CESCR: Mujeres rurales piden justicia y el fin de la destrucción ecológica en Honduras

Lily Mejía, de FIAN Honduras, y una lideresa comunitaria de la región del Golfo de Fonseca se reunirán con el comité. También participarán en un diálogo interactivo sobre el impacto de las pérdidas y daños derivados de los efectos adversos del cambio climático en el pleno disfrute de los derechos humanos en la 57 sesión del Consejo de Derechos Humanos.  

Aumento del nivel del mar e inundaciones recurrentes

La lideresa comunitaria acompañado por FIAN Honduras pertenece a una pequeña comunidad pesquera cuyos medios de vida y derecho a la alimentación y la nutrición se han visto gravemente afectados por los efectos adversos del cambio climático y la destrucción ecológica. La subida del nivel del mar y las inundaciones recurrentes están destruyendo las casas y los negocios de la gente y poniendo en peligro su salud y su vida. El mar se está comiendo poco a poco el pueblo: en algunas partes se han perdido hasta 100 metros de costa en poco más que una década (ver diagnóstico sobre impacto del CC ). Los fenómenos meteorológicos extremos también están limitando la capacidad de los pescadores para salir al mar a faenar, reduciendo a veces a cero sus capturas e ingresos. La comunidad también tiene que hacer frente a la contaminación provocada por la cría industrial de camarones, una industria de exportación fuertemente promovida por el gobierno hondureño y que funciona con escaso escrutinio o supervisión gubernamental.

La combinación del aumento de la temperatura del agua y la contaminación ha provocado el declive de las poblaciones de peces, con la desaparición total o la escasez de peces y almejas autóctonos. Todo ello tiene un impacto dramático en el derecho a la alimentación y la nutrición de los miembros de la comunidad, que dependen de ellos para su sustento y subsistencia y tienen pocas alternativas para generar ingresos. La situación es similar en otras comunidades costeras (¿enlace al diagnóstico?). Como consecuencia, muchas personas están emigrando, desgarrando a las familias. 

Es urgente la acción gubernamental para proteger y apoyar comunidades en el Golfo de Fonseca y otras zonas rurales en el país en el contexto del cambio climático y la contaminación ambiental. En la actualidad, el gobierno está notablemente ausente, y las comunidades están abandonadas a su suerte. Además de los retos medioambientales a los que se enfrentan, las comunidades carecen de acceso a recursos naturales y de apoyo técnico y financiero como pequeñas productoras artesanales de alimentos y pequeñas empresarias, al tiempo que sufren discriminación y exclusión con respecto a los mercados y los sistemas de protección social. Estos y otros retos en materia de derechos humanos, así como las propuestas de las comunidades rurales -y especialmente de las mujeres rurales- se resumen en el informe sombra presentado por FIAN Honduras y FIAN Internacional al CDESC para el examen de Honduras.

Para más información, póngase en contacto con Laura Michele: michele@fian.org

 

 

Las piscifactorías de camarones amenazan los medios de subsistencia de los pescadores artesanales

FIAN Internacional está trabajando con representantes de los pescadores de Tamil Nadu para poner de relieve la situación de dos pequeñas comunidades pesqueras de Chandrapadi y Chinnaikottaimedu, que dependen de la pesca tradicional en embarcación.

Impacto en los medios de subsistencia y los derechos humanos

La invasión de las piscifactorías camaroneras desde principios de los noventa ha provocado una grave degradación medioambiental en la zona: se han talado manglares y se han dragado marismas para construir canales artificiales, alterando ecosistemas antaño prósperos.

La imprudente expansión de la cría de gambas se ha relacionado con la contaminación del agua, la degradación de la fertilidad del suelo, la pérdida de medios de subsistencia, la denegación del acceso a los caladeros, efectos adversos para la salud, escasez de agua y trastornos sociales y culturales.

«Este es un ejemplo paradigmático de por qué la acuicultura es una falsa solución a la seguridad alimentaria. Su expansión ha devastado las vidas y los medios de subsistencia de los pescadores de todo el mundo y, en particular, de Asia», afirma Yifang Tang, responsable de Investigación y Estudios de Casos de FIAN Internacional.

«La acuicultura es diversa. Incluso proyectos aparentemente a pequeña escala pueden dañar el medio ambiente y tener un enorme impacto en el derecho a la alimentación y la nutrición de las comunidades pesqueras locales.»

El gobierno de Tamil Nadu no ha aplicado la legislación vigente ni ha protegido los derechos de las comunidades.

«Exigimos a los departamentos gubernamentales que cierren las granjas camaroneras basándose en la Zona de Regulación Costera (2019). También exigimos al gobierno del estado de Tamil Nadu que redistribuya las tierras comunales costeras a las aldeas de pescadores para asegurar y proteger la ecología», afirma Jones T Spartegus, de Coastal Action Network.

El coste humano de la cría de gambas

La contaminación de las masas de agua por el vertido de productos químicos no tratados ha provocado una reducción del tamaño y la calidad de los peces y mariscos, amenazando la principal fuente de alimentos de las comunidades de Chandrapadi y Chinnakotaimedu.

La pérdida de tierras de cultivo en favor de las granjas camaroneras también ha perturbado los sistemas alimentarios locales, obligando a las familias a comprar -en lugar de cultivar- sus alimentos, lo que afecta a los ingresos familiares. La denegación del acceso a los caladeros y la pérdida de las técnicas de pesca tradicionales han causado dificultades económicas a las comunidades pesqueras.

Las comunidades también han experimentado efectos adversos para la salud, como alergias y enfermedades de la piel que creen que están relacionadas con la contaminación de las granjas camaroneras.

La promoción de las granjas camaroneras por parte del gobierno estatal mediante incentivos económicos y su incapacidad para hacer cumplir su propia normativa subrayan la urgente necesidad de actuar para proteger los derechos humanos y los medios de subsistencia de estas comunidades pesqueras.

Descárguese el informe aquí.

Para más información o entrevistas con los medios de comunicación, póngase en contacto con Clara Roig Medina roig@fian.org

Las comunidades campesinas de Cajamarca siguen luchando contra el gigante minero sudafricano

El megaproyecto afecta al derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria locales y pone en peligro el acceso al agua de varias ciudades con millones de habitantes. La resistencia campesina ha logrado suspender operaciones temporalmente, por medio de una consulta popular, pero la empresa insiste en asediar el territorio. 

En 2023 la AngloGold Ashanti renunció a dos títulos mineros, es decir, redujo el porcentaje del territorio concesionado, y hoy mantiene la posesión sobre el 17.90% del territorio de todo Cajamarca. Las demandas que ha presentado la empresa frente al Estado para seguir operando siguen en curso, aún no ha habido decisiones de primera instancia en el Poder Judicial colombiano.  

En la mira de la ONU 

Las organizaciones sociales en defensa de Cajamarca enviaron un escrito a la Relatoría del Derecho a la alimentación de la ONU, que respondió enviando una comunicación multirelatorial al Estado colombiano, a la AngloGold Ashanti Colombia, al Estado de Sudáfrica y a la AngloGold Ashanti Sudáfrica. En las comunicaciones, se les solicita información a los Estados y a la empresa sobre el caso de La Colosa y se menciona la importancia de proteger los derechos humanos y el derecho a la participación. 

Este escrito se suscribió de manera conjunta por los mandatos del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los Derechos Humanos y las empresas transnacionales y otras empresas; del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible; del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos y del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento).  

Jugada evasiva 

Este año, la AngloGold Ashanti anunció que su casa matriz pasará de Johannesburgo a Londres y que su cotización principal pasará de Johannesburgo a Nueva York. Al abandonar Sudáfrica, todo lo avanzado en la fiscalización de la empresa en ese territorio quedaría en suspenso, y habría que recomenzar desde cero en Londres, donde la empresa tendría un record limpio.  

Además, «con una cotización primaria en Nueva York, AngloGold Ashanti pretende tener acceso al mayor fondo mundial de capital aurífero. Mientras las empresas mineras realizan estas operaciones para seguir fortaleciendo sus proyectos, no hay medidas efectivas y vinculantes para garantizar que protejan los derechos humanos en los territorios en los que operan», explica Sara Moreno, del Centro Siembra, organización social dedicada a la defensa de este territorio. 

Este caso ilustra la urgente necesidad de un Tratado Vinculante ONU que fiscalice a  las empresas en sus países de origen. El tratado de Vinculante prioriza a las personas y al planeta y se centra en la responsabilidad, el acceso a la reparación y las áreas afectadas por conflictos, cerrando así las brechas en la protección y la regulación. 

Para más información o entrevistas con medios, contacta a Amanda Cordova Gonzales cordova-gonzales@fian.org o a Clara Roig Medina a roig@fian.org.

Foto: Robinson Mejía

Coal power ecocide destroys Serbian farmers‘ livelihoods

They want the European Union and the Serbian government to protect human rights and the environment. 

Kostolac power plant makes a sizeable contribution to Europe’s greenhouse gasses, as well as to Serbia’s already sky high air pollution which also affects neighboring EU member state Romania.  

More than 2,000 people live on the edge of the mine in the villages of Kli?evac and Drmno, surrounded by fertile land on the banks of the Danube just 80 km east of Belgrade.  

Dangerous dust  

“Agriculture is a very intensive and important part of the life of these people. They are relying on that food … they are also marketing it to Belgrade,“  Zvezdan Kalmar from Serbia’s Center for Ecology and Sustainable Development (CEKOR), tells FIAN International. 

But dust from the mine is making life increasingly precarious for many, as documented by FIAN International and CEKOR in a new briefing to EU institututions (add link).   

“It is very dangerous … consisting of pollutants, of heavy metals. This dust is directly attacking agricultural production … reducing up to 30 percent the yield from agricultural production,“ adds Kalmar. 

“The mine is destroying not only their livelihoods but also their properties … We expect that in few years time this whole part of the village will actually sink. “ 

https://youtu.be/e6ydIOj-Oq0

Although peoples‘ houses are crumbling, their basements are flooded by groundwater displaced by the mine and a pungent smell of suplhur hangs over the area, neither local authorities nor Elektroprivreda Srbije have agreed to resettle or compensate villagers.  

Dragana, a former farmer from Drmno village, is preparing a legal case with support from CEKOR.  

“We can no longer make a living. Our houses are dilapidated. We want to be resettled, “ she says.  

“I want my children and grandchildren to live a normal live. We breath dust here … from the open cast mine … and smoke,“ she adds gesturing towards the mine, slag heaps of toxic silicon dust, and the towering power plant chimneys which encircle the village.  

Dragana suffers for several health problems, which she attributes to the poor air quality in the village. Her husband was recently admitted to hospital with acute respiratory problems.  

https://youtu.be/L6JAzfla9pc

Diseases on fruit trees 

In nearby Kli?evac village, Novica Milenkovic says that the mine has devestated his farm. He continues to grow flowers in heated greenhouses for sale in Belgrade, but most of his crops have failed.  

“There are diseases on fruit trees that were not there before. Pears, apples, all became … scabby … Hazelnuts also will not grow. You gather from a hundred trees, you find ten healthy … there are peaches, we could only eat a few. The others were all rotten,“ he explains. 

“Before, we had a northerly wind … Now wind is blowing from the power plant. And it brings smog and … the smell of coal, sulphur … It would be best if they move us out of here … if nothing else. “ 

https://youtu.be/Fcmu0_SGbtE

Resettlement and compensation  

Drmno mine and Kostolac power plant, run by Elektroprivreda Srbije, could not expand without massive Chinese-backed investments, without credible environmental impact assessments and despite China’s committment to cease funding coal power 

CEKOR argues that the situation facing people living around Dmrno mine and Kostolac power plant amounts to ecocide and a serious violation of their human rights which Serbia and the European Union must urgently address.  

“Most people living next to the mine are demanding resettlement and to get arable lands … to receive real compensation, to live somewhere else, to save their children, their lives and their health from the impossible living conditions,“ says Zvezdan Kalmar. 

FIAN International joins CEKOR and the communities in demanding urgent action from the Serbian government and the EU.  

Serbia, an EU candidate country must fully respect its national and international environmental and human rights obligations. The EU must do more to address the coal-related challenges faced by the country, and to implement the European Union Green Agenda for the Western Balkans, not least by making any future EU funding conditional on the Serbian government demonstrating respect for environmental and human rights.  

For more information or media interviews please contact Tom Sullivan, FIAN International Communication & Campaigns: sullivan@fian.org / Tel +90 534 230 0346/ WhatsApp: +46 73 046 2753  

La UE debe actuar para detener el ecocidio creado por la energía del carbón en los Balcanes

Los Balcanes Occidentales registran uno de los niveles de contaminación atmosférica más elevados de Europa. Serbia y Bosnia-Herzegovina obtienen la mayor parte de su energía de combustibles fósiles, sobre todo carbón de producción nacional, sin tener apenas en cuenta su impacto en las comunidades locales. 
 
La mayoría de las centrales eléctricas de carbón se construyeron durante la época de Yugoslavia, pero la reciente expansión de esta fuente de energía contaminante se ha financiado con polémicas inversiones respaldadas por China, a menudo sin evaluaciones de impacto ambiental y a pesar del compromiso de China de dejar de financiar la energía producida con carbón.
 
Las comunidades locales llevan años luchando por ser realojadas o indemnizadas justamente por el impacto de la contaminación y la erosión del suelo de las minas y centrales eléctricas. Han perdido sus tierras y sus medios de vida, han visto cómo sus casas se derrumbaban a su alrededor y cómo su salud se deterioraba debido a las enfermedades relacionadas con el carbón…
 
En un nuevo informe dirigido a las instituciones de la UE, “La UE debe actuar para detener el ecocidio creado por la energía del carbón en los Balcanes”, FIAN Internacional y grupos locales de la sociedad civil ponen de relieve los daños infligidos por la energía del carbón y piden justicia para las comunidades afectadas, incluido el reasentamiento, la indemnización y la aplicación de la Agenda Verde de la UE para los Balcanes Occidentales.

«Aparte de su impacto en el cambio climático, la energía del carbón pone en peligro los derechos humanos acordados internacionalmente, en particular el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al agua, el derecho a la salud y el derecho a una alimentación y nutrición adecuada», afirma Angélica Castañeda Flores, coautora del estudio.

«Esta destrucción ecológica muestra lo estrechamente entrelazada que está la salud medioambiental con la vida y el bienestar humanos». 
 
FIAN Internacional se ha reunido con personas afectadas en varias localidades dominadas por la minería del carbón a gran escala y centrales eléctricas de carbón altamente contaminantes, en particular los pueblos de Klicevac y Drmno, en el este de Serbia; Sanski Most, en el noroeste de Bosnia y Herzegovina; y la central eléctrica y mina de carbón de Ugljevik, en el noreste del país.
 

«La mayoría de las personas que viven junto a la mina exigen ser reasentadas y que les den tierras cultivables… recibir una compensación real, vivir en otro lugar, salvar a sus hijos, sus vidas y su salud de unas condiciones de vida imposibles», afirma Zvezdan Kalmar, del Centro de Ecología y Desarrollo Sostenible (CEKOR) de Serbia.

 

 

Destrucción ecológica  
 
Los testimonios recogidos de la población local, combinados con las observaciones de FIAN Internacional, apuntan a claros signos de destrucción ecológica, con consecuencias devastadoras para la población local.  
 
Esto incluye inundaciones, escasez de agua y disminución de la producción agrícola. También se ha documentado contaminación del aire y del agua, cambios en la circulación de los vientos provocados por las excavaciones a gran escala, así como enfermedades en los cultivos, daños en las casas y las granjas y un aumento de las enfermedades respiratorias, las alergias y otros problemas de salud graves.   
 
A pesar de ello, los gobiernos de Serbia y Bosnia-Herzegovina siguen sin actuar. En ambos países existe una escandalosa falta de transparencia, participación democrática a nivel local, y repetidamente se han incumplido los marcos jurídicos nacionales e internacionales. Rara vez se consulta a las comunidades locales y hay pocas pruebas de que se realicen evaluaciones de impacto ambiental creíbles.  
 
Esto supone un claro incumplimiento de las obligaciones y compromisos internacionales de los Estados en materia de derechos humanos y medio ambiente, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.  
 
FIAN Internacional se une a los grupos locales de la sociedad civil, CEKOR, CZZS, el Centro Aarhus de Bosnia y Herzegovina quienes junto a las comunidades exigen una acción urgente por parte de los gobiernos de Serbia y Bosnia-Herzegovina, y de la UE para hacer frente a estas graves violaciones del medio ambiente y los derechos humanos. También piden que se establezcan mecanismos de reparación adecuados para compensar y reasentar a las personas afectadas.   
 
Estos dos países candidatos a la UE deben respetar plenamente sus obligaciones y compromisos nacionales e internacionales en materia de medio ambiente y derechos humanos. Por su parte, la UE debe hacer más para abordar los importantes retos relacionados con la energía del carbón en la región y para aplicar la Agenda Verde de la Unión Europea para los Balcanes Occidentales. Entre otras acciones, debe condicionar cualquier financiación futura de la UE a estos países con el respeto de los derechos medioambientales y humanos.  

Puede leer el documento informativo en inglés aquí.  
 
Para más información o entrevistas con los medios de comunicación, póngase en contacto con Tom Sullivan, Responsable de comunicación y campañas en FIAN Internacional: sullivan@fian.org / WhatsApp: +46 73 046 2753

Las corporaciones han de responder ante los crímenes cometidos contra los derechos humanos y el medioambiente

No se debe permitir que prospere el intento de algunos estados para debilitar los principios de los derechos humanos durante el encuentro de la octava sesión del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos.

FIAN Internacional se solidariza con los cientos de movimientos sociales y organizaciones de sociedad civil de todo el mundo que piden la aprobación urgente de un tratado que proteja a las comunidades campesinas, comunidades agrícolas a pequeña escala, comunidades indígenas, mujeres, pescadores/as, trabajadores/as agrícolas y comunidades víctima del abuso y del daño causado por las corporaciones.

“Hay demasiadas lagunas en la legislación internacional que han permitido la impunidad de las corporaciones que ha causado o contribuido al daño y deterioro de los derechos humanos”, ha dicho la representante permanente de FIAN Internacional en la ONU, Ana María Suárez Franco.? 

“Tras ocho años de conversaciones, ha llegado el momento de que los gobiernos se posicionen firmemente junto a las comunidades afectadas y hagan avanzar las negociaciones, teniendo en consideración la urgencia actual de soluciones globales”.

No existe ningún marco legal vinculante que regule las actividades y cadenas de suministros de las compañías transnacionales de la minería, agroindustria y otros negocios que cuentan con un atroz historial contra los derechos humanos. La falta de un marco de regulación uniforme permite que las compañías sin escrúpulos puedan escapar de la justicia saltando de una jurisdicción a otra. A menudo, las empresas explotan los contextos donde las protecciones legales son más débiles y defienden que no están desobedeciendo ninguna ley al forzar la expropiación de comunidades enteras, destruir su medio ambiente y sus medios de subsistencia, e incluso al provocar enormes pérdidas humanas.

Directrices voluntarias como los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU y legislaciones nacionales como la ley francesa del deber de vigilancia de las empresas transnacionales no son suficiente para proteger a las comunidades y al medioambiente frente a las corporaciones sin escrúpulos. Muchos estados están comenzando a reconocer la necesidad de establecer un marco vinculante a nivel mundial.

Como ya se ha demostrado en varios casos recientes – como el desastre del embalse de Brumadinho en Brasil, las expropiaciones de tierras relacionadas con el sector industrial y la minería en India y en Colombia, así como las acciones de la agroindustria para debilitar los medios de subsistencia de las pequeñas comunidades granjeras en Zambia – resulta imprescindible la aprobación de un sólido conjunto de normas que garanticen que se prioricen los derechos humanos de las personas frente a los intereses económicos.

“La aprobación de un tratado internacional sobre corporaciones transnacionales y otras empresas es esencial para poder gobernar economías globalizadas”, ha dicho Ayushi Kalyan, coordinador de responsabilidad corporativa de FIAN Internacional.

“Un marco jurídico uniforme subsanaría los vacíos de protección, permitiendo que las personas tuviesen un mejor acceso a la justicia y garantizando la rendición de cuentas de las compañías en cuanto a su impacto en materia de derechos humanos y medioambiente”

Propuestas que buscan debilitar el proceso

Han tenido lugar múltiples intentos para evitar que se llegue a acuerdos políticos que permitan la aprobación de un tratado sólido. Previo a esta octava sesión de conversaciones, se compartieron propuestas informales que no hacían más que diluir varios de los principios y normas de derechos humanos, haciendo prescindible el proceso de negociación que había sido alcanzado en los últimos años. Estas, proponen una narrativa completamente nueva e ignoran varias de las contribuciones más importantes de muchos estados.

“El margen de discreción que se permite a los estados en las propuestas hace imposible que se pueda alcanzar un marco equilibrado que permita la regulación de las corporaciones transnacionales y otras empresas en la legislación internacional”, ha dicho Ayushi Kalyan.

“Esto nos desvía de nuestro objetivo para establecer un marco común de regulación global en un momento en el que, más que nunca, necesitamos leyes vinculantes que obliguen a las empresas y a las corporaciones a rendir cuentas por las violaciones cometidas contra los derechos humanos”.

Un reciente estudio publicado que aborda la complementariedad existente entre el Tratado de la ONU y la propuesta de la Directiva de la UE sobre Diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDD por sus siglas en inglés) muestra que incluso aunque sea importante la diligencia debida de las legislaciones a nivel nacional y regional, no es suficiente. Mientras la legislación de diligencia debida parte del punto de vista de la compañía, el tratado ETN da prioridad a las personas y al planeta y se enfoca en la responsabilidad, acceso a reparación y en las áreas de conflicto afectadas y, por consiguiente, en cerrar las lagunas en materia de protección y regulación.

No podemos permitir que los intereses corporativos o los intentos de los estados por defender a las empresas a expensas de las personas se apropien del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, como ya sucedió en el pasado con iniciativas similares.

Esto significaría la pérdida de una gran oportunidad para las comunidades que luchan contra los abusos cometidos contra los derechos humanos en todo el mundo y para el sistema de las Naciones Unidas.

Para más información contactar a Ana Maria Suarez-Franco: Suarez-Franco@fian.org 

Preocupados por el excesivo énfasis en las normas voluntarias, la captura corporativa y la proliferación de espacios multisectoriales que permiten a las empresas como partes interesadas en los debates sobre derechos humanos, FIAN Internacional y sus secciones publicaron un documento de posición sobre la Debida diligencia de las empresas y las obligaciones relacionadas de los Estados en el contexto de la rendición de cuentas corporativa.

La alimentación al frente de las respuestas contra la crisis ecológica

Las políticas pasadas y actuales han tratado a los seres humanos y al resto de la naturaleza como dos esferas independientes y separadas. Esta visión de separación artificial ha desencadenado en un sistema de explotación y dominación del hombre sobre la naturaleza, con terribles consecuencias sociales y medioambientales. En este contexto, el capitalismo financiero y las corporaciones son causantes de la destrucción de los ecosistemas, de la emisión de gases de efecto invernadero y de la expulsión forzosa de las comunidades locales de sus tierras. Según afirma la edición de 2020, para abordar la crisis ecológica es necesario que volvamos a conectar a los derechos humanos con la naturaleza. La alimentación, el ámbito donde nuestra conexión con el resto de los seres que habitan el planeta es más evidente, se presenta como el perfecto punto de arranque para lograr este cambio.

El sistema político y económico mundial convierte los recursos naturales en mercancía y explota la fuerza laboral humana. Esto pone de relieve la conexión que existe entre el modo en el que las sociedades explotan a las personas y el modo en el que lo hacen con la naturaleza; e ilustra, al mismo tiempo, cuán necesario es el trabajo conjunto de los movimientos de justicia social y medioambiental en la búsqueda de caminos alternativos. El Observatorio de este año, “Venciendo las crisis ecológicas: reconectando la alimentación, la naturaleza y los derechos humanos” es un llamamiento a la resistencia colectiva contra la explotación de la naturaleza y a transformar la forma en la que los alimentos son producidos, distribuidos y consumidos; para recuperar el control y transformar radicalmente nuestra sociedad.

La edición 2020 del Observatorio ilustra cómo las crisis sociales, políticas y ecológicas pueden ser reducidas a las mismas pautas sistémicas. A lo largo de diferentes artículos, el Observatorio aborda un amplio número de temas que van desde el papel de la industria agrícola como motor de enfermedades como el COVID-19, hasta el importante papel que juega la tierra en la respuesta contra la destrucción medioambiental y el cambio climático. Asimismo, el Observatorio entrevista a diferentes activistas y recoge su perspectiva sobre el veganismo como una de las corrientes predominantes del momento actual para luchar contra el cambio climático.

Entre los principales datos destacados:

  • La separación de las sociedades con respecto al resto de la naturaleza se refleja en la enorme separación que existe entre la legislación internacional de derechos humanos y la legislación medioambiental.
  • La pandemia del COVID-19 ha sacado a la luz los problemas que se esconden tras los sistemas de alimentación industrial, y cómo estos han impulsado la pérdida de la biodiversidad y han creado las condiciones perfectas para el surgimiento de nuevos patógenos y su transmisión de animales a humanos.
  •  La tierra y el control sobre los recursos naturales resulta imprescindible para mitigar el impacto del cambio climático, reducir las emisiones, proteger los ecosistemas y garantizar la justicia social.
  • El desarrollo de la agroecología y los recientes avances en la legislación internacional se colocan como puntos de partida para la puesta en marcha de soluciones reales a la crisis ecológica, que parten de las prácticas e innovaciones de las comunidades locales.
  •  Las propuestas para poner en marcha un cambio sistémico desde la base que combata las crisis internacionales se están fortaleciendo gracias a la convergencia de los movimientos sociales.
  • El veganismo es un movimiento político y ético en pleno crecimiento que está impulsado por diversas razones medioambientales, pero que en última instancia no puede ser considerado como la única solución para enfrentar el cambio climático, teniendo en cuenta los diferentes contextos socioeconómicos y culturales.

Puedes descargar aquí “Venciendo las crisis ecológicas: reconectando la alimentación, la naturaleza y los derechos humanos”

Para cuestiones relacionadas con los medios, por favor, contacta con delrey@fian.org

La separación de los humanos y la naturaleza como origen de las crisis ecológicas

Ahora que millones de personas se movilizan en todo el mundo pidiendo acción urgente para frenar la crisis del clima, ha llegado el momento de cambiar la relación de la sociedad con la naturaleza. A pesar de la profunda conexión que existe con el resto de nuestro entorno de vida, el pensamiento y las acciones de la sociedad moderna (occidental), incluyendo la formulación de políticas, trata a los humanos y al resto de la naturaleza como si fueran dos esferas separadas e independientes. Pero el calentamiento global y la extinción masiva nos obliga a hacer un cambio radical.

La transformación de nuestros sistemas de alimentación hacia la agroecología es una estrategia imprescindible para afrontar las actuales crisis ecológicas. El Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición de este año, “Venciendo las crisis ecológicas: Reconectando la alimentación, la naturaleza y los derechos humanos”, sostiene que la alimentación es la clave para rectificar el camino actual. “No existe otra circunstancia en la que nuestra íntima relación con el resto del mundo sea tan clara como lo es nuestra conexión con la alimentación. […] La producción y disponibilidad de alimentos nutritivos, saludables y culturalmente adecuados depende del funcionamiento del ecosistema y, del mismo modo, depende de nuestra capacidad para reconocer los derechos humanos y el valor intrínseco de otros seres vivos, tanto animales como plantas y microrganismos. La alimentación no sólo nos mantiene saludables y nos permite responder a amenazas globales como la pandemia del COVID-19, también es el centro de nuestra naturaleza humana como seres sociales”, afirma la publicación.

La edición de 2020, que se lanzará el 12 de octubre, aborda temas cruciales de nuestro tiempo, que van desde el papel de la agricultura industrial como motor de enfermedades como el COVID-19, hasta el papel central de la tierra en nuestra respuesta a la destrucción ecológica y el veganismo como una de las principales corrientes de lucha actuales contra el cambio climático.

Los artículos de esta edición hacen un llamado para que se revisen los modos de producción, distribución y consumo de los alimentos, si queremos ganar el control y transformar radicalmente nuestras sociedades; pero también abordan los modos en los que la colectividad resiste contra la explotación de la naturaleza.

En un momento en el que millones de personas exigen medidas urgentes para detener el calentamiento global, la publicación subraya la necesidad de fortalecer la unión de los movimientos de justicia climática, alimentación y derechos humanos. El reconocimiento de los derechos de las comunidades campesinas e indígenas y de todas las comunidades que protegen los ecosistemas locales y producen alimentos sostenibles a través de la agroecología, han de colocarse en el centro de la solución.

Para cuestiones relacionadas con los medios, por favor, contacta con delrey@fian.org

Puedes seguir el debate a través del hastag #RtFNWatch

La adquisición corporativa procede a pesar de las ilegalidades

Haciendo caso omiso de los procedimientos legales y las demandas de las comunidades afectadas, la Junta de Control de Contaminación del Estado de Odisha ha anunciado tres audiencias públicas que se llevarán a cabo mañana, 20 de diciembre, en relación con el proyecto de la planta de acero en el distrito de Jagatsinhpur, Odisha. Estas audiencias públicas, que tienen como objetivo proporcionar un espacio legal para que las comunidades afectadas se encuentren cara a cara con el proponente del proyecto y el gobierno, están siendo denunciadas por los pobladores afectados por ser llevadas a cabo de manera arbitraria e impropia.

Las audiencias públicas son un paso obligatorio en el proceso de obtención de la autorización ambiental y cualquier información al respecto debe hacerse pública de antemano. Sin embargo, según nuestras fuentes, dicha información no fue comunicada a los miembros del Concejo de la aldea (Gram Panchayat) ni publicada en ningún periódico que la gente local conozca. Además, también es obligatorio realizar y divulgar, antes de cualquier audiencia pública, una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) común de los impactos integrales de todos los componentes del proyecto integrado/interconectado, para que las personas afectadas y los/as ciudadanos/as interesados/as puedan revisarla. Según los documentos disponibles al público, no existe tal EIA.

«El Gobierno de Odisha ha facilitado activamente la transferencia de tierras de los aldeanos a las grandes empresas en total desacato de las leyes y procedimientos establecidos. Ha sucedido antes y está sucediendo de nuevo, esta vez para la JUSL, al llevar a cabo de manera inadecuada las audiencias públicas de mañana», dice Sofía Monsalve de FIAN Internacional.

La gente de las aldeas de Nuagaon, Dhinkia y Govindpur en Jagatsinhpur ha estado luchando contra el desalojo forzoso y la toma de posesión corporativa desde que sus tierras fueron adquiridas por la fuerza para el proyecto POSCO-India, ahora abandonado.

Después de que POSCO se retirara en 2017, el Gobierno entregó la tierra a otra empresa de acero, JUSL, en septiembre de 2018, obligando a los aldeanos a seguir luchando para proteger aún más sus tierras y medios de vida.

FIAN Internacional se solidariza con la gente de la aldea y les insta a:

  • Procesar urgentemente las reclamaciones de derechos forestales individuales y comunitarios sobre la tierra que se han presentado desde 2011.
  • Devolver la tierra a los habitantes originales de acuerdo con la Ley de Derecho a una Compensación Justa y Transparencia en la Adquisición de Tierras, Rehabilitación y Reasentamiento (LARR) de 2013.
  • Retirar todos los casos penales contra los habitantes de la zona.