Se urge al Banco Mundial que ponga fin al acaparamiento de tierras y la destrucción ecológica en Brasil
Organizaciones de la sociedad civil han denunciado un proyecto del Banco Mundial valorado en 120 millones de dólares por apoyar la titulación de tierras en el estado brasileño de Piauí y utilizado por la agroindustria para legitimar el acaparamiento de tierras y la expansión de monocultivos. Recientemente, el Panel de Inspección del Banco Mundial ha rechazado la demanda interpuesta por las comunidades afectadas.
A través de una carta abierta enviada el 4 de agosto de 2020, organizaciones de la sociedad civil urgen al Banco Mundial que asuma la responsabilidad y tome medidas para garantizar que el proyecto “Piauí: pilares de crecimiento e inclusión social” no facilita o legitima el acaparamiento de tierras. Las comunidades tradicionales de la región MATOPIBA han sido testigo de la violación de muchos de sus derechos humanos, incluida la desposesión, violencia y destrucción de sus ecosistemas y medios de vida, como consecuencia de la expansión de la agroindustria y la especulación de tierras. Para legalizar sus operaciones, en muchas ocasiones, estos acaparadores de tierras, a menudo sostenidos por inversores transnacionales entre los que hay fondos de pensiones estadounidenses y europeos, tratan de obtener títulos de tierras aprovechando el Programa de regulación de la tenencia de tierras implementado por el estado de Piauí y apoyado por el Banco Mundial.
Muchas de las comunidades afincadas en el suroeste de Piauí hicieron llegar en diciembre de 2019 una denuncia oficial al Panel de Inspección del Banco Mundial, la agencia de vigilancia interna del organismo internacional, a través de la que solicitaban un cambio en las medidas del Banco para garantizar que el proyecto no legitimara el acaparamiento de tierras y la destrucción del ecosistema. En respuesta a la denuncia, la administración del Banco Mundial declinó toda responsabilidad en las alegadas violaciones de derechos humanos, declarando que no estaban relacionadas con las actividades del proyecto y quedaban fuera del control del Banco. Tras conducir una visita de elegibilidad en Brasil, el Panel de Inspección confirmó el posicionamiento del Banco en su informe final y rechazó cualquier necesidad de llevar a cabo una investigación más detallada.
“El Banco Mundial y su Panel de Inspección afirman que la financiación del proyecto no ha sido utilizada para legalizar el acaparamiento de tierras ni para conferir títulos de tierras a gran escala. No obstante, existe una clara conexión entre el proyecto y las actuales dinámicas de acaparamiento de tierras, especulación, desposesión de las comunidades rurales y destrucción del ecosistema en Piauí”, dijo Philip Seufert, Coordinador de Recursos Naturales de FIAN Internacional.
A pesar de que la legislación brasileña reconoce explícitamente el derecho de las comunidades tradicionales en la que han vivido por generaciones, en la práctica, los derechos de las comunidades no están protegidos eficazmente. La recientemente revisada legislación de tierras del estado de Piauí reconoce claramente que ha de darse prioridad a las comunidades tradicionales en cualquier proceso de regulación de tierras. Como respuesta a la fuerte presión ejercida por las comunidades y organizaciones, el Banco Mundial incluyó ocho comunidades en su proyecto de Titulación de tierras en 2018. A pesar de esto, aún hoy, ninguna de estas comunidades ha recibido los títulos de tierras colectivos solicitados.
“Esperamos que el Banco Mundial coopere con las autoridades de Piauí para priorizar la regulación de títulos de tierras de las comunidades rurales, en particular la de aquellas comunidades que han sido despojadas de sus tierras, y que suspenda la entrega de títulos a los grandes propietarios de plantaciones y a las corporaciones de la agroindustria”, ha declarado Felipe Bley-Folly, responsable para Brasil y coordinador del Programa de Justiciabilidad en FIAN Internacional. “El Banco Mundial forma parte de la ONU y, por lo tanto, ha de respetar los derechos humanos, incluidos los derechos de las comunidades rurales a la tierra y a los recursos naturales, tal y como queda plasmado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras personas que Trabajan en Zonas Rurales ”, afirma Bley Folly.
Para más información al respecto, por favor, contacta con bley-folly(at)fian.org
Puedes encontrar más información de fondo sobre el caso de Matopiba en https://www.fian.org/es/lucha/el-negocio-de-la-tierra-en-matopiba-brasil
Y más información sobre el proceso del panel de Inspección del Banco mundial aquí https://www.inspectionpanel.org/panel-cases/piaui-pillars-growth-and-social-inclusion-project-p129342