Nueva SLAPP del grupo agroindustrial SOCFIN

SOCFIN es un grupo agroindustrial especializado en el cultivo de aceite de palma y el caucho. El grupo está controlado por el empresario belga Hubert Fabri (54,2% de las acciones) y por el francés Vincent Bolloré (39% de las acciones). Desde hace varios años, la SOCFIN ha ampliado sus plantaciones en varios países de África y Asia. En total, la multinacional controla más de 400.000 ha de tierra (lo que supone más de 1,5 veces el territorio de Luxemburgo) y sus plantaciones aumentaron de 129.658 a 194.300 ha entre 2009 y 2018.

Esta expansión va en detrimento de los/as pequeños/as agricultores/as y suele ir acompañada de violaciones de los derechos de las comunidades locales, conflictos por la tierra, riesgo de deforestación, contaminación, malas condiciones de trabajo, así como de la criminalización de los/as defensores/as de los derechos humanos, entre otros.

Estos impactos han sido documentados en numerosos informes de ONGs y artículos de la prensa, pero también de organismos de la ONU. En un intento de silenciar las críticas, los grupos SOCFIN y Bolloré han emprendido regularmente acciones legales. En los últimos diez años, se han iniciado cerca de treinta procedimientos de difamación contra ONGs y periodistas. La sistematización de estos procedimientos demuestra una verdadera estrategia de los SLAPPs*. Aunque casi nunca tienen éxito, estos procedimientos tienen como objetivo intimidar a las ONGs y a los/as periodistas, silenciarlos/as y hacerlos/as financieramente vulnerables.

Nuevas quejas por calumnias, insultos y violación de la vida privada son presentadas por el grupo SOCFIN y Hubert Fabri. Se trata de un informe de la ONG de derechos humanos FIAN Bélgica sobre Sierra Leona, así como de una serie de comunicados de prensa de las ONG (11.11.11, CNCD-11.11.11, FIAN Bélgica, SOS Faim Bélgica y SOS Faim Luxemburgo) y de una campaña de sensibilización llevada a cabo durante la Asamblea General del SOCFIN en Luxemburgo en mayo de 2019. Esta acción, llevada a cabo de forma totalmente pacífica, tenía como objetivo sensibilizar a la opinión pública sobre la situación de las comunidades afectadas y desafiar a los/as dirigentes de la empresa.

Paralelamente a estos procedimientos, se informó a las ONG de que el SOCFIN también ha iniciado un caso de difamación en Sierra Leona contra un defensor de los derechos humanos de la ONG Green Scenery.

Las ONG perseguidas denuncian los intentos de intimidación, sobre todo porque los/as empleados/as de la ONG son blanco de ataques.

Los abogados de las ONG Jacques Englebert (Bélgica) y Pierre Hurt (G.-D. de Luxemburgo) también deploran estas prácticas e insisten:

«Las ONG atacadas desempeñan un papel esencial como defensoras de los derechos fundamentales. Son «guardianes de la democracia» y, por lo tanto, sus expresiones gozan de una protección especial, en particular en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Su libertad de expresión debe ser protegida a toda costa. En efecto, constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones esenciales para su progreso y desarrollo».

 

Las ONG interesadas impugnan enérgicamente las acusaciones del SOCFIN y afirman haber tomado las medidas necesarias para garantizar que los hechos denunciados en los informes y comunicados de prensa publicados sean exactos y de interés público. Afirman que están decididas a seguir defendiendo los derechos de las comunidades locales afectadas y que están en línea con la campaña iniciada en Francia bajo el lema #OnNeSeTairaPas.

Para consultas de prensa, favor contacte:
En Bélgica:
[FR] Florence Kroff – FIAN Bélgica: +32 475 84 56 24 / florence@fian.be
NL] Hanne Flachet – FIAN Bélgica: +32 484 96 04 30 / hanne@fian.be
En Luxemburgo:
[FR] Marine Lefebvre, SOS Faim Luxemburgo: +352 49 09 09 96 26 – mlef@sosfaim.org

*Definición de “SLAPPs”:
SLAPP puede definirse como una acción legal destinada a obstaculizar la participación y el activismo político. En la mayoría de los casos, se trata de una demanda civil por difamación contra un individuo u organización que ha tomado partido en un asunto público. El concepto también incluye amenazas de enjuiciamiento, porque el éxito de una operación de este tipo no parece provenir tanto de una victoria en la corte como del proceso mismo, dirigido a intimidar al acusado (el que está bajo ataque).