Banco Alemán de Desarrollo está obligado a proporcionar información sobre inversiones agrícolas en Paraguay

El Tribunal Administrativo de Fráncfor, Alemania, ha dado la razón a la organización de derechos humanos FIAN ante su demanda de información presentada contra el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), el Banco de Desarrollo de Alemania.

Durante años, el KfW se ha negado a facilitar el acceso a los planes medioambientales y sociales del inversor agrícola PAYCO, que opera en Paraguay. La filial del KfW, Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) posee una participación del 15,8% en PAYCO.

El tribunal dictaminó que el KfW, como autoridad pública, está obligado a proporcionar información en virtud de la Ley de Libertad de Información, IFG, y en por lo tanto debe proporcionar información de interés público de la DEG.

Philipp Mimkes, Director Ejecutivo de FIAN: «¡El juicio es un gran éxito! PAYCO es responsable de conflictos territoriales con los pueblos indígenas, de daños medioambientales y de deforestación. Ahora el público y la política podrán tener una mejor idea de esta inversión en un futuro próximo. En nuestra opinión, es alarmante que los fondos de desarrollo alemanes financien la agricultura industrial y que haya que luchar por la información a través de costosos procedimientos legales.»

La Corporación Agrícola de Paraguay PAYCO es uno de los mayores terratenientes de Paraguay, con 146.000 hectáreas. La empresa cultiva soja transgénica, posee plantaciones de árboles y cría ganado. PAYCO también vende semillas modificadas genéticamente a terceros.

La demanda fue apoyada por el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR). Sönke Hilbrans, asesor jurídico principal del Área de Programa de Empresas y Derechos Humanos de la organización, subraya: «No es sólo un hito que el Tribunal Administrativo obligue a KfW a proporcionar información sobre las actividades de su filial DEG en virtud de la Ley de Libertad de Información. Según el tribunal, la DEG cumple funciones públicas. La estrategia del banco estatal de fingir que su filial no tenía nada que ver con su mandato de desarrollo no funcionó. Esto significa también que la DEG, como cualquier otro organismo público, tiene responsabilidades en materia de derechos humanos y medioambiente. Esto tendrá consecuencias más allá del derecho de acceso a la información».

En enero de 2013, la DEG invirtió 25 millones de euros en PAYCO con sede en Luxemburgo. De este modo, la DEG obtuvo el 15,8% de las acciones de PAYCO.

FIAN tiene conocimiento de dos conflictos territoriales en las zonas de tierra adquiridas por PAYCO. Dos comunidades indígenas del pueblo Mbya Guaraní viven dentro de la Estancia Golondrina. Reclaman 2.015 hectáreas de tierra en la estancia, que es el núcleo de la comunidad. En 2013, iniciaron las gestiones formales para la cesión de los terrenos, hasta la fecha sin éxito.

«El cumplimiento de la inequívoca reivindicación de los derechos humanos de las comunidades indígenas no se ha resuelto en casi diez años de copropiedad de la DEG. Desde nuestro punto de vista, la DEG antepone los intereses económicos privados a los derechos humanos», critica Philipp Mimkes.

Incluso dentro de la mayor finca de PAYCO, Lomas (36.408 hectáreas), las comunidades reclaman tierras que les fueron concedidas en base a la reforma agraria. Ya en 2011, el municipio de Segunda Reconstrucción presentó la correspondiente solicitud a la autoridad competente. Según el municipio, unas 1.000 hectáreas de su terreno se encuentran dentro de la finca. A pesar del proceso pendiente, según la comunidad, es precisamente en estos terrenos donde se han establecido parte de las plantaciones de eucalipto desde 2013 -desde que interviene la DEG-.

Contacto:

FIAN: Philipp Mimkes; P.Mimkes@Fian.de

ECCHR: Maria Bause; presse@ecchr.eu