Las empresas deben rendir cuentas en materia de derechos humanos y medio ambiente
Las empresas transnacionales y las empresas con cadenas de valor transnacionales han adquirido un poder sin precedentes en las economías globalizadas actuales, en detrimento de los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Cuando los Estados se reúnan la próxima semana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU deben avanzar en un tratado jurídicamente vinculante que les exija rendir cuentas.
No existe ningún marco jurídico internacional vinculante que regule las actividades y las cadenas de valor de las empresas mineras transnacionales, la agroindustria y otras empresas con un historial atroz en materia de derechos humanos. Esta falta de igualdad de condiciones permite a grandes empresas sin escrúpulos eludir su responsabilidad encontrando vacíos legales o subcontratando sus obligaciones a entidades de su cadena de valor en distintas jurisdicciones.
Este será el noveno año de negociaciones para la creación de normativas vinculantes que regulen el impacto de las empresas en los derechos humanos.
Impunidad
FIAN Internacional se solidariza con cientos de comunidades afectadas, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de todo el mundo que reclaman un tratado que proteja a las comunidades campesinas y pesqueras, Pueblos Indígenas, mujeres rurales, trabajadoras agrícolas y otras comunidades que se ven desproporcionadamente afectadas por los abusos y los daños de las empresas.
"Hay demasiadas lagunas en el derecho internacional que conceden impunidad para las empresas que han causado o contribuido a aumentar los daños y perjuicios a los derechos humanos", afirma la representante permanente de FIAN Internacional ante la ONU, Ana María Suárez Franco.
En los últimos meses se han celebrado consultas regionales oficiales, lideradas por los "amigos de la presidencia", un grupo de Estados formado para apoyar a Ecuador, que actualmente preside el proceso. Grupos de la sociedad civil también coordinaron consultas regionales en distintas regiones. Su objetivo era instar a los Estados a adoptar un papel negociador más firme en la sesión de este año del Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los Derechos Humanos, que es el nombre completo de las negociaciones. También han presentado demandas y propuestas de las comunidades afectadas que deberían incluirse en el borrador del tratado.
Tiempo para una auténtica negociación
Las consultas oficiales no han avanzado significativamente en cuanto al fondo y el borrador actualizado del tratado no incluye algunas demandas clave de la sociedad civil que es vital tener en un tratado sólido. Por ello, es crucial que la presidencia aplique una metodología transparente y participativa durante las próximas negociaciones para garantizar que esta vez haya una auténtica negociación entre los Estados.
Estados Unidos ha anunciado que participará activamente, lo que no ocurría en el pasado. Aún no está claro cómo contribuirán los Estados europeos. La sociedad civil espera que su debate regional en América Latina, Asia y África lleve a los Estados de estas regiones a participar más activamente.
Como ha quedado demostrado con los recientes casos de acaparamiento de tierras industriales y recursos naturales en Colombia e India, se necesita un conjunto sólido de normas vinculantes que garanticen que los derechos humanos de los pueblos están por encima de los intereses económicos.
Borrador actualizado y texto suavizado
Hay varios intentos para frenar los acuerdos políticos que hagan realidad un tratado sólido. Las propuestas informales compartidas abruptamente por la presidencia de Ecuador el año pasado fueron incluidas en varias disposiciones clave del último borrador. Estas debilitan los estándares y normas de derechos humanos y desprecian lo conseguido a través de los avances democráticos en las negociaciones de los últimos años.
"En lo que parece un intento de racionalizar el texto, algunos elementos sobre responsabilidad legal, prevención y justicia medioambiental carecen ahora de fuerza o, en algunos casos, faltan por completo en el borrador actualizado", afirma Ayushi Kalyan, coordinadora de FIAN Internacional sobre captura y regulación corporativa.
Los intereses empresariales, o los Estados que pretenden defenderlos a expensas de las personas, no deben secuestrar las negociaciones.
"Unas normas de juego global que sean aplicables extraterritorialmente son más necesarias que nunca para poner fin a la impunidad corporativa a lo largo de las cadenas de valor y las redes empresariales, quienes causan daños a las personas y al planeta", añade Stephan Backes, coordinador de FIAN Internacional sobre obligaciones extraterritoriales.
Este es el único espacio de negociación internacional dedicado a establecer normas internacionales vinculantes sobre la responsabilidad de las empresas y a garantizar que los Estados ejerzan su poder regulador sobre las empresas que obtienen beneficios perjudicando a las personas y al medio ambiente. Las organizaciones y movimientos de la sociedad civil seguirán contribuyendo al proceso e instando a los Estados a que se mantengan fieles a las demandas que presentaron cuando se creó el grupo de trabajo intergubernamental.
Para más información o entrevistas con los medios, póngase en contacto con Clara Roig, Responsable de Comunicación, a roig@fian.org
