Filipinas: El Gobierno debe implementar la redistribución de Hacienda Luisita a 6.296 agricultores

El 24 de abril de 2012, casi diez años después de que los trabajadores agrícolas de Hacienda Luisita solicitaran la anulación de la Opción de distribución de acciones (Stock Distribution Option, SDO) – un programa no transferible del Programa de Reforma Agraria Integral (CARP, por sus siglas en inglés) que simplemente distribuye las acciones corporativas en lugar de las tierras – el Tribunal Supremo finalmente reafirmó su decisión de revocar la SDO y ordenó la redistribución de tierras entre los trabajadores agrícolas sin tierra. Esta decisión necesita ser final y ejecutoria, y todos los servicios necesarios de apoyo deben ser proporcionados a los trabajadores agrícolas durante el proceso de transición, además de durante la fase tras la distribución, si esto no ocurre, la redistribución de tierras será solamente una victoria sobre el papel.  

Por favor escriba al Presidente del Tribunal Supremo de Filipinas, enviando también copias al Presidente de Filipinas y al Secretario del Departamento de Reforma Agraria, solicitando que actué según la decisión del 24 de abril de 2012, y a su vez, que tome todas las medidas necesarias para que la tierra pueda ser redistribuida entre los 6.296 trabajadores agrícolas y sus familias, garantizando de esta manera su derecho a la alimentación.

FIAN – 25 años apoyando la lucha por el derecho humano a una alimentación adecuada

Publicado por FIAN Internacional

Leer más sobre los casos de violaciones de los derechos humanos:

  • Brazil – La malnutrición mata niños indígenas de los Guarani-Kaiowa
  • Guatemala – La minería de oro destruye acceso al agua y viola derechos del pueblo indígena
  • Colombia – Comunidad campesina triunfa en la Corte Constitucional
  • Philippines – The struggle for Agrarian Reform – vital for the right to food
  • Cambodia – Say «no» to landgrabbing – holding German investment fund managers accountable
  • India-  Gaining access to water – postcard campaign influences Indian government
  • Uganda – Evictees truggle to get access to justice and land
  • Nepal – Education on the right to adequate food helps HIV/AIDS affected women

Editado por Wilma Strothenke
Publicado en Septiembre 2011

FIAN: 25 años apoyando la lucha por el derecho humano a una alimentación adecuada

La urgencia de este mandato ha aumentado desde entonces con la escasez mundial de alimentos y los informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que indican que cerca de un billón de personas sufren de desnutrición grave.

Sin embargo, según Olivier de Schutter, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, “FIAN está haciendo mucho más que sólo combatir el hambre. El poder alimentarse es un derecho humano”.

El mandato de FIAN se ha concentrado siempre en apoyar las dificultades de quienes luchan contra prácticas injustas y opresivas que les impiden alimentarse a sí mismos, así como a sus familias. Esta visión de sostenibilidad a largo plazo se refleja en la estrategia de la organización.

 “Nuestro objetivo es lograr soluciones concretas  mediante cambios reales en políticas públicas, para asegurar que las personas accedan a los recursos que necesitan para alimentarse hoy y en el futuro”, indica el Secretario General de FIAN, Flavio Valente.

Con el fin de apoyar a los que luchan por hacer efectivo su derecho a la alimentación, FIAN informa rigurosamente sobre violaciones a los derechos humanos, y contribuye  a la capacitación de  individuos y comunidades, que les permita defender sus derechos ante tribunales de justicia y frente a los gobiernos cómplices y las empresas.

FIAN, una idea original de un grupo comprometido de activistas, se mantiene como la única organización internacional de derechos humanos que trabaja exclusivamente para promover el derecho a la alimentación. La organización fue pionera en la defensa de derechos económicos sociales y culturales mientras las otras organizaciones de derechos humanos se limitaban a derechos civiles y políticos, recuerda Rolf Künnemann, uno de los fundadores.

Durante los últimos 25 años, FIAN Internacional ha consolidado su rol como defensor de quienes luchan por el derecho a la alimentación, expandiéndose desde su sede inicial, ubicada en un sótano, a una red que cuenta con oficinas nacionales en 18 países.

A FIAN se le concedió estatus consultivo ante las Naciones Unidas en 1989. Lo cual le permitió influir en el sistema de protección de los derechos humanos a favor de grupos en situación de vulnerabilidad como campesinos/-as y desposeídos/-as. Contribuyó en la elaboración de la Observación General No. 12 de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación en 1999, interpretación jurídica más autorizada del derecho a la alimentación en el derecho internacional.

La organización fue también un actor decisivo en la adopción de las Directrices Voluntarias sobre el Derecho a la Alimentación, por los estados miembros de la FAO en el 2004 y en la adopción del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales.

FIAN celebrará su aniversario mediante varios eventos nacionales e internacionales durante el año, especialmente  con ocasión del Día Mundial de la Alimentación, el 16 de octubre de 2011.

Filipinas: la Fumigación aérea en plantaciones bananeras amenaza el derecho a la alimentación de los habitantes de 7 poblaciones en Ciudad de Davao, Mindanao

La fumigación aérea consiste en fumigar fungicidas desde el aire sobre cultivos, como por ejemplo las plantaciones bananeras. Durante algunos años los habitantes de 7 poblaciones en Ciudad de Davao han estado presionando contra la fumigación aérea, puesto que ésta afecta a su estado de salud, repercute sobre el suministro de agua y daña las cosechas, que son sus medios de subsistencia. A pesar de que el ayuntamiento de Ciudad Davao emitió una ordenanza que prohibía la fumigación aérea en Marzo de 2007, el Tribunal de Apelaciones (TA), con sede en la ciudad de Cagayan de Oro, la declaró inconstitucional en Enero de 2009. El derecho a la alimentación de los habitantes está, por lo tanto, en peligro.  

Por favor, dirijan sus cartas al Presidente de la Corte Suprema de las Filipinas, Reynato Puno, solicitándole la defensa de la constitucionalidad y la validez de la ordenanza que prohíbe la fumigación aérea de la Ciudad de Davao. Por favor, envíen también una copia de ésta carta al Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. 

Filipinas: 1,741 familias campesinas amenazadas de expropiación ilegítima en Sariaya

1,741 familias campesinas se ven amenazadas de quedarse sin tierras y caer en la indigencia debido a que los terratenientes intentan reclamar un total de 2,074 hectáreas de sus antiguas propiedades en Sariaya. Éstas habían sido redistribuidas por derecho a los campesinos con el Programa Integral de Reforma Agraria (CARP). A pesar de que las demandas de los antiguos propietarios se declararon oficialmente nulas, se han dado ya varios casos de desplazamientos. De este modo el derecho a la alimentación de 1,741 familias campesinas está en juego.  

Llamada a Acción
Es necesario llevar a cabo urgentemente una acción internacional para impedir violaciones del derecho a la alimentación a consecuencia de los desalojos de los campesinos. Por favor escriban al Secretario del Departamento de Reforma Agraria (DAR), Nassar C. Pangandaman, pidiéndole que detenga los procedimientos para despojar a los campesinos en Sariaya de sus tierras.

Filipinas: Campesinos asesinados por reclamar legítimamente tierras en Batuán, Provincia de Masbate

René Llabres y Junrie Pagaspas son las víctimas más recientes de los asesinatos relacionados con la no implementación de la reforma agraria en las Filipinas. El 6 de Julio los dos jóvenes campesinos fueron asesinados por hombres armados no identificados. Los asesinatos marcan la cumbre de una fase de violencia contra la organización campesina, Samahan ng Magsasaka ng Hacienda Batuán (SAMAHABA), que lucha por la implementación del Programa Integral de Reforma Agraria (CARP) en la Hacienda Batuán.  

Las vidas de 40 campesinos que siguen en la Hacienda peligran. Al incumplirse la implementación del CARP y presionar a los campesinos para que abandonen la Hacienda se está violando su derecho a alimentarse. En consecuencia hay que ayudar a los miembros de SAMAHABA con la implementación por la vía rápida del CARP. Por favor, escriban una carta a la Presidenta, Doña Macapagal-Arroyo, y al Departamento de Reforma Agraria (DAR), pidiéndoles que protejan a los campesinos y su acceso a la tierra.

Dos campesinos más asesinados durante situación crítica de reforma agraria en Filipinas

Los perpetradores que se cree son del New People’s Army NPA, apuñalaron y dispararon varias veces a los campesinos. Rene Llabres y Junrie Pagaspas fueron ambos arrendatarios de la Hacienda Batuan y miembros de la Hacienda Samahan ng mag Magsasaka ng Hacienda Batuan (SAMAHABA). El 22 de diciembre de 2007, Botsoy Vale, un líder campesino y Capitán de Barangay (aldea) también fue asesinado por el NPA. Los casos de las tres víctimas tuvieron una cosa en común: Ellos habían luchado para la redistribución de la hacienda bajo el Programa Comprehensivo de la Reforma Agraria (CARP por sus siglas en inglés).

En el 2004, los miembros de SAMAHABA hicieron una petición para la tenencia de las tierras de la Hacienda Batuan bajo el CARP. También presentaron una demanda para reemplazar el sistema actual, por lo cual ellos sólo recibieron 25% de las ganancias, con un sistema legalmente establecido bajo el mandato de inquilinato, permitiéndoles 75% de la cosecha neta. Poco después, los administradores de hacienda – con la ayuda de hombres armados – empezaron a intimidar y a acosar a los arrendatarios para disuadirlos de continuar sus iniciativas de reforma agraria, teniendo como resultado que algunos líderes y los arrendatarios salieran del área por temor a sus vidas. Desde diciembre 2007 el área ha sido tomada por un régimen de terror, paralizando lentamente la organización y el reclamo por la tierra. Poco después de la muerte de Botsoy Vale, hombres armados distribuyeron una lista de 18 arrendatarios mas muertos. Junrie Pagaspas fue el número 10 en la lista negra.

Ese mismo año durante la situación crítica de la reforma agraria, en San Vicente, la Península de Bondoc, un líder campesino local Deolite Empas fue secuestrado y fue asesinado por hombres armados. Deolite Empas fue la quinta persona que ha sido asesinada en el transcurso de la lucha de campesinos por la tierra, en Bondoc. «FIAN condena las matanzas en Masbate y Bondoc. Estos actos brutales cometidos sobre campesinos que luchan por la reforma agraria mediante medios legales muestran el fracaso del gobierno de las Filipinas para proteger la vida de los campesinos», dice Yifang Tang, encargada para las Filipinas en FIAN. «El gobierno de las Filipinas debe proporcionar inmediatamente la tierra a estos campesinos de acuerdo con el CARP y terminar con la impunidad que abarca el secuestro y el asesinato de líderes campesinos».
El viernes, 18 de julio, 2008, los parientes de las dos víctimas en Masbate, junto con el respaldo de ONGS, inclusive FIAN Filipinas tuvieron un diálogo con el Comité de Derechos humanos.

Filipinas: injusta reclasificación de tierra amenaza con privar a 312 campesinos del acceso a la tierra y a los alimentos en Baha y Talibayog, en el Municipio de Catalagan, Provincia de Batangas

Durante 1989-1990, 818 títulos de propiedad fueron distribuidos entre 317 arrendatarios en Baha y Talibayog, Calatagan, Batangas cubriendo un total de 507 hectáreas. El anterior propietario vendió en 1995 el terreno a una compañía minera, la cual había obtenido un permiso para la explotación minera de una superficie que incluía el territorio en cuestión. Por tal motivo, la tierra fue reclasificada como tierra de explotación mineral en lugar de agrícola y los títulos anteriores fueron anulados por la misma Agencia Gubernamental que anteriormente había distribuido las tierras entre los arrendatarios. El derecho a la alimentación de los campesinos está en peligro, puesto que corren el riesgo de ser desalojados y perder la tierra.

Filipinas: Los derechos a la alimentación y a la vida de 300 arrendatarios sin tierras están en peligro en San Vicente, península de Bondoc, provincia de Quezón

La tierra es fundamental para que los campesinos puedan alimentarse adecuadamente. En San Vicente (municipalidad de San Narciso), las extensiones de la influyente familia Uy tienen que ser aún incluidas en el programa nacional de reforma agraria y distribuidas entre unas 300 personas arrendatarias sin tierra de 6 aldeas. En 1996, poco después de que los arrendatarios de Uy presentaran solicitudes para que se distribuyera la tierra, la influyente familia comenzó a hostigarlos. El 19 de febrero de 2008, el líder campesino Deolito Empas fue secuestrado y posteriormente asesinado por hombres armados. Se trata del quinto asesinato en la lucha campesina por la tierra en San Narciso. Actualmente, el derecho a la alimentación de estos arrendatarios se encuentra bajo una grave amenaza. Muchos de ellos, se ven obligados a esconderse debido a los hostigamientos sufridos; se les niega el acceso a la tierra.