Uganda: graves violaciones de los derechos humanos en un proyecto de Total
El destructivo proyecto del gigante petrolero francés pone de manifiesto la necesidad de un tratado vinculante para las corporaciones en materia de derechos humanos
El gigante petrolero francés Total prepara un masivo proyecto en el parque natural de la Región africana de los Grandes Lagos, forzando el desplazamiento de miles de personas. El proyecto, plagado de abusos contra los derechos humanos, subraya la urgente necesidad de establecer un tratado de la ONU que permita exigir la rendición de cuentas a las corporaciones por los crímenes cometidos contra el medioambiente y los derechos humanos.
El colosal proyecto Tilenga contará con más de 400 pozos y un oleoducto de 1.400 km que cruzará Uganda y Tanzania. La construcción forzará el desplazamiento de cerca de 100.000 personas, incluyendo el 30% de la población de un solo distrito. La mayoría de los y las granjeros/as locales que ya han sido expulsados de sus tierras en Uganda siguen estando a la espera de una compensación. A esto hay que sumar los ataques producidos contra activistas de las comunidades y las amenazas de muerte contra los granjeros/as que han testificado en el tribunal francés.
“La ley francesa del deber nacional de vigilancia de 2017 está siendo testada en este caso. Esta es la primera ley en todo el mundo que impone a las compañías el deber de estar domiciliadas o establecidas en el territorio nacional con el fin de evitar la vulneración de los derechos humanos y el medioambiente allá donde operen en el mundo”, ha dicho Gabriela Quijano, experta en derechos humanos y negocios.
En un nuevo informe, publicado por FIAN Internacional y Les Amis de la Terre France, hemos demostrado que este caso subraya la urgencia de que los estados aprueben, en las discusiones que tendrán lugar en Ginebra este fin de semana, el tratado vinculante de la ONU sobre Empresas Transnacionales y Otras Empresas con relación a los derechos humanos.
El informe es el tercero de una serie de investigaciones que examinan cómo el Tratado de la ONU podría exigir a las corporaciones la rendición de cuentas por sus acciones. Al igual que ha sucedido con el desastre de la presa Brumadinho en Brasil y el masivo desplazamiento de la población tras el acaparamiento de tierras en India llevado a cabo por la coreana POSCO, el caso de la francesa Total deja clara la necesidad de instalar un robusto paquete de normas vinculantes que garantice los derechos de las personas por encima de los intereses económicos.
Juliette Renaud, responsable de campaña de Amigos de la Tierra Francia, defiende que "la ley francesa sobre el deber de vigilancia no es perfecta, y todavía hay grandes lagunas en la protección de las personas afectadas por empresas inescrupulosas."
"Aprender las lecciones de este caso a través de la adopción de un ambicioso tratado vinculante de la ONU es una oportunidad única para llenar estas lagunas y acabar por fin con la impunidad de las empresas," añadió Renaud.