El acaparamiento global de tierras evidencia la creciente desigualdad de riqueza y la necesidad de reformas

Extensas parcelas de tierra en el Sur Global están siendo cada vez más adquiridas por inversionistas internacionales y corporaciones ultrarricas, fomentando una creciente desigualdad – parte de una tendencia global de transferencia de riqueza que perjudica a los pobres y a la clase trabajadora.

Un nuevo informe de FIAN International y Focus on the Global South, Los señores de la tierra: terratenientes transnacionales, desigualdad y el imperativo de la redistribución, pone el foco en los diez mayores propietarios transnacionales de tierras del mundo – que controlan 404.457 km², un área del tamaño de Japón.

Esto forma parte de una fiebre mundial por la tierra. Desde el año 2000, corporaciones e inversores financieros han adquirido aproximadamente 65 millones de hectáreas de tierra – el doble del tamaño de Alemania. Hoy en día, el 70 por ciento de las tierras agrícolas globales están controladas por el 1 por ciento de las mayores explotaciones industriales.

Desplazamientos forzados

Esta concentración tiene graves implicaciones para la seguridad alimentaria, amenazando los medios de subsistencia de 2.500 millones de pequeños agricultores y 1.400 millones de las personas más pobres del mundo, la mayoría de las cuales dependen de la agricultura para sobrevivir. También está provocando violencia, desalojos forzosos, destrucción ambiental y contribuyendo al cambio climático.

Prácticamente todos los principales propietarios globales de tierras han sido implicados en informes sobre desplazamientos forzados, destrucción ambiental y violencia contra las comunidades.

Uno de los principales actores es el fondo de pensiones estadounidense TIAA, que ha adquirido decenas de miles de hectáreas en la región del Cerrado brasileño, una de las áreas con mayor biodiversidad del mundo. En el Cerrado, aproximadamente la mitad de la tierra ha sido convertida en plantaciones de árboles, grandes monocultivos agroindustriales y pastos para la producción ganadera  – en medio de informes sobre acaparamientos violentos de tierras, deforestación y destrucción ambiental que ya muestran signos de impacto en el clima.

TIAA casi cuadruplicó sus propiedades de tierras entre 2012 y 2023, pasando de 328.200 hectáreas a 1,2 millones de hectáreas.

Desigualdad

La concentración de tierras tiene consecuencias para el mundo entero. El hecho de que vastas extensiones de tierra en diferentes jurisdicciones estatales sean controladas por corporaciones distantes socava la soberanía estatal y la autodeterminación de los pueblos.

El monocultivo industrial a gran escala, a menudo llevado a cabo en estas tierras, es un importante motor del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la destrucción de ecosistemas, impidiendo transiciones justas hacia sistemas alimentarios y modelos económicos más equitativos y sostenibles.

Esto forma parte de una tendencia global de creciente desigualdad y concentración de la riqueza. Desde mediados de la década de 1990, el 1% más rico de la población mundial ha capturado el 38% de toda la riqueza adicional acumulada, mientras que el 50% más pobre ha recibido solo el 2%. Se estima que 3.600 millones de personas, o el 44% de la población mundial, viven ahora con menos de 6,85 dólares estadounidenses al día, un nivel que impide una vida digna.

Dado que el acaparamiento de tierras está impulsado en gran medida por el capital global y la acumulación de tierras a través de diferentes jurisdicciones por parte de corporaciones transnacionales y entidades financieras, la cooperación internacional es esencial. La próxima segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20) en Colombia a principios del próximo año ofrece una oportunidad crítica para que los gobiernos acuerden medidas que pongan fin al acaparamiento de tierras, reviertan la concentración de tierras y aseguren una distribución amplia y sostenible de los recursos naturales.

En un mundo que enfrenta crisis interconectadas – colapso climático, inseguridad alimentaria, pobreza persistente y desigualdad social – y una reconfiguración del equilibrio de poder global, existe una oportunidad para alejarse de las políticas neoliberales que han beneficiado a muy pocos, y crear un futuro global más justo y sostenible para todas y todos.

Para más información o entrevistas con medios, por favor contacte a Philip Seufert seufert@fian.org o Amanda Cordova-Gonzales cordova-gonzales@fian.org

Solidaridad, no a la explotación: apoyamos a quienes trabajan en el sector alimentario, desde el campo a la mesa

A principios de mayo, en el Día Internacional de los Trabajadores, celebramos la fuerza y los sacrificios de los trabajadores de todo el mundo. Sin embargo, en esta edición de Supermarket Watch nos centramos en los millones de trabajadores que trabajan para producir, procesar y servir alimentos a la gente, la mayoría de ellos en la economía informal.

Pero hay gente que trabaja y que es permanentemente ignorada: aquellos millones que laboran para producir, procesar y llevar a las personas sus alimentos, quienes en su mayoría forman parte de la economía informal. Ya sea que hablemos del campesinado en Perú, gente que vende en las calles de Zimbabue o que reparten comida en India, las personas que trabajan en todo el sector alimentario – en producción, procesamiento, distribución o preparación – son esenciales para llevar el alimento hasta la mesa de la población y, sin embargo, siguen estando entre las personas más explotadas del mundo.

Pueblos campesinos y las agricultoras y agricultores “sin tierra” a menudo son expulsados a la fuerza de sus tierras ancestrales por la agricultura industrial o son despojados debido a la crisis climática y la eco-destrucción y deben luchar para sobrevivir. Muchas personas migran para convertirse en mano de obra mal pagada e indocumentada en la agricultura industrial de países más ricos. Estas son las personas que trabajan invisibilizadas, recolectando fruta, cosechando hortalizas y empacando carne para consumidores remotos – habitualmente sin acceso a la salud, a la protección legal o al derecho a sindicalizarse.

En las ciudades, las personas que venden en las calles y en los mercados, muchas de las cuales son mujeres, enfrentan persecución y violencia todos los días. Aunque proveen alimentos nutritivos y asequibles a las comunidades de bajos ingresos, siguen sin ser reconocidas como trabajadoras y trabajadores que entregan servicios esenciales y, generalmente, no tienen acceso a ninguna protección social.

También están las trabajadoras y trabajadores que reparten alimentos que dependen de plataformas digitales, gobernadas por algoritmos que prometen libertad y eficiencia, pero solo les ofrecen inseguridad, sanciones arbitrarias y un pago miserable.

Los alimentos nos conectan a todos, pero las personas que los producen y proveen son habitualmente invisibles. Su labor es considerada “no calificada”, sus luchas son ignoradas y sus organizaciones son suprimidas. En el mes en el cual celebramos el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, debemos asumir el costo humano de nuestro sistema alimentario cada vez más en manos de las corporaciones, explotador y profundamente desigual. Cada ración de comida es posible gracias a trabajadoras y trabajadores cuyos derechos – al descanso, a organizarse, a vivir con dignidad – son negados demasiado a menudo. La gran mayoría de la gente que trabaja en el sector de alimentos en el Sur global, y muchos en el Norte global, no tienen acceso a una protección social básica. En relación a las pensiones de jubilación, por ejemplo, después de décadas de un trabajo arduo, campesinas y campesinos, gente de la pesca, personas que trabajan en actividades agrícolas y vendedores y vendedoras de alimentos en casi todo el Sur global no tienen una jubilación o solo reciben una miseria.

La soberanía alimentaria no puede estar disociada de la justicia laboral. Esto implica salarios justos, condiciones de trabajo saludables y seguras, protección social y negociación colectiva. Para los millones de personas que trabajan en la economía informal, también significa asegurar sus derechos a la total protección legal y social y a la participación en la elaboración de políticas. Esto es posible de hacer, es más, ya hay casos en países del Sur global donde los gobiernos, a menudo presionados por los movimientos sociales, han promulgado sistemas públicos de pensiones, diseñados para brindar una jubilación digna a las campesinas y campesinos y sus familias. En la próxima 113ª. reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, los gobiernos y las trabajadoras y trabajadores de todo el mundo discutirán las normas tanto para las personas en la economía informal como para aquellas que están en la economía de plataformas digitales. Es de vital importancia que las necesidades e intereses de quienes trabajan en el sector alimentario, en toda su diversidad, sean un tema central en estas discusiones.

¡Luchemos unidas y unidos por un sistema alimentario basado en la solidaridad, no en la explotación!

Para más información, póngase en contacto con Laura Michéle michele@fian.org

El camino de FIAN en la lucha global por el derecho a la alimentación

Ana María asumió el cargo de secretaria general de FIAN Internacional a principios de este año, sucediendo a Sofía Monsalve, cuyo largo mandato transformó la organización, vinculando su misión a temas globales críticos como el cambio climático, la digitalización, la financiarización, los conflictos y el trabajo de cuidados.

Cuenta con una amplia experiencia en incidencia internacional, incluidas más de dos décadas en FIAN Internacional, desempeñándose más recientemente como representante permanente de la organización ante la ONU en Ginebra.

¿Cómo ve su papel como secretaria general de FIAN?

Veo mi papel como el de proporcionar liderazgo estratégico para avanzar en el derecho a la alimentación y la nutrición a nivel mundial, en línea con el plan estratégico de FIAN. Durante 23 años, he aprendido de campesinos, Pueblos Indígenas, pescadores, académicos, responsables políticos y otros.

Utilizaré todos esos aprendizajes, siguiendo la inspiración de Sofía Monsalve, nuestra anterior secretaria general, para proporcionar liderazgo estratégico a la organización en la lucha contra las amenazas al derecho a la alimentación. Esto incluye revelar falsas soluciones en el contexto de la transformación de los sistemas alimentarios y las transiciones justas, y amplificar las soluciones populares como la agroecología y la soberanía alimentaria.

En tiempos de cambios geopolíticos inciertos, mi papel también consiste en liderar nuestra organización para crear una masa crítica que resista, denuncie, proporcione alternativas y fortalezca la incidencia colectiva. También pretendo guiar a FIAN para que continuemos acompañando la defensa de las comunidades afectadas por violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluso a través de nuestro trabajo de casos y profundizando los lazos con los movimientos sociales, particularmente los jóvenes, para desafiar las desigualdades en los sistemas alimentarios.

¿Cuáles son los principales desafíos que se avecinan y cómo los afrontará FIAN?

En medio de múltiples crisis globales —cambio climático, contaminación, pérdida de biodiversidad, guerras y narcotráfico— que profundizan el hambre, la pobreza y la desigualdad, enfrentamos un desafío adicional: el auge de gobiernos autoritarios que desmantelan las instituciones públicas, priorizando el lucro sobre las personas y polarizando las sociedades. Estos movimientos amenazan el consenso de posguerra consagrado en la Carta de la ONU: paz, derechos humanos y progreso social, y obstaculizan el progreso hacia sistemas alimentarios justos, saludables y sostenibles y transiciones justas.

Nuestro plan estratégico recién adoptado proporciona objetivos claros para responder a estos desafíos dentro del mandato de FIAN. Con sus seis luchas temáticas y ocho herramientas estratégicas, ofrece una hoja de ruta para la acción.

¿Qué diferencia puede hacer FIAN en la lucha global por el derecho a la alimentación?

Durante casi 40 años, FIAN ha estado profundamente comprometida en avanzar en las luchas de los pueblos por el derecho a la alimentación, abordando la opresión por parte de estados y actores no estatales y enfrentando los desequilibrios de poder. Lo que distingue a FIAN es su trabajo de casos: abogar junto con las comunidades por su derecho a la alimentación, mientras conecta las luchas locales con las políticas y la gobernanza global.

Las habilidades de facilitación de FIAN fortalecen el movimiento por el derecho a la alimentación, conectando diversos actores a través de regiones y sectores, mientras fomentan la solidaridad y el poder colectivo. Este trabajo es crucial para impulsar el cambio, especialmente bajo regímenes autoritarios, como lo reconocen aliados y secciones. Facilitar en un ecosistema tan diverso requiere apertura para aprender de todos los actores por igual, análisis crítico de las soluciones convencionales y coordinación estratégica del diálogo. Aunque a menudo sea invisible, el trabajo de facilitación que hacemos es esencial para tender puentes y fortalecer la acción colectiva en entornos que respetan y valoran la diversidad.

Nuestra persistencia, capacidad para colaborar con otros, creatividad y el compromiso de cada persona involucrada en FIAN continúan siendo invaluables para fortalecer el movimiento por el derecho a la alimentación y lograr cambios transformadores en todo el mundo.

¿Qué tan optimista está sobre las perspectivas de avanzar en el derecho a la alimentación en el clima actual?

A pesar de los desafíos, hay mucho que celebrar: el 20º aniversario de las Directrices de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación vio progresos en su implementación. FIAN Colombia aseguró el reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación, los campesinos de Ecuador ganaron casos emblemáticos sobre el derecho a la tierra y Uganda vio reducida la violencia militar contra los pescadores después de años de incidencia. Nuestros esfuerzos, junto con muchos aliados, para aumentar la responsabilidad corporativa están dando frutos, con pasos hacia un instrumento vinculante para abordar los daños de las grandes empresas alimentarias, tecnológicas, agrícolas y los principales actores financieros.

También creo que el progreso en el reconocimiento de los derechos humanos de las generaciones futuras ofrece nuevas vías para combatir las crisis ambientales y promover la justicia. Y nuestro trabajo sobre el cuidado alimentario está destacando caminos importantes para la equidad de género y el desmantelamiento de prácticas patriarcales que dañan a las mujeres y al colectivo LGBTQIA+.

Estos pasos, aunque pequeños, representan avances significativos. Recorrerlos en solidaridad nos acerca a un mundo donde los sistemas alimentarios prioricen a las personas y al planeta por encima de los intereses corporativos.

Para más información, contacte a Ana María Suárez Franco: suarez-franco@fian.org

Proceso Nyéléni: Oleadas de resistencia. Las comunidades pesqueras en defensa de la soberanía alimentaria

En un mundo en pleno cambio, asolado por guerras y oligarcas multimillonarios, los medios de vida de los pescadores y las pescadoras siguen siendo ignorados en los debates políticos. El programa del presidente estadounidense Trump con su lema “drill, baby, drill” (perforar, nena, perforar), el extractivismo mundial, el encierro neoproteccionista de la naturaleza a través de la meta 30X30 (Marco Mundial de Biodiversidad), la expansión de la acuicultura respaldada por los gobiernos y los megaproyectos con fines lucrativos siguen erosionando los territorios y los medios de vida de las comunidades pesqueras.

El auge de la derecha radical ha llevado a algunos gobiernos a reducir o eliminar la ayuda al desarrollo, y la filantropía tiene una mayor influencia a la hora de determinar qué y quién recibe apoyo, lo cual ha degradado aún más las perspectivas de financiación. A su vez, la mayor dependencia de las ONG y los movimientos de pescadores artesanales de la financiación filantrópica puede llevar a la cooptación de los programas políticos de algunas organizaciones y a crear división entre quienes mantienen los principios de la soberanía alimentaria y quienes siguen enfoques dirigidos por los financiadores, como “30X30”, «Alimentos Azules» y «Transformación Azul»[1].

Los movimientos de pescadores y pescadoras artesanales deben unirse para debatir posiciones y tácticas políticas. Tras la decisión del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) de no respaldar la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, puede ser necesario adoptar posiciones similares con respecto a otras prioridades impuestas. Los movimientos de pescadores artesanales deben establecer sus propias prioridades y configurar activamente la dirección del movimiento más amplio de soberanía alimentaria. El Foro Mundial de Nyéléni, que se celebrará en septiembre de 2025 en Sri Lanka, ofrece esa oportunidad: incluir la pesca en el programa, fomentar la solidaridad con otros pequeños productores de alimentos, trabajadores y trabajadoras del sector alimentario y movimientos climáticos, y avanzar en la lucha por la soberanía alimentaria.

FIAN International, GRAIN, Grupo de trabajo sobre pesca del CIP, TNI, WFF, WFFP

Lea el boletín Nyeleni No.52 aquí or descarguelo

Ilustración: Rosine Nsimire (Alliance pour la vie), Alessandro Musetta – Agathe, la matriarca sobre el agua es una publicación digital en técnica mixta que documenta las experiencias de las pescadoras artesanales del lago Kivu, en la República Democrática del Congo (RDC).

Tratado Vinculante para Corporaciones Transnacionales: Es hora de poner la vida en el centro

A pesar de que las comunidades afectadas, los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil llevan mucho tiempo exigiéndolo, no existe un marco jurídico mundial vinculante que obligue a las grandes empresas transnacionales del agro, la alimentación, la tecnología y las finanzas a rendir cuentas por su atroz historial de abusos y violaciones de los derechos humanos. Esta falta de regulación global les permite eludir la rendición de cuentas encontrando vacíos legales, subcontratando sus obligaciones a entidades de su cadena de valor, o utilizando sus grupos económicos y estructuras de holding en distintas jurisdicciones.

Las transnacionales que dominan las cadenas de valor mundiales concentran el poder en las economías globalizadas, y con frecuencia usan su posición para perjudicar los derechos humanos y el medio ambiente en su afán por acumular aún más capital. La mayoría de estos abusos y violaciones no les traen consecuencias legales ni remediación adecuada y sensible al enfoque de género para los afectados. Se trata de un problema sistémico que contribuye a las crisis interconectadas actuales.

La próxima semana, y por décima vez, los Estados se reunirán en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para seguir negociando un tratado internacional vinculante que obligue a las empresas a rendir cuentas. 

 Una sociedad civil vigilante y activa se hará presente, exigiendo negociaciones intergubernamentales efectivas, libres de la captura corporativa

En 2024, el GTI que negocia el tratado sobre las ETN decidió dar más recursos que intensifiquen las negociaciones del instrumento vinculante y para contratar el apoyo de expertos jurídicos. A lo largo de ese año la mayoría de las consultas fueron sobre metodologías y no realmente sobre el fondo. Además, de forma abrupta, en septiembre, las fechas de las negociaciones se pospusieron de finales de octubre a la semana anterior a Navidad, un momento extraño para garantizar una participación de los Estados, organizaciones de las sociedad civil, movimientos sociales y representantes de las comunidades afectadas. Esto también causó un enorme perjuicio económico, especialmente a las organizaciones y movimientos más pequeños del Sur Global, que ya habían organizado su viaje a Ginebra para octubre.  

A pesar de todo, esta semana/la próxima nos presentaremos en el CDH de Ginebra para pedir un tratado sólido y reforzar nuestros mensajes de los últimos 10 años. La 10ª sesión tendrá como objetivos negociar el texto de los 24 artículos del borrador de Actualizaciones, y definir la hoja de ruta de las negociaciones intersesionales del 2025. También aclarar el papel de los expertos legales, lo que es crucial para nosotros.  La sociedad civil, movimientos sociales, y pueblos indígenas que forman parte de la Treaty Alliance, la Campaña Mundial para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad (Campaña Mundial), las Feministas por un Tratado Vinculante, la Red-DESC y los Jóvenes Amigos del Tratado asistirán a las negociaciones y seguirán abogando por que los Estados participen activamente en ellas. 

Su objetivo colectivo es reforzar el proyecto de texto, actualmente debilitado, para asegurar mecanismos de prevención sólidos que vayan más allá de la mera diligencia debida, disposiciones que hagan de éste un tratado con perspectiva de género. También para lograr regímenes de responsabilidad extraterritorial que hagan recaer la carga de la prueba sobre los autores e incluyan la responsabilidad conjunta a lo largo de las cadenas de valor, así como garantizar de manera efectiva el acceso de las personas a la reparación en las sedes de las casas matrices, donde tienen el poder de prevenir y donde se encuentran los activos necesarios para reparar abusos y violaciones.

 Lo esencial…

Acabar con la impunidad de quienes han contribuido a las múltiples crisis que afectan a los derechos humanos y medioambientales de las generaciones presentes y futuras.

Aunque el año está a punto de terminar, la población de diversos países sigue sufriendo los impactos de abusos y violaciones de las transnacionales, como muestran los casos de Senegal y Serba. La captura corporativa de la ONU y otros espacios de gobernanza continúa agravando las múltiples crisis que enfrenta nuestra humanidad, como lo ilustra el video cómic Los Indigeribles, de FIAN Brasil y los Hermanos Zago, para el caso de los sistemas alimentarios.

«Las asimetrías entre las leyes de comercio e inversión que otorgan derechos a las corporaciones, y las débiles normas voluntarias de derechos humanos que sólo sugieren a las corporaciones cómo respetarlos, desde una perspectiva nacional y sin regímenes claros de responsabilidad, dejan muchas lagunas en un mundo globalizado, en el que las cadenas globales de valor están controladas por unos pocos actores económicos poderosos», afirma la representante permanente de FIAN Internacional ante la ONU, Ana María Suárez Franco. 

En busca de una justicia transnacional e intergeneracional para los seres humanos y la naturaleza

En tiempos de la triple crisis planetaria del cambio climático, la contaminación y la destrucción de la biodiversidad, también muchas organizaciones ecologistas se están implicando en el proceso. Estas exigen que se incluya un fuerte componente medioambiental, y se reincorpore al borrador el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. 

«Un tratado que no proteja el medio ambiente ni responsabilice a los causantes de daños medioambientales no será lo suficientemente eficaz para proteger a la humanidad de la codicia empresarial; ni para garantizar la reparación de pérdidas y daños, incluso en lo que respecta a su impacto intergeneracional», afirma Stephan Backes, secretario del Consorcio sobre Obligaciones Extraterritoriales (Consorcio ETO) y encargado de responsabilidad empresarial en FIAN. «No puede haber transición hacia sistemas alimentarios más justos, sanos y sostenibles, sin una sólida rendición de cuentas empresarial más allá de fronteras y generaciones».

Responsabilidad empresarial en tiempos de conflicto, genocidios y ocupación

Varios negocios se benefician de situaciones de guerra, ocupación, genocidio y conflictos, y los perpetúan. Es clave examinar y regular la conducta delictiva de las empresas en situaciones en que los alimentos y el hambre se convierten en armas, se destruyen infraestructuras necesarias para la producción y distribución de alimentos, y se mata de hambre a la población.  En ese contexto, la diligencia debida no es suficientemente eficaz para la prevención. Se necesitan regímenes de prevención y responsabilidad más estrictos para las empresas que contribuyen a mantener y agravar los conflictos a costa de la vida y la naturaleza.

 No hay tratado global eficaz sin género e interseccionalidad  

El impacto diferencial del daño corporativo sobre las mujeres y las personas LGTBQ+ ha sido claramente probado por las Feministas por un Tratado Vinculante. El acceso a la reparación, la protección de los titulares de derechos, la prevención y la responsabilidad deben negociarse. Esto, incluyendo normativas con enfoque de género que permitan a las diversidades y disidencias, y a las mujeres, acceder a justicia y reparación, así como participar adecuadamente en su definición. 

Durante la semana de negociaciones, FIAN permanecerá vigilante instando a los Estados a que adopten medidas efectivas, continuará abogando por la dignidad humana y la naturaleza en la ONU; y mantendrá informados de los avances a todos aquellos que no puedan asistir. Instamos a los Estados miembros a responder a las demandas de los defensores de derechos humanos y del medio ambiente y a negociar activamente un tratado que sea eficaz para acabar con la injusticia corporativa y garantizar un mundo más justo para todos hoy y en el futuro.  

Para más información o entrevistas con los medios de comunicación, póngase en contacto con Amanda Cordova (cordova-gonzales@fian.org)

El Consejo Internacional de FIAN aprueba un nuevo plan estratégico

En un contexto mundial de aumento del hambre, conflictos prolongados, destrucción del medio ambiente, cambio climático y captura corporativa de la gobernanza alimentaria, FIAN Internacional ha reafirmado su compromiso de permanecer junto a las comunidades, pueblos indígenas, campesinos, pescadores, trabajadores de la alimentación y otros que luchan por un cambio sistémico en los sistemas alimentarios.

«Este Plan Estratégico reafirma la visión y los pilares de FIAN, haciendo hincapié en el compromiso de la organización para garantizar el derecho a la alimentación utilizando mecanismos de derechos humanos, apoyando las luchas de los pueblos, cuidando la naturaleza y abordando la interseccionalidad», dijo la Presidenta de la Junta Directiva de FIAN Internacional, Priscilla Claeys, en la reunión celebrada en Lisboa la semana pasada, a la que asistieron delegados de las Secciones de FIAN (oficinas nacionales) de todo el mundo.

«Perfila las luchas que FIAN aborda, las estrategias que emplea y allana el camino para los debates sobre cómo fortalecer la organización en un contexto global cambiante. Un aspecto central de este plan es el objetivo de desmantelar las prácticas coloniales y promover el equilibrio de género y la diversidad generacional, tanto dentro de FIAN como en su trabajo externo».

El nuevo plan (sólo disponible en inglés por el momento) se organiza en torno a seis luchas temáticas y se coordinará con las Secciones de FIAN y sus aliados cercanos en todo el mundo, incluida la Red Global por el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición. Tiene dos nuevas áreas de enfoque: paz, justicia y autodeterminación; y justicia de género, derechos de las mujeres y cuidados en los sistemas alimentarios.

«FIAN Internacional y sus Secciones desempeñan un papel crucial a la hora de garantizar que nuestro plan se haga realidad en los lugares donde viven quienes han sido tradicionalmente marginados y desfavorecidos, a través de diversos niveles de impacto en nuestro trabajo por la justicia social», declaró la vicepresidenta de la Junta Directiva de FIAN Internacional, Juana Camacho Segura.

«La familia FIAN también tiene como objetivo fomentar debates democráticos críticos a través de la sensibilización, la educación popular, la promoción del intercambio de conocimientos, la movilización de la comunidad y la defensa que impulsen cambios en la gobernanza, necesarios para abordar las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad.»

A lo largo de la reunión del Consejo Internacional, las Secciones de FIAN destacaron la importancia de reforzar el intercambio de conocimientos y de adoptar mecanismos claros de seguimiento de la aplicación del Plan Estratégico. También acordaron reforzar los esfuerzos para garantizar la sostenibilidad de la organización, tanto a través de la renovación generacional como de una mayor colaboración en materia de financiación.

El Consejo Internacional aprobó otro mandato de tres años para la Junta Internacional y dio las gracias a Angela Mulenga, miembro saliente, y a Thomas Albert Wolfer, tesorero, por sus años de dedicación. También agradeció a la Secretaria General saliente, Sofía Monsalve, sus muchos años de servicio y dio la bienvenida a su sucesora, Ana María Suárez Franco, representante permanente de FIAN ante la ONU en Ginebra, que asumirá el cargo en enero.

Descargar Plan Estratégico (en inglés) aquí.

Para más información, póngase en contacto con Amanda Cordova Gonzales: cordova-gonzalez@fian.org

 

Francia y España deben regular sus empresas mineras en Senegal

Las autoridades senegalesas han desposeído a cientos de agricultores en el oeste de Senegal para dar paso a la minería de fosfatos y extracción de minerales por parte de la empresa hispano-senegalesa SEPHOS y la compañía franco-senegalesa Grande Côte Opérations (GCO).

Estas empresas – y las autoridades que les otorgaron permisos para extraer fosfatos, circón, ilmenita y otros minerales – han violado los derechos humanos de las comunidades locales en Koudiadiène, Lam-Lam, Pambal así como en Diogo y áreas circundantes, incluyendo el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas, el derecho a la tierra, el derecho a un ambiente saludable, limpio y sostenible, el derecho a la salud y el derecho al agua, según un nuevo informe de FIAN International.

Aunque la mayoría de las comunidades en el Senegal rural tienen acceso a la tierra según derechos consuetudinarios tradicionales, en lugar de títulos formales de propiedad, el informe destaca una falta de reconocimiento legal de esta práctica. Esto deja a los campesinos y comunidades rurales desprotegidos cuando las autoridades otorgan concesiones mineras a empresas nacionales o extranjeras.

«Koudiadiène está en la reserva de minería de fosfatos. Este material está bajo nuestros pies y si el estado lo necesita, la población tendrá que mudarse,» lamentó un miembro de la comunidad de Koudiadiène.

Además, el nivel de compensación ofrecido por la pérdida de tierra ha sido irrisorio o inexistente, empujando a muchas personas afectadas hacia la pobreza extrema.

«Antes, estábamos cómodos y teníamos suficiente para comer. Las mujeres ayudaban con las tareas agrícolas. Los ingresos de las cosechas nos permitían comer bien y cubrir todos nuestros otros gastos. Desde que nos quitaron nuestro campo, no trabajo y me quedo en casa,» dijo Ndeye Ndiaye, una víctima del acaparamiento de tierras de Diogo.

«Mis hijos no tienen suficiente para comer. A menudo les pido dinero a los vecinos para pagar la atención médica de los niños. Estamos cansados. Necesitamos ayuda,» añadió.

Las comunidades afectadas no fueron informadas sobre las operaciones mineras con anticipación, a pesar del impacto devastador que ha tenido desde entonces en sus cultivos y salud.

«Los campesinos ni siquiera son notificados a tiempo de la intervención de las máquinas en sus campos… miembros de la comunidad con campos cerca de la mina han perdido todo debido al polvo que se asienta en sus cultivos,» explicó Armand Gondet Dione, un defensor de derechos humanos de Pambal.

«Los campos se han vuelto inadecuados para el cultivo. Los árboles se han secado y muerto antes de que pudieran siquiera ser inventariados. Las áreas de pastoreo están desapareciendo, la flora y fauna están muriendo, la sequía y la erosión están empeorando.»

Tanto SEPHOS, que se dedica a la minería de fosfatos, como GCO, que extrae circón, ilmenita, rutilo y leucoxeno, tienen empresas matrices o activos principales respectivamente en España y Francia.

Mientras que Senegal claramente ha violado sus obligaciones bajo el derecho internacional de derechos humanos y las leyes nacionales, España y Francia también están obligados según el derecho internacional de derechos humanos a tomar medidas para asegurar que las empresas mineras con sede en su territorio no socaven el derecho a la alimentación y otros derechos relacionados en Senegal. Esta obligación también requiere que los estados sancionen a estos actores en caso de abuso, y proporcionen recursos a los afectados por estas empresas, especialmente a través de sus tribunales nacionales y remedios adecuados.

España y Francia deben asumir la responsabilidad por las vidas destruidas por sus empresas y tomar acción sin demora.

Para más información, favor contactar a Valentin Hategekimana hategekimana@fian.org o Tom Sullivan sullivan@fian.org

20 AÑOS DE LAS DIRECTRICES DE LA ONU SOBRE EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN: ES HORA DE QUE HAYA UN MUNDO SIN HAMBRE Y SIN QUE NOS MATEN DE HAMBRE

Junto con las organizaciones nacionales de FIAN y nuestros aliados alrededor del mundo, y también la Red Mundial del Derecho a la Alimentación y la Nutrición que coordinamos, apostamos por erradicar la violencia, la explotación y la opresión en los sistemas alimentarios y realizar el derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas (DHANA) para todas las personas.

La participación efectiva de las personas titulares de derechos y la democratización de la toma de decisiones a todos los niveles son imprescindibles para garantizar este derecho fundamental. El hambre es evitable y puede ser erradicada.

En un nuevo documento político exponemos nuestro planteamiento de seis luchas principales para alcanzar estos objetivos.

Para más información, póngase en contacto con Charlotte Dreger: dreger@fian.org

 

Alternativas desde Abajo, verdaderas soluciones a la crisis alimentaria global

Presentamos la serie “Alternativas desde Abajo, verdaderas soluciones a la crisis alimentaria global”, basada en experiencias con las que cada sección nacional viene trabajando en diferentes puntos del planeta. Procesos que han asumido en sus manos la urgente transformación agroecológica y de pesca sustentable, o liderando movilizaciones para proteger los sistemas alimentarios basados en los derechos humanos.

Asumiendo sus propios liderazgos frente al aumento del hambre y la malnutrición, dando el ejemplo a las instituciones internacionales, que siguen sin abordar las causas estructurales del hambre. Encontrando alternativas a pesar de ser los directamente afectados por el aumento de la desigualdad, el acaparamiento de tierras y recursos naturales, la desposesión y la mercantilización de la naturaleza.

Buscando romper las asimetrías centro-periferia o Norte-Sur y las relaciones coloniales que se perpetúan en las políticas de transición climática (el colonialismo verde). Dejando claro que el Sur global no quiere seguir siendo un espacio subalterno para ser explotado, destruido y reconfigurado, según las necesidades de la acumulación de capital. Encarnando ese enfoque eco-social transformador, consiguiendo su soberanía alimentaria, en armonía y el equilibrio ecosistémico para salvaguardar el derecho a la alimentación para todos.

Otro mundo no solo es posible, sino que ya lo estamos construyendo, desde abajo, con organización y movilización, desde las bases, las calles, los barrios, los pueblos y las comunidades. Yendo las causas de los problemas, haciendo frente a la captura corporativa, el lavado verde y las prácticas neocoloniales incrustadas en las falsas soluciones a las crisis climática y alimentaria. 

Para más información o entrevistas, por favor contactar a Amanda G. Córdova cordova-gonzales@fian.org

 

Alternativas ecológicas populares al lavado verde corporativo: Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición

Los sistemas alimentarios industriales han fracasado en satisfacer las necesidades nutricionales de la población de nuestro planeta. Cerca de 800 millones de personas pasan hambre hoy en día. Nuestros sistemas alimentarios producen un tercio de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que contribuye enormemente a la crisis climática y dificulta el acceso a los alimentos y la nutrición. La extinción masiva de especies, la destrucción de ecosistemas y la alteración de los ciclos naturales que sustentan la vida en la Tierra socavan aún más el acceso a los alimentos.

El extractivismo, la mercantilización y la financiarización de la naturaleza han exacerbado la explotación, la desposesión y los desalojos violentos. El creciente control de los recursos naturales por parte de un pequeño número de poderosas corporaciones, individuos y Estados también está alimentando la violencia de género, las formas de discriminación entrecruzadas y la creciente desigualdad.

Las Alternativas Ecológicas Populares al Lavado Verde Corporativo de la Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición proponen un enfoque diferente basado en las luchas populares contra la captura corporativa, el lavado verde y las prácticas neocoloniales. Promueven el derecho humano a la alimentación y a una nutrición adecuadas, los derechos humanos de las personas campesinas y de otras comunidades rurales, y también a la soberanía alimentaria universal.

El documento se divide en cuatro secciones que examinan la evolución internacional, la alimentación y la triple crisis ecológica, el colonialismo verde y la descarbonización, y las luchas populares y las soluciones a las crisis climática y alimentaria.

A pesar del agravamiento de la crisis alimentaria, durante 2023 apenas se tomaron medidas decisivas a nivel internacional para abordar sus causas. En su lugar, la captura corporativa de los foros internacionales, especialmente en la ONU, continuó inalterada. La crisis alimentaria y la triple crisis ecológica del clima, la pérdida de biodiversidad y la contaminación están inextricablemente vinculadas, pero las empresas y los Estados promueven soluciones tecnológicas similares para cada una de ellas y no tienen en cuenta los derechos de las pequeñas comunidades productoras de alimentos.

En los últimos años, la descarbonización y los enfoques relacionados orientados al mercado se han impuesto como el paradigma principal para abordar estas crisis entrelazadas. Sin embargo, este neocolonialismo verde no hace sino perpetuar la ecodestrucción y la mercantilización de la naturaleza, al tiempo que profundiza las desigualdades existentes.

Una transformación ecosocial justa de nuestros sistemas alimentarios que proteja el derecho de todas las personas a la alimentación y la nutrición requiere justicia global y el fomento de la soberanía alimentaria, la armonía y el equilibrio entre la humanidad y el medio ambiente.

Para solicitudes de medios, póngase en contacto con Amanda Cordova-Gonzales en cordova-gonzales@fian.org