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El desalojo tiene lugar a pesar de los esfuerzos nacionales e internacionales

La autoridades nacionales han procedido al desalojo forzoso de las comunidades Guarani y Kaiowá Apyka’i y han violado nuevamente los derechos de estos pueblos indígenas.

***Las actualizaciones sobre la situación se harán aquí

Como se temía, las autoridades nacionales, fuertemente protegidas por la Policía Federal, la Policía Rodoviaria Federal y la Policía Militar, llevaron a cabo el desalojo forzoso de las comunidades Apyka’i Guarani y Kaiowá de sus territorios ancestrales en Dourados, en el Mato Grosso do Sul, en la mañana del 6 de julio de 2016. Como ya ocurrió en 1990 y de nuevo en 1999, 2005, 2008,2009 y 2014, los Apyka’i se enfrentan una vez a la violación de sus derechos humanos.

En pleno frío y húmedo invierno, nueve familias han sido desplazadas de sus hogares. Se ha informado que se pusieron camiones a disposición de las familias para transportar sus pertenencias al lugar elegido por las autoridades para el realojo. 

Como ha ocurrido en otras ocasiones, las comunidades Apyka’i Guarani y Kaiowá han decidido permanecer frente a su territorio por derecho y han vuelto al borde de la carretera, donde cerca de 30 personas están expuestas a un intenso tráfico, y que ya ha acabado con la vida de varios miembros de la comunidad en el último año, incluyendo a niños y niñas.

El desalojo fue llevado a cabo pese a las peticiones de suspensión del proceso legal de embargo por agro industria. Esta petición fue presentada por la FUNAI ante el Supremo Tribunal Federal (STF) el 31 de mayo del 2016 y se encuentra todavía a la espera de juicio. El desalojo, además, ha tenido lugar una semana después de la publicación de un decreto de la FUNAI, del 29 de junio del 2016, que crea un Grupo de Trabajo (GT) responsable de la delimitación del territorio de los y las Apyka’i.

El desalojo infringe abiertamente el artículo 231 de la Constitución de Brasil e implica una ruptura de cara a la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Esta situación requiere una reacción inmediata por parte de las autoridades de la ONU para exigir al estado brasileño el cumplimiento de sus obligaciones en derechos humanos. 

FIAN Internacional, en cooperación con su sección brasileña y el CIMI, está controlando la situación en el terreno y manteniendo informado de las últimas actualizaciones al Relator Especial de la ONU del derecho a la alimentación, vivienda digna, derechos de pueblos indígenas y extrema pobreza.

Para más información, contactar con bley-folly[at]ian.org   
Para información de prensa, contactar con delrey[at]fian.org