Issue: GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES

El trabajo de cuidados consiste en actividades esenciales para garantizar la vida de las personas, los seres vivos y el planeta. Históricamente, las han realizado mujeres, basadas en la división sexual del trabajo en relaciones de poder patriarcales, lo que ha significado que ha sido invisibilizado o de bajo estatus. El trabajo de cuidados remunerado y no remunerado ha provocado y reproducido la discriminación, las desigualdades de género y la violencia.   

El privilegio y la opresión son dinámicas de poder que se entrecruzan en los contextos y las relaciones de cuidado. La raza, la clase, la etnia y otras identidades sociales se entrecruzan con el género para dar forma a las experiencias de cuidado. Para elaborar una política del cuidado genuina, debemos reconocer que el trabajo de cuidado incluye muchos aspectos de la vida, desde la perspectiva individual del autocuidado hasta el cuidado de los hogares y las comunidades.    

¿Qué es el cuidado de los alimentos?    

El trabajo de cuidados incluye el cuidado de los alimentos: de lo que comemos, de cómo comemos, de quién come y de cuándo come. 

Los sistemas alimentarios, al igual que el trabajo de cuidados, también se basan en relaciones interdependientes. El trabajo de cuidados de las mujeres rurales es crucial para la producción, transformación, distribución y acceso a los alimentos. Esta interdependencia también plantea cuestiones en torno a la redistribución, la autonomía, la soberanía sobre los cuerpos, el amor, las relaciones, los recursos y la vida misma. La alimentación es un acto de amor. Y también lo es el cuidado.   

El sistema alimentario corporativo ancla esta interdependencia en relaciones de poder desiguales, con consecuencias nefastas como la homogeneización de las dietas, la pérdida de biodiversidad y la explotación del trabajo de cuidados no remunerado que realiza la inmensa mayoría de las mujeres negras, indígenas, campesinas, pescadoras y rurales.   

¿Por qué debería importarnos?     

El actual sistema de producción, distribución y consumo de alimentos y otros bienes sobreexplota el trabajo productivo y reproductivo de las mujeres, provocando profundas desigualdades y enfermando a los seres humanos y al planeta.    

Las mujeres rurales representan un tercio de la población mundial pero el 36% de la mano de obra agrícola y, sin embargo, ganan un 20% menos que los hombres. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, más del 20% de los empleados agrícolas de América Latina y el Caribe son mujeres. También en esa región, las mujeres dedican tres veces más tiempo al trabajo doméstico y a los cuidados no remunerados que los hombres. Además, existe una brecha significativa entre las mujeres de las zonas urbanas y rurales, ya que estas últimas dedican entre tres y diez horas más al trabajo diario de cuidados que las mujeres de las zonas urbanas.  

Las narrativas hegemónicas en torno a los cuidados en los sistemas alimentarios no miran más allá del reconocimiento de estos hechos y dejan de lado la redistribución y representación de la agencia de las mujeres campesinas e indígenas que producen alimentos. De igual modo, los sistemas alimentarios ven los alimentos solo como el acto de distribución y suministro, ignorando el trabajo de cuidados que hay detrás de los alimentos producidos por los campesinos.     

Existe un fuerte vínculo entre el trabajo informal y la marginación y empobrecimiento de las mujeres rurales e indígenas. Son consideradas el grupo más vulnerable de la sociedad, ya que trabajan principalmente como mano de obra no remunerada en explotaciones familiares con bajos salarios, condiciones peligrosas y sin cobertura de seguridad social. Se enfrentan a múltiples obstáculos para su independencia y autonomía económica. En contextos de crisis, las mujeres rurales e indígenas son las más afectadas por el escaso acceso a recursos, servicios e información, así como por la pesada carga del trabajo de cuidados y las normas sociales tradicionales discriminatorias.  

En el contexto actual de crisis múltiples e interrelacionadas, es crucial una transformación radical de los sistemas alimentarios industriales y la urgencia de una transición hacia sistemas alimentarios justos, saludables, sostenibles y libres de violencia. La agenda feminista y la agenda del derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria se necesitan mutuamente más que nunca para hacer frente a la magnitud de los desafíos actuales. La reciprocidad y la polinización cruzada deben ser las señas de identidad de la estrategia que tenemos por delante, tanto para los seres vivos como para el planeta. La alimentación, el cuidado, el autocuidado y el cuidado comunitario deben estar en el centro de un cambio de paradigma muy necesario.   

¿Cómo podemos cuidar?     

Los movimientos sociales y la sociedad civil pueden contribuir a impulsar el paradigma de los cuidados:    

• Situando los derechos humanos de los cuidadores en el centro de la agenda mundial de los cuidados.   

• Concienciando sobre el trabajo de cuidados en torno a la alimentación que realizan las mujeres campesinas, indígenas y rurales.  

• Construyendo colectivamente herramientas de acción para posicionar los cuidados en la agenda política.   

• Generar procesos de cuidado mutuo y relaciones de autocuidado.   

• Incidir en el reconocimiento y redistribución del trabajo de cuidados y doméstico, así como en la remuneración y representación de las cuidadoras o cuidadores.   

Para más información o entrevistas con los medios de comunicación, póngase en contacto con Amanda Cordova Gonzales – cordova-gonzales@fian.org

A lo largo de los últimos años, el debate sobre la violencia sexual y la violencia de género ha ocupado la primera línea de la atención pública con movimientos como el #MeToo, #NiUnaMenos, o #BabaeAko (Soy mujer) en Filipinas. Crímenes como la muerte de una niña argentina de 16 años tras haber sido drogada, violada y torturada; o la violación en grupo de una mujer española de 18 años durante la fiesta de los San Fermines en Pamplona han despertado la indignación tanto en las redes como en las calles, seguidas de millones de movilizaciones.

Los feminicidios y la violencia sexual son posiblemente los actos de violencia contra las mujeres que más indignación despiertan en el mundo, pero no son más que la punta del iceberg. Esta opresión estructural a la que las mujeres se enfrentan se refleja en el día a día, hasta en las tareas más triviales. Hay, sin lugar a duda, violencia contra las mujeres cuando, a pesar de ser las principales proveedoras de alimentos del hogar y producir la mitad de los alimentos que se consumen en el mundo entero, son ellas, las mujeres, quienes más sufren el hambre y poseen una cantidad desproporcionalmente pequeña de tierra en el mundo. El Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres supone la oportunidad perfecta para mirar cómo la opresión comienza en lo más básico de nuestras vidas: la alimentación.

El estudio recientemente lanzado “El poder de las mujeres en la lucha por la soberanía alimentaria” analiza el lazo de unión que existe entre las mujeres y la alimentación. A través de la experiencia de cerca de 30 mujeres de todo el mundo, el informe concluye que la violencia es el denominador común de todos los casos. Las experiencias de las mujeres no están únicamente determinadas por su género. Su situación se ve también influida por otros factores como clase, casta, etnia y orientación sexual, y todas ellas se enfrentan a diversos tipos y grados de violencia. La forma en que trabajamos, comemos, producimos y distribuimos alimentos es parte de este problema.

Desde el cultivo de los productos al procesamiento, transporte y consumo, las mujeres juegan un papel primordial en los sistema alimentarios y economías. Paradójicamente, su rol y necesidades particulares han sido ocultadas de la mirada pública debido a ideas y prácticas sexistas. De entre los 820 millones de personas que sufren hambre en el mundo, las mujeres se encuentran en la peor situación, lo que se agrava aún más si viven en sociedades opresoras, bajo explotación y violencia.

Es violencia cuando, en medio del hambre, son mujeres y niñas las últimas en comer o se espera que coman menos. Es violencia cuando las mujeres son el blanco de las corporaciones, en una venta inagotable de productos para perder peso, conforme a unos estándares de belleza construidos por el mismo sistema. Es violencia cuando las mujeres no tienen acceso a la tierra debido a injustas normas culturales, económicas o legales. Es violencia cuando, durante brutales desalojos de las tierras en que cultivan y subsisten, las mujeres son violadas por fuerzas de seguridad públicas y privadas. Y la lista continúa.

El sistema económico dominante y el clima político actual no hace si no exacerbar esta violencia. En todo el mundo, el aumento de gobiernos autoritarios de derechas está promoviendo leyes restrictivas de aborto y otras políticas que limitan los derechos reproductivos de las mujeres y su participación política. Mujeres migrantes y de color se enfrentan diariamente al racismo y a la discriminación, que deriva en un menor acceso a los servicios sociales, el aumento de la pobreza y la inseguridad alimentaria. Mujeres indígenas y campesinas y sus comunidades son expulsadas violentamente de sus territorios con el sólo fin de allanar el camino a la minería y a la agroindustria.

Al mismo tiempo, el poder corporativo prosigue su expansión, sirviéndose en gran medida de trabajadoras domésticas y de cuidados que son asignadas por género. Esto va desde la atención a los miembros de la familia, limpieza y cocina, hasta la obtención del agua y los piensos. En momentos de creciente sequía o escasez de alimentos debido al cambio climático y a la destrucción del ecosistema, las mujeres han de desplazarse largas distancias para adquirir suministros para sus familias.

A pesar de esto, es importante recalcar que no hay que considerar a las mujeres como meras víctimas de la violencia, ya que son ellas quienes están cambiando de manera activa la realidad del mundo. Y hacen esto mientras luchan contra la creencia generalizada de que la política es sólo para hombres. Las mujeres se están enfrentando al autoritarismo, se están organizando en las calles, en las comunidades y en los espacios de gobernanza de alimentos a nivel mundial.

En Brasil, cada mes de agosto desde el año 2000, se celebra la Marcha das Margaridas (Marcha de las Margaritas), el movimiento más grande de mujeres trabajadoras del campo contra la violencia de la agroindustria. En el norte de Siria, en Jinwar, las mujeres han creado una comunidad, actualmente bajo amenaza, libre de las barreras de las opresoras estructuras de poder del patriarcado y libre de violencia. Mujeres y individuos de diversidad sexual de la casta Mali, en el norte de India, están produciendo alimentos de un modo que ha transformado tanto las relaciones de género como la relación con la naturaleza. Estos son sólo algunos de los inspiradores casos que están floreciendo.

Si entendemos que la violencia es un elemento actual de los sistemas alimentarios, resulta entonces crucial transformar el sistema, construir nuevas relaciones de género, en comunidades y en equilibrio con el medioambiente. Mujeres en todo el mundo ya están haciéndolo, tal y como ilustran los ejemplos anteriores. Un día como hoy, alzamos nuestras voces y nos sumamos a la acción colectiva y a esta lucha que, aunque no ocupe la primera línea de los medios de comunicación, puede marcar la diferencia para todas las mujeres.

Por Alejandra Morena y Andrea Nuila Herrmannsdorfer
 

Inicialmente establecido para impulsar la consecución del sufragio universal femenino en 1910, el Día Internacional de la Mujer ha pasado a ser un símbolo de la lucha de las mujeres. En este día FIAN International, junto a World Forum of Fisher Peoples (WFFP), World Forum of Fish Harvesters & Fish Workers (WFF), Transnational Institute (TNI) y CROCEVIA, quiere llamar la atención sobre la lucha de las mujeres del sector pesquero por su derecho a la alimentación y a la nutrición.

Tal y como recoge el FMPP: “no existe una definición que describa de manera homogénea la experiencia de las mujeres en la pesca”.

La mujer juega un papel crucial en la pesca a lo largo de toda la línea de producción, desde la pesca en sí, hasta el marketing, la venta y otras actividades como el procesado, empaquetado, creación de productos de alto valor añadido y facilitando diversos servicios en las instalaciones de desembarque. Durante el periodo previo a la recogida, las mujeres son responsables de     tareas cualificadas y con una importante demanda de tiempo, tales como el tejido de la malla de pesca o la preparación de las comidas. Entre las actividades posteriores a la recogida de peces, las mujeres se ocupan de la venta, ahumado o procesado. La recolecta manual de moluscos en lagunas y zonas de aguas estancadas son un ejemplo de otras actividades en manos de las mujeres del sector. Dependiendo de la región, estas tareas pueden ser remuneradas o no. En cualquiera de los casos, el papel multidimensional que juegan las mujeres en este sector no está ni reconocido ni recompensado.

En primer lugar, la pesca sigue estando percibida como una tarea principalmente masculina, a pesar del importante trabajo realizado por las mujeres. Las actividades del hogar no están consideradas como un “trabajo real” y la labor de las mujeres en la carga y venta del pescado seco está infravalorada. Asimismo, tal y como la Relatora Especial sobre el Derecho a la Alimentación ha querido     subrayar, las mujeres a menudo realizan los trabajos peor pagados y reciben salarios más bajos que sus homólogos masculinos por la misma tarea. En muchos casos, además, las mujeres son incorrectamente remuneradas por parte de los intermediarios en la cadena de producción, aunque trabajen como empleados independientes de la pesca a tiempo completo.

Asimismo, la disminución de las reservas pesqueras y la consecuente migración de los hombres en busca de alternativas ha incrementado la carga sobre las mujeres que no emigran. Es esta una realidad que transciende las normas culturales, con el aumento de la presencia de las mujeres en las actividades de captura de peces, al mismo tiempo que conservan sus tareas de género asignadas, para las que siguen siendo titulares de la labor reproductiva social.

En segundo lugar, los proyectos de infraestructuras a gran escala en la costa, la privatización de extensiones de agua, programas de conversión medioambiental y la apropiación marina son una importante amenaza para las comunidades de pesca a pequeña escala, y en lo que se refiere al acceso tanto de hombres como de mujeres a los recursos de producción y renta. Esta situación afecta de manera desproporcionada a las mujeres, al aumentar los obstáculos a los que se enfrentan en su intento por acceder a los recursos naturales y ejercer su derecho a la alimentación y a la nutrición, como resultado de leyes de discriminación y normas de patriarcado social. “Actualmente, la única manera de garantizar el acceso a pescado fresco para la venta es si tu marido es pescador o si eres dueña de la embarcación”, afirma Nampala Jamawa, en el distrito de Mukono, Uganda. No tener acceso a masas de agua implica que no haya peces, recurso de empleo para las mujeres.

En tercer lugar, la desregulación del acceso a los océanos, llevada a cabo por los estados por y para los actores corporativos, ha aumentado el desplazamiento de poblaciones y la externalización del trabajo del sector pesquero, y ha resultado en feminización laboral. Como ha     apuntado la Relatora Especial del Derecho a la Alimentación, incluso en los casos de empleo formal en el sector, las mujeres trabajan bajo condiciones de pobreza y carecen de instalaciones infantiles, permisos de maternidad o protección contra los riesgos laborales. Además de esto, las mujeres siguen enfrentándose a diversas formas de acoso en los lugares de trabajo, mientras los actores privados de benefician de la débil aplicación de la legislación.

En líneas generales, el Relator Especial de los Defensores de los Derechos Humanos Michael Forst afirma en su     informe anual sobre los defensores de los derechos de la mujer de este año que “la globalización y las políticas liberales”, como las que se han listado anteriormente, han “llevado a la pérdida de poder económico y creación de desigualdades que afectan directamente a los derechos de la mujer”. La implementación de proyectos que destruyen el medioambiente y fuerzan el desplazamiento de las comunidades están detrás del aumento de la marginalización, empobrecimiento y fragmentación de comunidades y familias. Sin embargo, las defensoras de los derechos, según enfatiza Forst, siguen en primera línea de tales protestas por sus derechos, habitualmente con menos recursos que aquellos contra los que resisten. A pesar de vivir bajo normas sociales discriminatorias y autoritarios gobiernos que criminalizan a quienes se enfrentan al nexo estado-corporaciones, las mujeres siguen organizándose en torno a la defensa de sus derechos.

El derecho a una alimentación y nutrición adecuadas requiere un enfoque integrado que garantice que se aborden todos los casos estructurales de hambre y malnutrición a lo largo de la cadena de producción: desde el acceso, control, gestión y propiedad de los cuerpos de agua, hasta el procesado de los alimentos, marketing, promoción, protección de los lugares de trabajo, una renta y hábitos de consumo decentes, hasta el momento de la ingesta del alimento como producto básico para la nutrición y salud, tanto individual como en comunidad.

WFFP, WFF, TNI, CROCEVIA y FIAN Internacional lanzan una invitación a otras organizaciones de derechos humanos a unir sus fuerzas y exigir a los estados la implementación de sus obligaciones legales recogidas en los tratados de derechos humanos y en los instrumentos legales que protegen a las mujeres y garantizan su titularidad sobre los recursos y por un mundo libre de cualquier forma de violencia; como es el caso de     las directrices de Pesca a pequeña escala,     La recomendación General 34 del Comité de la CETFDCM sobre los derechos de las mujeres de zonas rurales, así como la recientemente aprobada     Declaración de Derechos humanos de los Campesinos y Otras personas que Trabajan en zonas rurales.

Tras la última revisión realizada al país por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de la ONU, se ha solicitado que Sri Lanka refuerce el sistema nacional de derechos humanos y aplique medidas para luchar contra las preocupantes cifras de malnutrición. Actualmente, la cifra de desnutrición del país ronda los 5,2 millones de personas, el 25% de la población. Sus altos niveles de desnutrición son resultado de las desiguales políticas de desarrollo económico, los desplazamientos y expropiaciones forzosas, la discriminación y la desigualdad de género, el aumento del precio de los alimentos, así como sus inadecuados esquemas de seguridad social.

Reforzar el sistema nacional de los derechos humanos

Tal y como ha recalcado la sociedad civil, los actuales vacíos en la constitución del país obstaculizan la ejecutoriedad judicial de los derechos económicos, sociales y culturales. Actualmente, la mayor parte de los problemas económicos y sociales relevantes se limitan al capítulo de la Constitución dedicado a los principios rectores de la política estatal, el cual no confiere ni impone derechos legales u obligaciones y no son aplicables en ningún tribunal. Como respuesta, el Comité ha recomendado a Sri Lanka acelerar su proceso de reforma constitucional, en la que se incluya la implementación de una carta de derechos que sea comprensiva y que incorpore por completo los derechos económicos, sociales y culturales, teniendo en cuenta la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos.

Asimismo, el Comité ha subrayado que la nueva Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka ha de establecerse como órgano independiente y su mandato ha de extenderse, de tal modo que su poder de investigación llegue a los derechos económicos, sociales y culturales. La Comisión deberá tener suficientes recursos para que sus consideraciones sean debidamente consideradas por los relevantes órganos del estado.

Enfrentarse a las preocupantes tasas de malnutrición

En relación a los altos niveles de malnutrición, el Comité ha recomendado que el estado tome medidas urgentes para mejorar la seguridad nutricional de su población. El estado de Sri Lanka ha de pagar una especial atención a niños y niñas, mujeres embarazadas y mujeres lactantes, especialmente aquellas que se encuentran en distritos en conflicto y en el sector de las plantaciones.

En la misma línea, el Comité ha subrayado que Sri Lanka ha de aplicar e implementar un plan de acción nacional para reducir la atrofia y debilidad orgánica. Sri Lanka tiene uno de los porcentajes de atrofia más altos del mundo.

Más protección social y no a las expropiaciones forzosas.

Como ha recogido la sociedad civil en informes sombra conjuntos, el 40% de la población vive con menos de 225 rupias por persona y día (lo que equivale a 3 euros) y 1,9 millones de personas están clasificadas como “pobres” desde una perspectiva multidimensional. Además, casi el 70% de la fuerza de trabajo se desarrolla en el sector informal, con largas jornadas y sin seguridad social.

Por su parte, el Comité ha recomendado al estado que, a través de la reforma del sistema de protección social, garantice la cobertura universal de seguridad social y las suficientes prestaciones para todas las personas, incluidos aquellos y aquellas que forman parte de los grupos más marginados y desaventajados, de tal modo que puedan disfrutar de un nivel de vida adecuado. Así como que establezca una base de protección social que incluya las garantías básicas de seguridad social.

En vista de las preocupantes expulsiones forzosas y la falta de soluciones, el Comité recomienda a Sri Lanka implementar un marco legislativo que proporcione una protección legal apropiada contra las expropiaciones y relocalice a aquellas personas que no disponen de tierra ni hogar seguros. También enfatiza que el estado ha de compensar y realojar a los que han sido expulsados a la fuerza, teniendo en cuenta el Comentario nº7 del Comité General sobre las expropiaciones forzosas, así como los Principios y directrices básicas sobre los desalojos y desplazamientos generados por el desarrollo de la ONU.

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