94 Miembros de la Cámara de Representantes expresan su preocupación por la situación de los Derechos Humanos en el Bajo Aguán, Honduras
FIAN da la bienvenida a la carta enviada por los miembros de la Cámara de Representantes, con fecha 9 de marzo, a la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, en la que comunican su preocupación por las graves violaciones de derechos humanos en el caso del conflicto agrario del valle del Bajo Aguán, en Honduras, en el que se han cometido incontables violaciones del derecho humano a la alimentación, así como asesinatos y la persecución de miembros de las organizaciones campesinas.
Noventa y cuatro miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, uno de los dos órganos que componen el Congreso, enviaron una carta a la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, para manifestar su preocupación por las violaciones de derechos humanos en Honduras, donde los defensores, periodistas, líderes de la comunidad y activistas de la oposición están sujetos a amenazas de muerte, ataques y ejecuciones extrajudiciales. Según la carta, «en la región del Bajo Aguán, desde 2009, fueron asesinadas cuarenta y cinco personas asociadas a organizaciones de campesinos que trabajan por la resolución de los continuados conflictos, además de siete guardias de seguridad, un policía, un periodista y su socio, y otras tres personas más. Largos conflictos sobre tierras subyacen la violencia, y los testigos han denunciado que los guardias de seguridad privada a cargo de estas polémicas tierras son los perpetuadores de muchos de estos crímenes.»
La carta pide a este Departamento de Estado que «suspenda la ayuda de Estados Unidos destinada al ejército y a la policía hondureños, dadas las creíbles alegaciones que hablan de violaciones graves y generalizadas de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.»
La carta también pide al Departamento de Estado que continúe con sus esfuerzos de presión sobre el Gobierno hondureño para que proteja los derechos humanos fundamentales de sus ciudadanos/-as y para que investigue y procese los abusos en la región del Bajo Aguán y en todo el país, comunicando el estado específico de cada caso, y responsabilizando a las compañías privadas de seguridad que actuaron con impunidad.
Además, el Gobierno hondureño debería cumplir con los acuerdos ya firmados con las asociaciones campesinas que tratan los conflictos por tierras en el Bajo Aguán, y procurar soluciones al problema de falta de acceso a tierras y medios de subsistencia que son la raíz de de este conflicto.
FIAN ha trabajado en el caso del Bajo Aguán durante 10 años, con organizaciones campesinas de Honduras y otras organizaciones e individualidades que apoyan el caso. Este trabajo ha constado de misiones investigadoras en conjunto con otras redes internacionales, talleres de capacitación, campañas de acción urgente, informes de la situación dirigidos a la Unión Europea, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los órganos de derechos humanos de la ONU, entre otros. En varias ocasiones, FIAN ha instado al Gobierno hondureño, como Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a investigar los abusos sobre los campesinos/-as y a compensar la pérdida de medios de subsistencia, cumpliendo así con su obligaciones de respetar, promover y garantizar los derechos humanos, y en particular el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, a la vivienda, la salud y la educación, y el derecho a la integridad personal.
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