Country: India

Las piscifactorías de camarones amenazan los medios de subsistencia de los pescadores artesanales

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FIAN Internacional está trabajando con representantes de los pescadores de Tamil Nadu para poner de relieve la situación de dos pequeñas comunidades pesqueras de Chandrapadi y Chinnaikottaimedu, que dependen de la pesca tradicional en embarcación.

Impacto en los medios de subsistencia y los derechos humanos

La invasión de las piscifactorías camaroneras desde principios de los noventa ha provocado una grave degradación medioambiental en la zona: se han talado manglares y se han dragado marismas para construir canales artificiales, alterando ecosistemas antaño prósperos.

La imprudente expansión de la cría de gambas se ha relacionado con la contaminación del agua, la degradación de la fertilidad del suelo, la pérdida de medios de subsistencia, la denegación del acceso a los caladeros, efectos adversos para la salud, escasez de agua y trastornos sociales y culturales.

«Este es un ejemplo paradigmático de por qué la acuicultura es una falsa solución a la seguridad alimentaria. Su expansión ha devastado las vidas y los medios de subsistencia de los pescadores de todo el mundo y, en particular, de Asia», afirma Yifang Tang, responsable de Investigación y Estudios de Casos de FIAN Internacional.

«La acuicultura es diversa. Incluso proyectos aparentemente a pequeña escala pueden dañar el medio ambiente y tener un enorme impacto en el derecho a la alimentación y la nutrición de las comunidades pesqueras locales.»

El gobierno de Tamil Nadu no ha aplicado la legislación vigente ni ha protegido los derechos de las comunidades.

«Exigimos a los departamentos gubernamentales que cierren las granjas camaroneras basándose en la Zona de Regulación Costera (2019). También exigimos al gobierno del estado de Tamil Nadu que redistribuya las tierras comunales costeras a las aldeas de pescadores para asegurar y proteger la ecología», afirma Jones T Spartegus, de Coastal Action Network.

El coste humano de la cría de gambas

La contaminación de las masas de agua por el vertido de productos químicos no tratados ha provocado una reducción del tamaño y la calidad de los peces y mariscos, amenazando la principal fuente de alimentos de las comunidades de Chandrapadi y Chinnakotaimedu.

La pérdida de tierras de cultivo en favor de las granjas camaroneras también ha perturbado los sistemas alimentarios locales, obligando a las familias a comprar -en lugar de cultivar- sus alimentos, lo que afecta a los ingresos familiares. La denegación del acceso a los caladeros y la pérdida de las técnicas de pesca tradicionales han causado dificultades económicas a las comunidades pesqueras.

Las comunidades también han experimentado efectos adversos para la salud, como alergias y enfermedades de la piel que creen que están relacionadas con la contaminación de las granjas camaroneras.

La promoción de las granjas camaroneras por parte del gobierno estatal mediante incentivos económicos y su incapacidad para hacer cumplir su propia normativa subrayan la urgente necesidad de actuar para proteger los derechos humanos y los medios de subsistencia de estas comunidades pesqueras.

Descárguese el informe aquí.

Para más información o entrevistas con los medios de comunicación, póngase en contacto con Clara Roig Medina roig@fian.org

La destrucción ecológica del gigante siderúrgico indio devasta la vida de las comunidades

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Las comunidades se han enfrentado al desalojo, la pérdida de sus medios de vida y la criminalización desde que sus tierras se asignaron forzosamente por primera vez en 2005 al proyecto siderúrgico de POSCO, ahora abandonado. Ese proyecto provocó una fuerte resistencia local contra la destrucción medioambiental y la apropiación ilegal de tierras comunitarias de las que la población local depende en gran medida para su subsistencia.

Sus protestas obligaron a POSCO a retirarse en 2017, pero el gobierno estatal de Odisha entregó entonces las tierras de la comunidad a JSW Utkal Steel Ltd. (JUSL), filial de JSW. (JUSL), lo que llevado a las comunidades locales de Dhinkia, Nuagaon, Govindpur y las aldeas vecinas a seguir resistiéndose a la apropiación de sus tierras.

El nuevo megaproyecto previsto incluye una acería integrada, un puerto marítimo, una planta de molienda de cemento, minas y una central eléctrica que pueden desplazar hasta 40.000 personas, según las estimaciones. El proyecto tendrá consecuencias desastrosas para sus derechos a la alimentación, el agua, el trabajo, la salud, una vivienda adecuada y un medio ambiente sano.

Rica biodiversidad

La mayoría de los habitantes de esta zona son comunidades agrícolas y pescadoras cuya subsistencia se basa en la rica biodiversidad y fertilidad de la zona. Muchos son jornaleros y jornaleras de la marginada comunidad dalit, que ya viven en circunstancias económicas precarias.

«El gobierno de Odisha debe reconocer nuestros derechos sobre las tierras forestales según la ley de derechos forestales de 2006. La entrega de nuestras tierras a Jindal por parte del gobierno de Odisha es ilegal sin nuestro consentimiento», ha declarado Manas Bardhan, de Dhinkia.

La destrucción de las viñas de betel y los manglares, así como las restricciones impuestas a la pesca, la extracción ilegal de arena y la tala forzosa e ilegal de árboles ya han destruido los medios de subsistencia de al menos 1.000 familias. Estas familias han cultivado hojas de escarabajo durante generaciones como única fuente de ingresos.

Además del flujo de ingresos proporcionado por el cultivo de betel o anacardos, las familias de las aldeas afectadas también complementan significativamente sus medios de vida accediendo a recursos comunes, como el arroz, el pescado y los productos forestales que se recolectan localmente y se utilizan para el consumo familiar. La destrucción de tierras forestales y recursos comunitarios ha afectado a su capacidad para asegurarse una alimentación adecuada. Las severas restricciones a la libertad de movimiento de las comunidades locales han reducido su capacidad para conseguir trabajo, acceder a centros educativos y a cultivos y mercados, obligándolas a pagar precios inflados por las necesidades diarias.

En octubre de 2022, la policía y funcionarios de la JUSL demolieron 20 casas en la aldea de Dhinkia alegando que estaban en terrenos de Jindal. Estas familias llevan más de 100 años viviendo en esas tierras y de un día para otro se quedaron sin hogar. No se les avisó con anterioridad de los desalojos ni se les permitió recoger sus pertenencias antes de las demoliciones.

Las autoridades estatales han impulsado planes para desalojarlos por la fuerza y despojarlos de sus medios de vida, en claro incumplimiento de las leyes vigentes y de las órdenes judiciales, con total desprecio de las obligaciones internacionales de India en materia de derechos humanos y sin el consentimiento de las comunidades afectadas. El Ministerio de Medio Ambiente aprobó el proyecto a pesar de las numerosas irregularidades.

 

Destrucción ecológica

Las dunas de arena y los manglares que han sido destruidos habían protegido durante mucho tiempo los pueblos y las zonas circundantes de los efectos de los ciclones. Este ecosistema natural actuaba como barrera contra la entrada de agua del mar en las aldeas. Ahora, las comunidades están expuestas a marejadas, fuertes tormentas y ciclones que son habituales en la región. Algunas personas de la comunidad también han informado de un aumento de la temperatura, erosión generalizada del suelo y escasez de leña.

La deforestación e incendios en zonas de selva también han provocado la entrada de animales salvajes en áreas habitadas, lo que aumenta los riesgos para los animales de granja y la comunidad local. El litoral alberga una rica y diversa variedad de animales, y es uno de los tres únicos lugares del mundo donde anida la tortuga golfina, en peligro de extinción. Así pues, a causa del proyecto, se han talado árboles y destrozado terrenos sin tener en cuenta los daños medioambientales.

Represión violenta y detenciones arbitrarias

Las comunidades llevan casi dos décadas protestando pacíficamente contra los proyectos propuestos y la destrucción de sus medios de vida, y se han enfrentado a una dura represión. La policía ha lastimado mujeres que han estado al frente de las protestas, así como niños/as y ancianos/as. Hay detenciones continuas, casi semanales, de miembros de la comunidad, especialmente líderes/as y defensores/as de los derechos humanos que piden justicia.

La situación en Jagatsinghpur demuestra claramente el grado de influencia y el control que las poderosas empresas tienen a menudo sobre las instituciones estatales. Pone de relieve la urgente necesidad de un tratado vinculante de la ONU que reitere la primacía de los derechos humanos sobre los acuerdos de inversión. También garantizararía que los Estados no violan los derechos humanos al facilitar proyectos como los que apoyan las autoridades indias en Jagatsinghpur.

Para más información o entrevistas con los medios, póngase en contacto con Clara Roig a roig@fian.org o con Tom Sullivan a sullivan@fian.org. 

Los movimientos sociales mundiales se solidarizan con los campesinos de la India

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DECLARACIÓN COMÚN: ¡Saludo a lxs campesinxs de India! ¡Una gran victoria para los movimientos sociales!

En una gran victoria para lxs campesinxs movilizados de la India, que han estado liderando una protesta histórica hace casi un año, el gobierno de la India anunció el 19 de noviembre la derogación de tres leyes agrícolas polémicas que amenazaban al sector por facilitar la captura corporativa. Esta victoria muestra que incluso en las condiciones más adversas se puede lograr el poder popular.

La protesta campesina de la India, una de las mayores movilizaciones de la historia reciente, cumple hoy 26 de noviembre de 2021 un año. En el transcurso de esta histórica protesta, lxs campesinxs y trabajadorxs se han confrontando con inviernos crudos, lluvias torrenciales, represiones brutales y una ola de campañas que buscaban criminalizar, encarcelar, difamar y deslegitimar a quienes protestaban y sus aliadxs.

Según Samkyutka Kisan Morcha, la coalición líder de esta protesta, al menos 650 campesinxs han muerto en el año transcurrido durante las manifestaciones. Entre ellxs, cinco campesinos que fueron cruelmente aplastados por un auto en octubre de 2021, que habría estado conducido por el hijo de un ministro.

A pesar de todas las adversidades y medidas opresivas, lxs miles de campesinxs manifestándose en las fronteras de Nueva Delhi un año no piensan rendirse. Si bien celebran el anuncio de la derogación de estas tres leyes como un paso en la dirección correcta, aún no se ha garantizado su otra exigencia central de una garantía legal de Precio Mínimo de Apoyo (MSP, por sus siglas en inglés) para sus productos. El gobierno planifica constituir un comité que aporte mayor transparencia al sistema de adquisiciones públicas, pero lxs campesinxs insisten en que una garantía legal es absolutamente necesaria. También exigen que el gobierno retire todas las causas criminales presentadas contra quienes protestaron a lo largo del año.

Lxs campesinos de la India han inspirado al mundo entero con su resistencia. Nos han mostrado todo lo que puede lograr un frente unido entre campesinado y clase trabajadora a pesar de todas las adversidades.  A lo largo del último año, esta protesta celebró alianzas con sindicatos de trabajadorxs y otros movimientos sociales y expresó inspiradores mensajes de solidaridad, de armonía comunitaria y unidad entre las sociedades rurales.

Nosotrxs, miembros de la Sociedad Civil Internacional, ofrecemos todo nuestro apoyo y solidaridad a lxs campesinxs de la India. Aplaudimos su resiliencia. Son una inspiración para los movimientos sociales de todo el mundo. Estamos con ustedes en sus reivindicaciones para resistir la captura corporativa de la agricultura que amenaza la soberanía alimentaria de la India. Sus protestas resuenan en cada comunidad campesina e indígena a lo largo y ancho del mundo entero. Seguimos su liderazgo, unidxs y alertas a los desarrollos día a día.

La amenaza de privatización y corporativización de la agricultura no aqueja únicamente a la India. Sin embargo, lo que está en juego en India son las vidas y subsistencias de casi 600 millones de personas conectadas con los sectores agrícolas y asociados.

La historia nos ha enseñado los peligros de la expansión del agronegocio. Europa, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Canadá, Australia y varias naciones ricas son la evidencia viva de como la expansión del agronegocio marginaliza a lxs productorxs de alimentos a pequeña escala y vuelca la producción agrícola hacia las grandes fincas industriales. Se trata de un modelo que expulsa a millones de personas de sus campos, lleva a la concentración de tierras a gran escala y entrega un bien natural precioso a las manos de unos pocos. Es un modelo que les roba a lxs pequeñxs productorxs su autonomía y control de sus semillas, insumos y maquinaria agrícola. Es un modelo que favorece el monocultivo a gran escala con consecuencias trágicas para el planeta, la salud del suelo, la biodiversidad y las alternativas nutricionales de nuestras comunidades.

Para una sociedad predominantemente rural como es India, atravesar este proceso de corporativización, sobre todo cuando la gran mayoría de su campesinado está compuesta por agricultorxs arrendatarixs y de pequeña escala, es traer miseria a las puertas de millones de hogares. Y cuando el campesinado en las zonas rurales pierde autonomía sobre su producción, esto pone en riesgo su soberanía alimentaria.

India es uno de los países firmantes de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de lxs campesinxs y otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP, por sus siglas en inglés), que describe las obligaciones de los Estados en tanto garantes de un ingreso adecuado y precios justos para sus productorxs de alimentos (artículo 16). A pesar de este compromiso con la Declaración de la ONU, y operando en manera contraria al espíritu de esta Declaración, el gobierno de la India introdujo tres leyes polémicas en medio de un año pandémico sin mediar consulta alguna con lxs campesinxs. Insistimos en que cualquier intento de reforma del sistema agrícola de la India se debe llevar a cabo con la debida consulta a lxs productorxs a pequeña escala a través de un proceso transparente y democrático.

A lo largo de las últimas dos décadas, lxs campesinxs movilizadxs han organizado distintas protestas para exigir una garantía legal de un precio mínimo de apoyo y un mecanismo confiable que asegure procesos de adquisición pública eficientes de sus productos. A esta altura, lxs campesinxs movilizadxs temen que la ausencia de una garantía legal como esta permita el ingreso de corporaciones privadas. Es por eso que insisten en legislación que asegure un precio mínimo de apoyo para campesinxs en todos los estados de la India.

Como país firmante de la Declaración de la ONU sobre los derechos de lxs campesinxs, la India debe escuchar a su pueblo  e instituir un proceso de consulta con los sindicatos antes de introducir ninguna reforma. Debe establecer garantías legales que ofrezcan un precio mínimo de apoyo a lxs campesinxs. Debe reconocer y compensar a las familias de quienes han perdido su vida en esta lucha. Debe hacer comparecer ante la justicia de manera inmediata a quienes atropellaron a lxs campesinxs que protestaban en Lakhimpur Kheri. Debe detener toda acción que criminalice líderes o miembros de los sindicatos movilizados y retomar inmediatamente los diálogos y negociaciones.

Llamada a acciones internacionales de solidaridad:

El 26 de noviembre, nosotrxs, lxs miembros de la sociedad civil internacional, organizaremos actividades pacíficas en solidaridad, tanto virtuales como en persona, expresando nuestro apoyo a lxs campesinxs de la India.

Hashtag #SalutetoIndiasFarmers  (Saludo a lxs Campesinxs Indixs)

Envíen fotos, declaraciones o videos a samyuktkisanmorcha@gmail.com

¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!

¡Honramos al campesinado de la India! ¡Son nuestra inspiración!

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Declaración firmada por:

LVC – La Via Campesina

WAMIP – Alianza Mundial de Pueblos Indígenas Móviles

CITI – Consejo Internacional de Tratados Indios

URGENCI – Red Internacional para la Agricultura Comunitaria

MMM – Marcha Mundial de Mujeres

HIC – Coalicion Internacional del Habitat

FIAN Internacional

FOEI – Amigos de la Tierra Internacional

FIMARC – Federacion Internacional de Movimientos de Adultos Rurales Catolicas

 

 

 

 

 

Es momento de exigir responsabilidades a las corporaciones por los crímenes cometidos contra los derechos humanos y el medioambiente

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FIAN internacional se solidariza con cientos de movimientos sociales y grupos de sociedad civil de todo el mundo en un llamado a la aprobación de un tratado vinculante que cuente con la suficiente capacidad para proteger a las comunidades campesinas, pequeños grupos de agricultores/as, indígenas y comunidades que no cuentan con los recursos necesarios para defender sus vidas, salud y subsistencia frente a la amenaza corporativa.

“Existen demasiadas lagunas en la legislación internacional que permiten la impunidad de las corporaciones y que contribuyen o tienen un serio impacto sobre los derechos humanos. Tras siete años de conversaciones, los gobiernos han de permanecer firmes del lado de las comunidades afectadas y hacer avanzar estas negociaciones, teniendo en cuenta la urgente necesidad de soluciones a nivel global”, ha dicho la representante permanente de FIAN Internacional en la ONU Ana María Suarez Franco.

No existe actualmente ningún marco legal vinculante global que regule las actividades y la cadena de valor de las compañías transnacionales de minería, agroindustria y otros negocios con un atroz historial de abusos contra los derechos humanos. Esto resulta parcialmente problemático en los países ricos del hemisferio sur que cuentan con la protección legal más débil. En estos casos, las compañías se permiten argumentar que no están rompiendo ninguna legislación local o internacional cuando fuerzan a las comunidades a salir de sus tierras, contaminan el aire de sus entornos e incluso ocasionan la pérdida de vidas.

Directrices voluntarias como los Principios Rectores de la ONU sobre derechos humanos y empresas o legislaciones nacionales como la ley francesa sobre el deber de vigilancia de las corporaciones transnacionales no son suficiente para proteger a las comunidades y el medioambiente frente a las corporaciones sin escrúpulos. Como han demostrado recientes casos destacados como el desplazamiento masivo de las comunidades de Uganda por el gigante petrolero francés Total, el desastre de la presa Brumadinho en Brasil y el acaparamiento de tierras llevado a cabo por POSCO en India, resulta imprescindible el establecimiento de un robusto paquete de reglas vinculantes que garantice los derechos humanos de las personas y los priorice frente a los intereses económicos.

“El establecimiento de un tratado internacional para las corporaciones transnacionales y otras empresas de negocios resulta imprescindible para gobernar las actuales economías globalizadas”, ha dicho Ana María Suarez Franco. “Un marco legal igualitario resolverá las lagunas en asuntos de protección, permitiendo a las personas un mejor acceso a la justicia y exigiendo a las compañías responsabilidades por el impacto de sus acciones sobre los derechos humanos y el medioambiente”, ha añadido.

Tras el fracasado intento por frenar el creciente poder de la agroindustria de la Cumbre de la ONU sobre los Sistemas Alimentarios del mes pasado en Roma, resulta más importante que nunca aprovechar esta oportunidad frente a la ONU en Ginebra entre el 25 y el 29 de octubre.

No ha de permitirse que los intereses corporativos, o los intentos de los estados por defender a estos a expensas de las personas, secuestren el Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta por un tratado vinculante para las empresas transnacionales y otras empresas comerciales con respecto a los derechos humanos (GTA), como ya ha sucedido en el pasado con iniciativas similares.

Esto supondría la pérdida de una gran oportunidad para las comunidades en la lucha contra los abusos a los derechos humanos en todo el mundo y dentro del sistema de la ONU.

La Transición hacia sistemas alimentarios libres de pesticidas: Las luchas y la imaginación de los pueblos

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Los pesticidas están provocando una catástrofe mundial de derechos humanos y medioambiental.
Se estima que son responsables de unas 200 000 muertes por intoxicación
aguda cada año. La exposición a largo plazo puede llevar a diagnósticos crónicos
como cáncer, defectos de nacimiento y daños reproductivos, y anomalías en los sistemas
neurológico, de desarrollo e inmunológico. La escorrentía de los pesticidas aplicados
a los cultivos contamina con frecuencia el ecosistema circundante y más allá,
con consecuencias ecológicas nocivas que exacerban la pérdida de biodiversidad. Los
pesticidas también pueden dañar la biodiversidad de los suelos, lo que puede acarrear
grandes descensos del rendimiento de los cultivos, y plantear con ello problemas
para la seguridad alimentaria.

El estudio de FIAN investiga cómo están realizando los países la transición hacia la
agroecología y sistemas alimentarios libres de pesticidas. A través del examen de los
casos de la India, el Brasil, la Argentina, Francia, España, Italia y los Estados Unidos
(EE.UU.), el estudio de FIAN proporciona un diagnóstico claro de los problemas de derechos
humanos y medioambientales derivados de los pesticidas. Al fundamentar su
análisis en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos
y de otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, FIAN identifica claramente
las oportunidades y los puntos fuertes que ofrece el marco de derechos humanos en
lo que respecta a la transición hacia el abandono de los agrotóxicos. Al final, el trabajo
de FIAN proporciona los cimientos para que los movimientos de base, los gobiernos
locales y estatales y la comunidad internacional creen sociedades libres de pesticidas
que puedan defender el derecho a un medio ambiente libre de sustancias tóxicas para
todas las personas.

Ver el estudio LA TRANSICIÓN HACIA SISTEMAS ALIMENTARIOS LIBRES DE PESTICIDAS: LAS LUCHAS Y LA IMAGINACIÓN DE LOS PUEBLOS

 

La tecnología digital recorta el acceso a la tierra

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Mientras los gigantes corporativos dialogan sobre la “Tech for Good” (Tecnología para el Bien) en el encuentro anual del Foro Económico Mundial, recientes estudios demuestran que la digitalización puede desencadenar en un aumento de las ya existentes desigualdades. El estudio  ‘¿Disrupción o Déjà Vu? Digitalización, Tierra y Derechos Humanos’, publicado por FIAN Internacional, revela cómo las tecnologías digitales han pasado a convertirse en la nueva herramienta para el acaparamiento de tierras y en una nueva fuente de beneficio. A partir de las investigaciones realizadas en Brasil, Indonesia, Georgia, India y Ruanda, el estudio demuestra que el uso de las herramientas digitales en la gobernanza de la tierra no hace sino amplificar las ya existentes formas de exclusión.

Algunas de las conclusiones fundamentales del estudio son:

  • Corporaciones, personas ricas y élites locales están sirviéndose de las nuevas herramientas digitales en la apropiación de tierras, lo que ha desencadenado en el desplazamiento masivo de familias y comunidades enteras. Un ejemplo clave de este hecho es el del Mirador State Park en Brasil, donde empresas de la industria agrícola han usurpado 700.000 hectáreas de una zona conservada mediante el uso de registros de tierra digitales. Como consecuencia, cientos de familias han sido desposeídas de la tierra en las que han vivido durante generaciones.
  •  En ausencia de una regulación que mire por el interés público y los derechos humanos, las compañías digitales y de agroalimentación han pasado a convertirse en las principales beneficiarias de la digitalización del sector de la tierra, en perjuicio de los grupos desfavorecidos. Los gobiernos están depositando en los actores corporativos la labor de proporcionar las infraestructuras necesarias para la digitalización de la administración de tierras y, como consecuencia, el control público de los servicios y bienes más esenciales está viéndose debilitado.
  • A pesar de que la tierra ha sido reconocida como derecho humano y es considerada esencial para la vida de las personas rurales, los proyectos de digitalización están siendo implementados sin tener en cuenta los derechos humanos. 
  • Mientras los donadores internacionales han cortado las ayudas dirigidas al interés público, están invirtiendo millones de dólares destinados al uso de las tecnologías digitales en el sector de la tierra en el mundo entero. El Banco Mundial dedica él sólo más de 10.000 millones de dólares estadounidenses a la financiación de proyectos, sobre todo en el África Subsahariana y en el Sur y Sudeste Asiático.
  • Las iniciativas que se sirven de la tecnología blockchain (o cadena de bloques)– la tecnología sobre la que se fundamentan las criptomonedas como el Bitcoin – están presentes en más de 20 países. Mientras el blockchain está siendo promovido como una tecnología puntera que permite solventar los problemas de gestión de tierras, los datos disponibles muestran que esta tecnología ha sido inefectiva en prácticamente todas las actividades en las que se ha puesto en marcha. 

“Estamos viendo que la actual aplicación de las tecnologías digitales en la gestión de tierras sólo amplifica las desigualdades. No se trata de una “tecnología para el bien”, sino para el beneficio”, explica Philip Seufert, uno de los autores del estudio. “La cuestión aquí no es si las tecnologías son buenas o malas. Pero cuando su aplicación no se sustenta en los derechos humanos, únicamente beneficia a un pequeño grupo de personas y grandes empresas. En el caso de las comunidades locales, esto significa la pérdida de su tierra y de sus medios de subsistencia”, ha añadido.

La tierra es un indicador del aumento de las desigualdades sociales y de la desposesión de las comunidades locales desde la crisis de 2008, que desencadenó en una fiebre mundial por la tierra llevada a todo tipo de inversores. La falta de seguridad y de un acceso estable a la tierra también son factores clave en el aumento de la pobreza y el hambre. Para hacer frente a esta cuestión es necesario que se aborden problemas estructurales como la desigual distribución de la tierra y la falta de protección de los derechos de las comunidades a la tierra. Se han presentado diferentes iniciativas de tecnología digital, como los catastros digitales, con el fin de atajar los problemas acuciantes con relación a la tierra. No obstante, las evidencias mostradas en los cinco países analizados en el estudio demuestran que la digitalización de los procesos relacionados con la tierra está principalmente diseñada con el objetivo de atraer la atención de los inversores.

“Es inaceptable que tanto gobiernos como agencias de desarrollo estén promoviendo el uso de las tecnologías digitales en el sector de la tierra sin tener en cuenta las regulaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidas”, ha dicho Mathias Pfeifer, coautor del estudio. “Pretender que la tecnología pueda remplazar a las políticas en la solución de las discriminaciones estructurales es irresponsable y peligroso. La generalizada falta de participación de las personas afectadas sólo empeora las cosas”

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Los datos analizados muestran que la digitalización implica el traspaso de los poderes estatales hacia los actores privados. En Georgia, por ejemplo, la infraestructura de blockchain destinada a servir como base para el sistema de gestión de tierras del país, incluyendo las transacciones de tierra automáticas, es holandesa. Este y otros acuerdos publico-privados despiertan serias preocupaciones con relación al control público sobre los bienes esenciales y en lo referido a las funciones gubernamentales.

En 2020, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Nutrición (FAO) anunció la puesta en marcha de una plataforma internacional cuya función es proporcionar ayuda en la aplicación de las tecnologías digitales en asuntos de alimentación y agricultura. Las conclusiones del estudio subrayan la necesidad de respetar e implementar los acuerdos internacionales de derechos humanos en contextos de digitalización, incluyendo las Directrices de la FAO para una Gobernanza Responsable de la tenencia de la Tierra y otros recursos naturales.

Para cuestiones relacionadas, por favor, contactar con delrey@fian.org

**Descargar**
¿Disrupción o Déjà Vu? Digitalización, Tierra y Derechos Humanos.
Análisis para la evaluación de proyectos y procesos de digitalización en asuntos de tierra desde una perspectiva de derechos humanos.
Mapa de proyectos de digitalización y blockchain en el sector de la tierra. 

FAQ

*¿Qué es la digitalización? 
Es la integración de las tecnologías digitales en todos los aspectos de la sociedad y la economía, basándose en procesos de traspaso de la información a un formato digital que pueda ser procesado por un ordenador (“digitalización”). La digitalización implica nuevas formas de producción, distribución y consumo.

*¿De qué forma afecta la digitalización a la tierra?
Las tecnologías y herramientas digitales están siendo utilizadas cada vez más en la gobernanza y gestión de tierras. Por ejemplo, la demarcación y mapeo de tierras se realiza con el uso de dispositivos GPS y drones. Asimismo, la información relativa a la propiedad y uso de tierras también se almacena en registros y catastros digitales. Por último, las herramientas y plataformas digitales son utilizadas para realizar transacciones de tierras y definir políticas. La digitalización en asuntos relacionados con la tierra tiene importantes repercusiones en lo que respecta al acceso, uso y control de este recurso primordial. 
 

Trabajadores de té en la India: una vida sin dignidad

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En base a los resultados de una misión de investigación organizada por la Red, en  “A life without dignity – the Price of your cup of tea” (“Viviendo sin dignidad, el precio de tu taza de té”) se subrayan las violaciones de los derechos humanos y los abusos que las personas trabajadoras de las plantaciones de té en la India vienen sufriendo durante generaciones, centrándose particularmente en la violación de su derecho a una alimentación adecuada y a la nutrición (RTFN) y otros derechos relacionados. En este informe también se reflejan los años de trabajo de dos de los miembros de la Red, la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (UITA) y la Campaña por el Derecho a la Alimentación en India.

Los resultados de la misión demuestran que los trabajadores no están recibiendo unos salarios adecuados que les permitan vivir con dignidad. Además, las condiciones de trabajo son muy duras y físicamente extenuantes. Al no disponer de equipos de protección, aquellos que se encargan fumigar los arbustos del té se ven periódicamente expuestos a los efectos de los pesticidas. Las mujeres recolectoras del té –alrededor de la mitad de la fuerza de trabajo – sufren la constante violación de sus derechos humanos. Por norma general, las mujeres trabajadoras en las plantaciones sufren la violación de su derecho a la protección de la maternidad y de sus prestaciones por el mismo concepto, a la par que experimentan una discriminación generalizada en su puesto de trabajo. Su salario es inferior al de los hombres, y sus oportunidades para promocionar son escasas, si no inexistentes. Estos abusos sufridos en el lugar de trabajo se ven agravados por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, inherentes a sus condiciones de vida. 

Aunque la Ley de Trabajo en las Plantaciones confía a las propietarios de las plantaciones la responsabilidad de proporcionar las necesidades básicas a los trabajadores y sus familias, incluyendo acceso a agua potable, asistencia sanitaria, educación y vivienda, la realidad es muy distinta. Las viviendas se encuentran en mal estado y no disponen de instalaciones sanitarias o agua potable, y sus hijos e hijas no reciben una educación adecuada. Estas familias, que no quieren que sus descendientes vivan en las mismas condiciones que sus antecesores trabajan muy duro para proporcionarles una buena educación. Con bastante frecuencia, los padres enfrentan enormes obstáculos en toda etapa de desarrollo de sus hijos. Las medicinas y la asistencia sanitaria no están al alcance de cualquiera, física o económicamente, y lo mismo sucede con otras necesidades básicas como el agua potable, las instalaciones de saneamiento o la electricidad. 

La falta de estabilidad laboral parece ser la causa fundamental que obliga a a los trabajadores a depender de las plantaciones. Al no contar los trabajadores con ningún derecho legal sobre los terrenos o sobre las viviendas, cualquier persona del equipo de administración está facultada para expulsarles del trabajo y de la plantación en cualquier momento. Esto se traduce en que los trabajadores, y especialmente las mujeres, continúen trabajando a cambio de unos salarios  extremadamente bajos para poder mantener la única vivienda que poseen, pues en los últimos 200 años los vínculos que mantenían con la que era su tierra ancestral han desaparecido. Como resultado, continúan trabajando en un estado de esclavitud, con temor para organizarse y  para luchar por la mejora de sus condiciones de trabajo, ya que la protesta puede desembocar en el desalojo de sus hogares.

Al promulgar la Ley de Trabajo en las Plantaciones, el gobierno de la India ha formalizado el mismo sistema que viene manteniendo la dependencia de los trabajadores del té de los propietarios. Esta dependencia se muestra más evidente y brutal cuando las plantaciones se cierran, tal y como ha sucedido en Bengala Occidental. Sin ahorros y sin ningún sitio a donde ir, los trabajadores se ven obligadas a tomar unas medidas drásticas para asegurar su supervivencia y, en casos llegan a morir de hambre.

Entre sus recomendaciones más importantes, la Red ha realizado un llamamiento al Estado de la India para que se tomen de manera inmediata las medidas que puedan garantizar los derechos humanos de los trabajadores en las plantaciones de té, especialmente en lo relacionado con el derecho a la alimentación y a la nutrición, la vivienda, el agua, las instalaciones de saneamiento y la educación, en línea con la legislación nacional e internacional, bajo consulta con las personas involucradas. Cualquier decisión que se tome en relación con el futuro de las plantaciones de té, incluyendo alternativas estructurales, debe incluir en todo el proceso la participación de los trabajadores. Enfatizando los negativos impactos que el abandono (cierre) de las plantaciones tiene sobre los trabajadores y sus familias, la Red también exige a la India que preste atención urgente a este asunto y adopte las medidas necesarias.

 

Pueden encontrar el informe aquí (disponsible en inglés y actualizado en junio del 2016)

NOTAS PARA LOS EDITORES:

 

  • La misión de investigación visitó las plantaciones de Assam y Bengala Occidental entre el 27 de noviembre y el 4 de diciembre de 2015. Las conclusiones preliminares se presentaron en dos conferencias de prensa en Kolkota y Nueva Delhi.
  • La Red es una iniciativa de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales (personas campesinas, pescadoras, pastoras, personas sin tierra, consumidores, pobres urbanos, agricultores y del sector de la alimentación, mujeres, jóvenes y pueblos indígenas), que han reconocido la necesidad de actuar en conjunto por la realización del derecho humano a la alimentación y a la nutrición.

 

Si desean obtener una mayor información sobre la misión, por favor, contacten con Los medios también pueden contactar con delrey[at]fian.org 
Más información de la

Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición

 

No hay derecho a la alimentación sin derechos de las mujeres

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Aunque se viene exigiendo la inclusión de una perspectiva de género y de los derechos de la mujer en el área de la seguridad alimentaria y nutricional, la situación de hambre y malnutrición que sufren muchas mujeres y niñas sigue sin mejorar. Estos grupos de población se muestran particularmente vulnerables ante el modelo económico y de desarrollo dominante, modelo explotador de las personas y los recursos naturales que coexiste con las políticas y prácticas patriarcales. Ante las actuales tendencias en la gobernanza internacional, con las que se continúa debilitando la capacidad de los Estados para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, las mujeres siguen sin poder disfrutar de sus derechos en igualdad, y se les sigue negando una vida digna. 

En este evento, activistas de los derechos de las mujeres de todo el mundo se reunirán con la Relatora Especial sobre el Derecho a la Alimentación para debatir unas estrategias comunes que permitan que los titulares de obligaciones tengan que rendir cuentas en función de sus responsabilidades. Se presentará un concepto de derecho a la alimentación en el que la mujer no sea simplemente reducida a su papel en relación con los hijos, las familias y las comunidades, sino que se promoverá una visión que considera que la realización de los derechos de las mujeres es un fin en sí mismo. 

Las participantes, provenientes desde Guatemala, India, España, Togo y EEUU, ahondarán en las causas fundamentales del hambre y la malnutrición, en un mundo en el que las políticas tanto nacionales como internacionales parecen mantener los ciclos de pobreza y aumentar las desigualdades. Éstas prestarán su voz a las mujeres del campo y de la ciudad que alrededor del mundo están sintiendo los impactos de la restructuración económica, de la migración, de un desarrollo desregulado y no sostenible, y del cambio climático, los cuales acarrean unas graves repercusiones sobre su derecho humano a una alimentación adecuada y a la nutrición.
El evento, organizado por una larga lista de grupos de la sociedad civil y copatrocinado por diversos países, se desarrollará entre las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el centro internacional en materia de desarrollo de políticas, el Palacio de las Naciones, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Si desea obtener una mayor información, por favor, consulte el folleto.
Para registrarse, por favor, contacte con fyfe[@]fian.org y/o vaya a la página del evento.

Manteniendo la lucha contra la influencia de las corporaciones

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Conocida como «captura corporativa», la influencia de las corporaciones transnacionales (TNCs, por sus siglas en inglés) y otras empresas sobre la toma de decisiones y la implementación de las políticas públicas se ha convertido en uno de los temas más candentes en la sociedad civil durante los últimos años. Con un efecto «bola de nieve», la influencia de las empresas se ha multiplicado exponencialmente en un abrir y cerrar de ojos, de una manera sutil y eficaz. Tal y como se refleja en el Right to Food Journal, hasta hace bien poco este impacto había pasado prácticamente desapercibido entre el gran público, y las grandes empresas han conseguido infiltrarse en los espacios políticos a nivel local, nacional, regional e internacional, incluyendo las Naciones Unidas. Esta combinación ha provocado que los abusos y crímenes contra los derechos humanos derivados de las actividades de las corporaciones sean cada vez más preocupantes.

 En relación con las tendencias actuales, Rolf Künnemann, director de derechos humanos de FIAN Internacional, declara que: “El Día de los Derechos Humanos nos ofrece una oportunidad para recordar cuáles son los obstáculos a la realización del derecho a la alimentación y la nutrición. Las transnacionalescometen crímenes con total impunidad, y al permitir dicha situación, los Estados están violando los derechos humanos. Desafortunadamente, algunos Estados incluso colaboran con la actual captura corporativa de los espacios políticos internacionales”. Künnemann subraya que los Estados no están cooperando a nivel internacional para demandar legalmente a las transnacionales, ya que no existe un derecho penal para las empresas, y tampoco la cooperación entre los Estados para que las transnacionalesrindan cuentas ante las justicia. “Es por esto por lo que necesitamos seguir adelante en la lucha contra esta tendencia, dando notoriedad a las perspectivas y a las experiencias de los grupos de la sociedad civil y de los movimientos sociales, mientras continuamos monitoreando las negociaciones dentro del grupo de trabajo intergubernamental de la ONU para la elaboración de un tratado en materia de corporaciones transnacionales y derechos humanos”, añade.

Desde una perspectiva política y legal, el Journal ilustra algunos de los impactos de las actividades de las corporaciones, como por ejemplo, el próximo establecimiento de las conocidas como las Ciudades modelo (Charter Cities en inglés). A su vez, la publicación presenta los debates que se desarrollan en la actualidad para frenar la “bola de nieve” corporativa, incluyendo los desarrollados en la conocida como Convergencia Internacional de las Luchas por la Tierra y el Agua. En el Journal también se abordan los acontecimientos más importantes de 2015, incluyendo la situación de los derechos humanos en Nepal tras los terremotos y tras su segundo Examen Periódico Universal (UPR).

Leer Right to Food Journal 2015 (en inglés)
 Para una mayor información, por favor contacten con delrey[at]fian.org

Elevado índice de violación del derecho a la alimentación en las plantaciones de té

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Una Misión de Investigación Internacional dirigida por la Red Mundial del Derecho a la Alimentación y la Nutrición (GNRtFN por sus siglas en inglés) visitó las plantaciones de té de Assam y Bengala Occidental entre los días 27 de noviembre y 4 de diciembre de 2015. El objetivo de la misión consistió en investigar la situación del derecho humano a la alimentación y a la nutrición de las personas que trabajan en las plantaciones de té, así como el papel desempeñado por las personas encargadas de la gestión de las plantaciones, las empresas involucradas y los órganos de gobierno correspondientes.

En las conferencias de prensa celebradas en Calcuta y Delhi, la misión constató unos elevados índices de abusos y violaciones de los derechos de las personas trabajadoras en las regiones visitadas. El equipo de la misión fue testigo de una peligrosa situación en la que se combinan los bajos salarios con unas condiciones de trabajo muy precarias, unas viviendas e instalaciones de saneamiento deficientes, la violencia estructural contra las mujeres, y la falta de acceso al agua, a la educación y a la asistencia sanitaria. Al obstaculizarse el derecho a organizarse de las personas trabajadoras en las plantaciones de té, esta inaceptable situación está empujando a miles de familias hacia el hambre, la malnutrición y la desesperanza, lo que se refleja en el incremento de los índices de trabajo infantil y migraciones forzosas.

Las personas trabajadoras y sus familias continúan sufriendo la escasez de alimentos, y en las plantaciones de té reciben una remuneración muy por debajo de la necesaria para mantener un estándar digno de vida. Los salarios, que en la actualidad rondan unas 122.50 Rupias (1,6 euros) al día, no llegan para cubrir los gastos más básicos de las familias trabajadoras y no reflejan la aplicación de los criterios mínimos. Esta situación perjudica particularmente a las mujeres, quienes representan cerca del 70% de la fuerza de trabajo en las plantaciones. Las mujeres son víctimas de una discriminación, exclusión y explotación estructuradas, y responsables de cuidar de sus familias. La violación de los derechos reproductivos de las mujeres acaba afectando al entorno nutricional de sus bebes, lo que implica unas consecuencias graves para el desarrollo físico y cognitivo de los mismos y genera un círculo vicioso de malnutrición intergeneracional.

Se estima que estas personas trabajadoras reciben un salario que representa menos del 1% del precio final del kilo de té, ya sea consumido en la India o en el extranjero. Esta situación es muy grave, especialmente porque estas personas trabajan muy duro en las plantaciones de té, bajo unas condiciones de trabajo muy precarias y sujetas a una gestión irresponsable. Esta grave situación empeora bajo el control que ejercen las compañías del sector del té sobre las personas trabajadoras y sus familias, lo que en última instancia está resultando en una pérdida de autonomía y autodeterminación.

En algunos casos se ha producido una clausura ilegal y no declarada de las plantaciones de té, lo que supone una de las principales preocupaciones de las personas trabajadoras y sus sindicatos, ya que esto dificulta su lucha contra unas condiciones de trabajo inaceptables. Las empresas involucradas incumplen las actuales leyes y legislaciones nacionales que regulan el trabajo en las plantaciones de té, y mientras tanto, los gobiernos de la India, tanto a nivel nacional como en los estados, permanecen de brazos cruzados a la hora de exigir el cumplimiento de la ley.

Durante el desarrollo de la misión, el equipo escuchó algunas de las demandas más importantes de las personas que trabajan en las plantaciones, entre las que se incluye el cobro de un salario digno y la mejora de las condiciones de trabajo, especialmente en el caso de las mujeres embarazadas, ya que se espera que éstas permanezcan activas hasta el octavo mes de su embarazo, y tras el parto, sus necesidades más básicas son ignoradas, incluyendo la lactancia materna. Es necesario que, con urgencia, se rehabiliten las viviendas existentes y se proporcione agua potable a las áreas habitadas y zonas de trabajo, así como acceso a la educación para la infancia y asistencia sanitaria en las plantaciones.

Como la clausura de las plantaciones afecta negativamente a miles de personas, los trabajadores exigen unas medidas que proporcionen una asistencia inmediata a las poblaciones afectadas. El acceso a la tierra se erige también como una de las principales demandas de las personas trabajadoras, ya que en el futuro se enfrentan a una falta de propiedades y de autonomía, por lo que las comunidades están exigiendo una participación plena en la toma de decisiones de los procesos políticos que afecten a sus propias vidas.

Entre sus recomendaciones preliminares, la Red exige que el gobierno de la India tome con urgencia las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de las personas que trabajan en las plantaciones, prestando una atención especial al derecho a una alimentación adecuada y a la nutrición, y para asegurar que todas las decisiones que afecten el futuro de las plantaciones de té, incluyendo cualquier alternativa estructural a la presente situación, sean tomadas con la participación de las personas trabajadoras involucradas a lo largo de todo el proceso.

El gobierno también debe garantizar que el derecho de organización no sea violado, protegiendo a las personas trabajadoras y a las representantes de sus sindicatos de trabajo frente a la intimidación y la coerción ejercidas por las personas encargadas de la gestión de las plantaciones. Las compañías deben rendir cuentas por su incumplimiento de la Ley de Trabajo en las Plantaciones.

La Red también quiere recordar que la Ley Nacional de Seguridad Alimentaria (2013) debe implementarse completamente, y que el Estado indio está obligado por el derecho nacional e internacional a garantizar el derecho humano a una alimentación adecuada y a la nutrición, así como otros derechos relacionados, entre las poblaciones que habitan las plantaciones de té.

NOTAS PARA LOS EDITORES:

  • La Red es una iniciativa de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales (campesinos/as, pescadores/as, pastores/as, personas sin tierra, consumidores/-as, pobres urbanos, trabajadores/-as agrícolas y del sector de la alimentación, mujeres, jóvenes y pueblos indígenas), que han reconocido la necesidad de actuar en conjunto por la realización del derecho humano a la alimentación y la nutrición.
  • Esta misión está dirigida por el Sindicato Internacional de la Alimentación, Agricultura, Hoteles, Restaurantes, Catering, Tabaco y trabajadores Afines (IUF), sindicato miembro de la RMDA. • Otras organizaciones participantes en la misión son FIAN Internacional, Red de Acción contra los Pesticidas, Campaña por el Derecho a la Alimentación (Nepal), Campaña por el Derecho a la Alimentación y la Seguridad Social (Bangladesh), y Campaña por el Derecho a la Alimentación (India). El equipo estuvo formado por personas activistas, expertas y representantes de sindicatos de trabajo de Brasil, Perú, Alemania, Reino Unido, Moldavia, España, Bangladesh, Nepal e India.
  • El informe de la misión estará disponible a comienzos de 2016.

    Si desea obtener una mayor información acerca de la misión, por favor, contacte con tang@fian.org.
    Los medios de comunicación deben ponerse en contacto con delrey@fian.org