La nueva Constitución Ecuatoriana reconocería la soberanía alimentaria para realizar derecho a la alimentación
El próximo 28 de septiembre, se realizará en Ecuador un referéndum sobre una nueva constitución en el país. La propuesta de nueva constitución es el resultado de la resistencia y la lucha de décadas del movimiento social e indígena y diversos sectores del pueblo ecuatoriano.
Las demandas históricas como la plurinacionalidad, interculturalidad, los derechos colectivos y de la naturaleza, derecho humano al agua, gratuidad de la educación hasta el tercer nivel, universalización de la seguridad social, etc., están hoy contempladas en la nueva propuesta gracias a la incidencia política del movimiento campesino e indígena y organizaciones sociales del Ecuador ante la Asamblea Nacional Constituyente.
La propuesta de nueva constitución es, sin duda, un gran avance en materia del derecho a la alimentación adecuada. La propuesta reconoce en el artículo 13 el derecho de todos los ecuatorianos y ecuatorianas a acceder a suficientes alimentos adecuados de manera sostenible y respetando la cultura de los diferentes pueblos y comunidades. Al priorizar la producción alimentaria local, reconoce implícitamente que el Derecho a la Alimentación Adecuada significa, entre otros, el derecho de los pequeños productores, recolectores y pescadores de acceder a los recursos productivos y de contar con leyes, medidas y programas que les permita proveer de alimentos al pueblo ecuatoriano.
En complemento a esto, la propuesta de nueva constitución establece en el artículo 281 que la Soberanía Alimentaria es un objetivo estratégico del Estado. Este principio es fundamental para la realización del Derecho a la Alimentación Adecuada, y otros derechos recogidos en los Derechos del Buen Vivir (Sumak Kawsay). En este sentido, la propuesta propone el inicio de un cambio de paradigma del modelo agrario y alimentario que ha venido siendo aplicado en nuestro país y que ha generado dependencia hacia las grandes corporaciones transnacionales, inseguridad alimentaria y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
El reconocimiento de la Soberanía Alimentaria va a garantizar que el marco legal y político agrario, alimentario y de comercio sea obligatoriamente aplicado dentro de nuevos principios más justos. Según Natalia Landívar, de FIAN Ecuador «el reconocimiento de la Soberanía Alimentaria obliga también a revisar políticas agrarias actuales, como el mandato agrícola que fue implementado por el gobierno en junio de 2008 como respuesta a la crisis en los precios de alimentos y que fomenta a los agronegocios, para garantizar la coherencia de acuerdo a los principios consagrados en la nueva constitución ecuatoriana y en la normativa internacional.»
«Es imprescindible que futuras políticas sobre soberanía alimentaria garanticen la autodeterminación de las personas, pueblos y comunidades que producen nuestros alimentos básicos, a través de mecanismos de participación eficaces; así mismo que éstas tengan la posibilidad de reclamar sus derechos cuando estos sean violados», agregó.