Issue: CRIMINALIZACIÓN Y REPRESIÓN

En un nuevo documento informativo, FIAN Internacional examina las razones de esta situación y explora formas de reforzar la asistencia oportuna y eficaz a las comunidades afectadas por abusos de los derechos humanos a largo plazo, incluida la inanición y la hambruna deliberadas.

A medida que se intensifican los trastornos climáticos, la guerra y la desigualdad sistémica, el mundo se enfrenta a una emergencia alimentaria cada vez mayor. Sin embargo, los sistemas internacionales establecidos para afrontarla no consiguen ofrecer soluciones eficaces y coordinadas.

En zonas que a menudo se citan en los medios de comunicación como «al borde de la hambruna» o «al borde de la inanición», ya hay varios miles de personas muertas o que mueren rápidamente de inanición y de enfermedades relacionadas con la falta de alimentos adecuados, o agravadas por ella.

FIAN ha analizado el enfoque de la comunidad internacional ante la hambruna, planteando varias preguntas clave, entre ellas: ¿Qué es una «hambruna»? ¿Quién decide si se está produciendo una hambruna? ¿Cómo se controla? ¿Cuáles son las implicaciones para la soberanía alimentaria y los derechos humanos?

«Con demasiada frecuencia nos centramos en el recuento de víctimas y en los umbrales de crisis, ignorando las causas estructurales más profundas que preparan el terreno para el desastre», afirmó Ayushi Kalyan, responsable de políticas de FIAN y coautora del info

«El verdadero reto no es sólo contar los muertos, sino identificar antes los riesgos estructurales reales y abordar las causas profundas de la hambruna y el hambre antes de que se conviertan en una catástrofe».

Las situaciones de violación del derecho a la alimentación y a la nutrición en situaciones de crisis, incluidas las hambrunas, no surgen en el vacío. Son el resultado de la marginación sistémica y a largo plazo de las comunidades, de su exclusión en los esfuerzos de seguimiento y en la toma de decisiones, y de las violaciones a largo plazo de los derechos económicos, sociales y culturales.

En estos casos, ¿cómo pueden ser la acción temprana y la prevención real? En un informe reciente, el Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Michael Fakhri, ofrece un enfoque de derechos humanos para la hambruna, indicando que la hambruna refleja «el abandono fundamental por parte de un Estado de sus obligaciones en materia de derechos humanos… y cuando un Estado o cualquier otro actor viola sistemáticamente el derecho a la alimentación, se trata de una alerta temprana que indica cierto grado de intención de matar de hambre a una población».

«Las principales herramientas de vigilancia no están diseñadas para evaluar las causas profundas de las crisis alimentarias en situaciones de conflicto u ocupación», afirmó la responsable de políticas de FIAN en Incidencia, Monitoreo y Exigibilidad, y coautora del informe Emily Mattheisen.

«Estos métodos ocultan las dinámicas de poder en juego y pasan por alto las voces de los más afectados. Para abordar verdaderamente el problema del hambre, debemos integrar las percepciones de las bases y los indicadores de derechos humanos en nuestros sistemas de seguimiento.»

Este informe pretende abrir un diálogo entre las comunidades humanitarias y del derecho a la alimentación, con el fin de aprender unos de otros y, al mismo tiempo, imaginar nuevas formas de apoyar a las comunidades y poblaciones afectadas. También para crear mecanismos eficaces de seguimiento basados en los derechos humanos y una mayor rendición de cuentas en torno a las acciones y las condiciones estructurales que dan lugar a violaciones del derecho a la alimentación, incluidas la inanición y la hambruna.

Descargar informe aquí

Si desea más información, póngase en contacto con Ayushi Kalyan Kalyan@fian.org o Emily Mattheisen Mattheisen@fian.org

FIAN Internacional, como parte de la Red Global por el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición (GNRtFN), se solidariza con el pueblo de Gaza contra el asedio total impuesto por Israel a Gaza.

Desde 1948, las personas palestinas viven bajo la ocupación israelí, soportando una discriminación sistémica, violencia e innumerables muertes. El bloqueo y cierre ilegales impuestos a Gaza en 2007 restringieron el acceso a alimentos, agua y otras necesidades esenciales para llevar una vida digna, imponiendoles un Estado de apartheid. Los alimentos y el agua han sido sistemáticamente convertidos en armas por Israel, obligando al 77% de la población de Gaza a depender de la ayuda en forma de alimentos y dinero en efectivo. El 75% de la población de Gaza se encientra en situación de refugio o desplazamiento forzado, y el acceso al ya pequeño territorio se ha reducido de 300 a 1000 metros de la valla perimetral, ocupando el 29% de la tierra cultivable. Y mientras el mundo está pendiente de los ataques a Gaza, Cisjordania -concretamente la «Zona C»- sigue sufriendo discriminación sistémica, ataques y asesinatos por parte de las fuerzas y colonias israelíes. También se impide a los y las agricultoras el acceso a sus tierras, lo que tiene repercusiones inmediatas en sus medios de vida y a largo plazo en la seguridad y soberanía alimentarias de la población palestina.

Tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en los que murieron unas 1.300 personas -muchas de ellas civiles-, el gobierno de Israel ha redoblado el cierre de la Franja de Gaza y está cometiendo crímenes de guerra. Al entrar las hostilidades en el 17º día, los intensos bombardeos israelíes sobre Gaza, desde aire, mar y tierra, han continuado casi ininterrumpidamente, matando a 4651 personas, entre ellas al menos 1873 niños, y desplazando a un millón de personas en la Franja de Gaza (información actualizada de la OCHA). Los ataques aéreos israelíes siguen destruyendo infraestructuras esenciales e instalaciones médicas.

La gente de Gaza está atrapada y sometida a un duro asedio sin posibilidad de salir del territorio. En consecuencia, es esta misma la población civil la más afectada por los actuales ataques aéreos israelíes y por una posible invasión terrestre. Las personas bajo atención médica en hospitales o con otras restricciones médicas o de movilidad no pueden evacuar. Además, las reservas de combustible y energía se han agotado en algunos lugares y están a punto de agotarse en otros, incluidas las que alimentan las máquinas que salvan vidas en los hospitales. Israel está bloqueando la entrada a Gaza de ayuda y suministros vitales. La pérdida de vidas civiles sigue aumentando cada día que Gaza permanece sitiada.

Israel está convirtiendo los alimentos en armas mediante el bloqueo y el asedio, que son ilegales según el derecho internacional. Antes de estos ataques, y debido al bloqueo israelí, Gaza tenía limitadas las importaciones de alimentos y escasos recursos de agua potable. El único acuífero de agua de Gaza estaba casi totalmente contaminado antes del asedio; ahora Israel ha cortado la única tubería de agua que llega a Gaza y, debido a los cortes de electricidad, los pozos y las estaciones de bombeo de agua están fuera de servicio. Ya están surgiendo temores de deshidratación en Gaza. Los y las agricultores no pueden acceder con seguridad a sus tierras, que en su mayoría están cerca de las vallas del perímetro y fuertemente militarizadas. Los y las pescadoras sufren constantes disparos, detenciones y expulsiones del mar.

La ONU ha pedido constantemente a Israel que levante los bloqueos, así como que ponga fin a la violencia en Gaza y los demás territorios palestinos ocupados; sin embargo, Israel sigue actuando con impunidad, respaldado por poderosas potencias financieras y políticas. Estados Unidos y otros Estados occidentales, en particular, no han disuadido a Israel de cometer crímenes, sino que han asegurado su apoyo incondicional. Varios relatores especiales de la ONU han alertado de que la escalada de crímenes contra la humanidad en Gaza está perpetuando el riesgo de genocidio contra el pueblo palestino.

Los castigos colectivos y los ataques contra civiles equivalen a crímenes de guerra. Condenamos enérgicamente los asesinatos deliberados de civiles inocentes y de personas tomadas como rehenes por Hamás. Denunciamos las acciones del gobierno israelí y de las Fuerzas de Defensa de Israel, que violan el derecho internacional. Israel tiene obligaciones legales con el pueblo palestino como fuerza de ocupación, incluida la protección de la población en los territorios que ocupa. La agresión en curso dará lugar a una inestabilidad permanente y, potencialmente, a nuevos conflictos en la región y a escala internacional. La atrocidad que se está produciendo puede y debe detenerse. En consonancia con los Convenios de Ginebra, la Carta de las Naciones Unidas y los posteriores instrumentos de derechos humanos, todos los Estados tienen la obligación internacional de prevenir los crímenes de guerra y adoptar medidas conjuntas y por separado para lograr la plena realización de los derechos humanos en Gaza y Cisjordania.

El único medio para poner fin a décadas de violencia y opresión, al tiempo que se garantiza la justicia para el pueblo palestino, es abordar las causas profundas del conflicto, lo que incluye poner fin a la ocupación ilegal del territorio palestino y reconocer el derecho de los y las palestinas a la libre determinación. Como miembros y simpatizantes de la Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición, las organizaciones abajo firmantes exigimos a los Estados que tomen medidas para:

• Establecer inmediatamente un alto al fuego y poner fin a los bombardeos y ataques en Gaza;
• Garantizar la provisión de alimentos, agua y suministros médicos a la población de Gaza;
• Levantar los bloqueos que impiden el flujo de personas y mercancías a Gaza;
• Liberar a los rehenes tomados por Hamás y a los y las palestinos y palestinas detenidos arbitrariamente por Israel;
• Garantizar justicia y reparación a las víctimas;
• Apoyar la labor de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados, incluidos Jerusalén Oriental e Israel, para recabar y conservar pruebas de los crímenes de guerra cometidos por todas las partes y garantizar que los responsables rindan cuentas. Esto debe incluir la investigación de las responsabilidades de todos los Estados que no han disuadido a las partes en conflicto de cometer esos crímenes o les han prestado apoyo;
• Adoptar medidas concretas para abordar las causas profundas de la violencia y encontrar una solución al conflicto que garantice los derechos de los y las palestinos y palestinas y ponga fin a la actual ocupación colonial y de apartheid de Palestina.

Firmado por:

ACTUAR, Portugal 

Foro Brasileño para la Soberanía Alimentaria y la Seguridad Alimentaria y Nutricional (FBSSAN) 

Centro para el Desarrollo Social, India 

Defensoría del Derecho a la Salud, México 

Focus on the Global South

FIAN Colombia 

FIAN Honduras 

FIAN Indonesia 

FIAN Internacional  

FIAN Nepal 

FIAN Sri Lanka 

FIAN Suiza 

FIAN Uganda 

Coalición Internacional del Hábitat – Red por el Derecho a la Vivienda y a la Tierra 

Indonesia por la Justicia Global (IJG) 

Katarungan, Filipinas 

Movimiento de Agricultura Ecológica de Lanka (MAEL), Sri Lanka 

Organización Nacional de Solidaridad Pesquera (ONSP), Sri Lanka

Masifundise, Sudáfrica 

Observatorio DESCA 

Comité Kissan Rabita de Pakistán (PKRC) 

Paschim Banga Khet Majoor Samity, India

Campaña por el Derecho a la Alimentación, India

Sociedad para el Desarrollo Internacional (SID)  

Solidaritas Perempuan, Indonesia 

Sri Lanka Nature Group (SLNG), Sri Lanka 

UBING (Investigación Política para el Desarrollo Alternativo), Bangladesh

URGENCI 

Foro de la Juventud para la Protección de los Derechos Humanos, India 

Alianza de Zambia para la Agroecología y la Biodiversidad (AZAB), Zambia

Anne C. Bellows PhD, Universidad de Siracusa

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 2018, establece los derechos de los campesinos y pescadores a pequeña escala que alimentan a la mayor parte de la población mundial y, sin embargo, a menudo luchan contra las leyes y políticas estatales que promueven la agroindustria y las industrias extractivas, así como el acaparamiento de tierras y océanos. 

UNDROP subraya el compromiso de la Comunidad Internacional de protejer, cumplir y respetar los derechos humanos de los campesinos y pescadores. Estos incluyen el derecho a la alimentación, la tierra, las semillas, la biodiversidad, al agua y a otros recursos naturales; a la soberanía alimentaria, a un medio ambiente sano, y al acceso efectivo a la justicia. 

Poderoso reconocimiento 

La declaración es un poderoso reconocimiento de la importancia de la soberanía alimentaria y la agroecología, así como de las legítimas luchas de campesinos y pescadores de todo el mundo en defensa de sus medios de subsistencia y sus modos de vida. Pero debe aplicarse en su totalidad.

Por ejemplo, en las presentaciones para el Examen Periódico Universal de la ONU sobre el historial de derechos humanos de los países, FIAN y otros han pedido al gobierno de la India que cumpla sus compromisos con el UNDROP en el estado de Odisha. 

Desde 2005, las comunidades campesinas de Jagatsinghpur, Odisha, se han enfrentado a desalojos, demoliciones de casas, pérdida de medios de vida, violencia policial, detenciones arbitrarias y criminalización mientras se resistían pacíficamente a la diezma ilegal de sus medios de vida, que dependen principalmente del cultivo de arroz, vid de betel y anacardo, así como de la pesca a pequeña escala. Al menos 40.000 personas están siendo afectadas. 

El Estado ha facilitado una serie de apropiaciones ilegales de tierras y de destrucción ecológica, la más reciente para despejar terrenos para el grupo indio Jindal Steel Works (JSW). Este flagrante desprecio por los derechos humanos de los campesinos locales es una clara violación de las propias protecciones constitucionales de la India, así como de las obligaciones internacionales establecidas claramente en la UNDROP.

Obligaciones Jurídicamente Vinculantes

El UNDROP defiende el derecho de las personas a oponerse a los intentos de acaparamiento de tierras, ríos y océanos, y reconoce el derecho de los campesinos a conservar, utilizar, intercambiar y vender semillas tradicionales, que se ve amenazado por leyes que criminalizan a los agricultores por hacerlo. También destaca la necesidad de una interpretación y aplicación coherente de las obligaciones internacionales existentes en materia de derechos humanos.

Fue aprobada tras casi dos décadas de movilización por La Vía Campesina, el mayor movimiento mundial de productores de alimentos campesinos, y otros aliados, entre ellos FIAN Internacional.

Las declaraciones de la ONU no son jurídicamente vinculantes, pero a menudo reflejan obligaciones internacionales de derechos humanos jurídicamente vinculantes. 

En la próxima semana, en vísperas del cuarto aniversario de la adopción de UNDROP, FIAN Internacional y La Vía Campesina proporcionarán apoyo a las luchas locales con un nuevo sitio web de UNDROP. Su objetivo es reunir los conocimientos y la experiencia de los progresos de UNDROP en todo el mundo y convertirse en una plataforma para compartir y apoyar las luchas rurales.

Para más información, póngase en contacto con Amanda Cordova Gonzales cordova-gonzales@fian.org

 

Fian Internacional ha lanzado un nuevo informe en el que documenta el impacto que ha tenido el COVID-19 sobre el derecho a la alimentación de las personas. El informe señala que un importante número de sectores laborales y grupos de población están siendo empujados hacia el hambre y la malnutrición como resultado de las medidas puestas en marcha para paliar los efectos de la pandemia, que están centradas en un sistema de alimentación industrial. El informe, lanzado por FIAN Internacional y construido a partir de los datos facilitados por decenas de colaboradores locales y nacionales de todo el mundo, también muestra el impacto positivo de las acciones de solidaridad que han surgido en este mismo contexto. 

Según el informe, las personas que defienden el planteamiento maltusiano de la crisis alimentaria – que se apoya en la relación matemática entre alimentos disponibles (oferta) y necesidades de la población (demanda) – probablemente rechacen la existencia de la actual crisis alimentaria. Pero lo cierto es que este planteamiento no tiene en cuenta el impacto que la crisis del Coronavirus está teniendo sobre el acceso físico y económico, la adecuabilidad y la sostenibilidad de los alimentos. En otras palabras, si bien hay alimentos disponibles, como consecuencia directa de la pandemia muchos grupos de población marginada no pueden acceder a una alimentación suficiente y adecuada.

 “En algunos países, entre ciertos grupos de población y sectores laborales – personas pobres, contra las que existe algún tipo de discriminación y aquellas que trabajan dentro del sistema de alimentación – no existe duda alguna de la existencia de múltiples crisis alimentarias. Las medidas puestas en marcha para atenuar y recuperarse de la pandemia se han apoyado, en muchos casos, en sistemas de alimentación industrial y han hecho caso omiso al papel de los pequeños/as productores/as y de los sistemas de alimentación local. Este enfoque no hace sino empujar aún más a estos grupos hacia el hambre y la malnutrición”, ha dicho Ana María Suárez-Franco, representante permanente de FIAN Internacional en la ONU.

 

Entre sus principales conclusiones, el informe destaca:

• El aumento y la desregulación del precio de los alimentos, que en algunos casos ha llegado a triplicarse o cuadriplicarse, está haciendo la comida inaccesible a muchas personas. Esto sucede como resultado de una especulación en la que la volatilidad de los precios afecta a países como Argentina, Ecuador, Uganda, Sudáfrica, Francia y El Salvador.
• Con el cierre de los mercados locales, cientos de cultivos y ganadería se han perdido y sacrificado respectivamente en Ecuador, Colombia, Zimbabue, Senegal, Mozambique y Estados Unidos. Como consecuencia, miles de pequeños/as productores/as han perdido su fuente de ingresos y millones de personas no tienen acceso a alimentos frescos, diversos y saludables.
• Al dar prioridad a los supermercados frente a los mercados locales, los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Ecuador, entre muchos otros, favorecen el consumo de alimentos agroindustriales y ultra procesados. Las dietas basadas en este tipo de productos aumentan las posibilidades de sufrir malnutrición y debilitan la capacidad del sistema inmunitario para luchar contra las enfermedades.
• Durante la pandemia, los lobbies empresariales han aumentado su poder, así como las actividades empresariales más perjudiciales para el medio ambiente y los derechos humanos, mientras que los gobiernos han suavizado sus políticas medioambientales. Se han identificado casos concretos de esto en Estados Unidos, China, Camboya, Filipinas, Colombia, Bolivia y Sudáfrica que van más allá de sus fronteras.
• Las mujeres sufren de un modo desproporcionado las consecuencias del COVID-19. Como consecuencia de las medidas de confinamiento, las mujeres están ahora más expuestas que nunca a la violencia doméstica, además de perder sus trabajos, tanto en el sector formal como en el informal, y ver cómo aumenta la carga de trabajo no remunerado de cuidado del hogar. En muchos países, las comidas escolares son el único alimento con el que cuentan familias enteras y son las mujeres quienes sacrifican su parte por el resto de la familia, repercutiendo directamente en su DHANA.
• El impacto de la pandemia se ha exacerbado sobre las comunidades de color  como consecuencia del arraigado racismo estructural. Así, estas comunidades registran un mayor número de hospitalizaciones relacionadas con el COVID-19, sufren un mayor riesgo de contagio y han sido las más afectadas por la pandemia en sus empleos.
• La falta de asistencia y apoyo a las comunidades indígenas ha desencadenado en una elevada tasa de muertes, sobre todo entre las personas más mayores de las comunidades, portadoras de a sabiduría, el idioma y el conocimiento de las naciones de los pueblos indígenas.
•  Las personas que trabajan en el sector de la alimentación, tanto las que lo hacen en la producción industrial de carne en Europa y Estados Unidos, las que trabajan de forma temporal en la cosecha agrícola en Alemania, los/as vendedores/as ambulantes en Sudáfrica y las comunidades pesqueras en India, todos y todas ellos y ellas están, a menudo, más expuestos/as al contagio y desarrollan su labor en condiciones de trabajo precarias y de hambre.

En este contexto, en el que las repentinas medidas de confinamiento han perturbado el abastecimiento de alimentos, también han surgido diversas acciones de solidaridad tanto en zonas rurales como urbanas. España, Brasil, Sudáfrica y Colombia son ejemplos de lugares donde las comunidades locales y los movimientos sociales de han movilizado para garantizar que la población pueda acceder a los alimentos.

 “Aunque garantizar el derecho a la alimentación de la población es responsabilidad de los gobiernos, las acciones de solidaridad han sido clave durante la pandemia. Quién sabe cuántas familias habría podido salir adelante sin el apoyo de estas redes de solidaridad”, ha dicho Suárez-Franco.

 

De hecho, muchas de las ideas innovadoras de estos movimientos de solidaridad se han ganado el reconocimiento y apoyo de gobiernos locales y nacionales.

 “Los pequeños/as productores/as han encontrado el modo más adecuado de hacer llegar a la población alimentos saludables en mercados al aire libre, a través de la venta directa y por medio de otros canales de distribución. Junto a los consumidores y consumidoras, los productores y productoras han organizado plataformas para establecer nuevas cadenas territoriales rurales y periurbanas para la distribución de alimentos. Además de apoyar estas iniciativas de solidaridad, es necesario que los gobiernos den un paso más hacia la transformación de nuestros sistemas de alimentación: no sólo es imprescindible para salir de la actual pandemia, también es crucial para evitar el impacto de posibles futuras pandemias. El tiempo pasa y se necesitan medidas urgentes”, ha añadido Suárez-Franco.

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Descarga aquí el informe.
Para cuestiones relacionadas con los medios, por favor contacta con delrey@fian.org