La cumbre llega justo después de la Cumbre de la ONU sobre los Sistemas Alimentarios, inicialmente concebida para abordar el hambre en el mundo y posteriormente secuestrada por los intereses corporativos y utilizada como excusa para presentar las falsas soluciones corporativas, cuyo único objetivo es la obtención de beneficios.
Muy poco hace pensar que esta cumbre, Finanzas en Común, será algo diferente. No sólo por el enorme fracaso al tratar de optar por un enfoque de derechos humanos/comunidad de la cumbre del año anterior sino, sobretodo, por los enormes conflictos en materia de derechos humanos que arrastran estos bancos de titularidad pública.
En la víspera de la cumbre, FIAN Internacional junto a otras 280 organizaciones de sociedad civil y movimientos sociales hace un llamado a los gobiernos para que pongan fin al apoyo financiero estatal que reciben las compañías de la agroindustria, y a los proyectos que roban la tierra, los recursos naturales y las formas de subsistencia de las comunidades locales.
Un historial muy deficiente
Los bancos de desarrollo públicos son instituciones financieras controladas y ordenadas por los estados, que financian actividades que deberían contribuir a la mejora de la vida de las comunidades, principalmente en el hemisferio sur. Estas instituciones dirigen más de 2 billones de dólares al año a la financiación de compañías públicas y privadas para la realización de carreteras, plantas energéticas y plantaciones de la agroindustria. Se estima que 1,4 billones de esta financiación se destinan al sector de la alimentación y la agricultura.
Muchos de estos PDBs cuentan con un deficiente historial en lo que respecta a la transparencia e inversiones que benefician a las corporaciones de la agroindustria, a costa de granjeros/as, pastores/as, pescadores/as, trabajadores/as del sector de la alimentación y comunidades indígenas, y socavando su soberanía alimentaria, ecosistemas y derechos humanos. Asimismo, estas instituciones tienen un fuerte legado de inversiones en compañías involucradas en acaparamiento de tierras, corrupción, violencia, destrucción medioambiental y otras severas violaciones de los derechos humanos.
Por otro lado, estos bancos de desarrollo público están incrementando el uso de fondos extraterritoriales de capital privado y complicadas redes de inversión – incluyendo a intermediarios financieros – para orientar las inversiones, lo que dificulta enormemente su control, como han señalado las recientes revelaciones en torno al desarrollo de la institución financiera alemana Deutsche Investitions– und Entwicklungsgesellschaft (DEG).
Ligados a la violación de los derechos humanos
DEG, subsidiaria del banco de desarrollo estatal más grande de Alemania, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), destina miles de millones de euros al desarrollo financiero en América Latina, Asia y África.
FIAN Alemania ha monitoreado las vulneraciones de derechos relacionadas con las inversiones llevadas a cabo por este banco durante muchos años, con las dificultades derivadas de la falta de transparencia de estos bancos. El resultado desvela que más de la mitad de la financiación anual de DEG está dirigida a través de intermediarios financieros y otros bancos y fondos.
Queda decir que ni siquiera el gobierno alemán tiene una clara idea de a dónde va este dinero ni de su impacto real. Resulta, por lo tanto, prácticamente imposible forzar a los bancos a cumplir con las obligaciones alemanas en materia de derechos humanos. En los casos en los que FIAN pudo identificar inversiones concretas en agroindustria, pudo también detectar evidencias de violaciones de los derechos humanos.
En Zambia, por ejemplo, DEG destina decenas de millones de dólares americanos a la mayor compañía de la agroindustria de Zambia, en la que FIAN pudo documentar casos de expropiación forzada que involucraban directamente a Zambeef y que se remontan a 2013. En Paraguay, DEG es cotitular de la segunda mayor compañía del país, Paraguay Agricultural Corporation PAYCO, destinada a adquirir tierras a gran escala, incluyendo tierras de asentamientos indígenas, para proyectos masivos de agroindustria y uso intensivo de pesticidas.
“Estos son casos emblemáticos que ejemplifican las preferencias de inversión de DEG por la agroindustria a gran escala y que dejan fuera el apoyo y la promoción igualitaria, centrada en los pueblos y al desarrollo sostenible, construida sobre la base del derecho a la alimentación”, ha señalado Roman Herre asesor político para tierra y agricultura de FIAN Alemania.
Irresponsable
Otro claro ejemplo de esta tendencia de los bancos de desarrollo es la decisión del banco de desarrollo público belga, el Belgian Investment Company for Developing Countries (BIO), junto con otros PDBs europeos y norteamericanos, de apoyar la producción de aceite de palma de Feronia PHC en la República Democrática del Congo (RDC), a pesar de la violenta represión llevada a cabo contra las comunidades activistas locales.
“A pesar de que las denuncias hechas por las comunidades afectaban directamente al banco, no existió ningún recurso de justicia y ningún modo de hacer al banco responsable por estas acciones”, ha dicho Florence Kroff, coordinadora de FIAN Bélgica.
“Incluso antes de que se tomase la decisión de financiar el proyecto, ya habíamos planteado la cuestión del riesgo de vulneración de los derechos humanos que implicaba el apoyo a esta agroindustria en la RDC, posible gracias a la concesión ilegítima de 1000.000 hectáreas de tierra. Un legado de la era colonial”, añadió Kroff.
“A esto hay que sumar la contaminación medioambiental y las condiciones laborales indignas de los trabajadores/as de las plantaciones. El dinero público belga, al igual que el alemán, francés, holandés y otros, está contribuyendo de manera directa a un clima de criminalización violenta en la región, que ya se ha gastado docenas de arrestos y detenciones arbitrarias, así como la muerte de varios activistas por la tierra”.
Ha llegado el momento de exigir responsabilidades a los bancos de desarrollo público y a los gobiernos que los controlan por las innumerables violaciones de derechos humanos que han apoyado. Asimismo, ha de ponerse fin a todas las futuras inversiones que no estén ancladas en el derecho a la alimentación, en un enfoque comunitario y en el desarrollo sostenible.
FIAN hace un llamado por:
- El fin inmediato de la financiación de las operaciones de las corporaciones de la agroindustria y de las inversiones especulativas de los bancos de desarrollo público.
- La creación de mecanismos de financiación puramente públicos y responsables que apoyen los esfuerzos de las comunidades por la soberanía alimentaria, la realización del derecho a la alimentación, la protección y recuperación de los ecosistemas y que aborden la emergencia climática.
- La implementación de mecanismos resistentes y efectivos que den a las comunidades acceso a la justicia en caso de impactos perniciosos sobre sus derechos humanos o en casos de daños sociales o medioambientales ocasionados por las inversiones llevadas a cabo por los PDB.
