Filipinas: el derecho la alimentación de 500 personas agricultoras está siendo amenazado

Foto: Departmento de la Reforma Agraria

Inicio de la Accción 17 de abril 2014 ; Fin de la Accción 17 de junio 2014

Desde 2004, las personas agricultoras aparceras/arrendatarias de     Hacienda Matías han estado exigiendo la distribución de 1.716 hectáreas de tierra bajo el programa de reforma agraria nacional. La reforma agraria, no obstante, todavía no se ha implementado en Hacienda Matías y las personas arrendatarias de los terrenos y sus familias continúan siendo acosadas y sufriendo inseguridad alimentaria. Todo esto es debido a la resistencia del propietario de los terrenos, pero también se debe a retrasos en la Oficina Presidencial, y a la lenta implementación de una evaluación de los terrenos por el Departamento de Reforma Agraria.

Este caso requiere de su     ACCIÓN URGENTE para exigirle al gobierno filipino la aceleración del proceso de redistribución de los terrenos que garantice, por un lado el derecho a la alimentación de los agricultores arrendatarios y sus familias, y por otro el cese del acoso hacia las personas arrendatarias.

ACCIÓN

Por favor, escriba al Presidente de la República de Filipinas, enviando una copia a la Oficina del Presidente de Filipinas, al Departamento de Reforma Agraria, y a la Oficina Provincial de Reforma Agraria-Quezón II, exigiéndoles la aceleración del proceso de redistribución de los terrenos que garantice, por un lado el derecho a la alimentación de los agricultores arrendatarios y sus familias, y por otro el cese del acoso hacia las personas arrendatarias.

Por favor, informar a FIAN en caso de recibir respuestas a sus cartas.

Firme abajo esta     Acción Urgente y también aprenda más acerca de la Hacienda Matias

Mayor información

Hacienda Matias. Photo: Marina Wetzlmaier, 2011.

Antecedentes

Hacienda Matías es una plantación de coco que se encuentra en la municipalidad de San Francisco en la Península Bondoc, en la provincia de Quezón. En la actualidad viven en la hacienda de 1.716 hectáreas unas 500 personas agricultoras arrendatarias y sus familias. En 2004, estas personas pidieron que estos terrenos entraran a formar parte del     Programa de Reforma Agraria Integral (CARP, por sus siglas en inglés). El CARP fue promulgado en 1988.

Poco después, el propietario de las tierras presentó una petición para la exclusión de dichos terrenos del CARP. Su petición fue, no obstante, denegada en dos ocasiones por el Departamento de Reforma Agraria (DRA). Posteriormente, el propietario elevó el caso y presentó una petición ante la Oficina Presidencial (OP). La OP denegó la petición, reafirmando las decisiones previas del DRA. Sin embargo, poco después, el propietario presentó una moción de reconsideración ante la OP, que en la actualidad continúa pendiente. Además, la publicación de la orden administrativa del DRA (A.O. 7 Series 2011), que impide que el DRA tome posesión de los terrenos hasta que se detenga la protesta o se emita una decisión final y definitiva de la solicitud de exención. En vista de estos desarrollos, el proceso de distribución de los terrenos ha llegado a un callejón sin salida en Hacienda Matías.

Los diversos intentos por parte del DRA en el pasado para iniciar la distribución de los terrenos de la     Hacienda Matías entre las personas arrendatarias encontraron una fuerte oposición por parte del propietario. En diciembre de 2010, el DRA comenzó el proceso de evaluación de los terrenos, a través del cual fueron inspeccionados 5 de los 7 lotes de Hacienda Matías, y además, el Banco Agrícola de Filipinas realizó el pago de tres de esos lotes. Sin embargo, los lotes restantes todavía deben ser evaluados. El último intento del DRA para entrar en la hacienda en agosto de 2013 no tuvo éxito, a pesar de la presencia de efectivos policiales y militares. El fracaso del DRA para evaluar las partes pendientes pone en entredicho la soberanía de la ley. Las personas arrendatarias y sus familias continúan viviendo bajo el miedo debido al acoso sistemático, la intimidación y la criminalización (por ejemplo, acoso físico y cargos inventados contra las personas arrendatarias). Se está negando el derecho de estas personas a contar con un acceso pacífico al territorio para alimentarse a sí mismas.

Además, a causa de los predominantes acuerdos de aparcería (por los que las personas arrendatarias reciben un 30 por ciento de los ingresos netos), muchos de estos agricultores aparceros han solicitado al DRA un sistema de arrendamiento, que si fuera implementado, permitiría que estas personas arrendatarias recibieran el 75 por ciento de los ingresos netos. No obstante, la implementación de este sistema está siendo retrasada debido a la resistencia del propietario ante este nuevo acuerdo de reparto. Actualmente, los ingresos que las personas arrendatarias y sus familias reciben a través del antiguo acuerdo de reparto son tan mínimos que no les permiten alimentarse a sí mismos adecuadamente.

Por qué FIAN pide su intervención:

Al retrasar la implementación del CARP a causa de las negligencias pasadas del DRA, y a causa de la publicación de la O.A. No. 7 Series 2011, Filipinas está fallando en la garantía del derecho a una alimentación adecuada para las personas agricultoras arrendatarias de Hacienda Matías. Además, el gobierno de Filipinas ha errado en la protección de las personas arrendatarias y sus familias del acoso, la criminalización y la violencia. El fracaso a la hora de cumplir estas obligaciones equivale a una violación de los derechos humanos.