Petición al gobierno brasileño: Defender el derecho al territorio de los pueblos indígenas y de las comunidades tradicionales

Anastacio Peralta (Guarani-Kaiowá)

En la actualidad, Brasil está debatiendo y procesando varias propuestas regresivas que modificarían las políticas públicas relacionadas con el acceso a los territorios de los pueblos indígenas y de las comunidades tradicionales.

Los derechos humanos de los pueblos indígenas a una alimentación adecuada y a un territorio han sido violados a lo largo de la historia. Estos pueblos viven en condiciones de marginalización, discriminación, persecución y violencia debido a la falta de acceso a territorios comunitarios, como son los casos de la comunidad Brejo dos Crioulos y de los 40 mil Guarani-Kaiowá.

Por favor únase a nuestro llamado para exigir que las autoridades Brasileñas no aprueben las propuestas de ley que socavan los derechos humanos básicos de los pueblos indígenas de Brasil, sino que, en cambio, garanticen el derecho al territorio a los indígenas y a las comunidades tradicionales de acuerdo con la política actual de títulos de propiedad.

Por favor vea y firme la petición abajo.

Esta petición será entregada a la Presidenta de Brasil Dilma Roussef, a los presidentes del Congreso Nacional y de la Corte Suprema de Justicia, y a las embajadas del Brasil en el mundo durante la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre.

Antecedentes

Mujeres Guaraníes

1. Comunidad Guarani-kaiowá

Más de cuarenta mil Guarani-kaiowá viven en el sur de Mato Grosso do Sul en una situación de confinamiento que les impide vivir de acuerdo con su cultura y tradiciones. Viven en unas condiciones de marginación, discriminación y persecución, con hambre y malnutrición crónicas; el derecho al territorio y otros derechos relacionados de estas personas no son garantizados.

Las reticencias del gobierno a la hora de resolver estos asuntos relacionados con el territorio han conducido a todo tipo de violaciones contra la comunidad Guarani-kaiowá. En 2012, 22 casos de intento de asesinato de personas indígenas fueron denunciados en este país, siendo 11 de esos casos denunciados en Mato Grosso do Sul, con los Guaranis como víctimas. El 73% de los niños Guarani-kaiowá menores de 5 años sufren de malnutrición.

2. El caso de la comunidad de Brejo dos Crioulos

La comunidad quilomba de Brejo dos Crioulos, localizada en el norte de Minas Gerais, incluye 512 familias que han estado luchando durante más de 14 años por la obtención de los títulos de sus tierras. Los miembros quilombola viven confinados en unas áreas muy reducidas en las que no es posible realizar una agricultura de subsistencia. Debido a la extremada lentitud del proceso de concesión de títulos, esta comunidad ha optado por una nueva estrategia: la reocupación de sus territorios. El 15 de septiembre de 2012, en medio del conflicto de ocupación, murieron dos hombres armados que vigilaban la finca privada.  Tras estos hechos, cinco miembros de los quilombolos fueron arrestados y acusados de asesinato. Desde entonces, el poder judicial ha actuado de una manera no imparcial, manteniendo en prisión a 4 de los miembros de la comunidad quilombola a pesar de que no existe ninguna prueba que relacione a estos individuos con los asesinatos.

3. Retroceso en los Derechos de Pueblos Indígenas y Comunidades Tradicionales

Aunque un amplio marco legal reconoce los derechos de los Pueblos Indígenas y de las Comunidades Tradicionales, todavía quedan por hacer muchas cosas, como por ejemplo en lo relacionado con el Artículo 67 de las Disposiciones Constitucionales Provisionales de la Constitución Federal de 1988, que establecía un límite de 5 años para la finalización del proceso de demarcación de los territorios indígenas. Este periodo terminó hace ya 20 años y muchas de las personas indígenas continúan sufriendo la falta de acceso al territorio.

En la actualidad, diferentes ramas del gobierno están debatiendo varias propuestas que pretenden seguir reduciendo los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades tradicionales:

3.1 - Medidas Legales

a. El Proyecto de Ley Complementario (PLP) 227/2012, - ordena un estudio de viabilidad económico y social a manos de un grupo formado por un antropólogo de FUNAI (Fundación Indígena Nacional), empleados de los Ministerios de Agricultura y Justicia, historiadores, representantes del grupo indígena, y también por los propietarios de los terrenos que serán expropiados. Esta política dificultaría la creación de nuevas áreas de terreno para los pueblos indígenas y violaría aquello que la constitución y los tratados constitucionales establecen en la actualidad. Las actividades del grupo de trabajo ya están en marcha; parlamentarios e indígenas están participando.

b. Enmienda Constitucional 215/2000 - PEC 215 - propuesta de una enmienda constitucional que asignaría la responsabilidad en el proceso de demarcación y ratificación de los territorios indígenas y quilombolos que ya han sido homologados en el Congreso Nacional. Esta propuesta representa un grave retroceso histórico en la lucha para garantizar el derecho al territorio de estas personas y está diseñada para crear obstáculos en la realización del derecho al territorio de los pueblos indígenas, ya que los indígenas no cuentan con representación en el Congreso Nacional para poder defender directamente sus derechos e intereses.

c. Ley 1.610/96, que regula la minería en territorios indígenas y que, entre otros serios impactos, ni garantiza la autonomía de los pueblos indígenas, ni cumple con el Artículo 09 de la Convención 169 de la OIT. Este artículo garantiza el derecho de los pueblos indígenas a una consulta previa, libre e informada y que el debate amplio alrededor de esta ley esté relacionado con la aprobación del Estatuto de los Pueblos Indígenas.

3.2 - Medidas Ejecutivas

d. Una nueva política de demarcación de Territorios Indígenas propuesta por el gobierno federal que descentraliza este proceso, que en la actualidad queda bajo la responsabilidad de FUNAI - El 8 de mayo de 2013, el ministro Gleisi Hoffman (Casa Civil), afirmó que el gobierno anunciará una nueva política de demarcación para los territorios indígenas, descentralizando el proceso actualmente asignado a FUNAI. La primera medida consiste en la inclusión de otros órganos de gobierno en el proceso de definición de los territorios indígenas, como por ejemplo Embrapa (Compañía de Investigación Agrícola Brasileña), cuyo propósito sería el de crear un mapa que designe estas áreas alrededor del país. Los Ministerios de Desarrollo Agrícola y de Agricultura también serían consultados. Todos estos órganos están bajo una tremenda presión de la agroindustria. En la actualidad, FUNAI es la única parte responsable de esta tarea, aunque también trabaja con el Ministerio de Justicia.

3.3 - Medidas Judiciales

Demanda Directa de Inconstitucionalidad 3239 (ADIN 3239), propuesta por el Partido Demócrata contra el decreto 4887/2003, que regula la demarcación de los territorios ocupados por los miembros de las comunidades quilombolas que aún permanecen. El Partido Demócrata (DEM) cuestiona la falta de cumplimiento de la ley Decreto 4.887/2003.

     http://www.incra.gov.br/index.php/estrutura-fundiaria/quilombolas