Country: Guatemala

En 2011, cuatro mujeres Chortís del municipio de Camotán, Guatemala, presentaron demandas judiciales contra el Estado por violación del derecho a la alimentación y nutrición adecuadas (DHANA) de 5 de sus hijos (3 niñas y 2 niños) que sufrían desnutrición. Tras un largo proceso, en 2013 se sentenciaba que el Estado de Guatemala era no sólo responsable por omisión por la violación del DHANA, sino también de los derechos a la vida, a la salud, a la educación, a la vivienda y al trabajo de los niños y sus familias. Las sentencias, que tras varios amparos son firmes y han sido confirmadas en 2015 por la Corte de Constitucionalidad, la máxima autoridad judicial en el país, ordenan a varios órganos del Estado tomar una serie de medidas para la reparación del daño causado a las familias. A día de hoy, sin embargo, una de esas niñas, de tan solo 8 años, se ve entre la vida y la muerte, lo que confirma nuevamente la falta de ejecución plena de dichas medidas. A pesar de ciertas acciones fragmentadas y parciales de parte del Estado, las condiciones de vida de las familias no han mejorado de forma integral.

Los episodios de desnutrición infantil en el municipio de Camotán no son casos aislados, sino paradigmáticos. Estos tan sólo ilustran las problemáticas estructurales y las violaciones de derechos humanos en Guatemala, donde resalta la vulnerabilidad de la niñez y las mujeres, así como la discriminación contra la población indígena y rural. La condición de salud de la niña, que ha sido trasladada a un hospital de la capital tras varias intervenciones quirúrgicas a raíz de procesos infecciosos, se ve agravada por la desnutrición aguda y crónica que padece y es resultado de otras condiciones no solventadas adecuadamente. 

En este contexto, el Estado debe garantizar un tratamiento médico adecuado de manera urgente y rendir cuentas por violación de sus obligaciones en materia de derechos humanos e incumplimiento de las sentencias. Asimismo, si la niña sufriese alguna consecuencia de este suceso, debería cumplir su obligación de proporcionar reparación, incluida la indemnización a la familia. La plena ejecución de lo dictado por las cortes sigue estando al pendiente y es imperativo que el Estado de Guatemala restituya DHANA y los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de las familias afectadas.

De acuerdo con las informaciones dadas por Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en una conferencia de prensa el día 25 de julio, la niña padece de desnutrición crónica, enfrentándose a graves problemas de salud. Autoridades de la PDH indicaron que han denunciado el caso ante el Ministerio Público (MP) para que se investiguen las responsabilidades de las instituciones públicas por el incumplimiento de las sentencias por parte del Estado. Los casos han sido denunciados a nivel regional e internacional, incluyendo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas (NNUU).

Guatemala tiene unos de los índices más alto de desnutrición crónica infantil de Latinoamérica. Según estadísticas de la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI) en Guatemala, al menos el 47 por ciento de la niñez en el país padece de desnutrición crónica, datos que son significativamente más altos para la población indígena y rural.

Para más información, por favor contacta con morena[at]fian.org  

ACTUALIZACIÓN, 15 de Agosto: A pesar de los esfuerzos y diversas intervenciones médicas, la la niña, de nombre Mavelita, falleció el 14 de Agosto. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia.
En los próximos días daremos más información sobre el caso.

A pesar de que Guatemala cuenta con un marco jurídico, político e institucional que favorece la realización del derecho a una alimentación adecuada y a la nutrición (DAA), y de ser un país rico en recursos naturales y de pujanza económica, aún no se visualizan cambios estructurales en las condiciones de vida de la población. El Estado de Guatemala es el tercer país de Latinoamérica con más porcentaje de  población bajo la línea de pobreza -el 54.8%- y ocupa el primer lugar en niveles de desnutrición crónica.

Según los hallazgos del informe de la Misión, el enfoque predominantemente asistencialista de los programas de seguridad alimentaria es una de las causas de esta situación. El informe señala  la falta de coherencia entre dichos programas y la legislación que reconoce los derechos humanos por un lado, y las políticas públicas y leyes sobre uso y manejo de los recursos naturales, laborales y comerciales por el otro.

Por otro lado, el Estado  impone un modelo de desarrollo que se basa en la extracción de recursos naturales para la exportación, que principalmente actúa en beneficio del sector empresarial transnacional. Dicho modelo es contrario a la visión de desarrollo de las comunidades indígenas, campesinas y otras poblaciones rurales, pues ocasiona el acaparamiento de los recursos naturales limitando su acceso, gestión y control por parte de las comunidades. “Este modelo de producción está hecho a la medida del agronegocio y el latifundio. Los niveles muy elevados de concentración de la tierra, junto con la expansión de los monocultivos a gran escala, impactan directamente sobre los derechos de las personas y la soberanía alimentaria de Guatemala, con fenómenos alarmantes de violencia y de violación de los derechos humanos. La misión pudo constatar cada uno de estos aspectos que, por cierto, nos preocupan sumamente”, subraya Gerardo Iglesias, secretario de la Regional Latinoamericana de la UITA (Rel-UITA).

En sus comentarios sobre el informe, Angélica Castañeda, Coordinadora del Programa para América Latina de FIAN Internacional, remarca: “Como constatado por la misión, el sector privado está sustituyendo al Estado en áreas relacionadas con sus obligaciones de derechos humanos, tales como asistencia alimentaria, educación, salud, seguridad o la creación de empleos, usando los espacios públicos para hacer propaganda o condicionar a la población en el acceso a sus servicios. En algunos de los casos que visitamos durante la Misión, los niños y las niñas o las mujeres que pertenecen a grupos, o comunidades que resisten contra los proyectos de las empresas, son discriminadas, excluidas e incluso amenazadas.” 

Además, la Misión ha verificado el aumento de la estigmatización, amenaza, criminalización y violencia por parte del Estado y otros actores hacia las personas defensoras de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), en especial hacia las mujeres. Entre los diferentes casos, el informe alude a las mujeres de La Puya con su estrategia “mujeres al frente”, quienes expresan “tener menos tiempo para dedicar a la familia para cumplir con este deber [de defender los derechos de su comunidad].”
 
El informe será presentado hoy, 22 de Octubre, en un evento público en Guatemala, así como en instituciones y agencias internacionales en los próximos meses.

Puede descargar el informe y el resumen ejecutivo.
Para más información, por favor contacte a Angélica Castañeda Flores: castaneda-flores[at]fian.org  

NOTAS A LOS EDITORES:

Tanto la Misión Internacional como el informe se han llevado a cabo a iniciativa de ACT Alianza UE, la Coalición de Agencias Católicas para el Desarrollo (CIDSE), la Iniciativa de Copenhague para América Central y México (CIFCA), FIAN Internacional, la Regional Latinoamericana de la UITA (Rel-UITA), y La Vía Campesina Internacional. 

Durante la Misión, se llevaron a cabo visitas a seis casos emblemáticos de violaciones de este derecho, así como reuniones con instituciones gubernamentales y diversos actores sociales y políticos.