El acaparamiento global de tierras evidencia la creciente desigualdad de riqueza y la necesidad de reformas

Extensas parcelas de tierra en el Sur Global están siendo cada vez más adquiridas por inversionistas internacionales y corporaciones ultrarricas, fomentando una creciente desigualdad – parte de una tendencia global de transferencia de riqueza que perjudica a los pobres y a la clase trabajadora.

Un nuevo informe de FIAN International y Focus on the Global South, Los señores de la tierra: terratenientes transnacionales, desigualdad y el imperativo de la redistribución, pone el foco en los diez mayores propietarios transnacionales de tierras del mundo – que controlan 404.457 km², un área del tamaño de Japón.

Esto forma parte de una fiebre mundial por la tierra. Desde el año 2000, corporaciones e inversores financieros han adquirido aproximadamente 65 millones de hectáreas de tierra – el doble del tamaño de Alemania. Hoy en día, el 70 por ciento de las tierras agrícolas globales están controladas por el 1 por ciento de las mayores explotaciones industriales.

Desplazamientos forzados

Esta concentración tiene graves implicaciones para la seguridad alimentaria, amenazando los medios de subsistencia de 2.500 millones de pequeños agricultores y 1.400 millones de las personas más pobres del mundo, la mayoría de las cuales dependen de la agricultura para sobrevivir. También está provocando violencia, desalojos forzosos, destrucción ambiental y contribuyendo al cambio climático.

Prácticamente todos los principales propietarios globales de tierras han sido implicados en informes sobre desplazamientos forzados, destrucción ambiental y violencia contra las comunidades.

Uno de los principales actores es el fondo de pensiones estadounidense TIAA, que ha adquirido decenas de miles de hectáreas en la región del Cerrado brasileño, una de las áreas con mayor biodiversidad del mundo. En el Cerrado, aproximadamente la mitad de la tierra ha sido convertida en plantaciones de árboles, grandes monocultivos agroindustriales y pastos para la producción ganadera  – en medio de informes sobre acaparamientos violentos de tierras, deforestación y destrucción ambiental que ya muestran signos de impacto en el clima.

TIAA casi cuadruplicó sus propiedades de tierras entre 2012 y 2023, pasando de 328.200 hectáreas a 1,2 millones de hectáreas.

Desigualdad

La concentración de tierras tiene consecuencias para el mundo entero. El hecho de que vastas extensiones de tierra en diferentes jurisdicciones estatales sean controladas por corporaciones distantes socava la soberanía estatal y la autodeterminación de los pueblos.

El monocultivo industrial a gran escala, a menudo llevado a cabo en estas tierras, es un importante motor del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la destrucción de ecosistemas, impidiendo transiciones justas hacia sistemas alimentarios y modelos económicos más equitativos y sostenibles.

Esto forma parte de una tendencia global de creciente desigualdad y concentración de la riqueza. Desde mediados de la década de 1990, el 1% más rico de la población mundial ha capturado el 38% de toda la riqueza adicional acumulada, mientras que el 50% más pobre ha recibido solo el 2%. Se estima que 3.600 millones de personas, o el 44% de la población mundial, viven ahora con menos de 6,85 dólares estadounidenses al día, un nivel que impide una vida digna.

Dado que el acaparamiento de tierras está impulsado en gran medida por el capital global y la acumulación de tierras a través de diferentes jurisdicciones por parte de corporaciones transnacionales y entidades financieras, la cooperación internacional es esencial. La próxima segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20) en Colombia a principios del próximo año ofrece una oportunidad crítica para que los gobiernos acuerden medidas que pongan fin al acaparamiento de tierras, reviertan la concentración de tierras y aseguren una distribución amplia y sostenible de los recursos naturales.

En un mundo que enfrenta crisis interconectadas – colapso climático, inseguridad alimentaria, pobreza persistente y desigualdad social – y una reconfiguración del equilibrio de poder global, existe una oportunidad para alejarse de las políticas neoliberales que han beneficiado a muy pocos, y crear un futuro global más justo y sostenible para todas y todos.

Para más información o entrevistas con medios, por favor contacte a Philip Seufert seufert@fian.org o Amanda Cordova-Gonzales cordova-gonzales@fian.org

La tecnología digital recorta el acceso a la tierra

Mientras los gigantes corporativos dialogan sobre la “Tech for Good” (Tecnología para el Bien) en el encuentro anual del Foro Económico Mundial, recientes estudios demuestran que la digitalización puede desencadenar en un aumento de las ya existentes desigualdades. El estudio  ‘¿Disrupción o Déjà Vu? Digitalización, Tierra y Derechos Humanos’, publicado por FIAN Internacional, revela cómo las tecnologías digitales han pasado a convertirse en la nueva herramienta para el acaparamiento de tierras y en una nueva fuente de beneficio. A partir de las investigaciones realizadas en Brasil, Indonesia, Georgia, India y Ruanda, el estudio demuestra que el uso de las herramientas digitales en la gobernanza de la tierra no hace sino amplificar las ya existentes formas de exclusión.

Algunas de las conclusiones fundamentales del estudio son:

  • Corporaciones, personas ricas y élites locales están sirviéndose de las nuevas herramientas digitales en la apropiación de tierras, lo que ha desencadenado en el desplazamiento masivo de familias y comunidades enteras. Un ejemplo clave de este hecho es el del Mirador State Park en Brasil, donde empresas de la industria agrícola han usurpado 700.000 hectáreas de una zona conservada mediante el uso de registros de tierra digitales. Como consecuencia, cientos de familias han sido desposeídas de la tierra en las que han vivido durante generaciones.
  •  En ausencia de una regulación que mire por el interés público y los derechos humanos, las compañías digitales y de agroalimentación han pasado a convertirse en las principales beneficiarias de la digitalización del sector de la tierra, en perjuicio de los grupos desfavorecidos. Los gobiernos están depositando en los actores corporativos la labor de proporcionar las infraestructuras necesarias para la digitalización de la administración de tierras y, como consecuencia, el control público de los servicios y bienes más esenciales está viéndose debilitado.
  • A pesar de que la tierra ha sido reconocida como derecho humano y es considerada esencial para la vida de las personas rurales, los proyectos de digitalización están siendo implementados sin tener en cuenta los derechos humanos. 
  • Mientras los donadores internacionales han cortado las ayudas dirigidas al interés público, están invirtiendo millones de dólares destinados al uso de las tecnologías digitales en el sector de la tierra en el mundo entero. El Banco Mundial dedica él sólo más de 10.000 millones de dólares estadounidenses a la financiación de proyectos, sobre todo en el África Subsahariana y en el Sur y Sudeste Asiático.
  • Las iniciativas que se sirven de la tecnología blockchain (o cadena de bloques)– la tecnología sobre la que se fundamentan las criptomonedas como el Bitcoin – están presentes en más de 20 países. Mientras el blockchain está siendo promovido como una tecnología puntera que permite solventar los problemas de gestión de tierras, los datos disponibles muestran que esta tecnología ha sido inefectiva en prácticamente todas las actividades en las que se ha puesto en marcha. 

“Estamos viendo que la actual aplicación de las tecnologías digitales en la gestión de tierras sólo amplifica las desigualdades. No se trata de una “tecnología para el bien”, sino para el beneficio”, explica Philip Seufert, uno de los autores del estudio. “La cuestión aquí no es si las tecnologías son buenas o malas. Pero cuando su aplicación no se sustenta en los derechos humanos, únicamente beneficia a un pequeño grupo de personas y grandes empresas. En el caso de las comunidades locales, esto significa la pérdida de su tierra y de sus medios de subsistencia”, ha añadido.

La tierra es un indicador del aumento de las desigualdades sociales y de la desposesión de las comunidades locales desde la crisis de 2008, que desencadenó en una fiebre mundial por la tierra llevada a todo tipo de inversores. La falta de seguridad y de un acceso estable a la tierra también son factores clave en el aumento de la pobreza y el hambre. Para hacer frente a esta cuestión es necesario que se aborden problemas estructurales como la desigual distribución de la tierra y la falta de protección de los derechos de las comunidades a la tierra. Se han presentado diferentes iniciativas de tecnología digital, como los catastros digitales, con el fin de atajar los problemas acuciantes con relación a la tierra. No obstante, las evidencias mostradas en los cinco países analizados en el estudio demuestran que la digitalización de los procesos relacionados con la tierra está principalmente diseñada con el objetivo de atraer la atención de los inversores.

“Es inaceptable que tanto gobiernos como agencias de desarrollo estén promoviendo el uso de las tecnologías digitales en el sector de la tierra sin tener en cuenta las regulaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidas”, ha dicho Mathias Pfeifer, coautor del estudio. “Pretender que la tecnología pueda remplazar a las políticas en la solución de las discriminaciones estructurales es irresponsable y peligroso. La generalizada falta de participación de las personas afectadas sólo empeora las cosas”

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Los datos analizados muestran que la digitalización implica el traspaso de los poderes estatales hacia los actores privados. En Georgia, por ejemplo, la infraestructura de blockchain destinada a servir como base para el sistema de gestión de tierras del país, incluyendo las transacciones de tierra automáticas, es holandesa. Este y otros acuerdos publico-privados despiertan serias preocupaciones con relación al control público sobre los bienes esenciales y en lo referido a las funciones gubernamentales.

En 2020, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Nutrición (FAO) anunció la puesta en marcha de una plataforma internacional cuya función es proporcionar ayuda en la aplicación de las tecnologías digitales en asuntos de alimentación y agricultura. Las conclusiones del estudio subrayan la necesidad de respetar e implementar los acuerdos internacionales de derechos humanos en contextos de digitalización, incluyendo las Directrices de la FAO para una Gobernanza Responsable de la tenencia de la Tierra y otros recursos naturales.

Para cuestiones relacionadas, por favor, contactar con delrey@fian.org

**Descargar**
¿Disrupción o Déjà Vu? Digitalización, Tierra y Derechos Humanos.
Análisis para la evaluación de proyectos y procesos de digitalización en asuntos de tierra desde una perspectiva de derechos humanos.
Mapa de proyectos de digitalización y blockchain en el sector de la tierra. 

FAQ

*¿Qué es la digitalización? 
Es la integración de las tecnologías digitales en todos los aspectos de la sociedad y la economía, basándose en procesos de traspaso de la información a un formato digital que pueda ser procesado por un ordenador (“digitalización”). La digitalización implica nuevas formas de producción, distribución y consumo.

*¿De qué forma afecta la digitalización a la tierra?
Las tecnologías y herramientas digitales están siendo utilizadas cada vez más en la gobernanza y gestión de tierras. Por ejemplo, la demarcación y mapeo de tierras se realiza con el uso de dispositivos GPS y drones. Asimismo, la información relativa a la propiedad y uso de tierras también se almacena en registros y catastros digitales. Por último, las herramientas y plataformas digitales son utilizadas para realizar transacciones de tierras y definir políticas. La digitalización en asuntos relacionados con la tierra tiene importantes repercusiones en lo que respecta al acceso, uso y control de este recurso primordial. 
 

Nueva ley en Indonesia pone en riesgo los derechos alimentarios y medioambientales

En el Día Mundial de la Alimentación, FIAN Indonesia, junto a FIAN Internacional y una docena de organizaciones a nivel nacional e internacional, ponen de manifiesto su preocupación por la apresurada y antidemocrática aprobación de la “Ley Omnibus” (también llamada Ley Omnibus de la Creación de Empleo) del pasado 5 de octubre de 2020. Esta ley invalida más de 70 leyes y regulaciones existentes e incluye un controvertido artículo que amenaza el derecho a la alimentación y a la nutrición de millones de personas trabajadoras de Indonesia, productores/as de alimentos a pequeña escala, comunidades indígenas, trabajadores/as migrantes y otros grupos marginados.

55 organizaciones a nivel nacional e internacional han puesto de manifiesto su rechazo a la aprobación de esta ley, a través de la firma de una declaración de solidaridad con los grupos afectados.

“En el Día Mundial de la Alimentación, mientras Indonesia sigue lidiando con la pandemia y las consecuencias de esta, el país ha aprobado una ley general que aumenta la vulnerabilidad de los productores/as y consumidores/as de alimentos a pequeña escala, dentro de un sistema de alimentación ya frágil de por sí”, ha explicado Laksmi Adriani Savitri, presidente de la Junta Directiva Nacional de FIAN Indonesia.

La Ley Omnibus contiene artículos que adoptan la agenda de la liberalización alimentaria a través de la creación de un sistema que genera una fuerte dependencia de la importación de alimentos, sustenta la creación de monopolios corporativos en la cadena de suministro de alimentos y es causante de la destrucción medioambiental al promover la industrialización de la agricultura y la deforestación.

“De hecho, se ha demostrado que la liberalización alimentaria tiene un fuerte impacto sobre la disponibilidad, accesibilidad, suficiencia y sostenibilidad de alimentos, sobre todo para las comunidades rurales e indígenas, que dependen de los recursos naturales para cubrir sus necesidades alimentarias”, ha dicho Sofía Monsalve, Secretaria General de FIAN Internacional.

Las secciones nacionales de FIAN de diferentes países como Colombia, Noruega y Suecia, junto a otras organizaciones de sociedad civil, también han expresado su solidaridad con la declaración y han condenado el proceso de creación de la Ley Omnibus, en el que la población indonesia no estuvo incluida.

Asimismo, la declaración señala la preocupación que despierta la existencia de una Ley Omnibus que se opone a los instrumentos legales internacionales existentes que garantizan los derechos humanos y que Indonesia había previamente firmado, como son el Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y Otras personas que Trabajan en Zonas Rurales (DNUDC).

Las organizaciones firmantes urgen al gobierno indonesio que respete los principios de justicia y democracia, así como el derecho a la alimentación y a la nutrición de la población indonesia.

Puedes acceder a la declaración completa aquí

Contacto:

Laksmi Adriani Savitri (presidente de la Junta Directiva Nacional de FIAN Indonesia. Email: laksmi.adriani@gmail.com)

Yifang Tang (Trabajo de casos e investigación en Asia para FIAN International, email: tang@fian.org)

FIAN se establece en Indonesia

La organización de derechos humanos se estableció en Indonesia el pasado enero, convirtiéndose en la cuarta oficina en el continente asiático. El trabajo de FIAN ha llegado al país en un momento en el que 19 millones de personas padecen hambre. A día de hoy, aunque la mayoría de los 255 millones de habitantes en Indonesia viven en áreas rurales y trabajan en el sector agrícola en la producción de alimentos, 16 millones de personas agricultoras continúan sin poseer ninguna tierra y no cuentan con un acceso adecuado a los recursos para la producción de alimentos. 

En relación con la fundación de la oficina, la Presidenta de FIAN Indonesia, Laksmi Savitri, expresa: “A pesar de que el derecho a la alimentación y a la nutrición queda implícito en la Constitución de Indonesia, todavía no es reconocido por la gente. Ni siquiera el gobierno es consciente de sus obligaciones al respecto. Con los acuerdos de libre comercio como la Asociación Transpacífico (TPP) o la Comunidad Económica de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que durante este año ha comenzado a ser implementada, Indonesia se enfrentará cada vez más a un acaparamiento de tierras a gran escala y a una agricultura impuesta por el mercado internacional. Todos estos desarrollos acarrearán un impacto negativo sobre la capacidad de las personas para alimentarse a sí mismas y provocarán la violación de su derecho a la alimentación. Esta es la razón principal por la que FIAN es necesaria en Indonesia”.

A pesar de la ratificación de Indonesia del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y de la promulgación de la Ley de Alimentación 18/2012, muchas personas han sido desalojadas o están siendo desplazadas en nombre del desarrollo y el crecimiento económico, y sus derechos están siendo objeto de violaciones. Indonesia ha suscrito 64 tratados bilaterales de inversión, 24 acuerdos multilaterales, y 15 acuerdos integrales de libre comercio. Además, en la actualidad existen planes para su participación en la TPP. Los efectos nocivos de los acuerdos de libre comercio sobre la capacidad de las personas para alimentarse a sí mismas han sido ampliamente documentados, por lo que amenazan el derecho a la alimentación de millones de personas en Indonesia.

Para una mayor información, por favor contacte con delrey[at]fian.org 

Indonesia: actividades mineras amenazarán el derecho a la alimentación de 60.000 personas en Lembata, Flores.

En Junio de 2005, una compañía minera de oro y cobre inició actividades preliminares de exploración en el distrito de Lembata en Flores. Las actividades mineras propuestas provocarán que la población de Lembata pierda sus tierras agrícolas y los recursos marinos  de los que obtienen su dieta básica. La mina planeada causará el reasentamiento de por lo menos 60.000 habitantes de la región. Ello constituye una grave amenaza del derecho a la alimentación de los habitantes.

Es necesaria la acción internacional para detener las actividades de exploración y para evitar que la construcción de la mina siga adelante. Por favor envíen una carta al Ministro para Energía y Recursos Minerales, Gobernador de East Nusa Tenggara, Presidente del Parlamento Regional de Lembata, y el Regente (jefe del distrito) de Lembata, pidiendo que se proteja el derecho a la alimentación de 60.000 personas en Lembata.     

Indonesia: El Ministerio de bosques pone en peligro el derecho a la alimentación de los campesinos, Ompo, Lapajung, aldeas de Bila y Mattabulu, subregencia de Lalabata, en regencia de Soppeng, Celebes

Durante más de 20 años, 340 familias campesinas en Ompo, Lapajung, aldeas de Bila y Mattabulu, Lalabata, Soppeng, Celebes Sur, han estado luchando por su derecho a la alimentación. En 1982, sus tierras fueron declaradas “Zona Forestal del Estado” y a los campesinos se les prohibió cultivar su propia tierra. Desde entonces, se les ha negado el acceso a sus tierras y no han sido compensados ni reacondicionados. Muchos de estos campesinos han migrado a las ciudades en busca de empleo, mientras que otros han permanecido e intentan sobrevivir con su pequeña huerta.  

Indonesia: ¿Tierra para los campesinos o para el turismo? El derecho a la alimentación de más de 7000 personas corre peligro por la construcción de un aeropuerto internacional, Tanak Awu, Lombok Central, Nusa Tenggara Oeste

El 18 de septiembre de 2005, la policía local de Lombok, Nusa Tenggara Oeste, abrió fuego contra una multitud, más de 700 campesinos, que se habían reunido para preparar la semana de actividades en conmemoración del Día Nacional Indonesio de los Campesinos. Veintisiete personas fueron heridas, cuatro fueron hospitalizadas y seis campesinos fueron detenidos. Los campesinos se oponían a la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en una zona fértil de Lombok. Un mes antes del tiroteo, 2631 campesinos habían sido expulsados de sus tierras por las autoridades locales, para dar paso a la construcción del aeropuerto planeado. Ya que la tierra es su único medio de subsistencia, el derecho a la tierra de estas familias campesinas está en peligro.  

Se precisa acción internacional para apoyar a los campesinos que luchan en contra de la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en su tierra. Por favor, envíe una carta formal al presidente Susilo Bambang Yudhoyono, solicitándole que anule el plan de construcción del aeropuerto, a menos que se garantice tierra para el reasentamiento de los desplazados.

Indonesia: Una nueva resolución presidencial pone en peligro el acceso a la tierra y a los recursos productivos de más de 500.000 propietarios no reconocidos de distintas partes de Indonesia (por ejemplo, Jakarta, Bogor, Depok Tangerang y Bekasi)

Más de 500 000 pobres viven bajo la amenaza de ser expulsados forzosamente de sus tierras y perder así su único medio de subsistencia. Con la nueva Resolución Presidencial N.° 36/2005, el Gobierno Indonesio aumenta sus posibilidades de anular títulos de tierras y adquirir tierra para proyectos públicos. Las expulsiones están planificadas para poner en práctica el proyecto del canal Jakarta Este (que afecta a 500 000 personas), el proyecto de la presa Pluit en Muara Baru (30 000 afectados) y el proyecto ferroviario de doble vía Manggarai-Jatinegara-Cakung-Bekasi (1700 familias afectadas). Esta regulación supone una gran amenaza para el acceso a la tierra y a los recursos productivos de muchos campesinos sin tierras y pequeños campesinos, pues no percibirán una compensación adecuada.

Se precisa una acción urgente para garantizar que las expropiaciones cuentan con garantía procesal y no violan el derecho humano de las personas a un nivel de vida adecuado, ni ponen en peligro el único medio de subsistencia de las víctimas. Por favor, envíe una carta formal al Presidente de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, solicitándole la revocación de la Resolución Presidencial N.° 36/2005, una compensación adecuada y garantía procesal para todos en caso de desalojo.