La destrucción ecológica del gigante siderúrgico indio devasta la vida de las comunidades

Las comunidades se han enfrentado al desalojo, la pérdida de sus medios de vida y la criminalización desde que sus tierras se asignaron forzosamente por primera vez en 2005 al proyecto siderúrgico de POSCO, ahora abandonado. Ese proyecto provocó una fuerte resistencia local contra la destrucción medioambiental y la apropiación ilegal de tierras comunitarias de las que la población local depende en gran medida para su subsistencia.

Sus protestas obligaron a POSCO a retirarse en 2017, pero el gobierno estatal de Odisha entregó entonces las tierras de la comunidad a JSW Utkal Steel Ltd. (JUSL), filial de JSW. (JUSL), lo que llevado a las comunidades locales de Dhinkia, Nuagaon, Govindpur y las aldeas vecinas a seguir resistiéndose a la apropiación de sus tierras.

El nuevo megaproyecto previsto incluye una acería integrada, un puerto marítimo, una planta de molienda de cemento, minas y una central eléctrica que pueden desplazar hasta 40.000 personas, según las estimaciones. El proyecto tendrá consecuencias desastrosas para sus derechos a la alimentación, el agua, el trabajo, la salud, una vivienda adecuada y un medio ambiente sano.

Rica biodiversidad

La mayoría de los habitantes de esta zona son comunidades agrícolas y pescadoras cuya subsistencia se basa en la rica biodiversidad y fertilidad de la zona. Muchos son jornaleros y jornaleras de la marginada comunidad dalit, que ya viven en circunstancias económicas precarias.

"El gobierno de Odisha debe reconocer nuestros derechos sobre las tierras forestales según la ley de derechos forestales de 2006. La entrega de nuestras tierras a Jindal por parte del gobierno de Odisha es ilegal sin nuestro consentimiento", ha declarado Manas Bardhan, de Dhinkia.

La destrucción de las viñas de betel y los manglares, así como las restricciones impuestas a la pesca, la extracción ilegal de arena y la tala forzosa e ilegal de árboles ya han destruido los medios de subsistencia de al menos 1.000 familias. Estas familias han cultivado hojas de escarabajo durante generaciones como única fuente de ingresos.

Además del flujo de ingresos proporcionado por el cultivo de betel o anacardos, las familias de las aldeas afectadas también complementan significativamente sus medios de vida accediendo a recursos comunes, como el arroz, el pescado y los productos forestales que se recolectan localmente y se utilizan para el consumo familiar. La destrucción de tierras forestales y recursos comunitarios ha afectado a su capacidad para asegurarse una alimentación adecuada. Las severas restricciones a la libertad de movimiento de las comunidades locales han reducido su capacidad para conseguir trabajo, acceder a centros educativos y a cultivos y mercados, obligándolas a pagar precios inflados por las necesidades diarias.

En octubre de 2022, la policía y funcionarios de la JUSL demolieron 20 casas en la aldea de Dhinkia alegando que estaban en terrenos de Jindal. Estas familias llevan más de 100 años viviendo en esas tierras y de un día para otro se quedaron sin hogar. No se les avisó con anterioridad de los desalojos ni se les permitió recoger sus pertenencias antes de las demoliciones.

Las autoridades estatales han impulsado planes para desalojarlos por la fuerza y despojarlos de sus medios de vida, en claro incumplimiento de las leyes vigentes y de las órdenes judiciales, con total desprecio de las obligaciones internacionales de India en materia de derechos humanos y sin el consentimiento de las comunidades afectadas. El Ministerio de Medio Ambiente aprobó el proyecto a pesar de las numerosas irregularidades.

Destrucción ecológica

Las dunas de arena y los manglares que han sido destruidos habían protegido durante mucho tiempo los pueblos y las zonas circundantes de los efectos de los ciclones. Este ecosistema natural actuaba como barrera contra la entrada de agua del mar en las aldeas. Ahora, las comunidades están expuestas a marejadas, fuertes tormentas y ciclones que son habituales en la región. Algunas personas de la comunidad también han informado de un aumento de la temperatura, erosión generalizada del suelo y escasez de leña.

La deforestación e incendios en zonas de selva también han provocado la entrada de animales salvajes en áreas habitadas, lo que aumenta los riesgos para los animales de granja y la comunidad local. El litoral alberga una rica y diversa variedad de animales, y es uno de los tres únicos lugares del mundo donde anida la tortuga golfina, en peligro de extinción. Así pues, a causa del proyecto, se han talado árboles y destrozado terrenos sin tener en cuenta los daños medioambientales.

Represión violenta y detenciones arbitrarias

Las comunidades llevan casi dos décadas protestando pacíficamente contra los proyectos propuestos y la destrucción de sus medios de vida, y se han enfrentado a una dura represión. La policía ha lastimado mujeres que han estado al frente de las protestas, así como niños/as y ancianos/as. Hay detenciones continuas, casi semanales, de miembros de la comunidad, especialmente líderes/as y defensores/as de los derechos humanos que piden justicia.

La situación en Jagatsinghpur demuestra claramente el grado de influencia y el control que las poderosas empresas tienen a menudo sobre las instituciones estatales. Pone de relieve la urgente necesidad de un tratado vinculante de la ONU que reitere la primacía de los derechos humanos sobre los acuerdos de inversión. También garantizararía que los Estados no violan los derechos humanos al facilitar proyectos como los que apoyan las autoridades indias en Jagatsinghpur.

Para más información o entrevistas con los medios, póngase en contacto con Clara Roig a roig@fian.org o con Tom Sullivan a sullivan@fian.org.