La sociedad civil en Ecuador lidera el camino en la protección del sistema de semillas campesina

El Colectivo Ecuador Libre de Transgénicos, en 2017, reunió a diversas organizaciones y activistas en una lucha para hacer respetar la constitución. y es que en ese año se publicó la nueva Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable, que abrió la posibilidad del ingreso de semillas transgénicas con fines investigativos e incluía restricciones en la libre circulación de semillas.

En enero de 2022, tras años de protesta y batallas en los juzgados, el Colectivo ganó el caso, fortaleciendo así las medidas constitucionales en materia de semillas y cultivos transgénicos.

Entrevista con Ana Lucia Bravo, del Colectivo Ecuador Libre de Transgénicos

¿Por qué resulta significativo este caso?

En Ecuador, las semillas están protegidas a nivel constitucional gracias al trabajo de articulación llevado a cabo por las organizaciones sociales, indígenas, campesinas y otras de la sociedad civil, enfrentando la introducción de transgénicos y la neoliberalización de la agricultura.

Lo que tratamos fue garantizar la libre circulación de las semillas campesinas sin las trabas asociadas a las normas comerciales y de propiedad intelectual. Podíamos ver claras y latentes amenazas para limitar la libre circulación y uso de semillas, así como la criminalización de la gente que seguía usando las semillas campesinas. Esta era nuestra idea con el cambio en la constitución.

Lamentablemente, las normas para construir la soberanía alimentaria no se implementaron y, al contrario, hubo un retroceso. Una de las cosas más preocupantes fue la aprobación de la ley de biodiversidad, semillas y fomento a la agricultura sustentable, en la que se incluían prohibiciones a la libre circulación de semillas. Así, esta ley exigía, por ejemplo, que las semillas tuvieran que pasar por procesos fitosanitarios para su comercialización.

Asimismo, las autoridades también establecieron un único mercado de semillas certificadas y comerciales con subsidio del estado, al igual que se ha hecho en toda América Latina, además de permitir la introducción de transgénicos. Esta ley estaba cambiando todo el trabajo que habíamos realizado en defensa de las semillas y de la soberanía alimentaria.

Es en este momento cuando surge el Colectivo Ecuador Libre de Transgénicos y se presentan varias demandas de inconstitucionalidad a la ley. En estas, pedimos      que se mantuviese el reconocimiento de Ecuador como país libre de semillas OMG y el respeto por parte de las autoridades de las normas constitucionales en materia de semillas, es decir, que no haya límites para su circulación en el país y que se reconozca el conocimiento tradicional.

Se presentaron seis demandas y los colectivos nos articulamos para hacer incidencia en la Corte Constitucional del Ecuador con plantones, durante un proceso que duró cuatro años, hasta que, en enero de este año, ganamos la sentencia.

¿Qué se ha logrado con esta última resolución?

Vemos esta sentencia como una victoria porque, en primer lugar, reconoce a Ecuador como un país libre de transgénicos, de cultivos y de semillas transgénicas. Lo cual nos permite ampliar los horizontes de la soberanía alimentaria sin estos riesgos o peligros.

Ahora, el estado está obligado a promover los dos tipos de sistemas. Si las autoridades promueven y dan subsidios a las semillas, han de hacerlo con programas tanto para las semillas certificadas como para las semillas campesinas. Antes, el estado utilizaba los recursos para promover un único modelo, el agroindustrial.

¿Qué supone esto en la práctica sobre el derecho campesino a compartir las semillas?

Ahora, las semillas campesinas pueden ser publicitadas y comercializadas sin estar registradas. De esta manera, volvemos al hecho de que las semillas son libres y pueden circular sin necesidad de certificación. La sentencia es muy clara y existen dos sistemas de semillas: las semillas campesinas, de los pueblos y comunidades, y las semillas industriales. Con esto, las semillas industriales pasan a ser las que tienen que contar con un proceso de certificación, deben cumplir las normas y deben publicitarse de acuerdo a esas normas. Las semillas campesinas, al contrario, no necesitan cumplir con ese proceso de certificación para publicitarse.

Otro punto importante es que la ley reconocía únicamente como semillas de calidad a las semillas avaladas por un laboratorio. En la resolución, la Corte subraya que esto no es correcto porque, a la larga, en un estado plurinacional y pluricultural, se estaría omitiendo el conocimiento tradicional, los saberes y las prácticas de los pueblos en relación al uso y conservación de las semillas. La Corte ha retirado esta limitación y reconoce la calidad de las semillas de conocimiento tradicional, las prácticas ancestrales y el manejo de los pueblos y comunidades. De esta manera, devolvemos las semillas a quienes pertenecen, a la gente.

Por último, la ley también resulta muy importante al reconocer la soberanía alimentaria como un derecho y así lo refleja. Si bien no queda establecido como un derecho en la Constitución, esta sentencia habla sobre un derecho a la soberanía alimentaria, el derecho y la capacidad que todas las mujeres y hombres ecuatorianos tenemos de producir nuestro propio alimento y escoger de lo que nos alimentamos.

¿Qué es lo siguiente?

Esperamos que se fortalezcan todas las prácticas, las organizaciones de intercambio de semillas, las ferias, el conocimiento.

Hay muchísimas experiencias en el país y nuestro llamado es a que eso se multiplique, a mantener las semillas en las manos de la gente, y a garantizar que podamos tener nuestras semillas para producir nuestro alimento.