El CDH afirma que la injusticia alimentaria estaba ampliamente presente antes de la pandemia

A través de una resolución del derecho a la alimentación adoptada hoy, el Comité de Derechos Humanos (CDH) ha puesto de manifiesto su profunda preocupación por el acusado aumento del número de personas que sufren hambre desde que comenzara la pandemia y, al mismo tiempo, reconoce que la tendencia es previa al COVID-19 y que se remonta a 2015. Asimismo, el Comité ha reconocido la conexión que existe entre los derechos humanos, los acuerdos políticos, los sistemas alimentarios y la gobernanza mundial y ha solicitado a los gobiernos de todo el mundo que reconsideren las políticas que dificultan la realización del derecho a la alimentación.

Esta resolución llega pocas semanas después de que el Relator de la ONU para el Derecho a la Alimentación, Michael Fakhri, presentara el primer informe de su periodo, donde resalta el impacto que las políticas puestas en práctica durante el COVID-19 han tenido sobre las comunidades más vulnerables y de zonas rurales. De igual modo, Fakhri expresó su preocupación con relación a la próxima Cumbre sobre los Sistemas de Alimentación, puesta en cuestión por cientos de organizaciones de sociedad civil, de campesinos/as y de comunidades indígenas.

Las políticas durante el COVID-19 quedan por debajo de las expectativas.

Como pone de manifiesto el informe de Fakhi, algunas de las medidas impuestas por los gobiernos con el objetivo de frenar la propagación del COVID-19 han obviado la realidad de amplios sectores de la población. Las restricciones han dificultado la posibilidad de trabajar y, sin un salario o sin la posibilidad de recibir un salario, no hay comida o, en el mejor de los casos, se reduce la cantidad de alimentos y su capacidad nutricional.

"La gente no tiene acceso a alimentos porque cerca de la mitad de la mano de obra de los 3.300 millones de trabajadores/as del mundo corren el riesgo de perder su medio de subsistencia. Los trabajadores/as informales, migrantes y otras personas marginadas son especialmente vulnerables ya que la mayor parte no recibe protección social ni tiene acceso a un sistema de salud de calidad", ha subrayado el informe.

 

Ya en abril de 2020, FIAN Internacional advertía sobre los inmediatos impactos y los potenciales riesgos a medio plazo que estas medidas podían tener: desde dejar a millones de niños y niñas sin acceso a la comida escolar como consecuencia del cierre de los colegios, hasta el fortalecimiento de los supermercados frente al debilitamiento de mercados locales y cooperativas. FIAN Internacional ha reiterado que esto no es el resultado de no haber aplicado el marco de derechos humanos a las políticas públicas puestas en marcha durante el COVID-19.

Estas conclusiones han sido igualmente subrayadas por los Mecanismos de la Sociedad Civil y de las Comunidades Indígenas (MSC), en su reiterada llamada a transformar los sistemas alimentarios corporativos.

"Las evidencias recogidas sobre el territorio en todo el mundo confirman que la pandemia ha puesto de relieve las ya existentes desigualdades y vulnerabilidades y hace imprescindible la puesta en marcha de un cambio sistémico hacia sistemas de alimentación socialmente justos, basados en la representación, sostenibilidad y estabilidad", afirma el último informe ‘Voces desde los Territorios’.

¿Es posible una transformación real con la actual Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios?

La resolución hace alusión a la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios y a su potencial papel para garantizar la realización del derecho a la alimentación. Las esperanzas puestas en la Cumbre, prevista para este año, como iniciador del necesario cambio sistémico se han ido evaporando entre la sociedad civil tras haberse desvelado los planes de la Cumbre. Meses antes del anuncio de la Cumbre, La Vicesecretaria general de la ONU firmó un acuerdo estratégico con el Foro Económico Mundial que ha sido duramente criticado por la sociedad civil pero ignorado por António Guterres. Este acuerdo de asociación ha hecho aflorar los miedos al fortalecimiento de la influencia de las grandes empresas en las políticas alimentarias mundiales.

Fakhri escribió una carta a la Enviada especial de la ONU para la Cumbre Agnes Kalibata el pasado mes de enero señalando que la cumbre parecía estar centrada en la ciencia y la tecnología, el dinero y los mercados, sin abordar las “cuestiones fundamentales de desigualdad, rendición de cuentas y gobernanza”. Para ser mas exactos, en su informe presentado al CDH, Fakhri describe la Cumbre como “sesgada hacia soluciones de mercado para los sistemas de alimentación”.

Las tensiones siguen en aumento y el pasado mes de febrero más de 200 organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas anunciaron a través de una carta dirigida al presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) que no participarán en la Cumbre a menos que sus demandas sean tenidas en cuenta. Entre sus solicitudes, las organizaciones firmantes de la carta instan a los organizadores de la Cumbre a incluir un monitoreo de las acciones en ‘captura corporativa’, un movimiento que haría mas evidente y serviría de ayuda para invertir la abusiva influencia de las grandes empresas en las políticas de alimentación y nutrición.

Esta semana, Kalibata tendrá un encuentro con personas de la sociedad civil y de las comunidades indígenas con el fin de discutir la carta. Un encuentro que ha sido celebrado por las organizaciones firmantes y despierta algunas esperanzas.

La actual situación del hambre y la malnutrición pone de manifiesto la urgente necesidad de transformar los sistemas alimentarios corporativos. Pero la transformación de los sistemas alimentarios requiere de la participación de gente real y que el bienestar de las personas y del planeta ocupe el centro de atención. Esta transformación necesita contar con garantías firmes contra los conflictos de intereses y con la regulación de las actividades corporativas. La alimentación es un derecho fundamental y no un bien de negocio que pueda dejarse a cargo de soluciones de mercado.  

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