Suspendido proyecto de represa en Ecuador
Quito/Heidelberg, 18/06/2007
La lucha de cinco años por detener la construcción del proyecto de represa Baba – ubicado en la cuenca del río Baba de la provincia de los Ríos, Ecuador – encuentra finalmente eco en el gobierno del Ecuador. El Ministro de Energía y Minas, economista Alberto Acosta, ordenó suspender el permiso para la ejecución del proyecto Baba. Esta decisión la tomó después de visitar el poblado de Patricia Pilar, centro de resistencia contra la construcción de la represa Baba, en donde pudo constatar las irregularidades de carácter técnico, legal, ambiental y económico, además de las violaciones a los derechos humanos que implica este proyecto. El ministro calificó al proyecto “no como de propósito múltiple, sino de abuso múltiple”. Sin embargo, los grupos económicos locales y la brasilera Odebrecht, beneficiaros del proyecto, continúan con la construcción de la obra.
Desde hace cinco años, la coordinadora por la defensa de la vida y la naturaleza de la cuenca del río Guayas (COORDENAGUA) ha denunciado los daños irreparables que ocasionarían la construcción del proyecto Baba en todo el ecosistema del río Baba. Con este proyecto se pretende trasvasar el 78% del caudal de los ríos Baba y Toachi Grande a la represa Daule Peripa y de esta manera remediar los errores técnicos y sus subsecuentes daños ambientales que afectan actualmente a esta represa. El mal manejo por parte de CEDEGE, entidad estatal encargada de la construcción de toda la infraestructura en esa región y constructora de la obra Daule Peripa, ha incrementado la tasa de sedimentación de la cuenca Daule – Babahoyo, por la mayor erosión que presenta el suelo deforestado y el mal uso del terreno. El enorme costo social y ambiental de la represa Daule-Peripa no ha sido justificado por los pocos beneficios que ha generado. La falta de un estudio serio del proyecto Baba – que considere los efectos ambientales y sociales en toda la cuenca del río Baba – prevé que la construcción de la represa Baba implique los mismos efectos que ha tenido la represa Daule Peripa. Hay que recordar que la pesca es parte integral de la dieta de las familias ribereñas de la cuenca del río Baba, por lo que la construcción del proyecto Baba disminuiría o eliminaría la pesca, poniendo en riesgo el disfrute del derecho a alimentarse de las familias. La disminución del caudal tuviera consecuencias negativas también en la producción agrícola, ya que las tierras se secarían y bajaría la producción de alimentos al no contar con suficiente agua para regar los cultivos y reduciría la capacidad de autodepuración del río, convirtiéndolo en una inmensa cloaca; la subsiguiente contaminación del río contaminará también los pozos. Además, con el represamiento, se disminuiría el nivel freático del río Baba – Quevedo – Vinces, ocasionando el secamiento del río y de los pozos de agua que son el único sustento de agua para consumo humano que tienen las poblaciones ribereñas.
Con el cuestionamiento que hace el ministro del ambiente al proyecto, la gran presión nacional e internacional ejercida sobretodo en los últimos seis meses ha dado fruto. Además, el Presidente Correa ya dispuso la realización de una auditoria integral al proyecto Daule Peripa y la remediación de daños causados. La actuación de FIAN Internacional – que viene acompañando desde hace tres años la lucha de las personas y organizaciones campesinas, de derechos humanos y de la iglesia agrupadas en COORDENGUA – ha sido importante tanto en el cabildeo a nivel nacional e internacional, como en la articulación con otras organizaciones. FIAN ha utilizado espacios de denuncia como el Tribunal Latinoamericano del Agua y ha venido proporcionando información al relator de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler. FIAN está también cabildeando conjuntamente con el International River Network ante el Banco Interamericano de Desarrollo, exigiéndole el cumplimiento de sus propias políticas y de sus obligaciones extraterritoriales para con la población que se vería afectada. Dentro de sus últimas acciones, FIAN realizó una campaña de cartas protesta durante el mes de mayo de este año, pidiendo al presidente Rafael Correa la suspensión del proyecto hasta que no se hayan realizado una evaluación técnica, ambiental y social de los efectos del proyecto.