Mil millones de personas dependen del adecuado funcionamiento de la CIDH

El pasado lunes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó la sorprendente noticia sobre su crisis financiera. La Comisión anunció que tendrá que prescindir del 40 por ciento de su plantilla a partir de julio. Al mismo tiempo, los periodos de sesiones 159 y 160 serán suspendidos a menos que se reciban fondos o donaciones antes del 15 de junio. Estos importantes cambios tendrán un grave impacto sobre la capacidad de la Comisión para cumplir con su mandato y seguir desempeñando sus funciones básicas, lo que pone en riesgo la protección de los derechos humanos de las mil millones de personas que habitan en las Américas.

En respuesta a esta situación, diversas ONG de todo el mundo han publicado una carta abierta en la que solicitan a todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se tomen las medidas necesarias que puedan asegurar con urgencia una financiación adecuada de la CIDH. 

FIAN Internacional quiere recordar que el Sistema de Derechos Humanos Interamericano es fruto de la lucha del pueblo. Fueron los pueblos de las Américas los que delegaron su soberanía en los Estados, para que éstos crearan un sistema que asegurara su protección frente a los abusos y las injusticias. Por lo tanto, los Estados miembros de la OEA están obligados a asegurar una financiación sostenida de la Comisión, para que ésta pueda mantenerse en pleno funcionamiento como último recurso frente a las violaciones de los derechos fundamentales en el continente americano, y como referencia internacional por los grandes esfuerzos realizados en la protección de los miles de personas y comunidades afectadas.        

Pueden leer la carta abierta aquí.

El Parlamento Europeo da prioridad a los intereses comerciales por encima de los derechos humanos y el desarrollo sostenible

Bruselas, 11 de diciembre de 2012 – Al ratificar hoy el Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica y el Tratado Comercial entre la UE – Colombia y Perú, el Parlamento Europeo manifestó que su prioridad es el comercio, por encima de los derechos humanos y del desarrollo sostenible.

Los acuerdos no plantean medida alguna para abordar los abusos de derechos humanos en América Latina, y no toman en cuenta las asimetrías entre las dos regiones, según un amplio grupo de organizaciones de la sociedad civil, que incluye FIAN Internacional.

Descargue el comunicado de prensa conjunto abajo.    

Peru: Proyecto minero Río Blanco: Poblaciones de la zona norte del Perú ven amenazados sus derechos humanos a la alimentación y al agua

El año 2001 la empresa Minera Majaz, subsidiaria de la empresa británica Monterrico Metals, obtuvo ocho concesiones mineras en la zona norte del Perú. Una de estas concesiones es el proyecto minero Río Blanco, de 6472 has, que busca explotar un yacimiento de cobre y molibdeno. Las comunidades campesinas de la zona rechazan fuertemente el proyecto porque representa una grave amenaza para la agricultura y por ende para sus derechos humanos a la alimentación y al agua.

El proyecto tendría un impacto negativo en las actividades productivas agrícolas y pecuarias de las comunidades campesinas de la zona y de las poblaciones de las partes bajas, ya que las operaciones de la minera y otras concesiones mineras adyacentes que esperan el inicio del proyecto Río Blanco están ubicadas en las nacientes de cuenca de ríos importantes para la región. La degradación ambiental que produciría la explotación minera afectaría a miles de personas. Como las comunidades afectadas no han sido consultadas apropiadamente, los trabajos exploratorios no cumplen con las exigencias previstas por la ley peruana. Por favor escriban cartas a las autoridades políticas en el Perú para respaldar a las comunidades amenazadas por la minería en su resistencia y su lucha por la defensa a su derecho a la alimentación, al agua y a un medio ambiente adecuado.  

Perú: Contaminación de agua (ríos Chambira y Hormiga) por la compañía petrolera argentina Pluspetrol S.a. en la región de las comunidades indígenas del distrito Urarinas, Depto. Loreto

El derecho a alimentarse de 75 familias de las comunidades nativas de  Pijuayal, Santa Carmela, Nueva Porvenir y San Pedro es violado por la contaminación de los ríos  Hormiga y Chambira (en el norte del distrito de Urarinas) debido al vertimiento de residuos petroleros. La alimentación de la gente está basada en la pesca,  la caza y   unos cultivos. Necesitan de las aguas de los ríos Hormiga y Chambira para preparar su comida. La contaminación también afecta el suministro de agua potable de las familias. La compañía petrolera argentina Pluspetrol Norte S.A  se niega a admitir que las actividades de la empresa se realizan dentro de las fronteras del territorio de las comunidades indígenas. La compañía también se niega a admitir el hecho de que las aguas de ambos ríos han sido contaminadas, destruyendo los recursos principales para la alimentación de estas comunidades.   

Considerando lo serio de la situación, es muy importante presionar a las autoridades peruanas  para que tomen medidas para proteger el derecho a la alimentación de estas comunidades, como también su derecho a aguas limpias y a cultivos libres de residuos de petróleo. Por favor, manden una carta al alcalde del distrito de Urarinas con copias al Ministerio de Salud de la República del Peru, al director de Pluspetrol Norte S.A., y a la organización CEDIA (Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico), que apoya la acción.