Tras el golpe de estado perpetrado en Bolivia el pasado 10 de noviembre, organizaciones civiles de todo el mundo han solicitado la inmediata intervención de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para poner freno a las crecientes violaciones de derechos humanos que se están sucediendo en el país.
Hasta el momento, al menos 17 personas habrían sido asesinadas en las manifestaciones que tienen lugar en el país. Tal y como recientemente advirtió la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la represión y el desproporcionado uso de la fuerza del personal policial y militar podría recrudecer aún más la ya debilitada situación de los derechos humanos en Bolivia.
FIAN Internacional condena de forma tajante la brecha constitucional perpetrada contra el orden democrático del país, al mismo tiempo que manifiesta su rechazo hacia todos los actos de violencia y odio cometidos contra los pueblos indígenas, comunidades campesinas, defensores y defensoras de los derechos humanos. Resulta ahora imprescindible aplicar medidas urgentes que protejan los derechos humanos de todos los bolivianos y bolivianas; y evitar de este modo las consecuencias que el golpe de estado podría tener sobre los derechos tanto a nivel nacional como regional.
Junto a otras organizaciones, FIAN Internacional insta a la ONU a que condene categóricamente las violaciones de derechos cometidas en el estado plurinacional de Bolivia como consecuencia del golpe de estado. Las Naciones Unidas deben poner en marcha todas las medidas necesarias para garantizar que se investiguen debidamente dichas vulneraciones y se protejan los derechos humanos, la paz y la democracia en el país.
En 2014, Brasil salió de manera oficial del mapa del hambre de la FAO/ONU, dando un importante paso, para un país que aún era considerado “en desarrollo”. No obstante, el autoritarismo en el poder agravó los problemas tras el golpe de 2016.
En un nuevo informe publicado ayer, FIAN Brasil pone sobre la mesa cómo el movimiento de extrema derecho actualmente en el poder está poniendo en peligro el derecho a la alimentación de millones de personas.
“Las estadísticas son alarmantes. Estamos siendo testigos de un programa a nivel mundial contra los derechos humanos y a favor del poder de las corporaciones”, afirma Valéria Burity, secretaria general de FIAN Brasil.
La publicación sigue el camino marcado por el estudio lanzado en 2017 en el que se analizó la evolución del derecho a la alimentación en Brasil desde el proceso de democratización de finales de los 80. En esta ocasión, el informe se enfoca en las actuales interrelaciones existentes entre el autoritarismo, el hambre y el retroceso en materia de derechos humanos.
Desde que el nuevo gobierno tomara el poder el pasado mes de enero, se han desmanteladas sistemáticamente las ya frágiles políticas públicas sobre seguridad y soberanía alimentaria. A principios de este año se clausuró el Consejo Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA), generando una ola de críticas y movilizaciones entre la sociedad civil. El CONSEA había sido, hasta entonces, un importante ejemplo de la participación ciudadana en la creación de políticas alimentarias.
Si bien el Congreso cedió a las presiones y reestableció el CONSEA, el presidente Jair Bolsonaro vetó la decisión. Aunque a nivel estatal los consejos locales siguen funcionando con el apoyo de la sociedad civil, en la mayoría de los casos, el CONSEA ha sido abolido debido a la decisión del presidente. La desaparición del CONSEA se convierte en uno de los tantos ejemplos de cómo funcionan ahora las cosas en Brasil.
Bolsonaro es actualmente la figura más visible de la extrema derecha en Brasil, pero el movimiento no empezó con él. En lo que a Democracia se refiere, por decirlo suavemente, el país ha atravesado ciertas dificultades en los últimos años. Desde que tuviera lugar el golpe parlamentario contra la presidenta electa Dilma Rouseff en 2016, el país se ha precipitado hacia la mas severa de sus crisis desde la dictadura militar que controló Brasil entre 1964 y 1985.
El informe de FIAN Brasil subraya que el número de personas que viven en extrema pobreza (con un ingreso inferior a los 140 dólares al mes) pasó de un 6,6% en 2016 a un 7,4% en 2017, tras de diez años en bajada permanente. En números absolutos, se pasó de 13,5 millones a 15,2 millones de personas en extrema pobreza en tan sólo un año.
“Estamos a punto de volver a entrar en el Mapa del Hambre de la FAO”, ha dicho Valeria de FIAN Brasil.
Lamentablemente esto convertirá a Brasil en el país más grande de América Latina que sigue esta tendencia.
A pesar de ello, el presidente Jair Bolsonaro ha declarado que “no es cierto que la gente sufra hambre en Brasil”, ignorando todos los datos que demuestran exactamente lo contrario. Sea como fuere, lo cierto es que las políticas de Bolsonaro están muy cerca de poner a Brasil de vuelta en el mapa, aunque esta vez, desgraciadamente, por motivos desafortunados.
Puedes descargar la síntesis del documento aquí
El informe completo (únicamente en portugués) está disponible aquí
Hoy, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) ha abierto su sesión 46, con la que celebra el décimo aniversario desde su reforma de 2009. Esta reforma supuso el inicio de una nueva era en la gobernanza alimentaria, liderada por las personas que más sufren el hambre y la malnutrición. A pesar de ello, 10 años después, la inseguridad alimentaria mundial sigue en aumento y nos obliga a replantear las estrategias y el papel de la CSA en el marco de la gobernanza alimentaria mundial. Las amenazas a los derechos humanos son cada vez mayores en todos los niveles, con lo que resulta más importante que nunca defender el CSA.
Estamos más lejos que nunca de las ambiciosas metas fijadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin al hambre en 2030; y aún más cuando se olvida tener una discusión real y honesta sobre este fracaso. No seremos capaces de encontrar soluciones reales si no identificamos los problemas estructurales que hay detrás de las vulneraciones a los derechos humanos, que contribuyen directamente a la inseguridad alimentaria, como son la pobreza y la falta de un salario digno, la discriminación, el racismo, la destrucción del ecosistema y el acaparamiento de los recursos naturales, así como los problemas que surgen como resultado del creciente papel que los intereses empresariales tienen en los espacios de política pública.
Es necesario llevar a cabo una transformación real de los sistemas de alimentación, hacia sistemas sostenibles, saludables y justos, en línea con el derecho a la alimentación y a la nutrición. En lugar de esto, las empresas están ofreciendo “soluciones” que no abordan las injusticias estructurales, sino que mantienen y aumentan su control sobre los sistemas de alimentación. Las discusiones que están teniendo lugar en el CSA son una oportunidad para encontrar soluciones políticas a problemas críticos que tienen un profundo impacto en la realización del derecho a la alimentación y a la nutrición para muchas personas y comunidades en todo el mundo.
El CSA está actualmente trabajando en la creación de las Directrices sobre Sistemas de Alimentación y Nutrición, lo que supone una oportunidad única para incorporar soluciones reales propuestas por aquellas personas que están en primera línea de la lucha por el derecho a la alimentación y a la nutrición. Entre estas, la agroecología es la prioridad.
La agroecología, tal y como la practican los productores de alimentos a pequeña escala, puede ayudar y trabaja para proteger a las comunidades y al medioambiente, al mismo tiempo que apunta hacia los problemas estructurales que perpetúan el aumento de las tasas de inseguridad alimentaria. Estas soluciones no pueden seguir cayendo en oídos sordos o ser percibidas como una amenaza para los intereses corporativos, actualmente prioritarios en muchos de los espacios de la ONU.
Muchos estados, agencias de la ONU y otros organismos de apoyo incondicional a iniciativas de participación múltiple, que falsamente colocan a la sociedad civil y a los intereses públicos en el mismo plano que los intereses de los actores corporativos; así como otras formas de colaboración con el sector empresarial que son presentadas como un medio necesario para abordar la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Al contrario, estas iniciativas, de hecho, amplían y legitiman la influencia empresarial en los espacios de política pública. Este escenario debilita la orientación de derechos humanos de las políticas públicas y de la responsabilidad de los estados y nos aleja cada vez más de los cambios estructurales necesarios para acabar con el hambre. De hecho, el informe HLPE del CSA sobre asociaciones pluripartitas demuestra que las evidencias empíricas sobre el impacto positivo de estas alianzas para la erradicación del hambre son escasas.
Una dirección que permite la apropiación de las grandes empresas no es el camino para salir de la “crisis” de inseguridad alimentaria, democracia y derechos humanos en la que el mundo está actualmente sumergido. Necesitamos una discusión seria con soluciones reales, participación de los titulares de derechos y de las personas afectadas por esta inseguridad alimentaria. El CSA es el único espacio a nivel internacional donde es posible hacer esto.
Es posible elaborar políticas basadas en la perspectiva y experiencia de los grupos y comunidades más marginalizados. El CSA ha jugado hasta ahora un papel crítico en apoyar y hacer avanzar el marco normativo que sostiene el derecho a la alimentación y a los productores de alimentos a pequeña escala. Esto puede verse claramente, por ejemplo, en las Directrices sobre Tenencia, en el Marco de Acción para la Seguridad Alimentaria y Nutrición en Crisis Prolongadas; y en Conectar a los productores a pequeña escala con los mercados.
No obstante, su aplicación es deficiente. El compromiso de la FAO por liderar y apoyar la aplicación de las políticas del CSA es cada vez menor, al igual que lo es su compromiso con el derecho a la alimentación. Al mismo tiempo, este crítico discurso político queda completamente ignorado en las actuales discusiones de la Agenda 2030, que está concentrando los recursos y la atención en políticas que fracasan al abordar los derechos humanos.
El monitoreo y la responsabilidad es crítica para mantener la legitimidad del CSA y la toma de decisiones en el mismo. Estamos dando pasos progresivos para impulsar este proceso, pero sigue siendo fundamental para garantizar que las políticas que nazcan en este espacio sean acogidas por los estados, y que el CSA siga trabajando para crear un espacio que permita un diálogo crítico sobre su uso e implementación. No obstante, también depende de nosotros, como sociedad civil, hacernos plenamente responsables y titulares de las conclusiones surgidas en el CSA. No hay que esperar a tener el permiso para reivindicar la aplicación de las políticas que garantizan nuestros derechos humanos.
FIAN Internacional participará en las discusiones y negociaciones en el CFS e informará a través de @FIANista en Twitter.
Si desea más información, por favor, póngase en contacto con mattheisen[at]fian.org
Los medios de comunicación deben ponerse en contacto con diaz[at]fian.org
Un nuevo estudio, publicado hoy, muestra que cerca del 40% de los habitantes de zonas rurales en Grecia está en riesgo de pobreza, al mismo tiempo que la inseguridad alimentaria se ha multiplicado por dos en el país.
En el transcurso de unas pocas décadas, el mundo ha sido testigo de una revolución tecnológica, lo que ha venido generando cambios económicos y sociales a un ritmo sin precedentes. Hoy en día, una aplicación en su teléfono inteligente puede ayudar a crear conciencia en todo el mundo en torno a una causa social o ayudar a un agricultor a activar el riego para sus cultivos en una zona remota. Sin embargo, no todos los cambios han sido beneficiosos: como se refleja en el Observatorio del Derecho a la Alimentación y la Nutrición de este año, la utilización dominante de las tecnologías está aportando beneficios cuestionables a la justicia social, y más concretamente a la disminución de las tasas de hambre y malnutrición.
La brecha de desigualdad entre los más ricos y los más pobres sigue ampliándose, y solo ocho hombres poseen la misma riqueza que la mitad de la humanidad. Las tasas de hambre y malnutrición han aumentado en los últimos tres años, pasando de 784 millones en 2015 a 821 millones en 2017, y se espera que las cifras sigan esta tendencia, llevándonos a las cifras alarmantes de hace una década. Mientras tanto, los sistemas alimentarios están siendo capturados cada vez en mayor medida por las grandes empresas, que ahora dictan qué y cómo comemos.
En el contexto de esta nueva era de tecnologías emergentes, el Observatorio 2018 destaca que el actual uso y el control de la tecnología son perjudiciales para nuestros derechos humanos, y están teniendo un impacto tremendo sobre los alimentos y los medios para su adquisición:
Los alimentos, componentes clave para la vida, la identidad y las relaciones sociales, se están transformando en una mercancía inmaterial y en una fuente de datos, que abre una caja de Pandora, en lo que a beneficios se refiere, para las corporaciones y las grandes riquezas. Esto, en cambio, está afectando a las comunidades rurales esquilmando sus recursos, está dañando el medio ambiente y empeorando nuestras dietas.
Los actores que promovieron el modelo agroindustrial ahora reconocen su fracaso, pero afirman haber encontrado una «solución innovadora», bajo la llamada Cuarta Revolución Industrial. Esto implica una fusión de tecnologías que está difuminando las líneas entre las esferas física, digital y biológica. En este contexto, estas tres dinámicas entrelazadas caracterizan nuestra era: desmaterialización, digitalización y financiarización.
La desmaterialización de los alimentos promueve la disminución de la sustancia física de los mismos y el aumento del valor de mercado de sus dimensiones inmateriales. Este valor se está volviendo más grande que el valor real de los alimentos, desde el coste de la publicidad, las remuneraciones financieras para los inversionistas, las ganancias en aumento de los grandes canales de distribución y los sofisticados intentos de utilizar la compra de alimentos para recopilar información sobre los consumidores.
La digitalización de los alimentos conduce a un proceso cada vez más automatizado, deslocalizado e informatizado de producción y comercialización de alimentos. Todo esto comienza en el nivel de los insumos agrícolas, con las semillas y otros materiales fitogenéticos transformados en conjuntos de información digitalizados, mientras que los campesinos y campesinas sufren cada vez una mayor criminalización por su intercambio. Esto también se aplica a las personas denominadas «consumidores», que ahora quedan sujetos a mecanismos de recopilación de datos por parte de las corporaciones de la alimentación que emplean algoritmos para clasificarlos y generar ofertas personalizadas en función de los alimentos que consumen. Los criterios que se aplican tienen poco que ver con la prevención de la obesidad, la diabetes y otras enfermedades relacionadas con la alimentación, sino con la obtención de beneficios y el control de la alimentación de las personas.
La financiarización de los alimentos se debe al papel protagonista que desempeñan los mercados financieros a la hora de determinar qué alimentos se producen y cómo se producen. Esta tendencia se manifiesta a través de la especulación con productos financieros vinculados a los alimentos, como la soja, o la inversión de capital en la agricultura, la producción alimenticia, la industria alimentaria y la logística de los alimentos. Esto también impulsa la transformación de los recursos agrícolas, como la tierra, en activos financieros que puedan ser objeto de adquisiciones y reventas con fines lucrativos en los grandes centros financieros internacionales. Sin embargo, las comunidades locales y rurales se han visto desposeídos de estos recursos sin haber sido consultados.
Las tecnologías por sí mismas no son perjudiciales para el derecho a la alimentación. De hecho, la tecnología ofrece muchas posibilidades para contribuir a disminuir las tasas de hambre y malnutrición. El problema radica en cómo se utilizan y con qué propósito. El uso actual de las tecnologías está siendo impulsado por intereses creados, a menudo por grandes corporaciones, cuyo objetivo principal y único es la obtención de beneficios. Mientras tanto, las personas cuyos derechos humanos se encuentran en mayor riesgo, simplemente no tienen voz ni acceso a estas tecnologías.
Los movimientos sociales y las personas defensoras de los derechos humanos deben seguir integrando en mayor medida el tema de las tecnologías en sus debates. También necesitan encontrar formas de democratizar el acceso a las tecnologías, así como liderar la creación de nuevas tecnologías que contribuyan a la justicia social de manera significativa.
Enfocado en los principales obstáculos, a menudo ignorados, a los que nos enfrentamos en la realización de nuestro derecho fundamental, ha sido lanzado un nuevo informe realizado a través de un amplio proceso de consulta entre movimientos sociales, comunidades indígenas, productores de alimentos a pequeña escala y ONG. Las conclusiones de este, que giran en torno al uso y aplicación de las Directrices Voluntarias en torno a la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de una seguridad alimentaria nacional (Directrices GTIG)*, ponen de manifiesto que el principal interés del sector privado es perpetuar el hambre. A día de hoy sigue existiendo un vacío significativo entre las políticas y su desarrollo normativo y la realización del derecho a la alimentación, tal y como evidencia el aumento de las cifras de hambre y malnutrición a nivel mundial.
El informe ha sido llevado a cabo por el Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) para el Encuentro de Temática Global sobre las Directrices del Derecho a la Alimentación que tendrá lugar durante la 45ª sesión del CSA de octubre de 2018. El estudio surge con el objetivo de dar prioridad al “aprendizaje a través de la experiencia” y fortalecer la rendición de cuentas en el CSA, la principal plataforma internacional e intergubernamental de seguridad alimentaria y nutrición, así como fortalecer la importancia las acciones de monitoreo en los espacios de política.
Encarando las causas subyacentes
Cientos de millones de personas – cerca de 821 millones según los últimos datos – sufren, a día de hoy, las consecuencias de la inseguridad alimentaria. Los principales informes al respecto aluden al aumento de los conflictos y al cambio climático como las principales causas del incremento del hambre y de la malnutrición, a lo que suman el alza de las tasas de desempleo y el deterioro de las redes de protección social. No obstante, estos análisis no abordan las principales causas subyacentes, ligadas al género, la raza, las clases y el acceso a los recursos, presentes en la vida diaria de la mayoría de la población.
En esta situación, millones de personas carecen del acceso diario, tanto físico como económico, a una alimentación suficiente, saludable y nutritiva. Asimismo, estas comunidades se enfrentan a importantes obstáculos en la obtención de unos ingresos adecuados que les permitan cubrir, de un modo digno, las necesidades alimentarias de su familia; y satisfacer su derecho y acceso a los recursos necesarios para la producción de alimentos, como son el agua, la tierra, las semillas y la biodiversidad.
La falta de apoyo estatal sigue siendo la norma
En esta misma línea, la significativa influencia que las corporaciones ejercen en la producción de alimentos, hábitos de consumo, precios y marketing, es ignorada. Actualmente, múltiples leyes y políticas apoyan los sistemas agrícolas de producción industrial y monocultivo de alimentos que nutren las cadenas de distribución de las compañías y dañan el medioambiente. Paralelamente, las tasas de malnutrición continúan al alza, con el correspondiente impacto en la salud y bienestar de la población mundial.
Al mismo tiempo, aquellas personas que luchan por la defensa de su propio derecho a la alimentación y el de los miembros de su comunidad, sufren las represalias, son perseguidos y criminalizados y, en demasiados casos, asesinados. Esta y otras muchas violaciones de derechos se suceden a diario en todo el mundo y, en la mayor parte de los casos, no cuentan con ninguna posibilidad de recurso legal, acceso a la justicia ni toma de responsabilidad por parte del estado.
El derecho a la alimentación: una poderosa herramienta
El derecho a la alimentación sigue siendo una herramienta indispensable para terminar con el hambre y la malnutrición en el mundo, gracias al apoyo de sistemas de alimentación sostenibles que respeten la dignidad humana. La realización de este derecho es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria, la erradicación de la pobreza, modos de vida sostenibles, estabilidad social, paz y seguridad, crecimiento económico y desarrollo social y rural. Asimismo, sin el cumplimiento del derecho a la alimentación, sencillamente no será posible alcanzar muchos de las ambiciosas metas recogidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 2030.
En un momento en el que el espacio dejado para los derechos humanos es cada vez mas pequeño, es imprescindible dirigir la atención a las señales de alarma: si no cambiamos de dirección, las violaciones del derecho a la alimentación seguirán aumentando.
Puedes acceder al informe aquí.
NOTA A LOS/AS EDITORES/AS
* Impulsadas por una alianza entre gobiernos, organizaciones de sociedad civil (OSC) y oficinas de la ONU, las Directrices GTIG fueron negociadas a través de un proceso participativo en el Comité de seguridad Alimentaria Mundial (CSA) y aprobadas por unanimidad de todos los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 2004. Desde que fueran aprobadas, las Directrices GTIG han sido utilizadas en la creación de un kit de herramientas y directrices políticas para apoyar a los estados en su aplicación a nivel nacional. Las Directrices también han sido usadas, fundamentalmente por la Unidad del Derecho a la Alimentación de la FAO, para ayudar a los gobiernos en la puesta en marcha de estrategias y legislaciones nacionales dirigidas a la realización del derecho a la alimentación.
Desde principios del siglo XX, el Día Internacional de la Mujer ha estado acompañado de manifestaciones multitudinarias que reclaman una sociedad más igualitaria. Una fecha como esta, en la que se conmemora la lucha por la justicia social, sigue siendo, a día de hoy, igual de relevante, especialmente en un mundo que cambia a pasos agigantados pero que continúa mostrando sus desigualdades, y en una sociedad que muy habitualmente antepone las mercancias sobre las personas y pone a las mujeres entre los grupos más afectados.
FIAN International se suma huelga internacional de mujeres, organizada por diferentes movimientos feministas en todo el mundo, y subraya que el patriarcado no únicamente afecta a la mitad de la población mundial, sino que también elimina cualquier posibilidad de acabar con el hambre.
Aun siendo las productoras de alimentos, tienen restringido el acceso a los recursos naturales
Incluso a día de hoy, las mujeres siguen siendo vistas como ciudadanos de segunda clase y están sujetas a diferentes formas de discriminación y opresión en la economía de mercado predominante. En las zonas rurales, las mujeres son las que cultivan y aran la tierra, además de recolectar más del 50% de los alimentos. Las mujeres contribuyen de manera significativa a la fuerza laboral del sector alimentario, con tareas tanto previas como posteriores a la recolecta, preservando y transfiriendo la sabiduría tradicional dentro de las comunidades. A pesar de esto, la mayor parte de las mujeres siguen teniendo un limitado acceso a los recursos productivos y económicos (tierra, agua, crédito, entre otros).
La fuerza de trabajo de las mujeres es también fundamental en el procesado de los alimentos y preparación del sector, pero aquí también están explotadas y expuestas a una fuerte discriminación. Con una remuneración baja y desigual, tanto las mujeres del campo como las de las zonas urbanas se hacen cargo de un trabajo de cuidado no remunerado y son, a menudo, excluidas de la toma de decisiones y de los puestos de liderazgo.
Violencia en la cesta de la compra
Las profundas repercusiones que el sistema tiene sobre las mujeres no acaban aquí. Las actuales campañas publicitarias ejercen una importante violencia sobre las mujeres y niñas al promover de manera agresiva cánones de belleza a los que el cuerpo femenino está socialmente obligado a seguir. Estos patrones de belleza tienen sus raíces en los valores patriarcales y se alcanzan, en parte, a través del consumo de productos alimentarios que no priman la salud de las mujeres y, en cambio, se centran en aumentar los beneficios del negocio de la alimentación. En lugar de incentivar una alimentación saludable, el mercado establece que no únicamente es una buena idea alcanzar estos cánones, sino que, también, los productos ultra procesados, industrializados y, a menudo, poco respetuosos con el medioambiente son perfectos para alcanzar este fin.
En esta misma línea, las mujeres, que siguen siendo las proveedoras de alimentos y comestibles en el hogar, son el grupo objetivo de las campañas de marketing que tratan de influir sobre la alimentación de las familias. En el contexto actual en el que la malnutrición es reducida a un problema de “falta de nutrientes” que únicamente puede solucionarse con “productos específicos”, al mismo tiempo que el precio de los productos frescos está en aumento, las familias apenas tienen más opción que consumir alimentos industrializados, suplementos, píldoras y polvos nutritivos.
Es necesario un cambio estructural
El derecho humano a una alimentación y nutrición adecuada implica que las mujeres alcancen la plena realización de sus derechos y que se reconozca su posición igualitaria en la sociedad. La actual economía de la alimentación mundial aleja a la sociedad de sistemas de alimentación que valoren a los proveedores de alimentos y que se preocupen de proporcionar alimentos saludables y culturalmente apropiados. Asimismo, tanto los estereotipos de género como la división sexual del trabajo tienen severas implicaciones para el cuerpo y salud de las mujeres. Al mismo tiempo, impiden su participación en los espacios de política y otras organizaciones, algo que resulta fundamental para la defensa de sus intereses en el sistema de alimentación, desde las semillas al plato, y, por lo tanto, para implicarse activamente en la necesaria transformación del sistema.
Con millones de personas a punto de llenar las calles, el mundo demuestra sus ganas y necesidad de cambio. Pero los cambios sólo serán estructuralmente verdaderos y significativos si los estados luchan contra la discriminación en todas sus formas, desde la discriminación de género a la de clase, pasando por la étnica, y anteponiendo las personas sobre el beneficio. De otro modo, incluso si una parte de la población es capaz de alcanzar la realización de sus derechos humanos, el resto permanecerá encadenado.
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