Country: Honduras

CESCR: Mujeres rurales piden justicia y el fin de la destrucción ecológica en Honduras

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Lily Mejía, de FIAN Honduras, y una lideresa comunitaria de la región del Golfo de Fonseca se reunirán con el comité. También participarán en un diálogo interactivo sobre el impacto de las pérdidas y daños derivados de los efectos adversos del cambio climático en el pleno disfrute de los derechos humanos en la 57 sesión del Consejo de Derechos Humanos.  

Aumento del nivel del mar e inundaciones recurrentes

La lideresa comunitaria acompañado por FIAN Honduras pertenece a una pequeña comunidad pesquera cuyos medios de vida y derecho a la alimentación y la nutrición se han visto gravemente afectados por los efectos adversos del cambio climático y la destrucción ecológica. La subida del nivel del mar y las inundaciones recurrentes están destruyendo las casas y los negocios de la gente y poniendo en peligro su salud y su vida. El mar se está comiendo poco a poco el pueblo: en algunas partes se han perdido hasta 100 metros de costa en poco más que una década (ver diagnóstico sobre impacto del CC ). Los fenómenos meteorológicos extremos también están limitando la capacidad de los pescadores para salir al mar a faenar, reduciendo a veces a cero sus capturas e ingresos. La comunidad también tiene que hacer frente a la contaminación provocada por la cría industrial de camarones, una industria de exportación fuertemente promovida por el gobierno hondureño y que funciona con escaso escrutinio o supervisión gubernamental.

La combinación del aumento de la temperatura del agua y la contaminación ha provocado el declive de las poblaciones de peces, con la desaparición total o la escasez de peces y almejas autóctonos. Todo ello tiene un impacto dramático en el derecho a la alimentación y la nutrición de los miembros de la comunidad, que dependen de ellos para su sustento y subsistencia y tienen pocas alternativas para generar ingresos. La situación es similar en otras comunidades costeras (¿enlace al diagnóstico?). Como consecuencia, muchas personas están emigrando, desgarrando a las familias. 

Es urgente la acción gubernamental para proteger y apoyar comunidades en el Golfo de Fonseca y otras zonas rurales en el país en el contexto del cambio climático y la contaminación ambiental. En la actualidad, el gobierno está notablemente ausente, y las comunidades están abandonadas a su suerte. Además de los retos medioambientales a los que se enfrentan, las comunidades carecen de acceso a recursos naturales y de apoyo técnico y financiero como pequeñas productoras artesanales de alimentos y pequeñas empresarias, al tiempo que sufren discriminación y exclusión con respecto a los mercados y los sistemas de protección social. Estos y otros retos en materia de derechos humanos, así como las propuestas de las comunidades rurales -y especialmente de las mujeres rurales- se resumen en el informe sombra presentado por FIAN Honduras y FIAN Internacional al CDESC para el examen de Honduras.

Para más información, póngase en contacto con Laura Michele: michele@fian.org

 

 

Ciudades modelo y derechos sobre la tierra

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La aprobación de las Directrices voluntarias sobre gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, pesta y bosque (DVGT) en 2012, de la Declaración de las Naciones Unidas de los derechos de los pueblos indígenas (UNDRIP por sus siglas en inglés) en 2007 y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP por sus siglas en inglés) en 2018 suponen importantes hitos en el reconocimiento internacional de este derecho fundamental.

Sin embargo, tanto el acaparamiento de tierras como la mercantilización y la acumulación de territorios a través de acciones de expropiación son parte integral en auge de las estructuras globales que siguen consolidando las desigualdades y el hambre en todo el mundo.

El auge de varias clases de Zonas Económicas Especiales (ZEE) desde la década de 1970 ha formado parte de esta tendencia. Las ZEE van generalmente acompañadas de promesas de desarrollo humano y reducción de la pobreza. En la práctica, estas zonas se convierten a menudo en el epicentro de conflictos territoriales, directamente conectados con el aumento de la especulación del suelo, el desplazamiento de comunidades y la violación de los derechos sobre los bosques.

En su informe ¿Qué significa el derecho sobre la tierra en la era de las jurisdicciones privadas? FIAN aporta una mirada general al estado de los derechos humanos en el contexto del aumento de las ZEE, que aspiran a establecer una total autonomía respecto a los estados en los que se establecen, o incluso persiguen crear jurisdicciones privadas libres de cualquier legislación estatal.

Analizando en detalle las Zonas de desarrollo y empleo hondureñas, el informe muestra el enfoque en materia de derechos humanos de algunos de los principales promotores de las jurisdicciones privadas y subraya las principales contradicciones de estos modelos según la comprensión contemporánea del derecho internacional sobre la tierra.

Alerta sobre el impacto de los agrotóxicos en América Latina y el Caribe

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Brasilia 28 de abril. Las secciones latinoamericanas de FIAN Internacional, presentaron ayer en un concurrido evento en línea el informe Agrotóxicos en América Latina: violaciones del derecho a una alimentación y a la nutrición adecuadas.

Con 108 páginas, la publicación recoge datos e informes sobre los impactos de estas sustancias en ocho países de América Latina y el Caribe: Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador, Honduras, Guatemala, México y Haití.

El mismo demuestra cómo los pesticidas afectan a la salud humana y al medio ambiente, impidiendo la plena realización del derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas. Igualmente identifica un patrón en la estrategia de las empresas en la región, que se basa en la captura corporativa de las instituciones y los territorios.

El lanzamiento contó con más de 700 participantes en línea. Durante el mismo Juan Carlos Morales González, de FIAN Colombia, y el investigador Leonardo Melgarejo presentaron las principales conclusiones del informe. Comunidades afectadas en Brasil, Haití y Paraguay expusieron sus testimonios sobre los devastadores impactos de los agrotóxicos en la destrucción de sus medios de vida. Posteriormente la geógrafa Larissa Bombardi, autora del atlas Geografía del Uso de Plaguicidas en Brasil y Conexiones con la Unión Europea, y el  Relator Especial de la ONU para Sustancias Tóxicas y Peligrosas, Marcos Orellana analizaron los resultados del informe y expusieron sus puntos de vista al respecto. En su intervención el relator Orellana expresó:

“La contaminación legalizada no justifica la violación de derechos…se deben eliminar las sustancias peligrosas”. Igualmente resaltó como “hay responsabilidades compartidas de los países exportadores e importadores…los Estados tienen una obligación de prevención de la exposición a substancias tóxicas que se basa en los derechos humanos”

Para dar seguimiento a este trabajo, próximamente FIAN Internacional entregará  una denuncia a los relatores especiales competentes de Naciones Unidas sobre el caso brasileño presentado durante el evento, en el que se utilizó la fumigación aérea como arma para desalojar a los trabajadores rurales del área en litigio de una zona rural en disputa en Pernambuco.

El 5 de mayo, el informe tendrá otro momento de difusión mundial: un seminario en línea en el que FIAN Internacional presentará los resultados de un estudio sobre experiencias de transición hacia comunidades y sistemas alimentarios libres de pesticidas.

Compruebe cómo se desarrolló el debate y acceda a la publicación en portugués, español o inglés.

Para más información puede ponerse en contacto con: Ana María Suárez Franco Suarez-franco@fian.org

Honduras: El Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuada

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FIAN Honduras, pone a la disposición el documento que tiene en sus manos con el propósito de contribuir al proceso de análisis, monitoreo y búsqueda de alternativas que ayuden a garantizar el derecho a la alimentación en tiempos de crisis o emergencias, como la que se está viviendo hoy día con la pandemia del COVID 19, pero con la claridad que los estados de emergencia son constantes en nuestros país. La variabilidad climática y el cambio climático nos mantiene cada año enfrentando los impactos que se expresan en pérdidas de alimentos, empleos, y en general, imposibilitando alcanzar un desarrollo sostenible, justo y que garantice la realización integral de los derechos humanos.

Descargue aquí

Publicado en Mayo de 2020.

Amicus Curiae a Honduras sobre semillas criollas

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Intervención del Secretariado Internacional de FIAN y su oficina nacional FIAN Honduras, al Honorable Tribunal, con el fin de que el mismo pueda ser considerado en la deliberación de la Sala de lo Constitucional relacionada al recurso de inconstitucionalidad presentado en fecha 15 de noviembre de 2018.

Este documento busca exponer cómo la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales (Decreto Legislativo 21-2012) viola múltiples derechos reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos y por lo tanto, por qué es importante que estos estándares se tomen en consideración al momento de fallar sobre la constitucionalidad de la Ley.

Leer el Amicus Curiae

Justicia para Berta Cáceres, protección para la defensa de los derechos humanos

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El 2 de marzo de 2016 Berta Cáceres, lideresa indígena Lenca y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada en su residencia en La Esperanza, Honduras. Según la información disponible hasta la fecha, dos años después, apenas se ha avanzado en la investigación del caso. Las audiencias judiciales públicas de los ocho sospechosos detenidos como actores materiales se han aplazado en numerosas ocasiones. El informe emitido en noviembre 2017 por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) ha revelado una falta de diligencia debida en las investigaciones, que incluye la ausencia de procesamiento de otras personas posibles autores intelectuales del asesinato.

Berta Cáceres vivió defendiendo los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas, las mujeres, los pueblos garífunas y el campesinado. Era reconocida a nivel nacional e internacional como defensora de los derechos humanos y en esa calidadrecibió en 2015 el Premio Goldman por su lucha en defensa del territorio, los bienes naturales y la Madre Tierra. En los últimos años fue víctima de persecución, intimidación, estigmatización y criminalización tanto por actores estatales como no-estatales, debido a su activismo en un contexto de oposición a las explotaciones hidroeléctricas y extractivas impuestas en sus territorios sin  el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas que allí habitan. Desde 2009, Berta era beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, dichas medidas no sirvieron para protegerla de los numerosos ataques en su contra y, finalmente, de ser asesinada.

El caso de Berta refleja una realidad a la que se enfrentan las personas defensoras en América Latina, especialmente quienes actúan a favor del medio ambiente y el territorio. Otro caso emblemático lo encontramos en México, donde el 15 de enero de 2017  fue  asesinado Isidro Baldenegro, un conocido activista ambiental indígena que luchó contra la explotación forestal ilegal del bosque antiguo de la Sierra Madre Occidental en territorio tarahumara/raramuri, en Chihuahua. Isidro Baldenegro ganó el premio medioambiental Goldman en 2005 y fue identificado como prisionero de consciencia por Amnistía Internacional. 

Desde el asesinato de Berta, el número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos con medidas de protección de la CIDH se ha incrementado de manera preocupante en la región. Esta situación, sumada a los pocos o nulos avances en el esclarecimiento de los casos de activistas asesinados, constituye un grave ataque a las personas defensoras, en tanto se generaliza la impunidad.

Dos años después del crimen, la Red EU-LAT y CIDSE urgen a la UE y sus Estados Miembros a  exija al Estado de Honduras adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que los actores materiales e intelectuales del asesinato de Berta Cáceres sean debidamente procesados, en  línea con  el compromiso europeo asumido en materia de protección de la defensa de los derechos humanos.

*FIAN Internacional es miembro activo de la Red EU-LAT

La sociedad civil insta a Honduras a tomar acción inmediata

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Los recientes asesinatos de los activistas José Ángel Flores y Silmer Dionisio George del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) del  Bajo Aguán y los atentados contra miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) ponen en evidencia el riesgo al que se enfrentan las y los defensores de derechos humanos en Honduras. Intimidaciones, amenazas, represión a la libertad de reunión y de expresión y otros hechos que afectan gravemente sus vidas son el día a día de muchas y muchos, particularmente cuando hay actividades que afectan los intereses de actores con poder político o económico de por medio.

En una carta, junto con 170 organizaciones, FIAN Internacional exige al Estado de Honduras a que lleve una investigación exhaustiva de estos sucesos. Asimismo, Honduras a de adoptar medidas para la protección efectiva de quienes defienden la vida  y los derechos humanos.

Puedes leer la carta aquí.

Las políticas del Estado hondureño erosionan los derechos económicos, sociales y culturales

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Como paso previo a la celebración de la 58ª sesión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) que hoy comienza, la Plataforma EPU ha presentado un informe alternativo al informe estatal de Honduras para su revisión por el Comité. Las conclusiones de dicho informe señalan a la actual política económica y a los modelos de desarrollo extractivo que dificultan el disfrute de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la alimentación y la nutrición, y también a la inaceptable criminalización que sufren las personas que defienden los derechos humanos, y a la desigualdad y violencia que experimentan mujeres y niñas. Todo esto sucede dentro de un contexto de extrema pobreza y desequilibrio en la distribución de la riqueza que está empujando a muchas personas hacia situaciones de malnutrición. 

Según el informe alternativo, muchos proyectos son adjudicados sin el consentimiento libre e informado de las comunidades afectadas, incluso cuando se trata de territorios indígenas o ancestrales, lo que contraviene el Convenio núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De acuerdo con este documento, numerosas concesiones han sido otorgadas a proyectos hidroeléctricos y de minería en áreas consideradas sagradas por los pueblos indígenas, o en zonas vitales para asegurar la subsistencia de las comunidades locales.

Las comunidades campesinas experimentan unas situaciones muy similares, y cada vez se enfrentan a un mayor número de desalojos forzosos. El conflicto agrario del Bajo Aguán ejemplifica claramente dicha situación:   Durante más de una década, diversas comunidades campesinas vienen luchando para poder acceder y recuperar las tierras adquiridas de manera irregular por los terratenientes. Dichas tendencias son fruto de un modelo de desarrollo que socava el disfrute de los derechos humanos. También son prueba de la violencia, intimidación y criminalización que es probable que enfrenten las personas que defienden los derechos humanos.

De hecho, aquellas personas que defienden los derechos relacionados con el medio natural, la tierra, la alimentación y la nutrición, son con bastante frecuencia perseguidas y criminalizadas. Esto ha quedado más que demostrado con el reciente asesinato de Berta Cáceres, una reconocida líder indígena de la etnia lenca, defensora de los derechos humanos y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), sucedido el 2 de marzo de este mismo año. Desafortunadamente este no es un caso aislado, ya que Honduras es uno de los  países más peligrosos del mundo para las personas defensoras de los derechos humanos. “Esto demuestra que los mecanismos disponibles en Honduras para la protección de estas personas son insuficientes. La inmensa mayoría de los casos quedan impunes”, lee el informe.

La desigualdad y la violencia sufrida por las mujeres son sistemáticas y estructurales, lo que les impide ejercitar sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y disfrutar de una vida digna.  Tal y como se expresa en el informe, “El miedo, tanto en la esfera pública como privada, y la falta de responsabilidad jurídica por las violaciones de los derechos humanos de las mujeres son la norma general, y no la excepción”.
Y todo esto sigue desarrollándose frente a unos niveles de pobreza extremadamente altos y una desigual distribución de la riqueza, lo que acarrea un grave impacto sobre el derecho a la alimentación y la nutrición de los ciudadanos y ciudadanas de Honduras. Se estima que el 12.1% de la población sufre malnutrición, y que el 1.4% de los niños y niñas menores de cinco años sufren malnutrición aguda, el 5% obesidad, el 10% desnutrición global y el 31% desnutrición crónica. Esto se deja sentir especialmente entre los grupos más marginados, como por ejemplo entre las comunidades indígenas, en las que el 95% de la población menor de 14 años sufre malnutrición.

Puede descargar el informe aquí.

En cooperación con otras organizaciones, Las Brigadas Internacionales de Paz, la Plataforma Internacional contra la Impunidad y FIAN Internacional están organizando una mesa redonda para debatir la implementación de medidas y mecanismos para la protección de las personas que defienden los derechos económicos, sociales y culturales en Honduras. Este evento se celebrará en Ginebra el día 6 de junio a las 18:30. Puede encontrar mayor información aquí.

FIAN Internacional también organizará el día 8 de junio a las 18:00 horas un evento bajo el título ¿Quién es responsable del hambre?, en el que se abordará la realización del derecho a la alimentación y la nutrición en Burkina Faso, Honduras y Suecia.  Puede encontrar mayor información aquí.

 

NOTAS PARA LOS EDITORES/AS:

 

  • El informe fue preparado dentro del marco que ofrece la Plataforma EPU, formada por 54 movimientos sociales y organizaciones de desarrollo y derechos humanos de Honduras. FIAN Honduras, EMIH (Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras), Foro de Mujeres por la Vida, Asociación LGTB Arcoíris de Honduras, y Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) han contribuido con sus aportaciones en torno a diferentes derechos.
  • La Plataforma EPU fue establecida en 2014 con el objetivo de articular el trabajo de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil hondureña de cara al segundo Examen Periódico Universal (EPU) del Estado de Honduras ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.  Sin embargo, la plataforma ha seguido permaneciendo como un espacio de articulación más allá de este proceso.

Mil millones de personas dependen del adecuado funcionamiento de la CIDH

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El pasado lunes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó la sorprendente noticia sobre su crisis financiera. La Comisión anunció que tendrá que prescindir del 40 por ciento de su plantilla a partir de julio. Al mismo tiempo, los periodos de sesiones 159 y 160 serán suspendidos a menos que se reciban fondos o donaciones antes del 15 de junio. Estos importantes cambios tendrán un grave impacto sobre la capacidad de la Comisión para cumplir con su mandato y seguir desempeñando sus funciones básicas, lo que pone en riesgo la protección de los derechos humanos de las mil millones de personas que habitan en las Américas.

En respuesta a esta situación, diversas ONG de todo el mundo han publicado una carta abierta en la que solicitan a todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se tomen las medidas necesarias que puedan asegurar con urgencia una financiación adecuada de la CIDH. 

FIAN Internacional quiere recordar que el Sistema de Derechos Humanos Interamericano es fruto de la lucha del pueblo. Fueron los pueblos de las Américas los que delegaron su soberanía en los Estados, para que éstos crearan un sistema que asegurara su protección frente a los abusos y las injusticias. Por lo tanto, los Estados miembros de la OEA están obligados a asegurar una financiación sostenida de la Comisión, para que ésta pueda mantenerse en pleno funcionamiento como último recurso frente a las violaciones de los derechos fundamentales en el continente americano, y como referencia internacional por los grandes esfuerzos realizados en la protección de los miles de personas y comunidades afectadas.        

Pueden leer la carta abierta aquí.