De hambre a violación: la ONU ha de investigar la violación de derechos de las mujeres en Uganda 

FIAN ha solicitado al organismo responsable de la ONU el monitoreo de la implementación de los tratados internacionales para poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres. Asimismo, la organización hace hincapié en las multifacéticas y duraderas violaciones de los derechos de las mujeres de zonas rurales y del sector pesquero en Uganda, derivadas de los acaparamientos de tierras y de la imposición de restricciones a la pesca. 

En un informe paralelo recientemente enviado al Comité sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, FIAN Uganda y FIAN Internacional hacen un llamamiento explícito al organismo solicitando al gobierno de Uganda, bajo la presidencia de Museveni, “juicios rápidos” para las cientos de mujeres rurales del distrito de Mubende y las mujeres pesqueras del distrito de Mukono, con los consecuentes procesos judiciales contra los responsables de la violación de sus derechos. 

Hambre, violación y la perpetuación de la vulneración de los derechos de las mujeres 

El informe señala cómo la falta de soluciones por parte del gobierno no ha hecho si no perpetuar el hambre, la falta de hogar y la carencia de acceso a educación, agua y salud, entre otras, de estas mujeres.  

Asimismo, FIAN denuncia el fracaso del gobierno en la investigación de las denuncias de violación y violencia doméstica contra las mujeres, así como la falta de acceso a juicios justos y a tiempo. 

FIAN recalca que, como consecuencia de la falta de atención a la grave situación de estas mujeres, el gobierno de Uganda ha fallado en el cumplimiento de sus obligaciones recogidas en la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Convención CEDAW). 

Uganda ratificó el tratado en 1985, obligando al gobierno a aplicar medidas legislativas y no legislativas destinadas a impedir cualquier forma de discriminación contra las mujeres del país.  

“El gobierno de Uganda no hizo absolutamente nada para garantizar la seguridad de las mujeres del distrito de Mubende e impedir que fueran ilegalmente desahuciadas. A esto hay que sumar que, una vez que los desalojos tuvieron lugar, el gobierno tampoco puso en marcha ninguna medida destinada a aliviar la consecuente hambre, malnutrición y sufrimiento de estas mujeres”, declaró FIAN frente al Comité CEDAW, compuesta por 23 personas independientes expertas en derechos humanos de todo el mundo. 

La expropiación tuvo lugar en 2001, cuando el ejército ugandés expulsó violentamente a las mujeres y sus familias del distrito de Mubende, cediendo en alquiler la propiedad de 2524 hectáreas de tierra en las que dichas familias vivían, por un contrato de 99 años, a la compañía Kaweri Coffee Plantation Ltd., propiedad del grupo alemán Neumann Kaffee Gruppe. (LEER MÁS ACERCA DEL CASO MUBENDE AQUÍ)  

En el informe, FIAN señala que algunas de las mujeres expulsadas de sus hogares y que se vieron obligadas a trabajar en la plantación, han denunciado casos de acoso sexual y violaciones en las tierras ahora propiedad de la compañía. “Lamentablemente, las víctimas no han recibido justicia alguna… Como ejemplo, en uno de los casos de violación denunciado frente a la policía no se abrió ninguna investigación”.   

Brutalidad de las fuerzas armadas y acusaciones de brujería 

De igual manera, FIAN denunció frente al comité CEDAW que las mujeres del sector de la pesca a pequeña escala de Mukono también sufren hambre y malnutrición “como resultado de la brutalidad de las fuerzas armadas de Uganda (UPDF por sus siglas en inglés), que han destruido su material de pesca, o como consecuencia de las prácticas de caza de brujas”. 

“Las acusaciones de brujería llegan a menudo acompañadas de la destrucción de hogares, afectando especialmente a mujeres y niños”, ha afirmado FIAN. 

“Muchas de las mujeres han sido injustamente atacadas por otras personas miembro de la comunidad, acusadas de brujería para justificar sus buenos resultados en la pesca. Les han sido retiradas todas sus propiedades o bien han sido destruidas y sobreviven sin ninguna protección del estado”. 

La organización ha señalado haber documentado casos de acusaciones arbitrarias y sanciones “desproporcionadas” contra las mujeres pesqueras acusadas de prácticas de brujería “sin ninguna reacción por parte de las estructuras gubernamentales”. 

Cumplir con las obligaciones del tratado y abordar las dificultades de las mujeres 

FIAN urge al gobierno la compensación de las mujeres víctima por los daños y el sufrimiento causado como consecuencia de la expulsión de la ahora plantación de café, así como de la violencia en manos de la UPDP.   

Asimismo, FIAN solicita al Comité CEDAW que recomiendo con urgencia al gobierno de Uganda el cumplimiento de sus obligaciones abordando la grave situación de estas mujeres, en los siguientes pasos:  

  • Garantizar acceso libre a suficiente agua potable  

  • Establecer un programa de construcción casas en buenas condiciones para las familias expulsadas y para las comunidades pesqueras 

  • Facilitar alimento, tierra arable y acceso a lagos de pesca 

  • Garantizar acceso a educación a mujeres y niñas  

  • Asegurarse de que tanto ellas como sus familias cuenten con unas condiciones laborables seguras y convenientes, así como con un salario adecuado 

  • Proteger a las mujeres expulsadas contra casos de violación, acoso sexual, violencia doméstica y prostitución y llevar a cabo una investigación efectiva que procese a las personas responsables de los crímenes.  

  • Proteger a las mujeres acusadas de brujas y compensarlas adecuadamente por los daños y sufrimiento ocasionados, y sancionar a los responsables. 

Para cuestiones e información adicional, contactar con Valentin Hategekimana, coordinador para África de FIAN Internacional a través de hategekimana@fian.org. 

Uganda: graves violaciones de los derechos humanos en un proyecto de Total

El gigante petrolero francés Total prepara un masivo proyecto en el parque natural de la Región africana de los Grandes Lagos, forzando el desplazamiento de miles de personas. El proyecto, plagado de abusos contra los derechos humanos, subraya la urgente necesidad de establecer un tratado de la ONU que permita exigir la rendición de cuentas a las corporaciones por los crímenes cometidos contra el medioambiente y los derechos humanos.

El colosal proyecto Tilenga contará con más de 400 pozos y un oleoducto de 1.400 km que cruzará Uganda y Tanzania. La construcción forzará el desplazamiento de cerca de 100.000 personas, incluyendo el 30% de la población de un solo distrito. La mayoría de los y las granjeros/as locales que ya han sido expulsados de sus tierras en Uganda siguen estando a la espera de una compensación. A esto hay que sumar los ataques producidos contra activistas de las comunidades y las amenazas de muerte contra los granjeros/as que han testificado en el tribunal francés.

“La ley francesa del deber nacional de vigilancia de 2017 está siendo testada en este caso. Esta es la primera ley en todo el mundo que impone a las compañías el deber de estar domiciliadas o establecidas en el territorio nacional con el fin de evitar la vulneración de los derechos humanos y el medioambiente allá donde operen en el mundo”, ha dicho Gabriela Quijano, experta en derechos humanos y negocios.

En un nuevo informe, publicado por FIAN Internacional y Les Amis de la Terre France, hemos demostrado que este caso subraya la urgencia de que los estados aprueben, en las discusiones que tendrán lugar en Ginebra este fin de semana, el tratado vinculante de la ONU sobre Empresas Transnacionales y Otras Empresas con relación a los derechos humanos.

El informe es el tercero de una serie de investigaciones que examinan cómo el Tratado de la ONU podría exigir a las corporaciones la rendición de cuentas por sus acciones. Al igual que ha sucedido con el desastre de la presa Brumadinho en Brasil y el masivo desplazamiento de la población tras el acaparamiento de tierras en India llevado a cabo por la coreana POSCO, el caso de la francesa Total deja clara la necesidad de instalar un robusto paquete de normas vinculantes que garantice los derechos de las personas por encima de los intereses económicos.

Juliette Renaud, responsable de campaña de Amigos de la Tierra Francia, defiende que «la ley francesa sobre el deber de vigilancia no es perfecta, y todavía hay grandes lagunas en la protección de las personas afectadas por empresas inescrupulosas.»

«Aprender las lecciones de este caso a través de la adopción de un ambicioso tratado vinculante de la ONU es una oportunidad única para llenar estas lagunas y acabar por fin con la impunidad de las empresas,» añadió Renaud.

Es momento de exigir responsabilidades a las corporaciones por los crímenes cometidos contra los derechos humanos y el medioambiente

FIAN internacional se solidariza con cientos de movimientos sociales y grupos de sociedad civil de todo el mundo en un llamado a la aprobación de un tratado vinculante que cuente con la suficiente capacidad para proteger a las comunidades campesinas, pequeños grupos de agricultores/as, indígenas y comunidades que no cuentan con los recursos necesarios para defender sus vidas, salud y subsistencia frente a la amenaza corporativa.

“Existen demasiadas lagunas en la legislación internacional que permiten la impunidad de las corporaciones y que contribuyen o tienen un serio impacto sobre los derechos humanos. Tras siete años de conversaciones, los gobiernos han de permanecer firmes del lado de las comunidades afectadas y hacer avanzar estas negociaciones, teniendo en cuenta la urgente necesidad de soluciones a nivel global”, ha dicho la representante permanente de FIAN Internacional en la ONU Ana María Suarez Franco.

No existe actualmente ningún marco legal vinculante global que regule las actividades y la cadena de valor de las compañías transnacionales de minería, agroindustria y otros negocios con un atroz historial de abusos contra los derechos humanos. Esto resulta parcialmente problemático en los países ricos del hemisferio sur que cuentan con la protección legal más débil. En estos casos, las compañías se permiten argumentar que no están rompiendo ninguna legislación local o internacional cuando fuerzan a las comunidades a salir de sus tierras, contaminan el aire de sus entornos e incluso ocasionan la pérdida de vidas.

Directrices voluntarias como los Principios Rectores de la ONU sobre derechos humanos y empresas o legislaciones nacionales como la ley francesa sobre el deber de vigilancia de las corporaciones transnacionales no son suficiente para proteger a las comunidades y el medioambiente frente a las corporaciones sin escrúpulos. Como han demostrado recientes casos destacados como el desplazamiento masivo de las comunidades de Uganda por el gigante petrolero francés Total, el desastre de la presa Brumadinho en Brasil y el acaparamiento de tierras llevado a cabo por POSCO en India, resulta imprescindible el establecimiento de un robusto paquete de reglas vinculantes que garantice los derechos humanos de las personas y los priorice frente a los intereses económicos.

“El establecimiento de un tratado internacional para las corporaciones transnacionales y otras empresas de negocios resulta imprescindible para gobernar las actuales economías globalizadas”, ha dicho Ana María Suarez Franco. “Un marco legal igualitario resolverá las lagunas en asuntos de protección, permitiendo a las personas un mejor acceso a la justicia y exigiendo a las compañías responsabilidades por el impacto de sus acciones sobre los derechos humanos y el medioambiente”, ha añadido.

Tras el fracasado intento por frenar el creciente poder de la agroindustria de la Cumbre de la ONU sobre los Sistemas Alimentarios del mes pasado en Roma, resulta más importante que nunca aprovechar esta oportunidad frente a la ONU en Ginebra entre el 25 y el 29 de octubre.

No ha de permitirse que los intereses corporativos, o los intentos de los estados por defender a estos a expensas de las personas, secuestren el Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta por un tratado vinculante para las empresas transnacionales y otras empresas comerciales con respecto a los derechos humanos (GTA), como ya ha sucedido en el pasado con iniciativas similares.

Esto supondría la pérdida de una gran oportunidad para las comunidades en la lucha contra los abusos a los derechos humanos en todo el mundo y dentro del sistema de la ONU.

FIAN Internacional apoya a los afectados por la expulsión del caso NKG

8 de octubre de 2019

A la espera de una segunda reunión en el proceso de mediación, el vice fiscal general ha ofrecido una compensación financiera de 1.907.285.000 chelines ugandeses (UGX) – aproximadamente 467.600€ – a las personas expulsadas de sus tierras por el caso NKG. El Neumann Kaffee Gruppe, por su parte, no ha puesto ninguna oferta sobre la mesa.

FIAN Internacional agradece al gobierno de Uganda que se haga responsable en la compensación a las comunidades afectadas, pero señala que esta cantidad es inadecuada, ya que cubre únicamente la mitad del importe que solicitan los expulsados.

“La compensación ofrecida por el vice fiscal general es una bofetada en la cara a las comunidades que han perdido todo en el proceso de expulsión de los últimos 18 años”, ha comentado Valentin Hategekimana, coordinador para África de FIAN internacional. “La oferta de 467.600€ significa que cada uno de los demandantes recibiría únicamente 116€ por la destrucción de sus propiedades y 18 años de sufrimiento”.

En agosto de 2002, las comunidades expulsadas demandaron al gobierno de Uganda y al NKG, solicitando una indemnización de 3.814.570.050 UGX. Tras un primer juicio en 2013, el tribunal superior de Nakawa sentenció a los abogados de la Kaweri Coffee Plantation Ltd. a pagar 37.085.574.606,3 UGX a los demandantes, lo que equivale aproximadamente a 9 millones de euros. No obstante, la sentencia quedó desestimada.

Desde que la expulsión tuviera lugar en 2001, cerca de 4000 personas de cuatro poblados del distrito de Mubende sufren de hambre, malnutrición y pobreza, mientras Kaweri Coffee Plantation Ltd produce café en sus tierras. Los afectados no han recibido aún ninguna compensación.

FIAN Internacional denuncia la oferta de indemnización del vice fiscal general y pide al gobierno de Uganda y al CEO del Neumann Kaffee Gruppe, Christian Neumann, que se hagan cargo de la demanda impuesta por las comunidades expulsadas a través de una compensación adecuada y una tierra para su reasentamiento.

El próximo 10 de octubre de 2019 se retomará el proceso de negociaciones, cuando la oferta de compensación sea llevada ante el tribunal mediador.

Puedes leer la carta completa al vice fiscal general aquí.

Para más información, por favor contacta con: 
Valentin Hategekimana
E-Mail: hategekimana(at)fian.org

15 años sin justicia

Hoy hace exactamente 15 años, las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda asaltaron los pueblos de Kitemba, Luwunga, Kijunga y Kiryamakobe en Mubende, forzando el desalojo de 4.000 personas. Este asalto provocó 3 muertes, docenas de heridos y la destrucción de casas y cosechas a su paso. Las tierras fueron alquiladas a la compañía Kaweri Coffee Plantation Ltd, subsidiaria de la gran empresa Neumann Kaffee Gruppe (NKG), con base en Hamburgo, Alemania. A pesar de intensa movilización y luchas legales durante más de una década, las personas desalojadas aún no han visto justicia y continúan sufriendo las consecuencias colaterales de este brutal suceso.
 
Las terribles condiciones en las que el desalojo dejó a las comunidades (sin vivienda, sin acceso a agua potable y sin atención sanitaria, entre otros) han causado un aumento en las enfermedades y muertes. La pobreza y la malnutrición se han disparado de un modo abismal y afectan de manera especial a los niños y niñas, mujeres embarazadas, madres en lactancia y a los más jóvenes. Esto ha tenido también consecuencias en la educación, afectando fundamentalmente a niñas y mujeres jóvenes. Los costes de la educación primaria y secundaria se han convertido en un lastre para las familias (al haber perdido sus posesiones con el desalojo) y desde que el 18 de agosto del 2001 el desalojo sacudiera a estas comunidades, el abandono escolar se ha convertido en algo habitual.

La cohesión social entre los miembros de la comunidad se ha deteriorado enormemente con las migraciones provocadas por el desalojo. Entre la espada y la pared, muchos y muchas de estos desalojados han terminado trabajando en la plantación Kaweri por salarios mínimos, apenas suficiente para sustentar un nivel de vida adecuado.

Desde que el desalojo tuviera lugar, las comunidades afectadas se han organizado en el Grupo Madudu Levántate y Lucha por tus Derechos (Wake Up and Fight for Your Rights Madudu Group). En 2002 llevaron su caso al Tribunal Superior de Nakawa y demandaron al gobierno de Uganda y a Kaweri Coffee Plantation Ltd. por violación de los derechos humanos y abusos respectivamente. Pese a que el Tribunal Supremo dictase sentencia a favor de las comunidades afectadas en 2013, tras soportar 14 años de procesos legales, 396 familias continúan a la espera de reparación. El caso ha sido remitido por la Corte de Apelaciones del Tribunal Supremo para un nuevo juicio, pero no existe certeza de cuándo y de si el caso seguirá adelante.

FIAN Internacional insta al gobierno de Uganda a que cumpla con la legislación del país y compense a las comunidades desalojadas con la restitución de sus tierras, tal y como fue recomendado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas el pasado año. El estado de Uganda tiene la obligación de cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, lo que incluye la regulación de las actividades de las corporaciones internacionales y otras empresas de negocio. Esto se aplica también al estado alemán, como país de la compañía madre NKG. En este sentido, ambos países deben apoyar de manera activa el proceso hacia un Tratado sobre Corporaciones Transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos, en el que se trabaja desde julio del 2015

Para más información, contactar con

G.Falk[at]fian.de  y

hategekimana[at]fian.org  
Para información de prensa, contactar con

delrey[at]fian.org  

 

NOTA A LOS EDITORES/AS:

 

  • FIAN Internacional ha estado apoyando a las comunidades afectadas en Mubende desde 2002 http://www.fian.org/es/nuestro-trabajo/casos/uganda-mubende/   
  • Con la escalada de las últimas décadas de los casos de abuso de derechos humanos de las corporaciones transnacionales, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la resolución 26/9 en junio del 2014, con la creación de un Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG) para desarrollar el Tratado de Corporaciones Transnacionales (TNCs) y otras empresas comerciales en materia de Derechos Humanos.
  • FIAN Internacional es un miembro activo de la Alianza por el Tratado, una alianza que trabaja hacia un instrumento jurídicamente vinculante desde 2013, cuando publicó por primera vez un una lista de reivindicaciones, entre las cuales se incluyeron una Resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para la creación de un IGWG con el cometido de desarrollar el tratado.

 

 

Tribunal de Uganda ordena pago de compensaciones para desalojados de Plantación de Café Kaweri

Heidelberg, 11.04.2013. La Corte Superior de Kampala, Uganda, ordenó el pago de una compensación de aproximadamente once millones de euros para los/-as 2.041 desalojados/-as de las tierras ahora ocupadas por la Plantación de Café Kaweri, propiedad del grupo alemán Neumann.

En la celebración de la vista judicial, el 28 de marzo, la compensación no fue demandada directamente a los propios acusados, sino a los abogados de los inversores alemanes No obstante, en sus observaciones finales, el juez criticó duramente a los inversores alemanes por no cumplir con sus obligaciones con los derechos humanos con la debida diligencia.  

En agosto de 2001, el gobierno de Uganda desalojó violentamente de sus tierras a aproximadamente 2000 personas en el distrito Mubende de Uganda central. El terreno fue cedido a la compañía alemana de café Neumann Kaffee Gruppe (NKG) bajo su filial local, que ha utilizado el terreno desalojado para establecer la primera plantación de café a gran escala en Uganda. Las acciones legales para reclamar los terrenos y propiedades han sido obstaculizadas y retrasadas continuadamente. Un documental del director alemán Michael Enger ilustra la lucha durante décadas de los desalojados de Mubende.

El juez condena claramente los actos irresponsables de la Plantación de Café Kaweri: “Los inversores alemanes tenían el deber de asegurar que nuestras personas indígenas no fueran explotadas. Deberían haber respetado los derechos humanos y los valores de estas personas, y como inversores y hombres honestos de negocios, no debían haberse trasladado a los terrenos a menos que hubieran comprobado ellos mismos que los/-as inquilinos/-as habían sido debidamente compensados/-as, reubicados/-as, e informados/-as”, declara la sentencia.  

Además, el juez expuso claramente que los desalojados eran los legítimos ocupantes de los terrenos antes de su alquiler por NKG; los gerentes de Kaweri tuvieron conocimiento directo de que los inquilinos iban a ser desalojados, del propio desalojo; y de que los desalojados no iban a ser compensados.  

En la actualidad, el juicio ha generado un intenso debate en los medios de comunicación ugandeses porque la sentencia fue impuesta mayoritariamente contra los abogados, y no contra las partes en litigio. Además, no queda claro por qué el juez absuelve al gobierno ugandés de toda responsabilidad en el desalojo, llevado a cabo por el Ejército Ugandés, cuando incluso el oficial al mando declaró que la orden del desalojo fue emitida por el Comisario del Distrito Regional, representante del gobierno en la región.  

“Tras un proceso judicial que ha durado más de once años, esta sentencia supone un hito para las y los desalojados/-as de la Plantación Kaweri”, expresó Gertrud Falk de la sección alemana de FIAN Internacional, que ha apoyado a los desalojados, a través de varias acciones, en su pacífica lucha por la consecución de justicia desde 2001. Los acudados han declarado que apelarán la sentencia. FIAN continuará apoyando a las y los desalojados/-as.  

Para una mayor información

FIAN – 25 años apoyando la lucha por el derecho humano a una alimentación adecuada

Publicado por FIAN Internacional

Leer más sobre los casos de violaciones de los derechos humanos:

  • Brazil – La malnutrición mata niños indígenas de los Guarani-Kaiowa
  • Guatemala – La minería de oro destruye acceso al agua y viola derechos del pueblo indígena
  • Colombia – Comunidad campesina triunfa en la Corte Constitucional
  • Philippines – The struggle for Agrarian Reform – vital for the right to food
  • Cambodia – Say «no» to landgrabbing – holding German investment fund managers accountable
  • India-  Gaining access to water – postcard campaign influences Indian government
  • Uganda – Evictees truggle to get access to justice and land
  • Nepal – Education on the right to adequate food helps HIV/AIDS affected women

Editado por Wilma Strothenke
Publicado en Septiembre 2011

Uganda: Las víctimas del desalojo forzado siguen luchando por que se haga justicia contra las violaciones del derecho a una alimentación adecuada en el distrito de Mubende, Uganda

En agosto del 2001 el Gobierno de Uganda expulsó a la fuerza a 392 familias campesinas (aproximadamente 2041 personas) de sus tierras en Mubende. La tierra fue dada a una compañía cafetera alemana, con el propósito de que su filial local, Kaweri Coffee Plantation Ltd., estableciera en ella una plantación cafetera. Mientras algunas de las víctimas han encontrado abrigo en las tierras vecinas y se dedican a la agricultura temporal a pequeña escala, otros están empleados en la plantación como trabajadores informales. Tras años de lucha, el proceso jurídico de reclamar las tierras y las propiedades sigue siendo obstaculizado y retrasado. El Gobierno, representado por el Fiscal General del Estado, continúa impidiendo el debido curso del proceso.