El Gobierno Ecuatoriano clausura la Organización de Derechos Humanos Pachamama
El 4 de diciembre del 2013, la organización ecuatoriana de derechos humanos Pachamama, que ha estado trabajando por los derechos de las personas indígenas y en asuntos medioambientales durante más de 16 años, fue disuelta tras una resolución ministerial basada en el Decreto Ejecutivo 16 aprobado en junio de 2013.
Esta es la primera vez que este Decreto es aplicado a pesar de haber sido fuertemente criticado por diversas organizaciones, ya que abre la puerta para que el gobierno pueda clausurar organizaciones de derechos humanos. En solidaridad, una carta colectiva ha sido redactada por la Red Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC) para expresar la preocupación sobre la clausura de las oficinas de Pachamama, al igual que una petición por Avaaz para exigir que el gobierno ecuatoriano re-abra inmediatamente las oficinas de esta Fundación.
En noviembre de 2013, Pachamama y otras organizaciones participaron en una protesta en contra del proceso de licitación entre compañías petroleras en el sureste de Ecuador, durante la XI Ronda Petrolera. Bajo las acusaciones de haber interferido en las políticas públicas y de haber amenazado la seguridad del Estado, se ve ahora como una reacción del gobierno que se haya clausurado la organización. De igual manera, Pachamama no tuvo ninguna oportunidad para defenderse de las acusaciones antes de que el gobierno procediera a su cierre.
Diversos organismos de derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han expresado su preocupación ante el deterioro de la situación de los derechos humanos en Ecuador, especialmente en lo relacionado con la libertad de expresión y de asociación, así como con la criminalización de los defensores de los derechos humanos y de los líderes de las comunidades que forjan la resistencia contra los grandes proyectos extractivos que no cuentan con un consentimiento previo, libre e informado. Estos órganos de derechos humanos han realizado un llamamiento urgente al Estado ecuatoriano para que cumpla con sus obligaciones de protección de los derechos humanos. Sin embargo, hasta el momento Ecuador no ha seguido ninguna de las recomendaciones. De hecho, el Estado ha estado trabajando para socavar dramáticamente las competencias del sistema regional de derechos humanos.
El cierre de Pachamama es un claro ejemplo de que el Decreto 16 abre la puerta a una aplicación arbitraria que no atiende a los debidos principios procesales. Abre el camino a la violación de la libertad de asociación, crucial en toda democracia, representando una herramienta que puede ser usada como un arma legal en contra de las opiniones discrepantes.