Acción Urgente - Filipinas: Amenazado el Derecho a la Alimentación de 6.212 agricultores a pesar de la expedición de títulos de propiedad

Manifestación en Manila para defender la reforma agraria. Foto: Astrud Beringer/FIAN Filipinas.

Inicio de la Accción: 19/02/2014 - Fin de la Acción: 17/04/2014     

Tras décadas de lucha por la implementación del Programa de Reforma Agraria Integral, las personas agricultoras beneficiarias de Hacienda Luisita por fin consiguieron sus títulos de propiedad con la Adjudicación de los Certificados de Propiedad de los Terrenos por el Departamento de Reforma Agraria en octubre de 2013. Aunque han obtenido los títulos de propiedad, las personas agricultoras beneficiarias todavía no pueden cultivar los terrenos asignados, por lo que no pueden ejercitar su derecho a una alimentación adecuada. Esto se debe en parte a: la lentitud en el proceso de evaluación de los terrenos por el departamento de Reforma Agraria, necesario para identificar los límites de los lotes entregados a las personas agricultoras beneficiarias; la existencia de contratos informales con partes terceras/terratenientes según los cuales las personas beneficiarias han alquilado los terrenos para el cultivo de caña de azúcar; y la falta de medidas de protección social y de servicios de apoyo para convertir los terrenos asignados en terrenos productivos una vez la distribución de las tierras haya concluido.

Este caso necesita de su ACCION URGENTE, exigiéndole al gobierno filipino a través de cartas: que los trabajadores y trabajadoras agrícolas sean inmediatamente instalados/-as en sus terrenos, y que se proporcionen los servicios de apoyo y las medidas de protección social esenciales para asegurar el derecho a la alimentación de las personas agricultoras beneficiarias y sus familias.   

Acción:

Por favor, envíen un correo al Ministro del Departamento de Reforma Agraria, con una copia para él y otra para el Ministro del Departamento de Agricultura, exigiéndoles que tomen las medidas necesarias para garantizar el derecho a la alimentación de las personas agricultoras beneficiarias y sus familias.

Por favor, informar a FIAN en caso de recibir respuestas a sus cartas.

Mayor información

Tratando de encontrar uno de los marcadores de tierra. Foto: Rights Network Inc.

Antecedentes

El programa de reforma agraria nacional de Filipinas, conocido como Programa de Reforma Agraria Integral (CARP), fue creado en 1988, teniendo como objetivo la distribución de todos los terrenos agrícolas mayores de 5 hectáreas entre personas agricultoras sin tierra y trabajadores y trabajadoras agrícolas. Una de las mayores propiedades que iba a ser distribuida por el CARP era Hacienda Luisita, una inmensa plantación de caña de azúcar propiedad de la familia del actual Presidente Benigno Simeon Cojuangco Aquino III.

La sección 31 del CARP permitía a los grandes propietarios y propietarias de terreno la opción de entregar a las personas agricultoras la propiedad parcial de alguna compañía (en forma de acciones) en lugar de distribuir el terreno. Este modo de distribución de las propiedades, conocido como "Opción de Distribución de Acciones" (SDO, por sus siglas en inglés), fue el elegido por Hacienda Luisita Inc., la compañía creada por los Cojuangcos. En vez de adquirir terrenos para su cultivo, las personas agricultoras de Hacienda Luisita recibieron acciones calculadas en función del número de días trabajados. Las personas propietarias poco a poco fueron traspasando importantes porciones de la hacienda a complejos residenciales, comerciales e industriales, por lo que el tamaño del terreno fue disminuyendo, lo que condujo a una producción inferior, una reducción de los días trabajados por persona y un sueldo neto mucho menor, provocando finalmente la reducción en el número de trabajadores y trabajadoras agrícolas. Los trabajadores y trabajadoras agrícolas despedidos/-as dejaron de cobrar sus nóminas, y dejaron de recibir acciones. Los sueldos de los trabajadores y trabajadoras agrícolas eran tan bajos (unos dos USD al día) que no podían alimentar a sus familias de una manera adecuada.

Por lo tanto, los trabajadores y trabajadoras agrícolas de la Hacienda Luisita se han opuesto constantemente al programa SDO que les niega su derecho a ser propietarios y propietarias directos de la tierra, cuando este era el objetivo del CARP. Tras décadas de lucha, el 12 de abril de 2012 la Corte Suprema de Filipinas revocó de forma definitiva la SDO y ordenó la redistribución de las 4.102 hectáreas de terreno entre los trabajadores y trabajadoras agrícolas. El 27 de febrero de 2013, el Departamento de Reforma Agraria (DAR) publicó la lista de beneficiarios y beneficiarias, con la que la hacienda se distribuía entre 6.212 trabajadores y trabajadoras agrícolas, adquiriendo cada uno/-a un lote de 6.600 metros cuadrados. Aunque la mayoría de los trabajadores y trabajadoras ya han recibido sus títulos de propiedad, todavía no están en posesión de sus tierras, por lo que todavía no pueden cultivar sus terrenos para ejercitar su derecho al acceso a la tierra y a la alimentación. Existen diversos obstáculos. Primeramente, el DAR continúa con su evaluación del terreno para establecer los límites, pero aun faltan la mitad de las propiedades. Además, nos han informado que algunos de los marcadores de las delimitaciones han desaparecido o han sido destrozados. La evaluación y la demarcación de los terrenos deben completarse para que las personas agricultoras beneficiarias puedan instalarse completamente en sus lotes. En segundo lugar, la mayoría de los lotes que deben ser distribuidos están siendo cultivados actualmente con caña de azúcar por personas intermediarias/arrendadores ("ariendador").

Para poder sobrevivir, desde 2004, y especialmente después del 2006, muchas de las personas agricultoras espontáneamente ocuparon el terreno y establecieron contratos informales con las personas ariendadoras, a las que alquilaban sus terrenos. Estos contratos son muy polémicos, ya que no solo quedaron acordados sobre una base informal, además reúnen unas condiciones injustas, por ejemplo, la totalidad de la propiedad era arrendada a la persona ariendadora, por lo que las personas agricultoras beneficiarias no podían cultivar ni siquiera una pequeña parte del terreno para satisfacer sus necesidades, ni tenían acceso al mismo, ni obtenían ningún beneficio de las rentas. Solo recibían un pequeño préstamo de un máximo de 7.000 Pesos Filipinos (unos 150 USD). A día de hoy, el 95 por ciento de los terrenos otorgados han sido alquilados a personas ariendadoras y son cultivados con caña de azúcar. Y además, es imposible saber hasta cuando se seguirá cultivando caña de azúcar, ya que, debido a las penurias económicas, algunos de los trabajadores y trabajadoras agrícolas se han visto forzados/-as a renovar sus contratos con las personas ariendadoras. Esto ralentizará el proceso de instalación. En todo este tiempo, las personas agricultoras beneficiarias y sus familias no han podido acceder a sus terrenos, ni han podido procurarse un sustento. En tercer lugar, por el momento el DAR ha fracasado a la hora de proporcionar unas medidas de protección social y servicios de apoyo, por ejemplo, capital/crédito inicial, sistemas de irrigación, semillas, maquinaria agrícola (tractores), especialmente entre aquellas personas que no dejaron sus terrenos en manos de las personas ariendadoras.

Por todo esto es necesario, para prevenir futuros sufrimientos a causa del hambre, que el DAR acelere el proceso de demarcación de los terrenos, instalando inmediatamente a las personas agricultoras beneficiarias en los lotes adjudicados, y proporcione urgentemente las medidas necesarias de protección social y servicios de apoyo.

Mandato de FIAN

Filipinas es uno de los Estados parte del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y por lo tanto, sus autoridades están obligadas a respetar y cumplir el derecho a la alimentación de su pueblo. El gobierno de Filipinas ha incumplido su obligación de proteger el derecho a la alimentación al no regular las injustas condiciones de los contratos firmados por las personas ariendadoras, ya que estos contratos tienen un impacto negativo en el derecho a una alimentación adecuada de los trabajadores y trabajadoras agrícolas. Finalmente, el gobierno filipino ha fracasado en la realización del derecho a la alimentación de las personas agricultoras de la Hacienda Luisita al no implementar adecuadamente el Programa de Reforma Agraria Integral, un programa cuyo objetivo consiste en la distribución de terrenos y la proporción de suficientes servicios de apoyo entre las personas agricultoras sin tierra para garantizar su derecho a una alimentación adecuada.