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Paraguay: Detener la ola de desalojos forzosos y criminalización

Amenazados los Derechos Humanos de comunidades campesinas e indígenas de Paraguay

Con motivo del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, Fian Internacional y sus secciones en Alemania y Paraguay quieren llamar la atención sobre la preocupante situación de derechos humanos de muchas comunidades campesinas e indígenas en Paraguay, cuyos derechos individuales y colectivos son vulnerados de manera sistemática y las continuas amenazas de desalojos forzosos ponen en peligro su disfrute.

De acuerdo con investigaciones de la organización BASE Investigaciones Sociales, entre los meses de septiembre y noviembre de 2021 se han producido al menos nueve desalojos violentos de comunidades campesinas e indígenas, afectando a más de 3.000 personas en todo el país. En la mayoría de estos casos, los desalojos se producen sin cumplimiento de los requisitos legales, como una orden judicial, de manera violenta destruyendo las pertenencias de las familias afectadas y con el despliege excesivo de fuerzas policiales y actores civiles.

Las comunidades víctimas de desalojo son en su mayorías comunidades con un arraigo de décadas en los territorios que ocupan y que reclaman justamente las 5-10 hectáreas que en virtud de la Reforma Agraria les corresponden para poder garantizas sus medios de vida. Frente a ellos están grandes latifundistas que destinan la tierra al agronegocio, responsable de las cifras de hambre y malnutrición en el país. Según la FAO, en 2020, 700.000 personas en Paraguay se encontraban en situación de malnutrición.

“El problema de fondo de los desalojos está en la concentración de tierras, haciendo de Paraguay el país más desigual en el acceso a la tierra de todo América Latina. En la actualidad hay más de 300.000 personas sin acceso a ella, sin embargo el 90% de la tierra está en manos de menos de un 5% de propietarios”, señala Wilma Strothenke, Responsable para Paraguay de FIAN Internacional.

Es preciso destacar que las tierras objeto de disputa, en manos de grandes latifundistas, son en su mayoría tierras de origen ilegal, es decir tierras malhabidas. Se denominan así las tierras públicas que, durante la dictadura de Stroessner, deberían haber sido entregadas a beneficiaros de la Reforma Agraria (campesinos, indígenas) pero que en su lugar fueron adjudicadas de manera ilegal a actores privados cercanos al régimen. En la actualidad aún existen 8 millones de hectáreas de tierras malhabidas.

Aumento de la criminalización contra campesinos, campesinas e indígenas

El aumento de los desalojos forzosos coincide con la reciente adopción de la llamada Ley Zavala-Riera, que reforma el código penal incluyendo penas más severas por ocupación de la tierra. Esta ley, que pretende proteger la propiedad privada, está siendo utilizada como un instrumento más para criminalizar la lucha por la tierra.

Explica Abel Areco, de FIAN Paraguay: “Se está dando un desequilibrio en la gestión del Estado, ya que sin garantizar los derechos básicos de acceso a la tierra, está aprobando leyes que pueden terminar mal aplicadas para la criminalización de los que reclaman sus derechos a la tierra”.

La comunidad del Asentamiento María la Esperanza de Tava’i, Caazapá, es una de las primeras objeto de la aplicación criminalizadora de esta ley. Esta comunidad regresó a ocupar las tierras de las que habían sido expulsados al verificar que no existía orden de desalojo en su contra. Sin embargo al poco tiempo 26 pobladores y el propio abogado de la comunidad fueron detenidos y serán procesados bajo la figura de invasión de inmueble, a pesar de que habitan en el lugar desde hace décadas y la colonia es reconocida por las propias autoridades como una comunidad de hecho.

El caso de la comunidad Primero de Marzo: desalojos, criminalización y negativa de expropiación

Otro ejemplo del aumento de la criminalización y los desalojos es el de la comunidad campesina Primero de Marzo, cuyos miembros vienen ocupando desde 2012 la finca Pindó en el departamento de Canindeyú (junto a la frontera con Brasil), como legítimos beneficiarios de la Reforma Agraria. La finca Pindó aparece como propiedad de la Familia de empresarios Bendlin Beyersdoff, que la adquirió del Instituto de Bienes Rurales (IBR) en el ano 1969 a cambio de un avión, operación ilegal según las normas de la época y que convierte a esta finca en una tierra malhabida, tal y como acredita el Informe Final de la Comisión Verdad y Justicia.

Desde su asentamiento en la Finca Pindó, las y los pobladores de la comunidad Primero de Marzo han venido cuestionando el origen legal de la finca y solicitando a las autoridades paraguayas la expropiación de la misma para su adjudicación, en cumplimiento de la reforma agraria, sin embargo la inacción del INDERT y la negativa de los propietarios de la finca han impedido que el derecho a la tierra de la comunidad sea respetado.

En la actualidad son 430 las familias que ocupan la finca y que sin ayuda estatal consiguen disfrutar de sus derechos más básicos. Cultivan sus huertos, y crían animales, han construido casas e infraestructuras como sistemas de canalización y electricidad, escuelas etc. Sin embargo esta situación se ve gravemente peligrada debido a las continuas amenazas de desalojo forzoso por las autoridades públicas y privadas. Esta situación no es nueva ya que entre los años 2013 y 2016 fueron víctimas de numerosos desalojos forzosos en los que sus casas, cultivos e infraestructuras fueron arrasadas y varios miembros criminalizados.

Carta Abierta

FIAN Internacional, en colaboración con FIAN Paraguay y FIAN Alemania, lanzó una Carta Abierta alertar a las autoridades paraguayas sobre las amenazas constantes de desalojos forzosos a las que se ven sometidas las familias de la Comunidad Primero de Marzo.

Tal y como señala Almudena Abascal, Responsable para América Latina de FIAN Alemania “de cumplirse con estas amenazas no sólo se estarían incumpliendo las normas tanto nacionales como internacionales que protegen el derecho a la tierra de las comunidades indígenas y campesinas sino que también se estarían vulnerando derechos humanos básicos de las mismas como el derecho a la alimentación, a la educación o a una vivienda digna.”

Contacto:

FIAN Internacional: Wilma Strothenke: strothenke@fian.org Tel +49(0)6221 65300 - 30, FIAN Alemania: Almudena Abascal a.abascal@fian.de Tel: +49 (0)221 474491 13

Más información sobre las comunidades desalojadas:

Mayor información:

Ver una presentación al respecto a DESALOJOS Y DDHH en Paraguay a partir de minuto 2:02:33, en un conversatorio organizado por el PARLASUR: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=d__UyM_khXs&feature=youtu.be

Publicación La Reforma Agraria en Paraguay - Informe de misión investigadora de 2007 https://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/info-ngos/fianparaguay.pdf

Hoja informativa La Reforma Agraria en Paraguay https://www.fian.org/fileadmin/media/publications_2015/Reforma-Agraria-en-Paraguay-2007.pdf