agua. Como movimientos sociales, insistimos en que la conferencia debe ir más allá de recomendaciones técnicas y promesas voluntarias.

Llamamos a una reforma agraria integral basada en cuatro pilares: el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos consuetudinarios sobre la tierra, los territorios y el agua; la redistribución de la tierra y los bienes naturales, incluidos límites a la acumulación corporativa y militar; la restitución para las comunidades despojadas por el acaparamiento de tierras, el colonialismo, la ocupación y los conflictos; y una regulación firme de los mercado de la tierra para proteger los territorios de las y los pequeños productores de alimentos frente a usos extractivos, especulativos y militares.

Una reforma agraria integral es central para la democracia, la paz y la justicia climática. Toda reforma agraria significativa debe situar en el centro la igualdad de derechos de las mujeres a la tierra, garantizar futuros dignos para las juventudes rurales y reconocer los derechos, la seguridad y el sentido de pertenencia de las personas con diversidad sexual y de género en los territorios rurales. Sin compromisos políticos y mecanismos globales y efectivos de monitoreo y cooperación, el acaparamiento de tierras simplemente adopta nuevas formas.

Nuestra lucha por la reforma agraria hoy es inseparable de nuestra lucha contra el imperialismo, el autoritarismo y el colapso ecológico. La CIRADR+20 se perfila como un momento crítico para intensificar nuestros esfuerzos colectivos para recuperar la tierra, los territorios, restaurar la dignidad de las poblaciones rurales, construir soberanía alimentaria y defender las bases mismas de la vida. Como Grupo de Trabajo del CIP sobre Tierra, Bosques, Agua y Territorios, organizaremos un Foro de Movimientos Sociales y Pueblos Indígenas los días 22 y 23 de febrero para preparar nuestras propuestas colectivas para la Conferencia.

¡Defendemos la vida, construimos la soberanía alimentaria!

¡Control popular sobre la tierra, el agua y los territorios ya! 

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA PRENSA

• Lista de movimientos sociales globales: LVC, IITC, WFFP, WFF, WAMIP, WMW, FIMARC, MIJARC, HIC, URGENCI
• Lista de movimientos sociales regionales: AFSA, CAOI, COPROFAM, ECMIA, MAELA, PROPAC, ROPPA, USFSA
• Fechas clave
  • Foro de Movimientos Sociales: 22–23 de febrero de 2026
  • Foro Académico: 20–22 de febrero de 2026
  • Conferencia Oficial CIRADR+20: 24–28 de febrero de 2026
  • Rueda de prensa: Por confirmar (virtual o en Cartagena)

Las mujeres constituyen la mayoría de las personas que venden en las calles y mercados ambulantes del mundo. Día a día, podemos verlas en las ferias y en las calles, ganándose la vida para mantener a sus familias y contribuyendo de manera importante a la economía local. Es en ellas en quienes nos enfocamos en esta edición del Supermarket Watch.

De acuerdo a los datos del “Barómetro de Vendedores Ambulantes”, una investigación participativa conducida por StreetNet International junto al Global Labor Institute, 64,2 por ciento de las vendedoras ambulantes en Zimbabwe sufren abuso físico de parte de sus clientes, y muchas informan sufrir niveles de maltrato y amedrentamiento que ponen en peligro su seguridad y dignidad. Algunas de las mujeres son sobrevivientes de abuso doméstico que recurrieron a la venta ambulante como una fuente de sobrevivencia más que como una real elección. La precariedad económica específica de su género exacerba su vulnerabilidad, ya que sólo el 7,8 por ciento de las mujeres goza de alguna protección a la maternidad y la mayoría trabaja largas jornadas en condiciones inseguras y de explotación. En general, las personas que venden en las calles en Zimbabwe no tienen acceso a infraestructura básica. Para una de cada cinco, el suelo es su lugar de trabajo y carecen de algún tipo de techo que les proteja. Los extremos climáticos han sido desastrosos para los ingresos de quienes venden en las calles, especialmente si venden productos frescos, frutas, hortalizas o pescado.

Al mismo tiempo, la investigación encontró que el 56,9 por ciento de las vendedoras y de los vendedores ambulantes en Argentina no tienen acceso a baño en sus lugares de trabajo, un problema que afecta proporcionalmente más a mujeres que a hombres. De las personas que tienen acceso a servicios sanitarios, sólo el 32,9 por ciento tiene acceso a baños separados por género; los baños separados son de gran importancia para la seguridad y comodidad de las vendedoras ambulantes y su inexistencia es una amenaza a su salud y una fuente de incomodidad durante la menstruación. La investigación también indicó que el 40,9 por ciento de las vendedoras ambulantes sufren violencia y acoso, a menudo de parte de la policía y otros vendedores ambulantes. Los resultados de la investigación demuestran que la falta de instalaciones sanitarias, la inseguridad y los extremos del clima intensifican las tensiones tanto económicas como sicológicas, agravando el peligro de daño físico y emocional para las mujeres.

Los datos anteriores muestran una dura realidad, pero también pueden ayudar a cambiarla. La investigación participativa desarrollada por el Barómetro de Vendedores Ambulantes busca visibilizar y empoderar a las vendedoras ambulantes y de mercados que sufren de violencia de género. La investigación participativa transforma a las mujeres vendedoras de sujetos de investigación a participantes en igualdad de condiciones, generando así datos reales que resaltan los componentes de género de la exclusión económica. Es una herramienta de organización que fortalece la solidaridad y muestra experiencias comunes en diversos países.

El Barómetro de Vendedores Ambulantes ha confirmado dos problemas importantes que enfrentan las y los vendedores ambulantes y feriantes, y especialmente las mujeres vendedoras: el primero es la lucha contra el acoso y las expulsiones y el segundo es la lucha por obtener protecciones sociales, como el acceso a servicios de salud y la seguridad de los ingresos económicos. También ha dado mayor visibilidad a las demandas de las vendedoras por el derecho a formalizar su trabajo y a vivir libres de violencia. En este número también damos a conocer un caso en que mujeres de las comunidades pescadoras en Uganda convierten la información recolectada en evidencia innegable que apoya la participación de las mujeres en la discusión de políticas públicas y en la construcción de lazos de solidaridad para luchar por sistemas alimentarios justos.

Lea la última edición aquí.

Para más información contacta a Laura Michéle michele@fian.org

Foto: Primero de Mayo en un mercado de Zambia. Por: StreetNet

Para los Pueblos Indígenas, campesinos.as, pescadores.as artesanales, pastores.as, habitantes de los bosques, trabajadores.as y demás comunidades rurales, la tierra, las aguas, los bosques y los ecosistemas constituyen la base de la vida. Los Pueblos Indígenas entienden sus territorios como el hábitat total que ocupan o utilizan, donde se arraigan la cultura, la identidad y los medios de vida. Más allá de la producción de alimentos, estos territorios sostienen funciones sociales, culturales, espirituales y ecológicas esenciales. Sin embargo, la tierra y los bienes naturales son objeto de profundas disputas y su distribución desigual refleja la discriminación estructural y las injusticias históricas. A lo largo de los siglos, los procesos de restricción en el uso de los recursos comunes, de colonialismo y de desposesión han concentrado el control en manos de actores poderosos, reforzando la opresión y la exclusión.

En la actualidad, la degradación del clima, la pérdida de biodiversidad y la injusticia medioambiental -impulsadas por economías neoliberales arraigadas en la financiarización, el patriarcado y el colonialismo- intensifican estas luchas. El acceso de las comunidades a la tierra y los territorios, así como su uso y control, siguen siendo esenciales para avanzar en las transformaciones sistémicas previstas por el movimiento por la soberanía alimentaria. Los territorios son lugares de resistencia contra los proyectos extractivos que ponen en peligro la salud, los medios de vida y los ecosistemas, pero también espacios donde las comunidades construyen alternativas basadas en la agroecología. Estos modelos promueven la soberanía alimentaria, la dignidad y la justicia social, climática, medioambiental, de género e intergeneracional.

Mientras los movimientos sociales se movilizan hacia la COP 30 del Clima y la 2ª Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, esta edición del Boletín Nyéléni subraya el carácter central de la tierra y los territorios en la configuración de futuros justos y sostenibles.

FIAN Internacional, Amigos de la Tierra Internacional, Grupo ETC, La Vía Campesina

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Para más información, póngase en contacto con info@nyeleni.org, www.nyeleni.org
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Ilustración creada para el 3er Foro Global Nyéléni: Cultivar o morir, Chardonnoir –
https://nyeleniglobalforum.org/nyeleni-virtual

FIAN International abogará por un ambicioso instrumento jurídicamente vinculante (LBI) en las negociaciones.  Si los Estados no apoyan esto, la impunidad corporativa continuará socavando los derechos humanos, la justicia y la dignidad de las personas en la primera línea del extractivismo, el acaparamiento de tierras, el daño climático, los abusos laborales y la destrucción ambiental.

En sus informes a la Asamblea General de la ONU, el Grupo de Trabajo sobre campesinos y trabajadores rurales y el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación también han advertido que el creciente dominio de las empresas transnacionales y la agroindustria industrial en los sistemas alimentarios mundiales representa una amenaza creciente para la seguridad alimentaria, los medios de vida rurales y los derechos humanos. Subrayan que los compromisos voluntarios no son suficientes. Los derechos consagrados en la declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, incluidos los derechos a la tierra, las semillas, la biodiversidad y la participación, deben implementarse a través de leyes vinculantes y mecanismos sólidos de rendición de cuentas.

Los derechos ambientales se han debilitado particularmente en el último borrador actualizado del LBI. FIAN y las organizaciones asociadas piden a los Estados que se reintegren en el lenguaje sólido del instrumento que consagra el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, como se indica en un estudio publicado recientemente.

«Estamos listos, junto con los movimientos de campesinos, pueblos indígenas, trabajadores, defensores del medio ambiente y comunidades afectadas, para presionar por un tratado con dientes», dice Ayushi Kalyan, coordinador de responsabilidad corporativa de FIAN Internacional.

«En Ginebra presionaremos firmemente con nuestros socios para que se establezcan disposiciones textuales que garanticen la justicia, la rendición de cuentas y el respeto de los derechos humanos por encima de las ganancias corporativas».

Tratado sólido basado en derechos

Esta semana continuará las negociaciones dirigidas por los Estados sobre los Artículos 12-24 y un debate interactivo basado en el resumen del Presidente de las tres consultas entre sesiones, que tuvieron lugar a principios de este año, así como en sus propias propuestas sobre la reformulación de los Artículos 4-11. Estos solo se publicaron cinco días antes del inicio de las negociaciones, lo que dio a la sociedad civil y a los Estados poco tiempo para analizarlos adecuadamente. Los grupos de presión corporativos y los representantes de las empresas participaron activamente en las consultas entre sesiones de este año, diluyendo aún más el borrador y presionando por normas voluntarias, en lugar de disposiciones jurídicas vinculantes.

Además, la nueva redacción propuesta por el Presidente-Relator de los Artículos 4 a 11 presenta una versión simplificada y procedimental del instrumento legalmente vinculante que prioriza la convergencia textual entre los Estados sobre la ambición sustantiva. Si bien las sugerencias de la Presidencia incluyen algunos avances positivos, reducen las obligaciones de los Estados al condicionarlas a los marcos legales nacionales, no integran suficientemente las dimensiones ambientales y de género, y suavizan las disposiciones de rendición de cuentas relacionadas con la responsabilidad corporativa y el acceso a la justicia.

Este enfoque difiere del posicionamiento de FIAN, que pedía un tratado sólido y basado en derechos basado en obligaciones estatales vinculantes, medidas cautelares, una fuerte protección ambiental, responsabilidad solidaria obligatoria y el derecho de las comunidades a decir «¡no!». El momento y el contenido de las propuestas del Presidente corren el riesgo de dejar de lado estas propuestas sustantivas de la sociedad civil y del Sur Global, cambiando el proceso hacia el consenso procesal en lugar de la justicia transformadora.

Es hora de actuar

Las decisiones que se tomen ahora determinarán si el instrumento final es robusto o se diluye hasta el punto de la ineficacia.

«Si no se adoptan normas sólidas y vinculantes, continuará la impunidad de las empresas transnacionales», dice Stephan Backes, coordinador de obligaciones extraterritoriales de los Estados de FIAN Internacional.

Hacemos un llamamiento a todos los Estados para que participen en esta sesión de negociación con ambición y valentía. Necesitamos un tratado que establezca obligaciones vinculantes para las empresas transnacionales, mecanismos de aplicación sólidos y recursos efectivos para los pueblos afectados. Debe abordar las interrelaciones entre el poder corporativo, la destrucción del medio ambiente, la injusticia climática, el complejo militar-industrial y la desigualdad de género, incluso a través de reparaciones, sanciones y desinversiones en industrias abusivas.

Estas dimensiones deben integrarse en todo el tratado, no tratarse como cuestiones periféricas. También es esencial evitar la interferencia indebida de los intereses comerciales que buscan diluir la protección de los derechos humanos. El proceso debe estar impulsado por principios de derechos humanos, no por intereses corporativos.

Estas negociaciones no deben apresurarse ni diluirse para adaptarse a la presión corporativa o geopolítica. Un acuerdo débil o simbólico solo legitimaría el statu quo de la impunidad.

Para obtener más información, comuníquese con Ayushi Kalyan kalyan@fian.org o Stephan Backes backes@fian.org

A medida que los supermercados se expanden, los sistemas alimentarios tradicionales se reducen, poniendo en peligro las dietas tradicionales y los beneficios que ofrecen para la salud humana. Este es el tema central de nuestro boletín de septiembre.

Una investigación realizada en la región del Kilimanjaro en Tanzania encontró que el cambio a una dieta occidentalizada resultó en efectos negativos para la salud, como inflamación elevada, debilitamiento de la función inmune y sobrepeso, mientras que un retorno a los alimentos tradicionales trajo beneficios anti inflamatorios y una reducción de los marcadores de enfermedades metabólicas.

La presión por imponer los supermercados a nivel global está provocando, por un lado, un aumento exponencial de los alimentos altamente procesados y refinados, con una vida útil larga en las góndolas y, por otro, una rápida disminución de la disponibilidad de alimentos nutritivos, frescos y más perecibles, especialmente frutas y verduras. Estos alimentos ultra-procesadosse asocian a un riesgo elevado de obesidad y a otras enfermedades crónicas, como enfermedades al corazón, diabetes y cáncer, e incluso desnutrición infantil. Están compuestos mayormente de ingredientes derivados de la agricultura industrial y de cadenas comerciales globales, las que producen una enorme contaminación química del agua, del aire y los suelos.

Por otro lado, los circuitos locales de distribución de alimentos a través de mercados locales y de las personas que venden alimentos a pequeña escala, ofrecen un mayor llegada a una diversidad de alimentos frescos y saludables a bajo precio y fácilmente accesibles. Las personas que venden en las calles tienen un importante papel en muchos de estos sistemas alimentarios tradicionales. Se estima que cada día, 2 mil500 millones de personas consumen comida ambulante. La mayoría de las personas que venden comida en la calle no cuentan con una gran capacidad de almacenamiento, de manera que, frecuentemente, tienen que comprar pequeñas cantidades de ingredientes frescos en los mercados minoristas tradicionales o directamente del campesinado local. La calidad de los alimentos está asegurada por los fuertes lazos sociales y de confianza que existen entre quienes producen, las personas que venden alimentos y las personas que los consumen. El alimento es preparado en instalaciones de procesamiento simples. Por el contrario, los alimentos ultra procesados son comúnmente denominados “comida chatarra,” por su alto nivel de azúcares libres, almidones refinados, sodio, grasas saturadas y trans derivadas de sustancias o aditivos que los convierten en productos más atractivos y con una mayor duración. En los lugares donde las comunidades tienen una fuerte tradición alimentaria, una de las estrategias de comercialización de las corporaciones productoras de alimentos y de las cadenas minoristas para expandir sus mercados, es imitar y recrear a los alimentos tradicionales usando ingredientes de origen industrial.

Este mes, el tercer Foro Global de Nyéléni se llevará a cabo en Sri Lanka. El proceso Nyéléni enfatiza el derecho de las personas a acceder a alimentos saludables y apropiados culturalmente, producidos mediante métodos ecológicamente seguros y sustentables. La producción de alimentos, su distribución y el acceso a ellos, forma parte de un tejido socio cultural organizado que es el soporte del bienestar nutricional y mental de las personas y de su soberanía alimentaria. En esta edición, destacamos cómo los sistemas alimentarios locales deben ser el punto de partida para abordar temas como la nutrición, las condiciones laborales y el fortalecimiento de las comunidades. También revisamos ejemplos de una política de adquisiciones de alimentos saludables en las escuelas de Brasil y las formas en las cuales África resiste ante la expansión de los supermercados.

Lea Supermarket Watch aquí

Para más información, póngase en contacto con Laura Michéle michele@fian.org