Como paso previo a la celebración de la 58ª sesión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) que hoy comienza, la Plataforma EPU ha presentado un informe alternativo al informe estatal de Honduras para su revisión por el Comité. Las conclusiones de dicho informe señalan a la actual política económica y a los modelos de desarrollo extractivo que dificultan el disfrute de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la alimentación y la nutrición, y también a la inaceptable criminalización que sufren las personas que defienden los derechos humanos, y a la desigualdad y violencia que experimentan mujeres y niñas. Todo esto sucede dentro de un contexto de extrema pobreza y desequilibrio en la distribución de la riqueza que está empujando a muchas personas hacia situaciones de malnutrición.
Según el informe alternativo, muchos proyectos son adjudicados sin el consentimiento libre e informado de las comunidades afectadas, incluso cuando se trata de territorios indígenas o ancestrales, lo que contraviene el Convenio núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De acuerdo con este documento, numerosas concesiones han sido otorgadas a proyectos hidroeléctricos y de minería en áreas consideradas sagradas por los pueblos indígenas, o en zonas vitales para asegurar la subsistencia de las comunidades locales.
Las comunidades campesinas experimentan unas situaciones muy similares, y cada vez se enfrentan a un mayor número de desalojos forzosos. El conflicto agrario del Bajo Aguán ejemplifica claramente dicha situación: Durante más de una década, diversas comunidades campesinas vienen luchando para poder acceder y recuperar las tierras adquiridas de manera irregular por los terratenientes. Dichas tendencias son fruto de un modelo de desarrollo que socava el disfrute de los derechos humanos. También son prueba de la violencia, intimidación y criminalización que es probable que enfrenten las personas que defienden los derechos humanos.
De hecho, aquellas personas que defienden los derechos relacionados con el medio natural, la tierra, la alimentación y la nutrición, son con bastante frecuencia perseguidas y criminalizadas. Esto ha quedado más que demostrado con el reciente asesinato de Berta Cáceres, una reconocida líder indígena de la etnia lenca, defensora de los derechos humanos y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), sucedido el 2 de marzo de este mismo año. Desafortunadamente este no es un caso aislado, ya que Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras de los derechos humanos. “Esto demuestra que los mecanismos disponibles en Honduras para la protección de estas personas son insuficientes. La inmensa mayoría de los casos quedan impunes”, lee el informe.
La desigualdad y la violencia sufrida por las mujeres son sistemáticas y estructurales, lo que les impide ejercitar sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y disfrutar de una vida digna. Tal y como se expresa en el informe, “El miedo, tanto en la esfera pública como privada, y la falta de responsabilidad jurídica por las violaciones de los derechos humanos de las mujeres son la norma general, y no la excepción”.
Y todo esto sigue desarrollándose frente a unos niveles de pobreza extremadamente altos y una desigual distribución de la riqueza, lo que acarrea un grave impacto sobre el derecho a la alimentación y la nutrición de los ciudadanos y ciudadanas de Honduras. Se estima que el 12.1% de la población sufre malnutrición, y que el 1.4% de los niños y niñas menores de cinco años sufren malnutrición aguda, el 5% obesidad, el 10% desnutrición global y el 31% desnutrición crónica. Esto se deja sentir especialmente entre los grupos más marginados, como por ejemplo entre las comunidades indígenas, en las que el 95% de la población menor de 14 años sufre malnutrición.
Puede descargar el informe aquí.
En cooperación con otras organizaciones, Las Brigadas Internacionales de Paz, la Plataforma Internacional contra la Impunidad y FIAN Internacional están organizando una mesa redonda para debatir la implementación de medidas y mecanismos para la protección de las personas que defienden los derechos económicos, sociales y culturales en Honduras. Este evento se celebrará en Ginebra el día 6 de junio a las 18:30. Puede encontrar mayor información aquí.
FIAN Internacional también organizará el día 8 de junio a las 18:00 horas un evento bajo el título ¿Quién es responsable del hambre?, en el que se abordará la realización del derecho a la alimentación y la nutrición en Burkina Faso, Honduras y Suecia. Puede encontrar mayor información aquí.
NOTAS PARA LOS EDITORES/AS:
- El informe fue preparado dentro del marco que ofrece la Plataforma EPU, formada por 54 movimientos sociales y organizaciones de desarrollo y derechos humanos de Honduras. FIAN Honduras, EMIH (Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras), Foro de Mujeres por la Vida, Asociación LGTB Arcoíris de Honduras, y Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) han contribuido con sus aportaciones en torno a diferentes derechos.
- La Plataforma EPU fue establecida en 2014 con el objetivo de articular el trabajo de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil hondureña de cara al segundo Examen Periódico Universal (EPU) del Estado de Honduras ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sin embargo, la plataforma ha seguido permaneciendo como un espacio de articulación más allá de este proceso.
