Transformar los sistemas alimentarios de abajo arriba: políticas alimentarias locales y participación pública en Europa

El proyecto es un esfuerzo colectivo de FIAN Internacional, FIAN Austria, FIAN Bélgica, FIAN Portugal, Observatori DESCA (España) y (la antigua) FIAN Suecia, financiado por la UE.   

En los últimos años se ha producido en toda Europa un aumento de las políticas e iniciativas de los gobiernos locales en torno a los (sistemas) alimentarios y la nutrición. Esto se ha visto acompañado e impulsado por la aparición de espacios participativos, como los consejos de política alimentaria, que implican a las comunidades en la elaboración de políticas alimentarias a nivel local.  

El proyecto CRESS examina políticas e iniciativas concretas de gobiernos locales y regionales y espacios de participación comunitaria en seis países europeos: Austria, Bélgica, Alemania, Portugal, España y Suecia. El proyecto examinó las áreas de compromiso y las limitaciones a las que se enfrentan los gobiernos locales, así como el carácter transformador (desde la perspectiva de los derechos humanos) de las políticas e iniciativas presentadas.  

Además, un aspecto central del proyecto era comprender cómo se organiza la participación en los distintos países y localidades: qué estructuras existen y qué influencia tienen, quién participa y quién permanece al margen, cómo se abordan las relaciones de poder y los conflictos de intereses…  

Los resultados del proyecto se presentan en tres documentos: (1) un mapeo que resume la situación de cada uno de los seis países y extrae algunas reflexiones generales, (2) un mapa interactivo que ofrece más detalles sobre los casos examinados y (3) un conjunto de herramientas que pretende crear una mayor comprensión sobre cómo hacer operativa la elaboración de políticas locales basadas en los derechos humanos, incluidas las repercusiones a nivel de la UE.  

Los resultados del mapeo indican que se están dando pasos importantes a nivel local para relocalizar los sistemas alimentarios y hacerlos más saludables, sostenibles y justos. Existe un mayor reconocimiento por parte de los gobiernos locales del papel que pueden desempeñar y múltiples estrategias e iniciativas que abarcan áreas críticas de intervención, desde la restauración colectiva y la contratación pública, pasando por el apoyo a la producción ecológica y los mercados locales, hasta los cambios en los criterios de uso del suelo. Al mismo tiempo, los gobiernos locales se ven limitados por una serie de factores internos y externos, como la falta de recursos humanos y financieros y las políticas de la UE, que dificultan la regionalización.  

The project’s findings also reflect the immense diversity that exists across Europe – and within countries – with regard to structures of community participation. They highlight the critical relevance of such spaces, and community mobilization, for putting food on the agenda of local governments and pushing for transformative, bottom-up food systems changes. At the same time, and despite many efforts, important challenges and limitations remain, especially with regard to including marginalised groups within these spaces and enabling their voices to be heard. 

Las conclusiones del proyecto también reflejan la inmensa diversidad que existe en Europa -y dentro de los países- en lo que respecta a las estructuras de participación comunitaria. Destacan la importancia fundamental de estos espacios y de la movilización comunitaria para incluir la alimentación en la agenda de los gobiernos locales e impulsar cambios transformadores y ascendentes en los sistemas alimentarios. Al mismo tiempo, y a pesar de los muchos esfuerzos realizados, siguen existiendo importantes retos y limitaciones, especialmente en lo que respecta a la inclusión de los grupos marginados en estos espacios y a la posibilidad de que sus voces sean escuchadas.   

La caja de herramientas pretende fomentar un enfoque más amplio de los derechos humanos para abordar los retos de los sistemas alimentarios desde la base y promover estructuras de gobernanza inclusivas. Pretende contribuir a nuestra comprensión colectiva del compromiso estratégico con los sistemas alimentarios a nivel local en Europa y fomentar estrategias para garantizar una gobernanza ascendente más sólida a nivel de la Unión Europea (UE). Explora el potencial de la arquitectura multinivel de las políticas y estructuras de gobernanza de los sistemas alimentarios y examina cómo las políticas regionales repercuten en la elaboración de políticas locales.  

La cartografía, el mapa interactivo y el conjunto de herramientas también están disponibles en otros idiomas:  

Cartografía: Francés, alemán, portugués, inglés y sueco  

Mapa interactivo: Francés, alemán, portugués, inglés y sueco  

Kit de herramientas: Francés, alemán, portugués, inglés y sueco  

 

Para más información, póngase en contacto con Emily Mattheisen: mattheisen@fian.org o Laura Michéle: michele@fian.org 

 

Documentales en dos regiones de Brasil retratan los retos para reforzar la alimentación escolar indígena

Un pueblo rodeado de «mares» de soja, maíz transgénico y caña de azúcar en el Medio Oeste. Una comunidad regida por los tiempos y las distancias de los ríos amazónicos. Una población guaraní y kaiowá, una población mayoritariamente tikuna. Dos realidades distintas, con retos propios y comunes. Esto es lo que retratan los minidocumentales El Campo, el Río y los Pasos – Alimentación Escolar Indígena en Alto Solimões y La Tekoha y el Plato Escolar – El Pnae en el Pueblo de Te'yikue, producidos por FIAN Brasil, junto con la productora Extrato de Cinema. Ambas están disponibles con subtítulos en español e inglés, además de portugués.

Con 14 minutos cada una, las películas documentan iniciativas para cumplir con dos directrices del Programa Nacional de Alimentación Escolar (Pnae): la adaptación del menú a la cultura de cada comunidad; y la prioridad a los agricultores familiares indígenas en el abastecimiento.

Las entrevistas con profesores, cocineros, productores rurales y alumnos también muestran obstáculos como la burocracia que dificulta la documentación, la falta de estructura en las cocinas y el avance de los productos ultraprocesados, con las enfermedades asociadas al aumento de su consumo.

El Pnae representa una de las principales políticas de seguridad alimentaria y nutricional para niños y adolescentes. Tanto en el apoyo al rendimiento escolar y la formación de hábitos saludables, como en el nivel más urgente de lucha contra el hambre. Además, es un ejemplo de la posibilidad de utilizar la contratación pública para alcanzar objetivos como el desarrollo local, la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables y el fortalecimiento de la agroecología.

El Campo, el Río y los Pasos se rodó en la comunidad de Belém do Solimões, en la Tierra Indígena Eware 1, en Tabatinga (AM). Trae reportajes de la vida cotidiana en las escuelas indígenas municipales (EMIs) Eware Mowatcha y Ngetchutchu Ya Mecü, donde la producción local tiene su espacio, pero la alimentación escolar escasea o falta en varios momentos. La producción también muestra el trabajo de Mapana, una asociación de mujeres tikuna, con plantaciones colectivas y formación, que ya cuenta con más de 200 miembros.

 

La Tekoha y el Plato Escolar tiene lugar en la aldea Te'yikue, en Caarapó (MS), con la comunidad de la EMI Ñandejara. La escuela introdujo alimentos tradicionales en el menú e hizo las preparaciones más saludables, pero los testimonios reclaman una transición más estructurada, junto a la compra de productos locales. El documental presenta dos proyectos de educación alimentaria y nutricional (EAN): Sabor da Terra, con la preparación de platos típicos por alumnos y familias; y la Unidad Experimental Poty Reñoi, en la que niños y adolescentes siembran, cuidan y cosechan – y degustan – lo que han cultivado.

 

«Estas grabaciones con las etnias indígenas de Amazonas y Mato Grosso do Sul fueron bastante transformadoras», afirma el director de las películas, Marcelo Coutinho. «No sólo en términos de experiencias profesionales únicas, sino, sobre todo, en la importancia de difundir la cultura y la resistencia política de esos pueblos que, más que nunca, merecen y necesitan la atención y el respeto de la sociedad brasileña.»

El tema cuenta con temas musicales de Djuena Tikuna y del proyecto Memória Viva Guarani.

Equidad y salud

Cada minidocumental está vinculado a un estudio de caso, que generó un diagnóstico y recomendaciones a los actores implicados, especialmente las autoridades públicas de los dos municipios. «Esperamos que los materiales producidos ayuden a superar los cuellos de botella e incidan en la realidad local. Y que contribuyan a la lucha de los pueblos indígenas en otras regiones», afirma Mariana Santarelli, miembro de la coordinación de FIAN.

Este trabajo forma parte del proyecto «Equidad y salud en los sistemas alimentarios», que también incluye un mapeo nacional de cómo se reflejan y agravan las inequidades en este campo. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Global Health Advocacy Incubator (GHAI).

Puede acceder al contenido en la web de la entidad, en portugués, aquí y aquí.

 

La exsecretaria general de FIAN Brasil dirigirá los programas contra el hambre del Presidente Lula

En 2022, Brasil volvió al Mapa del Hambre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) tras ocho años sin aparecer. La exsecretaria general de FIAN Brasil, Valéria Burity, se enfrenta ahora al reto de restituir el sistema de seguridad alimentaria que el expresidente Jair Bolsonaro desmanteló. Este sistema está compuesto por el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA), un órgano de consulta clave que reúne a la sociedad civil y al gobierno, la Cámara Interministerial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CAISAN) y la Conferencia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Esta estructura institucional existe tanto a nivel estatal como municipal. El CONSEA, por ejemplo, fue restablecido el 28 de febrero de 2023 por el Presidente Lula da Silva en un esfuerzo por incluir diversidad de voces en la lucha contra el hambre.

Durante la presidencia de Bolsonaro, los niveles de hambre se dispararon a pesar de que Brasil es uno de los cuatro mayores productores de alimentos del mundo. La FAO volvió a situar al país en el Mapa del Hambre una vez que las cifras de personas que padecen hambre crónica pasaron del 2,5% al 4,1%. Casi un tercio de la población (30%) tiene dificultades para obtener alimentos, y el 15% (33. 1 millón de personas) pasa hambre cada noche, según un informe de Rede Penssan.

El número de personas que pasan hambre casi se duplicó entre 2019 y 2021 después de durante 24 años consecutivos se redujera la inseguridad alimentaria. Algunas de las causas fueron el desmantelamiento de los programas alimentarios por parte de Bolsonaro, las políticas neoliberales del presidente Michel Temer entre 2016 y 2018, que fomentaron la captura de tierras y recursos naturales por parte de las empresas, una fuerte reducción del gasto del gobierno en bienestar social, la crisis de la COVID-19 y el aumento mundial de los precios de los alimentos.

Ahora, el gobierno de Lula da Silva se propone remediar el aumento del hambre en Brasil. El presidente ha declarado que ésta será una de las principales prioridades del nuevo gobierno, creando una cámara para coordinar las acciones de 24 ministerios que trabajan para acabar con el hambre. Valéria Burity coordinará esta tarea como Secretaria Extraordinaria de la Lucha contra el Hambre en el Ministerio de Desarrollo Social.

Su primer objetivo es reconstruir las estructuras e instituciones federales desmanteladas por Bolsonaro que se dedicaban a garantizar el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición (DHANA). Además del CONSEA y la CAISAN, mediante el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PLANSAN) se incluirán medidas de emergencia y medidas estructurales.

Todas estas instituciones colaborarán en un plan de emergencia para reducir el hambre mediante una serie de acciones. Entre ellas figuran un aumento del presupuesto del programa de lucha contra la pobreza, el Bolsa Familia, así como del salario mínimo. Además, prevén dar más fondos para hacer más saludables las comidas escolares y fomentar programas para que el consumo de alimentos del Estado proceda de pequeños agricultores.

Sin embargo, para Valéria también será necesario abordar los factores estructurales de la inseguridad alimentaria para garantizar una alimentación adecuada y nutritiva, como las fuertes desigualdades y el racismo, o la concentración de la tierra. Por eso, el gobierno planea una reforma agraria redistributiva para garantizar el derecho a la tierra de las comunidades rurales más afectadas por el hambre, así como reformas fiscales para contrarrestar las desigualdades y la creación de reservas alimentarias para combatir la volatilidad de los precios de los alimentos. Todas estas acciones irán encaminadas a reestructurar los sistemas alimentarios. A nivel personal, Valerie cree que los pesticidas han sufrido una gran liberalización en las últimas décadas y que éste «es uno de los retos para garantizar una alimentación adecuada».

Burity entiende que será una tarea difícil, especialmente en un gobierno de coalición que carece de una visión común sobre la importancia de la soberanía alimentaria y otras cuestiones subyacentes relacionadas con el derecho a la alimentación.  «No será una tarea fácil», explica, «pero Lula está muy comprometido con la erradicación del hambre, y contamos con el respaldo de una sociedad civil fuerte».

Para consultas de la prensa, por favor contacten con Clara Roig a roig@fian.org

La juventud y la democratización de los sistemas alimentarios

Estamos en diciembre, termina un año más de nuestro ciclo de vida, mientras buscamos esperanza y solidaridad ante adversidades abrumadoras. El aumento de las temperaturas, los fenómenos meteorológicos erráticos, la pobreza extrema, el hambre, las guerras, los conflictos y la violencia ensombrecen al mundo.

Esta catástrofe es el fruto de un modelo sistémico que antepone los intereses y beneficios de unos pocos frente a los de muchos. El sistema alimentario industrial global es un buen ejemplo de ello. Está entre los mayores contaminantes del planeta. Utiliza casi dos tercios de los recursos, pero sólo es capaz de alimentar a una cuarta parte de la población mundial, dejando un rastro de prácticas destructivas y contaminantes a lo largo de toda su cadena de suministro.

En cambio, la agricultura campesina, que sigue alimentando al 70% de la población mundial, mantiene ciclos armoniosos y saludables de producción, distribución y consumo de alimentos.

Ya va siendo hora de que recordemos a las instituciones mundiales de gobernanza de los alimentos y a los gobiernos que la verdadera solución a la crisis alimentaria mundial pasa por dar poder y autonomía a las comunidades campesinas, a los pueblos indígenas, a los trabajadores migrantes, a los trabajadores de la tierra, a los pescadores a pequeña escala y a los pastores, para que puedan construir la soberanía alimentaria en nuestros territorios. Debemos apoyar los sistemas alimentarios construidos por y para la gente, de un modo agroecológico, respetando el ciclo de la vida en todas sus formas. Y un elemento fundamental para proteger y multiplicar estos sistemas alimentarios diversos, descentralizados y resilientes, son las condiciones a disposición de los jóvenes y futuros pequeños productores de alimentos para que participen en el proceso de producción. Esta edición del boletín de Nyéléni profundiza en la democratización de los sistemas alimentarios populares y en la necesidad imperiosa de mantener el papel y el futuro de la juventud campesina en este proceso.

Articulación Juvenil de la Vía Campesina

Leer el boletín Nyeleni No.50 aquí o en pdf

El problema de los sistemas alimentarios industriales y cómo solucionarlo

Los Relatores Especiales de la ONU para el Derecho a la alimentación,  el disfrute de un medioambiente limpio, seguro, saludable y sostenible y Tóxicos han expuesto los principales problemas que los sistemas alimentarios industriales presentan, fundamentalmente en lo que respecta a la destrucción medioambiental y con relación a la vulneración de los derechos humanos.

Asimismo, los Relatores han señalado cuáles son los movimientos necesarios que los gobiernos han de tomar hacia prácticas sostenibles, saludables y de agroecología, que sostengan el derecho a la alimentación y a la nutrición y los derechos humanos en general.

FIAN Internacional y sus secciones en Indonesia, Zambia, Brasil, Colombia y Ecuador resumieron sus análisis y recomendaciones con el fin de utilizarlas para apoyar el trabajo de defensa de las comunidades que buscan la transformación de los sistemas alimentarios.

El problema de los sistemas alimentarios industriales y cómo solucionarlo

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Posted by FIAN Ecuador on Thursday, July 28, 2022

 

 

Podcast de FIAN Zambia

 

 

El Tribunal supremo de Brasil retira la obligatoriedad al suministro de comidas escolares

Aunque las escuelas permanecen actualmente cerradas debido a la pandemia del COVID, el gobierno del estado de Río de Janeiro está legalmente obligado a garantizar el mantenimiento del suministro de comidas a alrededor de 1,5 millones de escolares registrados en las escuelas púbicas. A pesar de esto, el gobernador de Río de Janeiro puso en duda este deber el pasado mes de agosto, solicitando la anulación al Tribunal supremo brasileño. Si bien la opinión pública puso de manifiesto su descontento, el juez del Tribunal Supremo Dias Toffoli ha aceptado el recurso y suspendido la obligación interpuesta por el gobierno central.

En su decisión, el juez Toffoli alega que el mantenimiento de la distribución de comidas a todos/as los escolares durante la pandemia no ha de sobrecargar la actual situación financiera del estado y señala que la definición de este tipo de políticas públicas no atañe al sistema judicial. Una interpretación errónea como esta supone un peligroso precedente en la realización del derecho a la alimentación y a la nutrición, no únicamente en Brasil, sino en el mundo entero.

“La decisión del Tribunal Supremo brasileño es un ataque directo al derecho más básico de los/as escolares: el derecho a no sufrir hambre. El juez Toffoli ha errado en su decisión al priorizar la financiación del estado frente al derecho a la alimentación de niños y niñas, que ha de ocupar el primer lugar en la toma de decisiones de las autoridades públicas, sobre todo durante la pandemia”, ha comentado Felipe Bley Folly, coordinador de justiciabilidad en FIAN Internacional.

A través de una carta abierta (en inglés) liderada por el Foro Brasileño de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (FBSSAN), FIAN Internacional, FIAN Brasil, DHESCA Brasil, Campaña Nacional por el Derecho a la Educación, la Oficina del Defensor Público y apoyado por 130 organizaciones de más de 20 países, las personas y organizaciones firmantes urgen a Toffoli que retire su sentencia.

“Con esta decisión, el juez ignora las peligrosas consecuencias que la falta de comidas escolares tendría en el desarrollo de los niños y niñas de los colegios públicos de Río de Janeiro, al igual que en el resto de las regiones del país. En muchos casos, las comidas escolares son el único alimento sustancial que estos niños y niñas consumen en todo el día. Resulta crucial que la solidaridad internacional condene y visibilice esta injusticia”, ha subrayado Mariana Santarelli, miembro de FBSSAN y Relatora de Derechos Humanos para la plataforma DESC en Brasil.

Como parte de las acciones de movilización de la sociedad civil, el 1 de octubre a las 9 pm (CEST) tendrá lugar una audiencia pública con la participación de representantes de organizaciones estudiantiles, de movimientos por el derecho a la alimentación y por la soberanía alimentaria, miembros del Ministerio público y el Relator Especial por el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición para la ONU Michael Fakhri.

“El Tribunal Supremo de Brasil ha de tomarse seriamente el derecho a la alimentación y a la nutrición y obligar al estado brasileño a cumplir con sus obligaciones tanto a nivel nacional como internacional. Los niños y niñas en edad escolar requieren un trato digno y comidas escolares adecuadas, de las que el 30% de los alimentos provengan 30% de la agricultura familiar, tal y como establece la legislación brasileña” ha concluido Valeria Burity, secretaria general de FIAN Brasil.

Puedes ver aquí la audiencia pública en inglés: youtube.com/user/FIANInt 
Puedes ver aquí la audiencia pública en portugués: facebook.com/fbssan/  
Puedes leer aquí la hoja informativa (en inglés).
 

México: Esperanzas para acabar con las crecientes tasas de malnutrición

La alarmante situación de malnutrición y la carencia de acceso a una alimentación adecuada han puesto a México en el punto de mira de la sociedad internacional. Según estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la decadente situación alimentaria afecta a 28 millones de personas en el país, incrementando los casos de enfermedades no transmisibles. Sólo entre 2009 y 2015, más de medio millón de personas murieron de diabetes. 

Con estos datos y un contexto legal desfavorable, las esperanzas de cambio están depositadas en la discusión del proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Derecho a la Alimentación Adecuada, aprobado el 30 de abril de 2015 por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y remitido a la Cámara de Senadores  en esta misma fecha. 
Elevada a rango constitucional hace seis años, la reglamentación del derecho a la alimentación es una deuda pendiente del Estado con los sectores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad *.

Su aprobación daría cumplimiento a las observaciones finales del Comité del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, que el 29 de marzo de 2018, preocupada por los “altos niveles de desnutrición e inseguridad alimentaria, y por otra, crecientes niveles de sobrepeso y obesidad, afectando el goce efectivo del derecho a una alimentación adecuada” recomendó al Estado de México, formular “una estrategia nacional integral de protección y promoción del derecho a una alimentación adecuada”. 

Asimismo cumpliría con las recomendaciones hechas por el Relator Especial Olivier De Schutter sobre el derecho a la alimentación, hechas tras su visita de 2011. Entre ellas el Relator  resalta que “una ley marco sobre el derecho a la alimentación podría determinar la manera de detectar lo antes posible las nuevas amenazas contra el derecho a una alimentación adecuada… [Y] servir de base legislativa apropiada para los programas sociales existentes, en particular los de ayuda alimentaria, así como para los programas de apoyo a los productores agrícolas.”

Con la esperanza de la nueva conformación del Senado de la República de México, FIAN Internacional y su sección en México exhorta a las bancadas a sumarse a la lucha y poner punto final a la escalofriante situación actual. 

NOTAS A LOS EQUIPOS EDITORIALES:
*Especialmente los pueblos y las comunidades indígenas, las mujeres gestantes y en periodo de lactancia, los niños y niñas lactantes o en edad prescolar, las personas adultas mayores, las personas con algunas discapacidad impedidas de hacerse cargo de sí mismas, enfermos en situación de desamparo, migrantes, apátridas, refugiados y personas afectadas por desastres o por situaciones consideradas de emergencia alimentaria.

 

Un niño que muere de hambre, muere asesinado

Hace un año, tras varias semanas hospitalizada y ser sometida a numerosas intervenciones, una niña de 8 años del municipio de Camotán, Mavelita Lucila Interiano Amador, fallecía en el Hospital Roosevelt en Ciudad de Guatemala. Durante meses su familia había tratado por todos los medios de recibir atención adecuada por parte del Estado de Guatemala, la cual solamente se le brindó cuando ya era demasiado tarde. Mavelita falleció aun siendo beneficiaria de sentencias judiciales orientadas a la protección y restitución de sus derechos.

La muerte de Mavelita “pudo ser prevenible”, como denuncia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe de 2017 sobre la “Situación de derechos humanos en Guatemala.” Con un  mensaje similar, el antiguo Relator Especial del Derecho a la Alimentación de Naciones Unidas (NNUU), Jean Ziegler, aseveraba ante la Asamblea General de NNUU que «un niño que muere de hambre muere asesinado«.

El caso de Mavelita no es aislado en Guatemala, donde la mitad de la niñez padece de desnutrición crónica, a pesar de que la legislación nacional establece mecanismos para garantizar su derecho a la alimentación y nutrición adecuada, y asegurar protección en situaciones de riesgo alimentario. Y es que la falta de acceso a una alimentación, vivienda y saneamiento adecuados, así como problemas en la gestión de la salud pública, pueden ser causas mortales para niños y niñas que padecen desnutrición Las cifras son aún más altas para la población indígena y rural, lo que también deja patente la discriminación estructural e histórica contra estos grupos.

En el aniversario del fallecimiento de Mavelita, y ante la creciente criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos, organizaciones sociales de Guatemala e internacionales instan al Estado de Guatemala a cumplir de manera plena e integral las sentencias por los casos de desnutrición infantil de Camotán y asegurar la no repetición.

Puedes acceder al comunicado aquí

Apoyo para aprobar la Ley Hambre Cero

Tres años después de que la Campaña Nacional por la Alimentación (NFC, por sus siglas en inglés), liderada por FIAN Filipinas, iniciara una campaña para exigir la creación de un marco legal que regule el derecho a la alimentación, el país se encuentra un paso más cerca de lograr dicho objetivo. Recientemente aprobada tanto por el Senado, como por el Comité de Derechos Humanos de la Casa de Representantes, la conocida como ‘Ley Hambre Cero’ está pendiente de una segunda lectura. Oficialmente conocida como la “Ley Marco para el Derecho a la Alimentación”, esta proposición de ley exigiría al gobierno el establecimiento de un conjunto de objetivos políticos para acabar con el problema del hambre en Filipinas en un periodo de diez años. Esta ley no reduce el problema del hambre a una cuestión de caridad o beneficencia, sino que hace hincapié en su carácter legal, a través de un programa de alimentación integral que implica a todo el gobierno en su conjunto. De acuerdo con la NFC, las principales causas del hambre en Filipinas son la pobreza, la desigualdad y la resultante falta de acceso de la población más pobre a los recursos disponibles. Un 37% del total de familias Filipinas, unos 8.1 millones de personas, consideran que su alimentación es insuficiente, por lo que resulta crucial abordar el problema del hambre en el país. 

Compuesta por más de 75 organizaciones y federaciones, y con una base formada por más de 10.000 miembros, la NFC realiza un llamamiento a la sociedad civil para apoyar la campaña “Hambre Cero”, con la que se pretende que el Congreso de Filipinas apruebe dicha ley cuanto antes. Se espera que la petición online que se está desarrollando en la actualidad acelere el proceso y ayude a establecer un marco legal con el que se institucionalice la seguridad alimentaria y se logre liberar al país de la lacra del hambre.     

Visite la página web de la campaña y firme la petición.

Si desea obtener una mayor información, por favor, póngase en contacto con la Coalición Nacional por la Alimentación.