Guerra y Violencia en el Informe 2022 sobre el Estado del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición
El Informe sobre el Estado del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición de este año coincide con los debates sobre alimentación y nutrición en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El informe es un esfuerzo conjunto de la Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición que proporciona una instantánea anual de este derecho humano clave en todo el mundo.
Como reflejo de la evolución mundial, el informe se centra este año en la conexión entre la guerra, la violencia sistémica y la desigualdad estructural. Examina cómo los poderosos actores económicos, en particular los Estados y las empresas, utilizan los conflictos, la ocupación y la guerra para crear y perpetuar su dominio sobre los sistemas alimentarios. El informe también identifica tendencias nacionales y regionales, algunas de las cuales también se aportaron como contribuciones a un importante informe del Relator Especial de la ONU, Michael Fakhri, sobre los conflictos y el derecho a la alimentación.
Conflicto, ocupación y desigualdades estructurales
La invasión rusa de Ucrania perturbó el sistema alimentario mundial y añadió otra capa a la crisis alimentaria mundial de múltiples niveles. Sin embargo, a pesar de dominar los titulares mundiales, no fue el único conflicto que causó niveles récord de desplazados internos.
La mayoría de las personas desnutridas siguien viviendo en países que sufren conflictos armados, como Burkina Faso y partes de la región de Oriente Medio y Norte de África, que pasan en gran medida desapercibidos para los principales medios de comunicación.
Las desigualdades estructurales también siguieron siendo un factor importante.
En Asia, donde vive la mitad de las personas que padecen hambre en el mundo, las desigualdades y la discriminación profundamente arraigadas, la falta de tierras y los bajos salarios se vieron exacerbados por la deficiente aplicación de los planes y programas de lucha contra la pobreza. A ello se sumó el creciente autoritarismo, unido a la reducción del espacio para la sociedad civil, que sigue ensanchando la brecha entre pobres y ricos.
Las entidades financieras privadas siguen siendo acreedoras de una parte cada vez mayor de la deuda externa de los países africanos, lo que ha reducido la capacidad de Estados como Ghana, Zambia, Kenia y Nigeria para responder adecuadamente a la crisis alimentaria a nivel nacional.
El hambre aumentó un 30% en América Latina y el Caribe en los últimos años, y la gran dependencia de las importaciones de fertilizantes y el aumento de los precios de los alimentos han afectado a los medios de subsistencia y al acceso a dietas sanas. Algunas comunidades campesinas han mitigado el impacto de la crisis recuperando prácticas agroecológicas tradicionales, y semillas autóctonas; y apoyándose mutuamente a través de iniciativas solidarias.
Sin respuesta coordinada a la crisis alimentaria mundial
Esta última crisis alimentaria no se ha enfrentado con una respuesta multilateral coordinada y basada en los derechos humanos que dé prioridad a las voces de los países y pueblos más afectados. En su lugar, hemos asistido a una plétora de iniciativas que se solapan y compiten entre sí, lo que obstaculiza las acciones coordinadas que se necesitan con urgencia. Esto podría haberse evitado si se hubiera facultado al organismo de la ONU con el mandato de coordinar, dar respuestas políticas y prever la participación oficial de los grupos más afectados: el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de la ONU.
Sin embargo, el mandato y el papel del CSA se han visto socavados por poderosos gobiernos y corporaciones que utilizan la crisis alimentaria global para debilitar la gobernanza alimentaria mundial inclusiva y promover el multipartidismo. Han introducido iniciativas poco sistemáticas e ineficaces porque no están dispuestos a abordar las causas profundas de un sistema fallido que sirve a sus intereses. Este enfoque ignora el hecho de que la dependencia de las importaciones de alimentos significa vulnerabilidad, especialmente para los países y pueblos en situación de pobreza. Sólo ocho países representan el 90% de las exportaciones mundiales de trigo, y sólo cuatro empresas controlan la inmensa mayoría del comercio mundial de cereales.
No es posible encontrar soluciones a largo plazo a las múltiples crisis mundiales en estas condiciones de poder no regulado y de control de los sistemas alimentarios dominantes por parte de las empresas y los gobiernos ricos. La sociedad civil, los pueblos indígenas y los movimientos sociales reclaman un enfoque diferente que apoye la soberanía alimentaria local y la agroecología basada en los derechos humanos y el interés público.
El contenido de este informe se basa en las aportaciones de los miembros de la Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición (GNRtFN), complementadas con información proporcionada por otras redes, así como por encuestas e informes relevantes, como el del Mecanismo para la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (CSIPM). Este Informe forma parte de las iniciativas de seguimiento más amplias de la GNRtFN: La Herramienta de Monitoreo de los Pueblos para el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición y la guía feminista Cocinando Agendas Políticas.
Para más información, póngase en contacto con Tom Sullivan: sullivan@fian.org
