Es momento de exigir responsabilidades a las corporaciones por los crímenes cometidos contra los derechos humanos y el medioambiente
Las corporaciones transnacionales gozan de impunidad frente a procedimientos legales y rendición de cuentas por los abusos cometidos en los países en desarrollo. Unos crímenes que habitualmente están ligados al acaparamiento de tierras y a la contaminación medioambiental. Con motivo de la fase de negociaciones de este lunes para la aprobación de un tratado vinculante de la ONU en Ginebra, es la oportunidad perfecta para que los estados exijan responsabilidades a estas corporaciones con estos crímenes
FIAN internacional se solidariza con cientos de movimientos sociales y grupos de sociedad civil de todo el mundo en un llamado a la aprobación de un tratado vinculante que cuente con la suficiente capacidad para proteger a las comunidades campesinas, pequeños grupos de agricultores/as, indígenas y comunidades que no cuentan con los recursos necesarios para defender sus vidas, salud y subsistencia frente a la amenaza corporativa.
“Existen demasiadas lagunas en la legislación internacional que permiten la impunidad de las corporaciones y que contribuyen o tienen un serio impacto sobre los derechos humanos. Tras siete años de conversaciones, los gobiernos han de permanecer firmes del lado de las comunidades afectadas y hacer avanzar estas negociaciones, teniendo en cuenta la urgente necesidad de soluciones a nivel global”, ha dicho la representante permanente de FIAN Internacional en la ONU Ana María Suarez Franco.
No existe actualmente ningún marco legal vinculante global que regule las actividades y la cadena de valor de las compañías transnacionales de minería, agroindustria y otros negocios con un atroz historial de abusos contra los derechos humanos. Esto resulta parcialmente problemático en los países ricos del hemisferio sur que cuentan con la protección legal más débil. En estos casos, las compañías se permiten argumentar que no están rompiendo ninguna legislación local o internacional cuando fuerzan a las comunidades a salir de sus tierras, contaminan el aire de sus entornos e incluso ocasionan la pérdida de vidas.
Directrices voluntarias como los Principios Rectores de la ONU sobre derechos humanos y empresas o legislaciones nacionales como la ley francesa sobre el deber de vigilancia de las corporaciones transnacionales no son suficiente para proteger a las comunidades y el medioambiente frente a las corporaciones sin escrúpulos. Como han demostrado recientes casos destacados como el desplazamiento masivo de las comunidades de Uganda por el gigante petrolero francés Total, el desastre de la presa Brumadinho en Brasil y el acaparamiento de tierras llevado a cabo por POSCO en India, resulta imprescindible el establecimiento de un robusto paquete de reglas vinculantes que garantice los derechos humanos de las personas y los priorice frente a los intereses económicos.
“El establecimiento de un tratado internacional para las corporaciones transnacionales y otras empresas de negocios resulta imprescindible para gobernar las actuales economías globalizadas”, ha dicho Ana María Suarez Franco. “Un marco legal igualitario resolverá las lagunas en asuntos de protección, permitiendo a las personas un mejor acceso a la justicia y exigiendo a las compañías responsabilidades por el impacto de sus acciones sobre los derechos humanos y el medioambiente”, ha añadido.
Tras el fracasado intento por frenar el creciente poder de la agroindustria de la Cumbre de la ONU sobre los Sistemas Alimentarios del mes pasado en Roma, resulta más importante que nunca aprovechar esta oportunidad frente a la ONU en Ginebra entre el 25 y el 29 de octubre.
No ha de permitirse que los intereses corporativos, o los intentos de los estados por defender a estos a expensas de las personas, secuestren el Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta por un tratado vinculante para las empresas transnacionales y otras empresas comerciales con respecto a los derechos humanos (GTA), como ya ha sucedido en el pasado con iniciativas similares.
Esto supondría la pérdida de una gran oportunidad para las comunidades en la lucha contra los abusos a los derechos humanos en todo el mundo y dentro del sistema de la ONU.