Las corporaciones han de responder ante los crímenes cometidos contra los derechos humanos y el medioambiente
Las corporaciones y compañías transnacionales que controlan las cadenas de suministro disfrutan, por norma general, de una especial impunidad que las exime de cumplir con sus responsabilidades penales en lo que respecta a los abusos cometidos contra los derechos humanos, a menudo ligados a acciones de acaparamiento de tierras y contaminación medioambiental. Este lunes, los estados se reunirán durante una semana con motivo del Consejo de la ONU de los Derechos Humanos en Ginebra para continuar con las prolongadas negociaciones para la aprobación de un tratado vinculante que obligue a estos actores a rendir cuentas por sus acciones.
No se debe permitir que prospere el intento de algunos estados para debilitar los principios de los derechos humanos durante el encuentro de la octava sesión del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos.
FIAN Internacional se solidariza con los cientos de movimientos sociales y organizaciones de sociedad civil de todo el mundo que piden la aprobación urgente de un tratado que proteja a las comunidades campesinas, comunidades agrícolas a pequeña escala, comunidades indígenas, mujeres, pescadores/as, trabajadores/as agrícolas y comunidades víctima del abuso y del daño causado por las corporaciones.
“Hay demasiadas lagunas en la legislación internacional que han permitido la impunidad de las corporaciones que ha causado o contribuido al daño y deterioro de los derechos humanos”, ha dicho la representante permanente de FIAN Internacional en la ONU, Ana María Suárez Franco.?
“Tras ocho años de conversaciones, ha llegado el momento de que los gobiernos se posicionen firmemente junto a las comunidades afectadas y hagan avanzar las negociaciones, teniendo en consideración la urgencia actual de soluciones globales”.
No existe ningún marco legal vinculante que regule las actividades y cadenas de suministros de las compañías transnacionales de la minería, agroindustria y otros negocios que cuentan con un atroz historial contra los derechos humanos. La falta de un marco de regulación uniforme permite que las compañías sin escrúpulos puedan escapar de la justicia saltando de una jurisdicción a otra. A menudo, las empresas explotan los contextos donde las protecciones legales son más débiles y defienden que no están desobedeciendo ninguna ley al forzar la expropiación de comunidades enteras, destruir su medio ambiente y sus medios de subsistencia, e incluso al provocar enormes pérdidas humanas.
Directrices voluntarias como los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU y legislaciones nacionales como la ley francesa del deber de vigilancia de las empresas transnacionales no son suficiente para proteger a las comunidades y al medioambiente frente a las corporaciones sin escrúpulos. Muchos estados están comenzando a reconocer la necesidad de establecer un marco vinculante a nivel mundial.
Como ya se ha demostrado en varios casos recientes – como el desastre del embalse de Brumadinho en Brasil, las expropiaciones de tierras relacionadas con el sector industrial y la minería en India y en Colombia, así como las acciones de la agroindustria para debilitar los medios de subsistencia de las pequeñas comunidades granjeras en Zambia – resulta imprescindible la aprobación de un sólido conjunto de normas que garanticen que se prioricen los derechos humanos de las personas frente a los intereses económicos.
“La aprobación de un tratado internacional sobre corporaciones transnacionales y otras empresas es esencial para poder gobernar economías globalizadas”, ha dicho Ayushi Kalyan, coordinador de responsabilidad corporativa de FIAN Internacional.
“Un marco jurídico uniforme subsanaría los vacíos de protección, permitiendo que las personas tuviesen un mejor acceso a la justicia y garantizando la rendición de cuentas de las compañías en cuanto a su impacto en materia de derechos humanos y medioambiente”
Propuestas que buscan debilitar el proceso
Han tenido lugar múltiples intentos para evitar que se llegue a acuerdos políticos que permitan la aprobación de un tratado sólido. Previo a esta octava sesión de conversaciones, se compartieron propuestas informales que no hacían más que diluir varios de los principios y normas de derechos humanos, haciendo prescindible el proceso de negociación que había sido alcanzado en los últimos años. Estas, proponen una narrativa completamente nueva e ignoran varias de las contribuciones más importantes de muchos estados.
“El margen de discreción que se permite a los estados en las propuestas hace imposible que se pueda alcanzar un marco equilibrado que permita la regulación de las corporaciones transnacionales y otras empresas en la legislación internacional”, ha dicho Ayushi Kalyan.
“Esto nos desvía de nuestro objetivo para establecer un marco común de regulación global en un momento en el que, más que nunca, necesitamos leyes vinculantes que obliguen a las empresas y a las corporaciones a rendir cuentas por las violaciones cometidas contra los derechos humanos”.
Un reciente estudio publicado que aborda la complementariedad existente entre el Tratado de la ONU y la propuesta de la Directiva de la UE sobre Diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDD por sus siglas en inglés) muestra que incluso aunque sea importante la diligencia debida de las legislaciones a nivel nacional y regional, no es suficiente. Mientras la legislación de diligencia debida parte del punto de vista de la compañía, el tratado ETN da prioridad a las personas y al planeta y se enfoca en la responsabilidad, acceso a reparación y en las áreas de conflicto afectadas y, por consiguiente, en cerrar las lagunas en materia de protección y regulación.
No podemos permitir que los intereses corporativos o los intentos de los estados por defender a las empresas a expensas de las personas se apropien del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, como ya sucedió en el pasado con iniciativas similares.
Esto significaría la pérdida de una gran oportunidad para las comunidades que luchan contra los abusos cometidos contra los derechos humanos en todo el mundo y para el sistema de las Naciones Unidas.
Para más información contactar a Ana Maria Suarez-Franco: Suarez-Franco@fian.org
Preocupados por el excesivo énfasis en las normas voluntarias, la captura corporativa y la proliferación de espacios multisectoriales que permiten a las empresas como partes interesadas en los debates sobre derechos humanos, FIAN Internacional y sus secciones publicaron un documento de posición sobre la Debida diligencia de las empresas y las obligaciones relacionadas de los Estados en el contexto de la rendición de cuentas corporativa.
