Examen del cumplimiento de las obligaciones del derecho a la alimentación por parte de India y Bolivia
El Comité de las Naciones Unidas examina a ambos Estados en el marco de la crisis alimentaria mundial Heidelberg, 20/05/2008 – Con sus recomendaciones para Bolivia e India, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CDESC) aboga firmemente por una mejor aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en estos países. El Comité, encargado de examinar periódicamente los informes presentados por los Estados, resalta los vacíos y las inobservancias en las políticas públicas de ambos países, especialmente en materia del derecho a una alimentación adecuada. Este derecho ha desempeñado un papel clave en el debate y en las declaraciones del Comité acerca de la actual crisis alimentaria mundial.
En sus observaciones finales para India, el Comité indica “que no existen factores o dificultades que impidan el cumplimiento del Pacto”. Según el CDESC, el crecimiento rápido y sostenido vivido por India no se ha traducido en un aumento de la tasa de empleo. A pesar de la pujanza económica, India cuenta con elevados índices de pobreza, una seria inseguridad y escasez alimentarias. La definición del umbral de pobreza pasa por alto la plena integración de los derechos humanos. El CDESC expresa su preocupación por los reiterados suicidios de campesinos debidos a la extrema dureza de sus condiciones de vida, por los desalojos forzados en el contexto de la adquisición de tierras para proyectos de desarrollo que afectan sobre todo a castas y tribus desfavorecidas, por la creación de zonas económicas especiales y por la puesta en marcha de otros proyectos que han provocado el desplazamiento de millones de familias. Las principales preocupaciones son la falta de consultas efectivas y de remedio jurídico para las personas afectadas por los desplazamientos, los desalojos forzados y las medidas inadecuadas de compensación. Además, el Comité de la ONU se refiere a la escasez de agua potable segura y a la presencia de metales pesados en las aguas subterráneas.
A partir de observaciones como éstas, el Comité recomienda presentar datos desagregados en el próximo informe otorgando una atención especial a las personas y grupos marginados, tomar medidas urgentemente para atajar el problema de la pobreza y de la seguridad alimentaria, revisar la definición nacional del umbral de pobreza, adoptar medidas inmediatas para que se apliquen las leyes y regulaciones que prohíben las expulsiones forzadas y que garantizan una compensación adecuada o vivienda alternativa. El Estado debe realizar consultas de relevancia, de carácter abierto y participativo, con las personas y comunidades afectadas y adoptar medidas eficaces para garantizar un acceso equitativo a agua potable segura basado, entre otros instrumentos, en el cumplimiento riguroso de las leyes sobre el tratamiento de las aguas y en el monitoreo eficiente de su observancia.
En el caso de Bolivia, el Comité reconoce la actitud dialogante del Estado, pero expresa su preocupación por la falta de medidas eficaces que garanticen la realización de los derechos económicos, sociales y culturales antes de la aprobación de la nueva Constitución Boliviana. Los principales problemas relativos al derecho a una alimentación adecuada son la persistencia de la malnutrición, la falta de garantías para la realización del derecho a la alimentación de los grupos vulnerables y el creciente número de parcelas de tierra dedicadas a la producción de agrocombustibles, lo que va en detrimento de la disponibilidad de alimentos para el consumo humano. En cuanto a la tenencia de la tierra, el CDESC muestra su inquietud por la falta de cualquier garantía eficaz sobre las tierras ancestrales de los pueblos indígenas y la grave desigualdad de distribución de la tierra, con un 70 por ciento en manos de un 7 por ciento de la población. El organismo que vela por los derechos humanos resalta además la necesidad de que la igualdad de género sea un tema transversal en las políticas y programas aprobados para la realización de todos los derechos económicos, sociales y culturales. Bajo estas premisas, el CDESC emite, entre otras, las recomendaciones siguientes: la aprobación de indicadores y puntos de referencia de derechos humanos con carácter desagregado para regiones y grupos vulnerables, a fin de poder monitorear la realización eficaz de los derechos económicos, sociales y culturales; adoptar medidas para impedir los desalojos forzados de familias campesinas; asegurar que la judicatura tiene en cuenta el Pacto en sus pronunciamientos; investigar y enjuiciar los casos de expulsiones forzadas y de otras violaciones de los derechos contemplados en el Pacto; continuar el trabajo para el respeto y la igualdad de los derechos de los pueblos indígenas, incluidos los derechos a la educación, vivienda, alimentación y salud. Es importante mencionar que el Comité recomendó al Estado continuar adoptando medidas a fin de garantizar a la población la disponibilidad de alimento y solicitó al país la puesta en práctica del programa Desnutrición Cero junto con otras medidas encaminadas a facilitar el acceso sostenible de las personas a los recursos productivos, así como el aumento de las capacitaciones en materia nutricional.
En ambos casos, FIAN Internacional ha trabajado activamente con otras ONG y el Comité para asegurar una mejor realización del derecho a una alimentación adecuada. Este trabajo continuará principalmente a nivel nacional, donde la sociedad civil supervisará rigurosamente las acciones estatales orientadas a la puesta en práctica de las recomendaciones emitidas por el Comité de las Naciones Unidas.
Para más información, póngase en contacto con Sandra Ratjen: Ratjen@fian.org
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