Décadas de lucha por la Reforma Agraria

En 1988, el gobierno filipino inició el CARP. No obstante, casi tres décadas después, el acceso a la tierra todavía sigue negándose a multitud de agricultores sin tierra que continúan sufriendo las violaciones y las amenazas de este derecho humano fundamental. La Constitución filipina de 1987 encomendaba al gobierno la puesta en marcha de un programa de reforma agraria substancial y significativa. Filipinas también es uno de los Estados Parte del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pacto que consagra el derecho a una alimentación adecuada. Por lo tanto, se ve doblemente obligado a garantizar el derecho humano a una alimentación adecuada y a la nutrición a través de la efectiva implementación del CARP.

Tras casi tres décadas de lucha, la lucha por la reforma agraria en Filipinas todavía debe completarse. Miles de agricultores todavía continúan sin tierra, siendo las mujeres y los niños los que más sufren el hambre y la pobreza. Muchos de estos agricultores son víctimas del acoso y la intimidación de los terratenientes, y algunos incluso han llegado a pagar con sus vidas la lucha por la tierra. El derecho de los agricultores a una alimentación adecuada se ve constantemente violado, ya que el gobierno filipino está fracasando a la hora de emprender las acciones pertinentes para protegerlo, al no acelerar el proceso de distribución de los terrenos y al no prestar los servicios de apoyo esenciales para los agricultores beneficiarios.

Existen dos casos que demuestran la ineficaz implementación del CARP y la violación a manos del gobierno del derecho de los agricultores a una alimentación adecuada y a la nutrición. 

En Hacienda Matias, el gobierno filipino, hace algo más de una década, erró en la protección del derecho a la tierra de los agricultores beneficiarios, y por lo tanto del derecho a una alimentación adecuada y a la nutrición, en una plantación de coco de 1 716 hectáreas de la Península Bondoc en la provincia Quezon. Aunque 283 de los 500 agricultores beneficiarios recibieron títulos de propiedad en diciembre de 2014, muchos de ellos siguieron sin poder acceder a la hacienda para trabajar la tierra en paz a causa de la fuerte resistencia mostrada por los antiguos propietarios. La acampada realizada durante un mes ante la sede central del DRA en Manila presionó al gobierno para que éste asistiera a los agricultores beneficiarios con el apoyo de la policía y de la armada para que finalmente pudieran acceder a sus tierras. Esto es solo el primer paso, ya que más de 200 agricultores beneficiarios continúan esperando la entrega de sus tierras para así poder alimentarse tanto a sí mismos como a sus familias.

En el segundo caso, la reforma agraria de las 6 453 hectáreas de Hacienda Luisita, en la provincia Tarlac, se encuentra estancada. A día de hoy, la mayoría de los 5 990 agricultores beneficiarios todavía no tenían el control de sus tierras a causa de los contratos informales de arrendamiento, en general de hasta tres años, que habían firmado, obligados por las circunstancias, con el arrendador, en general personas influyentes política y económicamente, a cambio de unos pequeños préstamos anuales con los que sustentarse. El DAR ha fracasado de nuevo a la hora de prestar los servicios esenciales de apoyo económico, como por ejemplo la entrega de semillas, bombas de agua o insumos agrícolas a los beneficiarios, para que estos puedan trabajar sus tierras y alimentar a sus familias sin tener que recurrir a contratos onerosos de arrendamiento. Al mismo tiempo, los beneficiarios que no alquilaron sus terrenos a los arrendadores continúan sin recibir servicios de apoyo.

FIAN Internacional y FIAN Filipinas realizan un llamamiento para que el gobierno filipino garantice el derecho humano a una alimentación adecuada y a la nutrición de los agricultores beneficiarios de la Hacienda Matias acelerando el proceso de distribución de los terrenos a través del estudio de los terrenos de los lotes restantes, distribuyendo los títulos de propiedad de la tierra entre los agricultores beneficiarios y manteniendo la paz sobre el terreno. En Hacienda Luisita se necesita con urgencia una investigación sobre los contratos informales de arrendamiento y la ausencia de servicios de apoyo económicos para los agricultores beneficiarios, para que éstos puedan reclamar sus tierras a los arrendadores para hacerlas productivas.

La reforma agraria no solo queda garantizada en la Constitución filipina. Como hemos apuntado anteriormente, Filipinas también es uno de los Estados Parte del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), pacto que consagra el derecho a una alimentación adecuada. Consecuentemente, el gobierno filipino debe cumplir con este derecho fundamental mediante la implementación del CARP, asegurándose de que los agricultores beneficiarios reciban los terrenos que legalmente les corresponden y prestando los servicios de apoyo necesarios. Estos prerrequisitos son fundamentales para que estas personas puedan alimentarse adecuadamente tanto a sí mismas como a sus familias.

FIAN Internacional y FIAN Filipinas exigen el respeto, la protección y la satisfacción del derecho humano a una alimentación adecuada y a la nutrición a través de la implementación eficaz del CARP.