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Hoja de ruta para la exigencia de responsabilidades jurídicas a los grandes contaminadores.

Una alianza mundial ha lanzado una hoja de ruta de responsabilidades jurídica, la primera herramienta de este tipo que permite orientar a los tomadores de decisiones tanto a nivel local como global en el proceso con el fin de que los grandes contaminadores asuman su responsabilidad por el daño que han causado conscientemente. Al mismo tiempo, la hoja de ruta permitirá guiar el proceso para desbloquear la financiación medioambiental necesaria para abordar la crisis climática y poner en marcha soluciones.

Esta hoja de ruta, lanzada una semana antes de la semana del clima de la ONU [y tan sólo unos días después de que un grupo de jóvenes portugueses anunciara la demanda interpuesta contra 33 países por su inacción frente al cambio climático], es el siguiente paso en la campaña global Make Big Polluters Pay (¡Hazles pagar a los grandes contaminadores!) El pasado mes de septiembre, organizaciones climáticas de todo el mundo lanzaron una campaña mundial durante la Cumbre de Acción Climática de la ONU en Nueva York en la que se reclamaba la rendición de cuentas de los grandes contaminadores. Con motivo de la COP25 de Madrid, cientos de miles de personas entregaron a los delegados y delegadas de los diferentes países una demanda exigiendo el pago de responsabilidades jurídicas de los grandes contaminadores. Las organizaciones y particulares firmantes se hicieron eco con la demanda del llamado de cerca de 70 países, incluyendo Bolivia, Filipinas y Nigeria.

La responsabilidad jurídica ha adquirido una nueva importancia fruto de la pandemia del COVID-19 y otros desastres medioambientales sin precedentes. Muchos de los grandes contaminadores son en buena parte responsables de la multifacética crisis actual. Al mismo tiempo, estos mismos contaminadores siguen tratando de sacar beneficio solicitando a los gobiernos rescates económicos y proponiendo mecanismos que los colocan como la solución a la crisis que ellos mismos han ocasionado.

La responsabilidad jurídica de los combustibles fósiles y otras industrias contaminadoras es una de las principales áreas de interés en pleno crecimiento de los expertos sobre el clima, académicos y gobiernos. Al igual que lo es la larga historia de negación de la industria y la conexión, cada vez más evidente, que existe entre las emisiones de la industria y el impacto que estas tienen sobre el clima. En Estados Unidos, Vanuatu y Perú, cargos electos y particulares están explorando exigir el pago de responsabilidades jurídicas a grandes contaminadores como la industria de combustibles fósiles por su larga historia de mentiras y destrucción medioambiental.

La comisión de derechos humanos de Filipinas ha concluido que la industria de combustibles fósiles puede ser declarada jurídicamente responsable por su papel en el cambio climático. A principios de este año se logró frenar la ampliación del aeropuerto de Heathrow alegando que violaba el compromiso del gobierno británico con el Acuerdo de París. En 2019, el enfrentamiento de la comunidad pesquera india frente a la corporación financiera internacional (CFI) estableció un precedente legal en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

En Perú, un granjero ha denunciado a una empresa alemana por su papel en la crisis que ha perjudicado a su medio de subsistencia. En Estados Unidos, este mismo año, el tribunal federal falló contra la industria de combustibles fósiles en una cuestión de procedimiento que podría allanar el camino a más ciudades y estados en la exigencia de responsabilidades jurídicas a la industria; e incluso podrían abrirse de nuevo casos que habrían sido previamente desestimados a nivel federal en el país.

¿Qué dicen las organizaciones detrás del movimiento?

“La evidencia científica es clara. La actual industria agroalimentaria es uno de los principales causantes del cambio climático y la destrucción medioambiental. El sistema depende fuertemente de los combustibles fósiles, el extractivismo, los productos agroquímicos, la deforestación y los cambios de uso de la tierra. Y lo que es más importante aún, esta dañina industria afecta directamente sobre una gran cantidad de derechos humanos, en particular el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas. Los grandes contaminadores han de rendir cuentas por su “sucio” negocio a fin de restablecer los servicios ecosistémicos esenciales, recuperar el planeta y proteger los derechos de las presentes y futuras generaciones”, ha dicho Astrud Beringer de FIAN Internacional

“La fachada de promover soluciones basadas en la naturaleza, energía neta nula y compensaciones apunta claramente a un intento por parte de las industrias contaminantes de evitar su obligación inmediata de reducir las emisiones. La Nueva Normalidad llega repleta de masivos rescates a la industria fósil y la industria de la aviación; mientras la industria agrícola sobrevive gracias a perniciosos subsidios y niega su responsabilidad en la crisis climática y en el aumento de las emisiones GEI, la deforestación, la destrucción de los medios de subsistencia y de la seguridad alimentaria de miles de millones de personas. La demanda de responsabilidades jurídicas a las deshonestas corporaciones y a los gobiernos negacionistas por parte de un movimiento popular a nivel global permitirá allanar el camino hacia la exigencia del reconocimiento de la justicia climática, el respeto a la equidad, la igualdad de género, así como los derechos de las comunidades indígenas, locales, campesinas, pesqueras y trabajadores/as”, ha declarado Souparna Lahiri, defensor y consejero de temas relacionados con el clima para la Coalición Mundial de Bosques.

“La hoja de ruta de responsabilidades jurídicas es mucho más que juicios y salas de audiencias. Se trata de hacer que los grandes contaminadores paguen por la devastación que han causado financiando la crisis climática y pongan fin a estos abusos. Se trata de hacer que los grandes contaminadores paguen por causar décadas de sufrimiento y destrucción a comunidades en primera línea de una crisis climática que parece no tener fin. La hoja de ruta nos guiará en el camino dónde los grandes contaminadores son obligados a priorizar el bienestar popular, el del planeta y sus ecosistemas por encima de la expansión, extracción y el beneficio económico”, ha declarado Sriram Madhusoodanan, director de campaña climática para Estados Unidos de Corporate Accountability

“El lanzamiento de la hoja de ruta de responsabilidades jurídicas no podía llegar en momento más idóneo. Esta guía llega como una gran oportunidad para los gobiernos africanos que debe ser aprovechada para exigir finalmente el pago de responsabilidades a las industrias contaminadoras por los abusos perpetrados contra el medioambiente y los derechos humanos en comunidades de todo el continente africado y en el mundo entero”, ha dicho Akinbode Oluwafemi, director ejecutivo de Corporate Accountability (Responsabilidad Corporativa) y Public Participation Africa (Participación Pública África – CAPPA por sus iniciales en inglés).

“Los grandes contaminadores han estado destruyendo nuestro clima, nuestros ecosistemas y medios de subsistencia durante demasiado tiempo. Se las han arreglado para evitar rendir cuentas y se benefician del daño que ellos mismos causan, que afecta de manera desproporcionada a las comunidades del hemisferio sur, personas indígenas, de color, mujeres, trabajadores/as, granjeros/as, campesinos/as y comunidades con bajos ingresos. La hoja de ruta de responsabilidades jurídicas es una herramienta con la que podemos exigir la rendición de cuentas y hacer que aquellos que han provocado la crisis climática de manera consciente paguen por sus actos. Y no sólo eso. La guía establece la base para un cambio sistémico en el que el poder corporativo pierda fuerza y se garanticen los recursos necesarios para una transformación que es ya imprescindible”, ha dicho Sara Shaw, coordinadora de justicia climática y programa energético de Amigos de la Tierra internacional.

“Las mismas personas que ocupan la primera línea de la crisis económica, de salud y alimentaria son los mismos que sufren la crisis climática. Las corporaciones transnacionales se han beneficiado de un sistema quebrado que se basa en una violencia estructural que repetidamente ataca a las poblaciones de color, indígenas, campesinas y comunidades locales. Este sistema de opresión únicamente beneficia a las corporaciones y a las élites del mundo. Pero no existe un planeta alternativo. Al igual que la gente se está levantando contra la opresión y el racismo, debe también hacerlo contra los grandes contaminadores que están destruyendo nuestras vidas, nuestro presente y nuestro futuro. Esta herramienta nos colocará un paso más cerca de lograr que los grandes contaminadores paguen por lo que han provocado y, por lo tanto, un paso más cerca de hacer justicia”, ha dicho Nathalie Regifo Álvarez, directora de campaña climática para América Latina. Corporate Accountability.

“El poder corporativo no conoce límites, desde capturar las políticas públicas a nivel nacional, influenciar y entorpecer las negociaciones multilaterales del clima a impulsar falsas soluciones que además de exacerbar la crisis climática, incrementan únicamente sus riquezas. La avaricia de unos pocos está condenando al resto del mundo a una catástrofe ambiental, social y económica. Muchos ya han muerto a causa de este modelo económico que despoja, destruye y mata. Tenemos que crear vías de movilización y esperanza para cambiar la balanza a favor de los pueblos más vulnerables. El Mapa de Responsabilidad Legal es una valiosa herramienta que pretende ser un aporte para que los estados respondan a los pueblos, no al interés corporativo”, ha declarado Martin Vilela, Responsable de Área, justicia climática e incidencia internacional de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático.

Puedes ver aquí la hoja de ruta de responsabilidades: https://liabilityroadmap.org/

Para cuestiones relacionadas con los medios, por favor, contacta con delrey@fian.org

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