Autor: Tom

3er Foro Nyéléni: Construyendo la solidaridad mundial para una transformación sistémica

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El 3er Foro Global Nyéléni tuvo lugar en la ciudad de Kandy, en Sri Lanka, del 6 al 13 de septiembre de 2025. El complejo del Instituto Nacional de Desarrollo Cooperativo acogió a pequeños productores de alimentos, consumidores, pueblos indígenas, sindicatos, defensores de los derechos humanos, defensores de la justicia climática y sanitaria, comunidades urbanas pobres, mujeres y grupos de diversidad de género, profesionales de la economía social y solidaria, académicos, artistas y otros representantes de movimientos de base y organizaciones de la sociedad civil. Juntos elaboraron una Agenda de Acción Política Común (AAPC) para la transformación sistémica hacia la justicia económica, social, de género, racial y medioambiental.

A lo largo de los años, el proceso Nyéléni ha posibilitado la generación de un movimiento colectivo, ofreciendo un espacio en el que los movimientos de base comparten luchas, analizan tendencias, y trabajan juntos para avanzar hacia soluciones comunes. Sobre la base de las enseñanzas del primer y segundo foro Nyéléni, que tuvieron lugar en Mali, este 3er foro ha ampliado su alcance al unir fuerzas con los movimientos para la justicia climática, salud de las personas, y economía social y solidaria.

En un reflejo de su diversidad, el foro congregó a participantes de todas las regiones del mundo, con un equipo de 73 intérpretes voluntarios organizado por el colectivo COATI, trabajando denodadamente para garantizar la justicia lingüística y la interpretación hacia los 18 idiomas oficiales.

En esencia, el foro reafirmó que soberanía alimentaria y solidaridad global son inseparables. Les participantes, venidos de Palestina a Congo, de Haití a Sudan y más allá, expresaron su compromiso de resistir a la opresión en todas sus formas y construir un mundo fundado en la dignidad, la justicia, y los cuidados, en el reconocimiento de que el apoyo a Palestina, y a todos los pueblos que sufren ocupación, guerra y desposesión, es una responsabilidad conjunta y un reflejo de que el movimiento comparte una visión colectiva de la justicia.

El foro culminó con la adopción por aclamación de la Declaración de Kandy, con expectativa de enriquecer la Agenda de Acción Política Común (AAPC); ambas están destinadas a servir de brújula política que guíe las acciones y la visión de los movimientos de todo el mundo que luchan por la soberanía alimentaria y la justicia.

Esta edición del boletín Nyéléni comparte una selección de los aspectos más destacados del foro, recogiendo varias de las perspectivas de les participantes. Como afirma la declaración de Kandy: «A través de todas las diversidades que representamos, para fortalecer nuestras luchas, alzamos juntos la voz y declaramos: ¡Transformación sistémica, ahora y para siempre!».

Comité Internacional de Planificación (CIP) para la Soberanía Alimentaria, Transnational Institute (TNI) 

Ilustración: Mural creado por el colectivo Fearless Collective durante el 3er Foro Nyéléni en Kandy, Sri Lanka. 

Haga clic aquí para descargar la edición en español (pdf) o lea el boletín directamente en el sitio web. 

Para más información, póngase en contacto con info@nyeleni.org, www.nyeleni.org
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En el Día Internacional de los Derechos Humanos, exigimos una transformación de la ONU que fortalezca la rendición de cuentas y sirva a los pueblos, no a los presupuestos

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En nuestro trabajo con comunidades afectadas por violaciones de derechos humanos, a menudo nos dicen que las visitas y recomendaciones de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos – como la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Alimentación – y las recomendaciones de los Órganos de Tratados dan visibilidad a los riesgos y perjuicios que enfrentan, orientan a los Estados para prevenir o reparar esos daños, y garantizan la rendición de cuentas por las obligaciones bajo los tratados de derechos humanos de la ONU.

Aunque el Sistema de Derechos Humanos no ha logrado detener genocidios y otras atrocidades graves, el trabajo de los Procedimientos Especiales y los Órganos de Tratados – llevado a cabo por expertos independientes que trabajan sin remuneración – ha desempeñado un papel decisivo en la corrección de injusticias y destaca como una de las partes más importantes del sistema para las y los titulares de derechos.

A pesar de esta realidad, la reforma ONU80 (UN80 Initiative) amenaza con reducir los presupuestos esenciales para garantizar el trabajo de los mandatos de derechos humanos, incluyendo recortar el apoyo técnico proporcionado por ACNUDH, necesario para responder cartas de alegaciones de los titulares de derechos, preparar informes y realizar otros trabajos críticos de monitoreo. El pilar de derechos humanos de la ONU ya está gravemente subfinanciado, recibiendo apenas alrededor del 1% del presupuesto total de la ONU, y los recortes propuestos afectarían de manera desproporcionada nuevamente el trabajo en derechos humanos, debilitando aún más la protección para quienes están en mayor riesgo. Nos preocupa porque ya comenzaron las fusiones de mandatos esenciales y se anunció que la reducción del número de visitas a países introducida en 2025 continuará sin cambios en 2026, con solo una visita prevista. Además, aunque el trabajo de estos mandatos se basa principalmente en Ginebra, las decisiones las toma la Asamblea General de la ONU en Nueva York, a través de un proceso muy opaco, sin la debida consulta con un grupo diverso de la sociedad civil y las comunidades afectadas, ni siquiera con los titulares de los mandatos de derechos humanos correspondientes.

«La credibilidad y legitimidad de la ONU ya han sido seriamente cuestionadas debido a su fracaso para detener el genocidio en Gaza, los numerosos abusos cometidos por corporaciones transnacionales y la destrucción de nuestra naturaleza. Debilitar aún más los mandatos de derechos humanos profundizaría la crisis de legitimidad. Necesitamos una transformación de la ONU que ponga a las personas y al planeta en el centro y fortalezca esos mecanismos que sirven a la gente, no una reforma apresurada y de reducción de costos que trata superficialmente los síntomas dejando intactas las causas estructurales», afirma Sibylle Dirren, representante permanente de FIAN en Ginebra.

Hacemos un llamado a todos los Estados miembros de la ONU para que paguen sus contribuciones y defiendan activamente el funcionamiento pleno e ininterrumpido de los Procedimientos Especiales y los Órganos de Tratados. Los miembros que se hayan comprometido a respetar, proteger y cumplir los derechos humanos deberán garantizar que cualquier reforma asegure la rendición de cuentas, el acceso a la justicia y recursos efectivos. Una reforma que se realice con las personas que sirven al sistema sin remuneración – los Relatores Especiales y los miembros de los comités de los tratados – y con aquellos que tienen el mandato de defender: las y los titulares de derechos humanos. Hacemos un llamado a la sociedad civil para que se una y alce su voz por una verdadera transformación de la ONU.

Persona de contacto: Sibylle Dirren, dirren@fian.org

Mujeres rurales, cuidado y agrotóxicos: Un llamado a la acción 

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En las comunidades rurales de todo el mundo, las mujeres son el pilar de la producción de alimentos y del cuidado. Sin embargo, también están en la primera línea de una creciente crisis de salud y ambiental causada por el uso generalizado de agrotóxicos. Los pesticidas y fertilizantes sintéticos, centrales en el sistema alimentario corporativo industrial y en el modelo de producción, juegan un papel fundamental en la triple crisis planetaria: la intensificación del cambio climático, la degradación de ecosistemas y pérdida de biodiversidad, y la contaminación ambiental.

Nuestro nuevo informe “Mujeres rurales, cuidado y agrotóxicos” muestra que las mujeres enfrentan exposición en todas las dimensiones de la vida. En las industrias del banano y la floricultura de Ecuador, las mujeres trabajan en medio de fumigaciones y residuos químicos, a menudo sin protección. Muchas llevan prácticas de uso de pesticidas a invernaderos familiares cerca de sus hogares, extendiendo la contaminación al ámbito doméstico. Las mujeres están expuestas a tóxicos durante el trabajo de cuidado, cuando lavan ropa contaminada, preparan alimentos o recogen agua. Los tóxicos también aumentan su ya pesada carga de trabajo de cuando además cuidan a familiares enfermos.

“Estamos en una lucha constante. Buscamos producir alimentos que son sanos y agrodiversos […] plátano, cacao, yuca, café, cítricos, aguacate […]. Sin embargo, a nuestros alrededores […] nos encontramos con grandes extensiones de monocultivos de banano. A través de fumigaciones, por medio de avionetas o drones, la producción extensiva contamina a la naturaleza, nuestra producción y a nosotras mismas.” Evelyn Yánez y Daisy Chávez, mujeres rurales de Ecuador.

El cuidado como resistencia y transformación

A pesar de estas injusticias, mujeres rurales están construyendo alternativas transformadoras basadas en el cuidado. Están liderando la resistencia contra un sistema alimentario centrado en la extracción y la contaminación que acumula riqueza en manos de unos pocos mientras externaliza los daños a las comunidades y al medio ambiente. En Ecuador, la Red de Mujeres Rurales ha emprendido una transición agroecológica que incluye producción diversificada, protección de semillas, escuelas agroecológicas dirigidas por mujeres, reservas territoriales de alimentos libres de agrotóxicos y mercados comunitarios.

Igualmente, en Honduras, mujeres pescadoras están defendiendo sus territorios costeros, que están siendo contaminados y privatizados por la acuicultura industrial de camarón. La destrucción de los manglares y la biodiversidad marina ha dificultado cada vez más que estas mujeres alimenten a sus familias o se ganen la vida; al mismo tiempo que agrava los impactos del cambio climático en las comunidades costeras. Sin embargo, continúan cuidando los ecosistemas marinos y sus comunidades, exigiendo la co-gobernanza de los recursos marinos, restaurando los manglares y abogando por prácticas de pesca sostenibles.

“Estamos llenas de laboratorios de camarón, agarraron nuestras playas y solo nos dejan escombros y contaminación. No cumplieron sus promesas de dar empleo a la comunidad. Lideresa de la comunidad de Cedeño.

Estos esfuerzos no solo buscan garantizar la seguridad alimentaria; se trata de recuperar el control sobre los recursos naturales que sustentan la vida y sobre la forma en que se produce la comida y se alimenta a las familias. Al abrazar la agroecología, las mujeres demuestran que el cuidado de los sistemas alimentarios, la tierra, el agua, los bosques y las comunidades, es una fuerza clave para la justicia social y ambiental. Abogan por formas de producir, recolectar e intercambiar alimentos basadas en el cuidado y la solidaridad, no en insumos tóxicos y la codicia corporativa.

Los desafíos que enfrentan las mujeres rurales se ven agravados por las desigualdades de género. Aunque realizan la mayor parte del trabajo de cuidado no remunerado, reciben poco o ningún apoyo del estado, y su trabajo a menudo es subestimado e invisibilizado. Como señaló Marcos Orellana, Relator Especial de la ONU sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, las mujeres enfrentan una “doble injusticia”: son responsables de proteger a sus familias de los tóxicos invisibles, pero a menudo se les niegan los recursos y la información necesarios para protegerse a ellas mismas y a sus comunidades.

El liderazgo y las prácticas transformadoras de las mujeres rurales ofrecen una hoja de ruta para un mundo justo y libre de tóxicos. Para apoyar y amplificar sus esfuerzos, es esencial que los estados:

  • Reconozcan el cuidado de los alimentos como esencial: Reconocer el papel fundamental del trabajo de cuidado de las mujeres en el sostenimiento de la vida y los sistemas alimentarios. 
  • Redistribuyan las responsabilidades del cuidado: Implementar políticas que distribuyan equitativamente el trabajo de cuidado entre las familias, las comunidades y el estado. 
  • Apoyen la agroecología: Invertir en prácticas agroecológicas sostenibles lideradas por mujeres, proporcionando capacitación, recursos y acceso a mercados. 
  • Hagan cumplir medidas protectoras: Promulgar regulaciones sólidas y sensibles al género para proteger a las mujeres rurales de los agrotóxicos y otras sustancias tóxicas. 

Si realmente queremos sistemas alimentarios justos, saludables y sostenibles, debemos colocar el cuidado—y a las mujeres que lo brindan—en el centro de las políticas y acciones. Proteger sus derechos no es solo una cuestión de justicia; es esencial para el futuro de los alimentos y la salud de nuestro planeta.

La información es poder: cómo entender las complejidades de la violencia contra las vendedoras ambulantes

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Las mujeres constituyen la mayoría de las personas que venden en las calles y mercados ambulantes del mundo. Día a día, podemos verlas en las ferias y en las calles, ganándose la vida para mantener a sus familias y contribuyendo de manera importante a la economía local. Es en ellas en quienes nos enfocamos en esta edición del Supermarket Watch.

De acuerdo a los datos del “Barómetro de Vendedores Ambulantes”, una investigación participativa conducida por StreetNet International junto al Global Labor Institute, 64,2 por ciento de las vendedoras ambulantes en Zimbabwe sufren abuso físico de parte de sus clientes, y muchas informan sufrir niveles de maltrato y amedrentamiento que ponen en peligro su seguridad y dignidad. Algunas de las mujeres son sobrevivientes de abuso doméstico que recurrieron a la venta ambulante como una fuente de sobrevivencia más que como una real elección. La precariedad económica específica de su género exacerba su vulnerabilidad, ya que sólo el 7,8 por ciento de las mujeres goza de alguna protección a la maternidad y la mayoría trabaja largas jornadas en condiciones inseguras y de explotación. En general, las personas que venden en las calles en Zimbabwe no tienen acceso a infraestructura básica. Para una de cada cinco, el suelo es su lugar de trabajo y carecen de algún tipo de techo que les proteja. Los extremos climáticos han sido desastrosos para los ingresos de quienes venden en las calles, especialmente si venden productos frescos, frutas, hortalizas o pescado.

Al mismo tiempo, la investigación encontró que el 56,9 por ciento de las vendedoras y de los vendedores ambulantes en Argentina no tienen acceso a baño en sus lugares de trabajo, un problema que afecta proporcionalmente más a mujeres que a hombres. De las personas que tienen acceso a servicios sanitarios, sólo el 32,9 por ciento tiene acceso a baños separados por género; los baños separados son de gran importancia para la seguridad y comodidad de las vendedoras ambulantes y su inexistencia es una amenaza a su salud y una fuente de incomodidad durante la menstruación. La investigación también indicó que el 40,9 por ciento de las vendedoras ambulantes sufren violencia y acoso, a menudo de parte de la policía y otros vendedores ambulantes. Los resultados de la investigación demuestran que la falta de instalaciones sanitarias, la inseguridad y los extremos del clima intensifican las tensiones tanto económicas como sicológicas, agravando el peligro de daño físico y emocional para las mujeres.

Los datos anteriores muestran una dura realidad, pero también pueden ayudar a cambiarla. La investigación participativa desarrollada por el Barómetro de Vendedores Ambulantes busca visibilizar y empoderar a las vendedoras ambulantes y de mercados que sufren de violencia de género. La investigación participativa transforma a las mujeres vendedoras de sujetos de investigación a participantes en igualdad de condiciones, generando así datos reales que resaltan los componentes de género de la exclusión económica. Es una herramienta de organización que fortalece la solidaridad y muestra experiencias comunes en diversos países.

El Barómetro de Vendedores Ambulantes ha confirmado dos problemas importantes que enfrentan las y los vendedores ambulantes y feriantes, y especialmente las mujeres vendedoras: el primero es la lucha contra el acoso y las expulsiones y el segundo es la lucha por obtener protecciones sociales, como el acceso a servicios de salud y la seguridad de los ingresos económicos. También ha dado mayor visibilidad a las demandas de las vendedoras por el derecho a formalizar su trabajo y a vivir libres de violencia. En este número también damos a conocer un caso en que mujeres de las comunidades pescadoras en Uganda convierten la información recolectada en evidencia innegable que apoya la participación de las mujeres en la discusión de políticas públicas y en la construcción de lazos de solidaridad para luchar por sistemas alimentarios justos.

Lea la última edición aquí.

Para más información contacta a Laura Michéle michele@fian.org

Foto: Primero de Mayo en un mercado de Zambia. Por: StreetNet

Proceso Néléni: Anclados en la resistencia, territorios hacia la justicia climática

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Para los Pueblos Indígenas, campesinos.as, pescadores.as artesanales, pastores.as, habitantes de los bosques, trabajadores.as y demás comunidades rurales, la tierra, las aguas, los bosques y los ecosistemas constituyen la base de la vida. Los Pueblos Indígenas entienden sus territorios como el hábitat total que ocupan o utilizan, donde se arraigan la cultura, la identidad y los medios de vida. Más allá de la producción de alimentos, estos territorios sostienen funciones sociales, culturales, espirituales y ecológicas esenciales. Sin embargo, la tierra y los bienes naturales son objeto de profundas disputas y su distribución desigual refleja la discriminación estructural y las injusticias históricas. A lo largo de los siglos, los procesos de restricción en el uso de los recursos comunes, de colonialismo y de desposesión han concentrado el control en manos de actores poderosos, reforzando la opresión y la exclusión.

En la actualidad, la degradación del clima, la pérdida de biodiversidad y la injusticia medioambiental -impulsadas por economías neoliberales arraigadas en la financiarización, el patriarcado y el colonialismo- intensifican estas luchas. El acceso de las comunidades a la tierra y los territorios, así como su uso y control, siguen siendo esenciales para avanzar en las transformaciones sistémicas previstas por el movimiento por la soberanía alimentaria. Los territorios son lugares de resistencia contra los proyectos extractivos que ponen en peligro la salud, los medios de vida y los ecosistemas, pero también espacios donde las comunidades construyen alternativas basadas en la agroecología. Estos modelos promueven la soberanía alimentaria, la dignidad y la justicia social, climática, medioambiental, de género e intergeneracional.

Mientras los movimientos sociales se movilizan hacia la COP 30 del Clima y la 2ª Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, esta edición del Boletín Nyéléni subraya el carácter central de la tierra y los territorios en la configuración de futuros justos y sostenibles.

FIAN Internacional, Amigos de la Tierra Internacional, Grupo ETC, La Vía Campesina

Lea el boletín No.61 directamente en el sitio web. 

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Ilustración creada para el 3er Foro Global Nyéléni: Cultivar o morir, Chardonnoir –
https://nyeleniglobalforum.org/nyeleni-virtual

Negociaciones de la ONU: es hora de una protección real contra las violaciones y abusos de los derechos humanos por parte de las empresas

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FIAN International abogará por un ambicioso instrumento jurídicamente vinculante (LBI) en las negociaciones.  Si los Estados no apoyan esto, la impunidad corporativa continuará socavando los derechos humanos, la justicia y la dignidad de las personas en la primera línea del extractivismo, el acaparamiento de tierras, el daño climático, los abusos laborales y la destrucción ambiental.

En sus informes a la Asamblea General de la ONU, el Grupo de Trabajo sobre campesinos y trabajadores rurales y el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación también han advertido que el creciente dominio de las empresas transnacionales y la agroindustria industrial en los sistemas alimentarios mundiales representa una amenaza creciente para la seguridad alimentaria, los medios de vida rurales y los derechos humanos. Subrayan que los compromisos voluntarios no son suficientes. Los derechos consagrados en la declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, incluidos los derechos a la tierra, las semillas, la biodiversidad y la participación, deben implementarse a través de leyes vinculantes y mecanismos sólidos de rendición de cuentas.

Los derechos ambientales se han debilitado particularmente en el último borrador actualizado del LBI. FIAN y las organizaciones asociadas piden a los Estados que se reintegren en el lenguaje sólido del instrumento que consagra el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, como se indica en un estudio publicado recientemente.

«Estamos listos, junto con los movimientos de campesinos, pueblos indígenas, trabajadores, defensores del medio ambiente y comunidades afectadas, para presionar por un tratado con dientes», dice Ayushi Kalyan, coordinador de responsabilidad corporativa de FIAN Internacional.

«En Ginebra presionaremos firmemente con nuestros socios para que se establezcan disposiciones textuales que garanticen la justicia, la rendición de cuentas y el respeto de los derechos humanos por encima de las ganancias corporativas».

Tratado sólido basado en derechos

Esta semana continuará las negociaciones dirigidas por los Estados sobre los Artículos 12-24 y un debate interactivo basado en el resumen del Presidente de las tres consultas entre sesiones, que tuvieron lugar a principios de este año, así como en sus propias propuestas sobre la reformulación de los Artículos 4-11. Estos solo se publicaron cinco días antes del inicio de las negociaciones, lo que dio a la sociedad civil y a los Estados poco tiempo para analizarlos adecuadamente. Los grupos de presión corporativos y los representantes de las empresas participaron activamente en las consultas entre sesiones de este año, diluyendo aún más el borrador y presionando por normas voluntarias, en lugar de disposiciones jurídicas vinculantes.

Además, la nueva redacción propuesta por el Presidente-Relator de los Artículos 4 a 11 presenta una versión simplificada y procedimental del instrumento legalmente vinculante que prioriza la convergencia textual entre los Estados sobre la ambición sustantiva. Si bien las sugerencias de la Presidencia incluyen algunos avances positivos, reducen las obligaciones de los Estados al condicionarlas a los marcos legales nacionales, no integran suficientemente las dimensiones ambientales y de género, y suavizan las disposiciones de rendición de cuentas relacionadas con la responsabilidad corporativa y el acceso a la justicia.

Este enfoque difiere del posicionamiento de FIAN, que pedía un tratado sólido y basado en derechos basado en obligaciones estatales vinculantes, medidas cautelares, una fuerte protección ambiental, responsabilidad solidaria obligatoria y el derecho de las comunidades a decir «¡no!». El momento y el contenido de las propuestas del Presidente corren el riesgo de dejar de lado estas propuestas sustantivas de la sociedad civil y del Sur Global, cambiando el proceso hacia el consenso procesal en lugar de la justicia transformadora.

Es hora de actuar

Las decisiones que se tomen ahora determinarán si el instrumento final es robusto o se diluye hasta el punto de la ineficacia.

«Si no se adoptan normas sólidas y vinculantes, continuará la impunidad de las empresas transnacionales», dice Stephan Backes, coordinador de obligaciones extraterritoriales de los Estados de FIAN Internacional.

Hacemos un llamamiento a todos los Estados para que participen en esta sesión de negociación con ambición y valentía. Necesitamos un tratado que establezca obligaciones vinculantes para las empresas transnacionales, mecanismos de aplicación sólidos y recursos efectivos para los pueblos afectados. Debe abordar las interrelaciones entre el poder corporativo, la destrucción del medio ambiente, la injusticia climática, el complejo militar-industrial y la desigualdad de género, incluso a través de reparaciones, sanciones y desinversiones en industrias abusivas.

Estas dimensiones deben integrarse en todo el tratado, no tratarse como cuestiones periféricas. También es esencial evitar la interferencia indebida de los intereses comerciales que buscan diluir la protección de los derechos humanos. El proceso debe estar impulsado por principios de derechos humanos, no por intereses corporativos.

Estas negociaciones no deben apresurarse ni diluirse para adaptarse a la presión corporativa o geopolítica. Un acuerdo débil o simbólico solo legitimaría el statu quo de la impunidad.

Para obtener más información, comuníquese con Ayushi Kalyan kalyan@fian.org o Stephan Backes backes@fian.org

Las empresas deben responder de sus actos: reconocer el derecho a un medio ambiente sano

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En todo el mundo, las comunidades se ven afectadas por el poder transnacional descontrolado y sin regulación de las empresas, que provoca la contaminación de las reservas de agua, la pérdida de tierras agrícolas, la destrucción de los sistemas alimentarios y la pérdida de medios de subsistencia. Sin embargo, con demasiada frecuencia, las empresas no responden de sus actos, mientras que las comunidades se quedan sin recursos para su subsistencia ni justicia, como se destaca en el nuevo estudio dedicado a las cuestiones medioambientales, titulado «Las empresas deben responder de sus actos ante las personas y el planeta», cuyo objetivo es orientar los debates de las Naciones Unidas.

La próxima sesión del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta del Consejo de Derechos Humanos, que se celebrará en octubre de 2025 —la undécima ronda anual de negociaciones—, ofrece un enorme potencial para limitar el poder excesivo de las empresas y proteger a las comunidades y el medio ambiente. Los Estados negociarán los artículos finales del actualizado del instrumento jurídicamente vinculante (LBI) destinado a regular las empresas transnacionales en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. FIAN y otras organizaciones internacionales de la sociedad civil insisten en que el LBI reconozca explícitamente el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible e incorpore este derecho —así como consideraciones más amplias relacionadas con el medio ambiente y el cambio climático— en todas sus disposiciones sustantivas.

«Es muy sencillo. Si el ILI no incluye medidas estrictas de protección medioambiental, traicionará a las comunidades a las que se supone que debe proteger», afirma Ayushi Kalyan, coordinadora de responsabilidad jurídica corporativa de FIAN Internacional.

Normas internacionales aplicables

Las comunidades y las defensoras y los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente llevan mucho tiempo luchando por esta incorporación al derecho internacional de los derechos humanos.

En América Latina, varias familias siguen luchando por obtener justicia, décadas después de que la empresa sueca Boliden Mineral vertiera residuos tóxicos en Arica (Chile), causando problemas de salud generalizados entre las personas que viven cerca del vertedero. En Palestina, empresas como Heidelberg Materials están acusadas de contribuir al saqueo de los recursos naturales de los territorios ocupados. En toda África y Asia, los proyectos de extracción privan a los Pueblos Indígenas y a las comunidades rurales de sus territorios y sistemas alimentarios. Cada caso subraya la urgente necesidad de normas internacionales claras y aplicables que den prioridad a los derechos humanos y la protección del medio ambiente por encima de los beneficios empresariales.

Tanto la Corte Internacional de Justicia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han afirmado la obligación de los Estados de regular a los actores privados y prevenir los daños ambientales transfronterizos. Más del 80% de los Estados miembros de la ONU ya reconocen legalmente el derecho a un medio ambiente sano.

El LBI debe reconocer explícitamente el derecho a un medio ambiente sano, proteger a las defensoras y los defensores contra las represalias y garantizar a las víctimas un acceso efectivo a la justicia», afirma Stephan Backes, coordinador de obligaciones extraterritoriales de FIAN Internacional.

Salvar la brecha

Los Estados tienen ahora la responsabilidad de salvar la brecha a nivel mundial incluyendo este derecho en el LBI.

El estudio publicado hoy propone a los Estados textos jurídicos concretos destinados a reforzar las disposiciones del LBI, velando en particular por que incluya la diligencia debida en materia de medio ambiente, las medidas de precaución y la primacía de los derechos humanos y las obligaciones medioambientales sobre los acuerdos comerciales y de inversión. Los Estados deberían examinar detenidamente estas recomendaciones e incorporarlas en sus contribuciones durante la próxima ronda de negociaciones en octubre, y seguir basándose en estas propuestas en el marco de sus acciones de promoción en curso en los espacios y procesos nacionales, regionales e internacionales pertinentes.

Mientras el mundo se acerca al colapso climático, este proceso del LBI representa una oportunidad crucial para exigir a las empresas que rindan cuentas. Los Estados no deben desperdiciarla.

Para más información, póngase en contacto con Ayushi Kalyan Kalyan@fian.org o Stephan Backes Backes@fian.org.

El costo los supermercados en la salud y la nutrición

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A medida que los supermercados se expanden, los sistemas alimentarios tradicionales se reducen, poniendo en peligro las dietas tradicionales y los beneficios que ofrecen para la salud humana. Este es el tema central de nuestro boletín de septiembre.

Una investigación realizada en la región del Kilimanjaro en Tanzania encontró que el cambio a una dieta occidentalizada resultó en efectos negativos para la salud, como inflamación elevada, debilitamiento de la función inmune y sobrepeso, mientras que un retorno a los alimentos tradicionales trajo beneficios anti inflamatorios y una reducción de los marcadores de enfermedades metabólicas.

La presión por imponer los supermercados a nivel global está provocando, por un lado, un aumento exponencial de los alimentos altamente procesados y refinados, con una vida útil larga en las góndolas y, por otro, una rápida disminución de la disponibilidad de alimentos nutritivos, frescos y más perecibles, especialmente frutas y verduras. Estos alimentos ultra-procesadosse asocian a un riesgo elevado de obesidad y a otras enfermedades crónicas, como enfermedades al corazón, diabetes y cáncer, e incluso desnutrición infantil. Están compuestos mayormente de ingredientes derivados de la agricultura industrial y de cadenas comerciales globales, las que producen una enorme contaminación química del agua, del aire y los suelos.

Por otro lado, los circuitos locales de distribución de alimentos a través de mercados locales y de las personas que venden alimentos a pequeña escala, ofrecen un mayor llegada a una diversidad de alimentos frescos y saludables a bajo precio y fácilmente accesibles. Las personas que venden en las calles tienen un importante papel en muchos de estos sistemas alimentarios tradicionales. Se estima que cada día, 2 mil500 millones de personas consumen comida ambulante. La mayoría de las personas que venden comida en la calle no cuentan con una gran capacidad de almacenamiento, de manera que, frecuentemente, tienen que comprar pequeñas cantidades de ingredientes frescos en los mercados minoristas tradicionales o directamente del campesinado local. La calidad de los alimentos está asegurada por los fuertes lazos sociales y de confianza que existen entre quienes producen, las personas que venden alimentos y las personas que los consumen. El alimento es preparado en instalaciones de procesamiento simples. Por el contrario, los alimentos ultra procesados son comúnmente denominados “comida chatarra,” por su alto nivel de azúcares libres, almidones refinados, sodio, grasas saturadas y trans derivadas de sustancias o aditivos que los convierten en productos más atractivos y con una mayor duración. En los lugares donde las comunidades tienen una fuerte tradición alimentaria, una de las estrategias de comercialización de las corporaciones productoras de alimentos y de las cadenas minoristas para expandir sus mercados, es imitar y recrear a los alimentos tradicionales usando ingredientes de origen industrial.

Este mes, el tercer Foro Global de Nyéléni se llevará a cabo en Sri Lanka. El proceso Nyéléni enfatiza el derecho de las personas a acceder a alimentos saludables y apropiados culturalmente, producidos mediante métodos ecológicamente seguros y sustentables. La producción de alimentos, su distribución y el acceso a ellos, forma parte de un tejido socio cultural organizado que es el soporte del bienestar nutricional y mental de las personas y de su soberanía alimentaria. En esta edición, destacamos cómo los sistemas alimentarios locales deben ser el punto de partida para abordar temas como la nutrición, las condiciones laborales y el fortalecimiento de las comunidades. También revisamos ejemplos de una política de adquisiciones de alimentos saludables en las escuelas de Brasil y las formas en las cuales África resiste ante la expansión de los supermercados.

Lea Supermarket Watch aquí

Para más información, póngase en contacto con Laura Michéle michele@fian.org

El informe SOFI 2025 ignora las causas estructurales del hambre 

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Heidelberg/Ginebra. El informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI) 2025, presentado el 28 de julio en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios +4 (UNFSS+4), señala un ligero descenso del hambre en el mundo hasta los 673 millones de personas en 2024. Las mejoras se producen principalmente en América Latina y Asia, mientras que África y, sobre todo, los países de bajos ingresos siguen siendo los lugares más hambrientos del mundo. Para FIAN, los importantes avances en América Latina son un buen ejemplo de que las políticas públicas basadas en el derecho a la alimentación y la nutrición pueden marcar la diferencia.  

Ana María Suárez Franco, secretaria general de FIAN Internacional, destaca que la inseguridad alimentaria y las violaciones del Derecho a la Alimentación pueden reducirse rápidamente con medidas decisivas. «Brasil, por ejemplo, ha reducido el número de personas que sufren pobreza alimentaria grave en más de un 80 % en solo un año. ¡El hambre no es inevitable! El salario mínimo, las comidas escolares, las transferencias en efectivo a las personas más necesitados y los programas de contratación pública que dan prioridad a los y las productoras de alimentos a pequeña escala pueden llegar de forma rápida y eficaz a las personas afectadas. Sin embargo, esto requiere voluntad política para redistribuir la riqueza», afirma Suárez Franco. 

Ignorar la concentración del poder corporativo 

El informe no aborda las causas estructurales de la inseguridad alimentaria y el hambre: la concentración y el poder de las empresas en los sistemas alimentarios, la especulación financiera y la instrumentalización de los alimentos, e ignora cómo la agroindustria se beneficia de las crisis y cómo los Estados permiten la impunidad de las empresas. 

El SOFI 2025 atribuye el aumento de los precios de los alimentos a «factores externos» como la COVID-19 y el cambio climático, mientras ignora los factores críticos dentro del sistema alimentario. Es notable la ausencia de cualquier mención a la especulación de los precios por parte de las grandes empresas agroindustriales, que obtuvieron beneficios récord durante las recientes crisis alimentarias, ni se aborda adecuadamente cómo la especulación financiera de los fondos de alto riesgo con los futuros de cereales inflan artificialmente los precios, un fenómeno que el informe califica erróneamente como simple «volatilidad del mercado». 

El análisis de género es igualmente deficiente, ya que reconoce las disparidades, pero no aborda la infravaloración sistémica del trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres, que sustenta los sistemas alimentarios y exige reconocimiento y redistribución.  

Lo más llamativo es el silencio del informe sobre el creciente dominio de las empresas digitales («el poder de las Big Dig») en la remodelación de los sistemas alimentarios, incluso cuando elogia la mejora de la recopilación de datos, un punto ciego que ignora cómo los monopolios tecnológicos están acelerando la consolidación de las empresas y marginando a los y las productoras y pequeña escala. Estas omisiones revelan una tendencia preocupante a evitar el escrutinio de los actores económicos poderosos y atribuir el hambre a «choques» apolíticos en lugar de a las desigualdades estructurales. 

«El silencio del informe sobre los abusos de las empresas es desconcertante», afirma Sabine Pabst, responsable del trabajo ambiental de FIAN. «Culpa al cambio climático, pero no a las agroindustrias que impulsan la deforestación, los monocultivos y la degradación ambiental en general». Además, ignora el papel fundamental que desempeñan los mercados territoriales a la hora de conectar a los pequeños productores con las y los consumidores. 

Gaza: la complicidad de las empresas en el hambre como arma de guerra  

El informe destaca que el 100 % de la población de Gaza se enfrenta a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, lo que indica una crisis grave. También señala un aumento significativo de la malnutrición entre los niños y niñas de la ciudad de Gaza, donde casi uno de cada cinco menores de cinco años sufre malnutrición aguda. No obstante, omite cualquier referencia explícita al uso de los alimentos como arma de guerra en Gaza y a la complicidad de las empresas en el genocidio. 

En Gaza, más del 95 % de las tierras agrícolas han quedado inutilizables debido a las operaciones militares israelíes, incluida la destrucción deliberada del 71 % de los invernaderos y el 83 % de los pozos agrícolas, mientras que las comunidades pescadoras se enfrentan a una violencia letal y a la prohibición casi total de acceder al mar, lo que provoca el colapso de la producción local de alimentos y la utilización del hambre como arma contra la población civil. 

El UNFSS+4 sigue distrayendo y agotando la energía de la ONU para tomar medidas urgentes  

El persistente fracaso del UNFSS a la hora de abordar los desequilibrios estructurales de poder y reducir el poder de las empresas en los sistemas alimentarios queda patente en el protagonismo del Foro Económico Mundial y del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible en la agenda de este año. Además, el UNFSS+4 hace la vista gorda ante cuestiones críticas como el uso de los alimentos como arma de guerra, el apartheid alimentario, la drástica reducción de la ayuda pública al desarrollo, el auge del autoritarismo, la criminalización de los defensores de los derechos humanos y la represión de los movimientos sociales y los pueblos indígenas. En cambio, los gobiernos deberían intensificar sus esfuerzos en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas para aplicar su Marco de Acción en Situaciones de Crisis Prolongadas y una serie de políticas que aborden las causas estructurales de las injusticias actuales relacionadas con la alimentación. 

Reivindicaciones de la sociedad civil omitidas por el SOFI 2025  

Partiendo del derecho de los Estados a la alimentación, exigimos a los Estados que avancen en la tributación justa de las grandes empresas agrícolas, alimentarias, financieras y tecnológicas, mediante elementos sólidos en la negociación de La Convención Fiscal en curso en la Asamblea General de las Naciones Unidas; un compromiso activo y una regulación estricta en el contexto del Tratado de las Naciones Unidas sobre las Empresas Transnacionales y Otras Empresas con respecto a los derechos humanos, negociado en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; que se impulsen reformas agrarias redistributivas, aprovechando la oportunidad que brinda la Conferencia Internacional sobre la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural que se celebrará en Colombia en febrero de 2026 y la aplicación de las obligaciones internacionales de los Estados en materia de medio ambiente.     

FIAN ha rechazado sistemáticamente el enfoque tecno-fix de SOFI y las falsas soluciones corporativas promovidas por la UNFSS. Uniéndonos a los movimientos sociales, en cambio, pedimos a los Estados que apoyen las soluciones de los pueblos, incluido un fuerte apoyo a la transición a la agroecología, el fin de la captura corporativa de la ONU y la garantía del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino así como el fin del uso de alimentos como arma de guerra y genocidio.  

¡Seguiremos presionando para que se produzca la transición hacia sistemas alimentarios que antepongan las personas y el planeta al lucro corporativo!