Country: Paraguay

Banco Alemán de Desarrollo está obligado a proporcionar información sobre inversiones agrícolas en Paraguay

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El Tribunal Administrativo de Fráncfor, Alemania, ha dado la razón a la organización de derechos humanos FIAN ante su demanda de información presentada contra el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), el Banco de Desarrollo de Alemania.

Durante años, el KfW se ha negado a facilitar el acceso a los planes medioambientales y sociales del inversor agrícola PAYCO, que opera en Paraguay. La filial del KfW, Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) posee una participación del 15,8% en PAYCO.

El tribunal dictaminó que el KfW, como autoridad pública, está obligado a proporcionar información en virtud de la Ley de Libertad de Información, IFG, y en por lo tanto debe proporcionar información de interés público de la DEG.

Philipp Mimkes, Director Ejecutivo de FIAN: «¡El juicio es un gran éxito! PAYCO es responsable de conflictos territoriales con los pueblos indígenas, de daños medioambientales y de deforestación. Ahora el público y la política podrán tener una mejor idea de esta inversión en un futuro próximo. En nuestra opinión, es alarmante que los fondos de desarrollo alemanes financien la agricultura industrial y que haya que luchar por la información a través de costosos procedimientos legales.»

La Corporación Agrícola de Paraguay PAYCO es uno de los mayores terratenientes de Paraguay, con 146.000 hectáreas. La empresa cultiva soja transgénica, posee plantaciones de árboles y cría ganado. PAYCO también vende semillas modificadas genéticamente a terceros.

La demanda fue apoyada por el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR). Sönke Hilbrans, asesor jurídico principal del Área de Programa de Empresas y Derechos Humanos de la organización, subraya: «No es sólo un hito que el Tribunal Administrativo obligue a KfW a proporcionar información sobre las actividades de su filial DEG en virtud de la Ley de Libertad de Información. Según el tribunal, la DEG cumple funciones públicas. La estrategia del banco estatal de fingir que su filial no tenía nada que ver con su mandato de desarrollo no funcionó. Esto significa también que la DEG, como cualquier otro organismo público, tiene responsabilidades en materia de derechos humanos y medioambiente. Esto tendrá consecuencias más allá del derecho de acceso a la información».

En enero de 2013, la DEG invirtió 25 millones de euros en PAYCO con sede en Luxemburgo. De este modo, la DEG obtuvo el 15,8% de las acciones de PAYCO.

FIAN tiene conocimiento de dos conflictos territoriales en las zonas de tierra adquiridas por PAYCO. Dos comunidades indígenas del pueblo Mbya Guaraní viven dentro de la Estancia Golondrina. Reclaman 2.015 hectáreas de tierra en la estancia, que es el núcleo de la comunidad. En 2013, iniciaron las gestiones formales para la cesión de los terrenos, hasta la fecha sin éxito.

«El cumplimiento de la inequívoca reivindicación de los derechos humanos de las comunidades indígenas no se ha resuelto en casi diez años de copropiedad de la DEG. Desde nuestro punto de vista, la DEG antepone los intereses económicos privados a los derechos humanos», critica Philipp Mimkes.

Incluso dentro de la mayor finca de PAYCO, Lomas (36.408 hectáreas), las comunidades reclaman tierras que les fueron concedidas en base a la reforma agraria. Ya en 2011, el municipio de Segunda Reconstrucción presentó la correspondiente solicitud a la autoridad competente. Según el municipio, unas 1.000 hectáreas de su terreno se encuentran dentro de la finca. A pesar del proceso pendiente, según la comunidad, es precisamente en estos terrenos donde se han establecido parte de las plantaciones de eucalipto desde 2013 -desde que interviene la DEG-.

Contacto:

FIAN: Philipp Mimkes; P.Mimkes@Fian.de

ECCHR: Maria Bause; presse@ecchr.eu

FIAN pide a la Corte Suprema de Paraguay para intervenir en nombre de los pueblos indígenas Sawhoyamaxa

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Por el momento, el estado de Paraguay no ha implementado la decisión y los/-as Sawhoyamaxa continúan siendo víctimas del hambre y la malnutrición debido a que sus tierras ancestrales no han sido todavía restituidas. En 2012, la Corte Suprema de Paraguay solicitó información relacionada con la implementación por parte del gobierno paraguayo de la decisión de la CIDH. En la carta adjuntada, FIAN Internacional aprovecha la ocasión de esta solicitud para pedir a la corte que promueva la continuación de las negociaciones en marcha, negociaciones que permitirían la restitución de los territorios, y también que adopte todas las medidas necesarias para asegurar la implementación de la decisión de la CIDH.   

Paraguay: Detener la ola de desalojos forzosos y criminalización

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Con motivo del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, Fian Internacional y sus secciones en Alemania y Paraguay quieren llamar la atención sobre la preocupante situación de derechos humanos de muchas comunidades campesinas e indígenas en Paraguay, cuyos derechos individuales y colectivos son vulnerados de manera sistemática y las continuas amenazas de desalojos forzosos ponen en peligro su disfrute.

De acuerdo con investigaciones de la organización BASE Investigaciones Sociales, entre los meses de septiembre y noviembre de 2021 se han producido al menos nueve desalojos violentos de comunidades campesinas e indígenas, afectando a más de 3.000 personas en todo el país. En la mayoría de estos casos, los desalojos se producen sin cumplimiento de los requisitos legales, como una orden judicial, de manera violenta destruyendo las pertenencias de las familias afectadas y con el despliege excesivo de fuerzas policiales y actores civiles.

Las comunidades víctimas de desalojo son en su mayorías comunidades con un arraigo de décadas en los territorios que ocupan y que reclaman justamente las 5-10 hectáreas que en virtud de la Reforma Agraria les corresponden para poder garantizas sus medios de vida. Frente a ellos están grandes latifundistas que destinan la tierra al agronegocio, responsable de las cifras de hambre y malnutrición en el país. Según la FAO, en 2020, 700.000 personas en Paraguay se encontraban en situación de malnutrición.

“El problema de fondo de los desalojos está en la concentración de tierras, haciendo de Paraguay el país más desigual en el acceso a la tierra de todo América Latina. En la actualidad hay más de 300.000 personas sin acceso a ella, sin embargo el 90% de la tierra está en manos de menos de un 5% de propietarios”, señala Wilma Strothenke, Responsable para Paraguay de FIAN Internacional.

Es preciso destacar que las tierras objeto de disputa, en manos de grandes latifundistas, son en su mayoría tierras de origen ilegal, es decir tierras malhabidas. Se denominan así las tierras públicas que, durante la dictadura de Stroessner, deberían haber sido entregadas a beneficiaros de la Reforma Agraria (campesinos, indígenas) pero que en su lugar fueron adjudicadas de manera ilegal a actores privados cercanos al régimen. En la actualidad aún existen 8 millones de hectáreas de tierras malhabidas.

Aumento de la criminalización contra campesinos, campesinas e indígenas

El aumento de los desalojos forzosos coincide con la reciente adopción de la llamada Ley Zavala-Riera, que reforma el código penal incluyendo penas más severas por ocupación de la tierra. Esta ley, que pretende proteger la propiedad privada, está siendo utilizada como un instrumento más para criminalizar la lucha por la tierra.

Explica Abel Areco, de FIAN Paraguay: “Se está dando un desequilibrio en la gestión del Estado, ya que sin garantizar los derechos básicos de acceso a la tierra, está aprobando leyes que pueden terminar mal aplicadas para la criminalización de los que reclaman sus derechos a la tierra”.

La comunidad del Asentamiento María la Esperanza de Tava’i, Caazapá, es una de las primeras objeto de la aplicación criminalizadora de esta ley. Esta comunidad regresó a ocupar las tierras de las que habían sido expulsados al verificar que no existía orden de desalojo en su contra. Sin embargo al poco tiempo 26 pobladores y el propio abogado de la comunidad fueron detenidos y serán procesados bajo la figura de invasión de inmueble, a pesar de que habitan en el lugar desde hace décadas y la colonia es reconocida por las propias autoridades como una comunidad de hecho.

El caso de la comunidad Primero de Marzo: desalojos, criminalización y negativa de expropiación

Otro ejemplo del aumento de la criminalización y los desalojos es el de la comunidad campesina Primero de Marzo, cuyos miembros vienen ocupando desde 2012 la finca Pindó en el departamento de Canindeyú (junto a la frontera con Brasil), como legítimos beneficiarios de la Reforma Agraria. La finca Pindó aparece como propiedad de la Familia de empresarios Bendlin Beyersdoff, que la adquirió del Instituto de Bienes Rurales (IBR) en el ano 1969 a cambio de un avión, operación ilegal según las normas de la época y que convierte a esta finca en una tierra malhabida, tal y como acredita el Informe Final de la Comisión Verdad y Justicia.

Desde su asentamiento en la Finca Pindó, las y los pobladores de la comunidad Primero de Marzo han venido cuestionando el origen legal de la finca y solicitando a las autoridades paraguayas la expropiación de la misma para su adjudicación, en cumplimiento de la reforma agraria, sin embargo la inacción del INDERT y la negativa de los propietarios de la finca han impedido que el derecho a la tierra de la comunidad sea respetado.

En la actualidad son 430 las familias que ocupan la finca y que sin ayuda estatal consiguen disfrutar de sus derechos más básicos. Cultivan sus huertos, y crían animales, han construido casas e infraestructuras como sistemas de canalización y electricidad, escuelas etc. Sin embargo esta situación se ve gravemente peligrada debido a las continuas amenazas de desalojo forzoso por las autoridades públicas y privadas. Esta situación no es nueva ya que entre los años 2013 y 2016 fueron víctimas de numerosos desalojos forzosos en los que sus casas, cultivos e infraestructuras fueron arrasadas y varios miembros criminalizados.

Carta Abierta

FIAN Internacional, en colaboración con FIAN Paraguay y FIAN Alemania, lanzó una Carta Abierta alertar a las autoridades paraguayas sobre las amenazas constantes de desalojos forzosos a las que se ven sometidas las familias de la Comunidad Primero de Marzo.

Tal y como señala Almudena Abascal, Responsable para América Latina de FIAN Alemania “de cumplirse con estas amenazas no sólo se estarían incumpliendo las normas tanto nacionales como internacionales que protegen el derecho a la tierra de las comunidades indígenas y campesinas sino que también se estarían vulnerando derechos humanos básicos de las mismas como el derecho a la alimentación, a la educación o a una vivienda digna.”

Contacto:

FIAN Internacional: Wilma Strothenke: strothenke@fian.org Tel +49(0)6221 65300 – 30, FIAN Alemania: Almudena Abascal a.abascal@fian.de Tel: +49 (0)221 474491 13

Más información sobre las comunidades desalojadas:

Mayor información:

Ver una presentación al respecto a DESALOJOS Y DDHH en Paraguay a partir de minuto 2:02:33, en un conversatorio organizado por el PARLASUR: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=d__UyM_khXs&feature=youtu.be

Publicación La Reforma Agraria en Paraguay – Informe de misión investigadora de 2007 https://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/info-ngos/fianparaguay.pdf

Hoja informativa La Reforma Agraria en Paraguay https://www.fian.org/fileadmin/media/publications_2015/Reforma-Agraria-en-Paraguay-2007.pdf

Los bancos de desarrollo públicos han de poner fin a la financiación de la agroindustria

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La cumbre llega justo después de la Cumbre de la ONU sobre los Sistemas Alimentarios, inicialmente concebida para abordar el hambre en el mundo y posteriormente secuestrada por los intereses corporativos y utilizada como excusa para presentar las falsas soluciones corporativas, cuyo único objetivo es la obtención de beneficios.

Muy poco hace pensar que esta cumbre, Finanzas en Común, será algo diferente. No sólo por el enorme fracaso al tratar de optar por un enfoque de derechos humanos/comunidad de la cumbre del año anterior sino, sobretodo, por los enormes conflictos en materia de derechos humanos que arrastran estos bancos de titularidad pública.

En la víspera de la cumbre, FIAN Internacional junto a otras 280 organizaciones de sociedad civil y movimientos sociales hace un llamado a los gobiernos para que pongan fin al apoyo financiero estatal que reciben las compañías de la agroindustria, y a los proyectos que roban la tierra, los recursos naturales y las formas de subsistencia de las comunidades locales.

Un historial muy deficiente

Los bancos de desarrollo públicos son instituciones financieras controladas y ordenadas por los estados, que financian actividades que deberían contribuir a la mejora de la vida de las comunidades, principalmente en el hemisferio sur. Estas instituciones dirigen más de 2 billones de dólares al año a la financiación de compañías públicas y privadas para la realización de carreteras, plantas energéticas y plantaciones de la agroindustria. Se estima que 1,4 billones de esta financiación se destinan al sector de la alimentación y la agricultura.

Muchos de estos PDBs cuentan con un deficiente historial en lo que respecta a la transparencia e inversiones que benefician a las corporaciones de la agroindustria, a costa de granjeros/as, pastores/as, pescadores/as, trabajadores/as del sector de la alimentación y comunidades indígenas, y socavando su soberanía alimentaria, ecosistemas y derechos humanos. Asimismo, estas instituciones tienen un fuerte legado de inversiones en compañías involucradas en acaparamiento de tierras, corrupción, violencia, destrucción medioambiental y otras severas violaciones de los derechos humanos.

Por otro lado, estos bancos de desarrollo público están incrementando el uso de fondos extraterritoriales de capital privado y complicadas redes de inversión – incluyendo a intermediarios financieros – para orientar las inversiones, lo que dificulta enormemente su control, como han señalado las recientes revelaciones en torno al desarrollo de la institución financiera alemana Deutsche Investitions– und Entwicklungsgesellschaft (DEG).

Ligados a la violación de los derechos humanos

DEG, subsidiaria del banco de desarrollo estatal más grande de Alemania, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), destina miles de millones de euros al desarrollo financiero en América Latina, Asia y África.

FIAN Alemania ha monitoreado las vulneraciones de derechos relacionadas con las inversiones llevadas a cabo por este banco durante muchos años, con las dificultades derivadas de la falta de transparencia de estos bancos. El resultado desvela que más de la mitad de la financiación anual de DEG está dirigida a través de intermediarios financieros y otros bancos y fondos.

Queda decir que ni siquiera el gobierno alemán tiene una clara idea de a dónde va este dinero ni de su impacto real. Resulta, por lo tanto, prácticamente imposible forzar a los bancos a cumplir con las obligaciones alemanas en materia de derechos humanos. En los casos en los que FIAN pudo identificar inversiones concretas en agroindustria, pudo también detectar evidencias de violaciones de los derechos humanos.

En Zambia, por ejemplo, DEG destina decenas de millones de dólares americanos a la mayor compañía de la agroindustria de Zambia, en la que FIAN pudo documentar casos de expropiación forzada que involucraban directamente a Zambeef y que se remontan a 2013. En Paraguay, DEG es cotitular de la segunda mayor compañía del país, Paraguay Agricultural Corporation PAYCO, destinada a adquirir tierras a gran escala, incluyendo tierras de asentamientos indígenas, para proyectos masivos de agroindustria y uso intensivo de pesticidas.

“Estos son casos emblemáticos que ejemplifican las preferencias de inversión de DEG por la agroindustria a gran escala y que dejan fuera el apoyo y la promoción igualitaria, centrada en los pueblos y al desarrollo sostenible, construida sobre la base del derecho a la alimentación”, ha señalado Roman Herre asesor político para tierra y agricultura de FIAN Alemania.

Irresponsable

Otro claro ejemplo de esta tendencia de los bancos de desarrollo es la decisión del banco de desarrollo público belga, el Belgian Investment Company for Developing Countries (BIO), junto con otros PDBs europeos y norteamericanos, de apoyar la producción de aceite de palma de Feronia PHC en la República Democrática del Congo (RDC), a pesar de la violenta represión llevada a cabo contra las comunidades activistas locales.

“A pesar de que las denuncias hechas por las comunidades afectaban directamente al banco, no existió ningún recurso de justicia y ningún modo de hacer al banco responsable por estas acciones”, ha dicho Florence Kroff, coordinadora de FIAN Bélgica.

“Incluso antes de que se tomase la decisión de financiar el proyecto, ya habíamos planteado la cuestión del riesgo de vulneración de los derechos humanos que implicaba el apoyo a esta agroindustria en la RDC, posible gracias a la concesión ilegítima de 1000.000 hectáreas de tierra. Un legado de la era colonial”, añadió Kroff.

“A esto hay que sumar la contaminación medioambiental y las condiciones laborales indignas de los trabajadores/as de las plantaciones. El dinero público belga, al igual que el alemán, francés, holandés y otros, está contribuyendo de manera directa a un clima de criminalización violenta en la región, que ya se ha gastado docenas de arrestos y detenciones arbitrarias, así como la muerte de varios activistas por la tierra”.

Ha llegado el momento de exigir responsabilidades a los bancos de desarrollo público y a los gobiernos que los controlan por las innumerables violaciones de derechos humanos que han apoyado. Asimismo, ha de ponerse fin a todas las futuras inversiones que no estén ancladas en el derecho a la alimentación, en un enfoque comunitario y en el desarrollo sostenible.

FIAN hace un llamado por:

  • El fin inmediato de la financiación de las operaciones de las corporaciones de la agroindustria y de las inversiones especulativas de los bancos de desarrollo público.
  • La creación de mecanismos de financiación puramente públicos y responsables que apoyen los esfuerzos de las comunidades por la soberanía alimentaria, la realización del derecho a la alimentación, la protección y recuperación de los ecosistemas y que aborden la emergencia climática.
  • La implementación de mecanismos resistentes y efectivos que den a las comunidades acceso a la justicia en caso de impactos perniciosos sobre sus derechos humanos o en casos de daños sociales o medioambientales ocasionados por las inversiones llevadas a cabo por los PDB.

 

Banco aleman niega acceso a la información sobre inversión en Paraguay

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La organización de derechos humanos FIAN, con el apoyo del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), presenta hoy una demanda de información contra el «Kreditanstalt für Wiederaufbau» (Corporación de Préstamos para la Reconstrucción, banco de desarrollo alemán) KfW en el Tribunal Administrativo de Frankfurt am Main. El KfW se niega a facilitar el acceso a los planes de acción medioambiental y social del inversor agrícola luxemburgués PAYCO, que opera en Paraguay. La filial del KfW «Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft» (Sociedad Alemana de Inversiones y Desarrollo) (DEG) adquirió más del 15 por ciento de PAYCO en 2013.

Con 146.000 hectáreas, PAYCO es el segundo mayor terrateniente de Paraguay. La empresa agrícola cultiva principalmente soja y cría ganado. También vende semillas modificadas genéticamente y se dedica actividades forestales como la plantación de eucalipto. En las fincas de PAYCO se han documentado repetidamente deforestación y conflictos de tierras con los pueblos indígenas. La parte occidental de Paraguay tiene una de las tasas de deforestación más altas del mundo.

Los proyectos del KfW y la DEG están vinculados a los objetivos de la política de desarrollo alemana. Sin embargo, el control por parte del Parlamento, los medios de comunicación y la opinión pública crítica sólo es posible si se recibe la información necesaria», afirma Philipp Mimkes, Director Ejecutivo de FIAN Alemania. El KfW y la DEG se han negado durante años a facilitar información sobre PAYCO, incluso a los miembros del Parlamento alemán. «En el presente caso, la DEG antepone las reclamaciones de propiedad privada de la tierra de la época de la dictadura en Paraguay por encima de los derechos humanos básicos. Esto es una clara muestra de incapacidad por parte de un actor encargado de la política de desarrollo de un país. El Consejo de Supervisión de la DEG, presidido por el Ministerio de Desarrollo, debe actuar de una vez por todas en este caso», continuó Mimkes.

Los proyectos financiados indirectamente por el KfW y la DEG deben estar en consonancia con los derechos humanos y la protección del medio ambiente, así como ser accesibles al público», añade Christian Schliemann, del ECCHR. «El Tribunal Administrativo de Frankfurt ya ha declarado en su sentencia de noviembre de 2019 que el KfW debe permitir el acceso la  información solicitada tal y como establece la Ley de Libertad de Información.”

«El KfW y la DEG se niegan a permitir el acceso a los planes de acción medioambiental y social de PAYCO basándose en supuestos secretos comerciales. Pero KfW y DEG podrían utilizar este argumento para negarse a revelar cualquier información, ya que casi todos sus proyectos son tangenciales a un supuesto negocio», afirma la abogada Anna Gilsbach en representación de FIAN y ECCHR.

Según las cifras de la ONU, alrededor del diez por ciento de la población de Paraguay está desnutrida. Gran parte de la población indígena vive en condiciones de extrema pobreza. Esto está estrechamente relacionado con la alta concentración de tierras: Paraguay es uno de los países con mayor concentración de tierras del mundo. Alrededor del 2,6 por ciento de los propietarios poseen más del 80 por ciento de las tierras agrícolas.

Ver un Documento de antecedentes sobre inversiones en Payco

Alerta sobre el impacto de los agrotóxicos en América Latina y el Caribe

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Brasilia 28 de abril. Las secciones latinoamericanas de FIAN Internacional, presentaron ayer en un concurrido evento en línea el informe Agrotóxicos en América Latina: violaciones del derecho a una alimentación y a la nutrición adecuadas.

Con 108 páginas, la publicación recoge datos e informes sobre los impactos de estas sustancias en ocho países de América Latina y el Caribe: Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador, Honduras, Guatemala, México y Haití.

El mismo demuestra cómo los pesticidas afectan a la salud humana y al medio ambiente, impidiendo la plena realización del derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas. Igualmente identifica un patrón en la estrategia de las empresas en la región, que se basa en la captura corporativa de las instituciones y los territorios.

El lanzamiento contó con más de 700 participantes en línea. Durante el mismo Juan Carlos Morales González, de FIAN Colombia, y el investigador Leonardo Melgarejo presentaron las principales conclusiones del informe. Comunidades afectadas en Brasil, Haití y Paraguay expusieron sus testimonios sobre los devastadores impactos de los agrotóxicos en la destrucción de sus medios de vida. Posteriormente la geógrafa Larissa Bombardi, autora del atlas Geografía del Uso de Plaguicidas en Brasil y Conexiones con la Unión Europea, y el  Relator Especial de la ONU para Sustancias Tóxicas y Peligrosas, Marcos Orellana analizaron los resultados del informe y expusieron sus puntos de vista al respecto. En su intervención el relator Orellana expresó:

“La contaminación legalizada no justifica la violación de derechos…se deben eliminar las sustancias peligrosas”. Igualmente resaltó como “hay responsabilidades compartidas de los países exportadores e importadores…los Estados tienen una obligación de prevención de la exposición a substancias tóxicas que se basa en los derechos humanos”

Para dar seguimiento a este trabajo, próximamente FIAN Internacional entregará  una denuncia a los relatores especiales competentes de Naciones Unidas sobre el caso brasileño presentado durante el evento, en el que se utilizó la fumigación aérea como arma para desalojar a los trabajadores rurales del área en litigio de una zona rural en disputa en Pernambuco.

El 5 de mayo, el informe tendrá otro momento de difusión mundial: un seminario en línea en el que FIAN Internacional presentará los resultados de un estudio sobre experiencias de transición hacia comunidades y sistemas alimentarios libres de pesticidas.

Compruebe cómo se desarrolló el debate y acceda a la publicación en portugués, español o inglés.

Para más información puede ponerse en contacto con: Ana María Suárez Franco Suarez-franco@fian.org

Paraguay: Libertad para los 11 campesinos de Curuguaty

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La falta de imparcialidad del Ministerio Público a la hora de realizar las investigaciones sirvieron de argumento a los jueces para determinar la absolución de los condenados. Los cuatro campesinos que aún permanecían en prisión serán puestos en libertad tras esta sentencia. Organizaciones de Derechos Humanos celebran esta decisión.

El 11 de julio de 2016 once trabajadores rurales fueron condenados a penas de prisión de entre cuatro y treinta años acusados del asesinato de seis policías durante las protestas que tuvieron lugar en 2012 en la hacienda Marina Cué, en la provincia de Curuguaty, al norte de Paraguay. Como resultado de dichos enfrentamientos once campesinos y seis policías fueron asesinados, en lo que se denominó “la masacre de Curuguaty”.

Tras unas discutibles diligencias por parte de la Fiscalía, que se limitó a investigar el asesinato de los seis policías, once campesinos y campesinas fueron condenados por asesinato, perturbación del orden público y constitución de organización delictiva.

Esta absolución supone una decisión histórica para los defensores y defensoras de Derechos Humanos no sólo en Paraguay sino en toda Latinoamérica. Sin embargo, no se puede olvidar que la muerte de once campesinos durante la masacre aún permanece impune y sin investigar.

La criminalización y persecución de las personas defensores de Derechos Humanos en Paraguay, especialmente de aquellas que defienden el derecho a la tierra y los derechos de los pueblos indígenas, se da en un contexto de discriminación y conflictividad por la determinación de la propiedad de la tierra. Los conflictos de tierra en Paraguay han llevado a una espiral de violencia contra el campesinado que comprende desde la difamación por parte de actores gubernamentales y privados, la presencia de milicias privadas y las amenazas de muerte, hasta la persecución judicial.

FIAN Internacional había informado sobre el caso de Curuguaty, y celebra la recomendación que el Gobierno alemán hizo al Gobierno de Paraguay en el marco del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas en 2016, de “garantizar la realización de investigaciones y procedimientos penales imparciales e independientes en el caso Curuguaty, a fin de esclarecer las denuncias y llevar a los autores ante la justicia”. Sin embargo, esta recomendación no se cumplirá definitivamente hasta que todas la muertes de la masacre de Curuguaty queden debidamente investigadas y juzgadas.

Leer mayor información sobre la criminalización de las y los campesinos en Paraguay

La corporatización de las semillas amenaza a las comunidades paraguayas

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Durante siglos, la comunidad campesina y pueblos indígenas han reproducido e intercambiado sus propias semillas, adaptándolas a los ecosistemas locales, y han transmitido sus conocimientos a las nuevas generaciones.  Sin embargo, el desarrollo de las semillas está actualmente amenazado por los procesos de acaparamiento de tierra, la destrucción del medio ambiente y la introducción de semillas genéticamente modificadas. En particular, los intereses de las corporaciones  están amenazando el libre acceso y circulación de las semillas nativas. 

Como sucede en Paraguay, la creciente influencia en la toma de decisiones sobre leyes y reglamentaciones, está conduciendo a la mercantilización de este bien común de los pueblos. Paralelamente, la protección de los derechos humanos de los paraguayos encuentra cada vez más obstáculos y se ve envuelto en constante tensión. 

Tal y como subraya la relatora especial sobre el derecho a la alimentación en las Naciones Unidas, Hilal Elver, tras su visita al país en Noviembre 2016, el gobierno paraguayo debe re-visitar las políticas relacionadas con el acceso y explotación de la tierra y con las semillas. Entre sus propuestas,  Elver apuntó a la necesidad de  promulgar una ley de semillas nativas y criollas y de crear bancos de semillas como reservas y pone en entredicho la distribución actual de la tierra.

Con este contexto, y con la gigantesca fusión Bayer-Monsanto tomando forma, el documental nos acerca a la realidad de las comunidades afectadas con testimonios de campesinos, así como de campesinas y mujeres indígenas de diferentes etnias, dado su rol históricamente reconocido, junto con las mujeres campesinas, como “guardianas de las semillas”. El documental además se desarrolla en una comunidad indígena de la etnia Pai Tavytera y una campesina de Ybycui  y también durante la Feria Heñoi Jey, una de las varias acciones de las comunidades para recuperar la semilla nativa y resaltar los intereses de las corporaciones internacionales así como la inacción del Estado. 

FIAN Internacional insta al estado de Paraguay a cumplir con sus obligaciones y proteger los derechos de las comunidades por encima del lucro. La organización recuerda que las semillas son el  patrimonio colectivo de la humanidad y un elemento vital e histórico en el desarrollo de los pueblos. Sin el libre acceso e intercambio de semillas, así como el acceso a la tierra y la libre producción, el derecho de la alimentación y nutrición no podrá ser garantizado en Paraguay. 

Puedes acceder al vídeo aquí

NOTAS A LOS EDITORES/AS:

  • El documental fue realizado por Añandu Cine Praguay,  gracias a una cooperación entre FIAN Alemania, FIAN Paraguay con las organizaciones campesinas e indígenas de la VIA Campesina y Heñoi Paraguay. Forma parte de la campaña nacional de FIAN Alemania bajo la lema: “ FIAN exige un mundo de semillas libres que garantice el buen vivir de todas y todos, en el lugar de la acumulación de ganancias de unos pocos”.