La ONU insta a Uganda a devolver las tierras a la comunidad desalojada de Mubende

Dos semanas después del examen de los derechos humanos en Uganda, el Comité de Expertos de la ONU abordó el caso Mubende en sus observaciones finales. Alarmados ante la sucesión constante de casos de comunidades desalojadas por la fuerza, así como ante la falta de restitución, compensación o provisión de alojamientos alternativos, el CDESC “se encuentra especialmente preocupado por el caso del Distrito Mubende, cuyos habitantes fueron desalojados de sus viviendas. En este caso se da el hecho de que, por el momento, entre las reparaciones jurídicas que podrían obtener las personas desalojadas no se incluye la restitución de su derecho a la tierra”.

El Comité recomienda a Uganda que detenga el desalojo forzoso de individuos, así como las expropiaciones de terrenos, con independencia del contexto en el que se produzcan, y recuerda que en los casos en los que el desalojo o la relocalización se consideren justificados, estos deberían llevarse a cabo cumpliendo estrictamente con las provisiones más importantes establecidas por el derecho internacional en materia de derechos humanos. En una nota específica, el CDESC urge al Estado para que “tome las medidas necesarias inmediatamente para asegurar que los derechos de la comunidad de Mubende sean restaurados”.

En agosto de 2001, alrededor de 4000 personas fueron desalojados por la fuerza por el ejército de Uganda porque el gobierno había arrendado esos terrenos a Kaweri Coffee Plantation Ltd., una de las compañías del Neumann Kaffee Gruppe, con base en Hamburgo. Al no recibir ninguna compensación por la pérdida de sus propiedades, en 2002 las personas desplazadas demandaron tanto al gobierno de Uganda como a la compañía. Pasados 11 años, les fueron concedidos 11 millones de euros como compensación en primera instancia, aunque no pudieron recuperar sus tierras. Ya que tanto las personas desplazadas como la compañía han continuado apelando estas sentencias desde entonces, ninguna decisión judicial ha sido implementada por el momento.

En relación con las observaciones finales del CDESC, Ana Maria Suarez Franco, representante de FIAN Internacional en Ginebra, declaró: “Estas recomendaciones satisfacen parte de las demandas de las personas desalojadas, incluyendo la restitución de sus tierras y el fortalecimiento de su posición como titulares de derechos ante el Estado de Uganda. Exigimos que Uganda siga las recomendaciones del Comité y que se desarrolle e implemente un marco legal efectivo en relación con el Derecho a la Alimentación y la Nutrición y los desalojos forzosos. Este marco debería incluir provisiones sobre una consulta eficaz y significativa, remedios legales adecuados, restitución, compensación, rehabilitación, y garantías de no repetición, lo que podría prevenir que casos similares se produzcan en el futuro”.

La Doctora Suarez Franco subrayó que ahora les toca mover ficha a los tribunales del gobierno alemán, ya que es necesario que reajusten su posición ante este caso, concluyendo que “el gobierno alemán también tiene que apoyar en la esfera política el regreso de las personas desalojadas a sus terrenos, tal y como establece su obligación extraterritorial de protección del derecho a la alimentación y la nutrición”.

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