Se suspende juicio sobre el caso de la ‘masacre de Curuguaty’
El juicio contra los campesinos y campesinas criminalizados programado para el 17 de noviembre fue suspendido hasta junio de 2015.
Casi dos años después de la masacre, el Estado paraguayo aún no ha esclarecido ni investigado adecuadamente los hechos y las violaciones de los derechos humanos que acontecieron tras el desalojo del 15 de junio de 2012 ni tampoco aclarado la titularidad de las tierras.
Heidelberg, Asunción, Oakland, Ámsterdam, 17 de noviembre de 2014: Tras ser aplazado por segunda vez de este año, el inicio del juicio oral y público contra doce campesinos y campesinas sin tierra imputados en relación con la ‘masacre de Curuguaty’ -posiblemente la mayor tragedia de la joven democracia en Paraguay – está ahora previsto para el período del 24 de junio al 24 de julio de 2015. El Tribunal de Sentencia de Salto del Guairá justificó esta decisión argumentando que no se notificó a tiempo a cincuenta testigos del caso.
Si bien la investigación fiscal y el proceso judicial estuvieron marcados por irregularidades y la vulneración de garantías, lo cual cuestionaba la celebración de un juicio justo, esta dilatación también prolonga la situación de precariedad de las personas imputadas, las cuales ya han pasado más de dos años en prisión o arresto domiciliario, sin poder trabajar dignamente o moverse libremente. Esta situación también afecta igualmente a sus familias. Existe también información sobre la criminalización de los abogados y la abogada de derechos humanos de los campesinos y campesinas, así como de algunas de las personas identificadas como testigos del juicio, que están siendo imputadas, restringidas en su libertad de movimiento e invalidadas como testigos.
Uno de los hechos más notables del caso es que hasta la fecha el Estado no ha abierto formalmente una investigación por las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, amenazas de muerte y torturas físicas y psicológicas contra campesinos y campesinas durante y tras el desalojo del 15 de junio de 2012, incumpliendo con el deber de investigar, procesar y sancionar a los responsables. Asimismo, aunque campesinos y campesinas fueron imputados por invasión de inmueble, entre otros cargos, la titularidad de las tierras de Marina Kue aún debe ser aclarada en instancia judicial.
Ante esta situación, FIAN Internacional, La Vía Campesina (LVC), Food First/Institute for Food and Development Policy y Transnational Institute (TNI) deseamos manifestar una vez más nuestra profunda preocupación por las graves irregularidades en el proceso penal e instar a las autoridades paraguayas a respetar, proteger y realizar los derechos humanos de las personas acusadas e involucradas en el caso Curuguaty – incluyendo sus derechos al debido proceso, a defender los derechos humanos, a la integridad física, a una alimentación adecuada y a la tierra – y a realizar una investigación seria, imparcial y efectiva por la muerte de los campesinos y los otras violaciones de derechos humanos durante y tras hechos del 15 de junio de 2012. Asimismo, llamamos a las autoridades a garantizar la aclaración de la titularidad de las tierras de Marina Kue y la debida implementación de la reforma agraria.
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