| 19-11-2018

Las políticas de austeridad en Grecia duplica la inseguridad alimentaria

Un nuevo estudio muestra el impacto que han tenido las medidas de austeridad en la alimentación y agricultura del país

Un nuevo estudio, publicado hoy, muestra que cerca del 40% de los habitantes de zonas rurales en Grecia está en riesgo de pobreza, al mismo tiempo que la inseguridad alimentaria se ha multiplicado por dos en el país.

Democracy Not For Sale: The Struggle for Food Sovereignty in the Age of Austerity in Greece (La democracia no está en venta: la lucha por la soberanía alimentaria en la era de la austeridad en Grecia), realizado por Transnational Institute, FIAN Internacional y Agroecopolis, ofrece un análisis único del impacto que tienen las medidas de austeridad en la agricultura y en la seguridad alimentaria del país.

 

Algunas de las conclusiones del informe son:

  • se estima que el 38,9% de los habitantes de zonas rurales de Grecia está en riesgo de pobreza;
  • alrededor del 40% de los niños y niñas griegos se enfrenta a carencias materiales y sociales;
  • el desempleo rural pasó del 7% en 2008 al 25% en 2013, al mismo tiempo que el ingreso per cápita cayó un 23,5% durante los años de crisis (2008-2013);
  • la inseguridad alimentaria se ha multiplicado por dos durante la crisis, pasando del 7% en 2008 a más del 14% en 2016.


El informe se sostiene en un trabajo de campo y entrevistas con más de 100 actores clave en 26 localidades en Grecia, así como en análisis estadísticos macroeconómicos y revisión de documentos. El informe muestra cómo el hambre, la inseguridad alimentaria, la pobreza y la carencia material en Grecia son consecuencia directa de los paquetes de medidas de austeridad impuestos al país.

Un significativo número de reformas estructurales llevadas a cabo en el país ha inclinado la balanza a favor de los grandes minoristas de alimentos y empresas privadas, y en detrimento de los productores a pequeña escala.

Estas reformas incluyen:

  • liberalización del mercado minorista, con medidas como la eliminación de las restricciones en la venta de bienes de consumo en supermercados, la flexibilización de la legislación laboral y la tendencia hacia el comercio dominical;
  • liberalización del comercio mayorista, en concreto con la privatización de la antes pública y rentable Organización Central de Mercados y Pesca, el principal operador de alimentos mayorista en Grecia y responsable de los dos mercados más grandes de alimentos del país y de 11 mercados de pescado;
  • privatizaciones, entre las que se incluye la privatización del Banco agrícola de Grecia (ATE) y de la mayor cooperativa lechera AGNO. Como resultado, ha aumentado el gasto para los granjeros y se ha reducido el acceso al crédito rural, a los servicios financieros especializados y a los consejos agrónomos.

Como resultado final de estas medidas de austeridad, el informe concluye que Grecia ha violado el derecho humano a la alimentación de la población que vive dentro de sus fronteras. Asimismo, los estados miembros de la Eurozona, como prestamistas directos, son igualmente responsables al haber firmado el MoUs, con el que se ha presionado al gobierno griego en la toma de dichas medidas. En calidad de estados miembros del Comité Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, los estados miembros de la Eurozona han vulnerado sus obligaciones extraterritoriales en el respeto del derecho a la alimentación en Grecia.

El informe se presenta diez años después del comienzo de la crisis económica y tan sólo unos meses después de que se suspendan los programas de austeridad que se impusieron a Grecia como condición para los sucesivos “rescates”. “Se nos dice ahora que Grecia está fuera de peligro, pero el impacto en los estándares de vida en las familias griegas ha sido enorme, y de un modo particular en el derecho a la alimentación. Es fundamental que se aprenda una lección de lo sucedido. Estas conclusiones contribuyen de manera significativa en el debate que ha de tener comenzar ahora”, ha afirmado Oliver De Schutter, anterior Relator especial de la ONU por el derecho a la alimentación (2008-2014) y miembro del Comité de derechos económicos, sociales y culturales de la ONU.

Para información a la prensa, contacta con     delrel(at)fian.org 

Puedes acceder al informe     aquí.