Country: Filipinas

Día Internacional de las Luchas Campesinas: Declaración Conjunta de Organizaciones Campesinas y de Solidaridad

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El acaparamiento de tierras continúa intensificándose, impulsado por la agroindustria, la minería, los proyectos energéticos y los llamados planes de «desarrollo». Los bosques y las tierras ancestrales son arrasados, nuestros territorios son convertidos en sitios comerciales y las fuentes de agua son privatizadas – todo para dar paso a inversiones orientadas al lucro.

Cuando los campesinos resisten, son reprimidos. Son acosados, vigilados y falsamente etiquetados como «anti-desarrollo» y enemigos del estado. Muchos son encarcelados bajo cargos inventados. Otros nunca regresan a casa. Su derecho a organizarse está bajo ataque y sus comunidades viven con miedo. Mientras tanto, aquellos que destruyen la tierra y violan los derechos humanos gozan de protección, e incluso son recompensados.

Este es un esfuerzo sistemático para desmantelar la resistencia, silenciar la disidencia y despejar el camino para la acumulación de capital. Y, sin embargo, los campesinos continúan levantándose. Se organizan, resisten y afirman su derecho a la tierra, a la alimentación y a una vida digna.

En este día, honramos a los agricultores de Samahan ng Nagkakaisang Mamamayan ng Barangay Sumalo (SANAMABASU) Hermosa, Bataan por su valentía. Desde 2009, la organización ha estado defendiendo incansablemente su tierra contra el intento de Litton & Co., Inc y Riverforest Development Corporation (RDC) de convertirla para uso industrial, lo que llevó a su criminalización por parte de la corporación. Aunque los agricultores, acusados de delitos sin derecho a fianza, fueron liberados bajo fianza el 8 de enero de 2025, la comunidad ahora enfrenta una renovada represión, ya que RDC ha presentado casos de desalojo para desplazarlos de sus hogares y tierras de cultivo.

El 16 de septiembre de 2024, un grupo de expertos independientes en derechos humanos con mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (3 Relatores Especiales y 2 Grupos de Trabajo) envió cartas al Gobierno de la República de Filipinas y a Litton & Co., Inc. y Riverforest Development Corporation (RDC). Ambas cartas destacaron preocupaciones significativas sobre derechos humanos respecto a la situación en la comunidad. Los problemas clave incluían desalojos forzosos, demoliciones de viviendas, acceso restringido a tierras cultivadas, criminalización y prohibición de actividades agrícolas.

En una respuesta fechada el 16 de enero de 2025, RDC refutó las acusaciones. Afirmaron que la tierra en cuestión no era adecuada para la agricultura, alegando que ningún agricultor legítimo la estaba cultivando. Acusaron a ciertos miembros de la comunidad de explotar el Programa Integral de Reforma Agraria (CARP) para beneficio personal y describieron sus acciones como ilegales. RDC defendió sus esfuerzos de desalojo como legales, afirmando que solo se dirigen a quienes obstruyen los planes de desarrollo.

Mientras tanto, la respuesta del gobierno de Filipinas con fecha del 23 de enero de 2025 afirmó que el caso de estafa sindicada presentado contra los agricultores «ya ha sido desestimado por insuficiencia de pruebas». También expusieron otros esfuerzos del gobierno en la reforma agraria. Sin embargo, esto es falso ya que los agricultores continúan asistiendo a audiencias judiciales en los dos casos pendientes de estafa sindicada.

El 28 de enero de 2025, el Comité de Reforma Agraria de la Cámara realizó una investigación del Congreso sobre la criminalización y el acoso que enfrentan los agricultores y los beneficiarios de la reforma agraria (ARB) en el país. A pesar de que esto es un desarrollo positivo, el Congreso ahora está en receso de sesiones hasta junio para dar margen a las próximas elecciones en mayo. Esto significa que se necesitaría otro esfuerzo de cabildeo en el próximo Congreso a partir de julio, ya que un nuevo conjunto de representantes ocupará los escaños del Congreso.

Con estos acontecimientos, reafirmamos nuestro compromiso con su causa y con todos los agricultores que enfrentan el mismo dilema. Alzamos nuestras voces en unidad para exigir:

  1. La implementación de la reforma agraria y la redistribución de la tierra a quienes la trabajan;
  2. La protección de los dominios ancestrales y territorios indígenas;
  3. El fin del acaparamiento de tierras y la agresión del desarrollo liderado por corporaciones;
  4. La derogación de leyes y políticas que favorecen a las corporaciones sobre las comunidades;
  5. Justicia para las víctimas de asesinatos, arrestos y acoso relacionados con la tierra;
  6. El fin de la criminalización, militarización y etiquetado como «rojos» de líderes campesinos y defensores;
  7. El reconocimiento y protección de los derechos de los campesinos, consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP); y
  8. Soberanía alimentaria, no sistemas alimentarios controlados por corporaciones.

Honramos a aquellos que han caído, a los encarcelados por defender la tierra y a quienes continúan luchando frente a amenazas y miedo. Su valentía vive en cada semilla plantada, cada barricada construida, cada pedazo de tierra recuperado y cada lucha colectiva por la justicia ganada.

Tierra para quien la trabaja. Justicia para los oprimidos.

¡Viva la resistencia campesina!

Firmado:

Kilusan para sa Repormang Agraryo at Katarungang Panlipunan (KATARUNGAN), Filipinas

Movimiento Anti-Jindal & Anti-POSCO (JPPSS) Odisha, India

Bangladesh Food Security Network- KHANI, Bangladesh

Centre Europe – Tiers Monde (CETIM)

Claudio Schuftan, PHM y WPHNA

Coastal Action Network (CAN), India

Feminist Dalit Organization (FEDO), Nepal

FIAN Austria

FIAN Indonesia

FIAN Internacional

FIAN Nepal

FIAN Sri Lanka

FIAN Suiza

Focus on the Global South

Gaza Urban & Peri-urban Agriculture Platform (GUPAP), Gaza, Palestina

Habitat International Coalition-Housing and Land Rights Network

Lanka Organic Agricultural Movement (LOAM), Sri Lanka

National Fisheries Solidarity Movement in Sri Lanka

Pakistan Kissan Rabita Committee, Pakistán

Participatory Research & Action Network- PRAAN, Bangladesh

Prof. Dr. Anne C Bellows, Universidad de Syracuse, EE.UU.

Seed and Knowledge Initiative (SKI)

UBINIG, Bangladesh

Youth's Forum for Protection of Human Rights, Manipur, India

Zambia Alliance for Agroecology and Biodiversity (ZAAB)

Se pide a Filipinas más esfuerzos concertados hacia las mujeres

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Como fue comunicado el pasado mes, los derechos de la mujer estuvieron bajo revisión durante la 64 sesión del Comité sobre la Eliminación de Todas las Forma de Discriminación contra la Mujer (Comité CETFDCM). En las conclusiones finales, publicadas la semana pasada, el Comité enfatiza los esfuerzos del gobierno filipino en el emprendimiento de reformas legislativas, que incluyen la adopción de una Carta Magna de la Mujer. Sin embargo, todavía es necesario que el país armonice la legislación nacional en consonancia y establezca mecanismos efectivos para controlar su implementación con la participación de las organizaciones de mujeres.

En virtud de las disposiciones de la recomendación general No. 34 (2016) de los derechos de las mujeres rurales, el comité hace un llamamiento a Filipinas para que asegure el acceso a una alimentación, agua y saneamiento adecuados para las mujeres de zonas rurales, teniendo en cuenta las medidas de derechos humanos internacionales. El Comité pone atención en la necesidad urgente de terminar con la discriminación de los salarios por género y mejorar las condiciones del trabajo en las zonas rurales.

Las mujeres de áreas rurales suponen el 60% de la población femenina en Filipinas. Es vital para ellas el acceso y control de los recursos naturales, ya que juegan un papel clave en asegurar la alimentación y bienestar nutricional para ellas y sus familias. Asimismo, el derecho a un trabajo decente y a una protección social son requisitos indispensables para el pleno cumplimiento de los derechos fundamentales de las mujeres de zonas rurales.

Como ya ha reflejado en un informe FIAN Filipinas, las mujeres y niñas se enfrentan a un acceso desigual a la sanidad, al empleo a los recursos y a los servicios sociales. Entendiendo que las mujeres viven en pobreza – tanto en áreas rurales como urbanas – y sufren la falta de acceso a la seguridad social, especialmente aquellas que trabajan en el sector informal, el CETFDCM recomienda asegurar el acceso a la protección social no contributiva y pide que se instauren servicios de protección social de género para asegurar que las mujeres de zonas rurales tienen acceso a los servicios sanitarios esenciales, guarderías y una garantía de ingresos.

FIAN Internacional y su sección de Filipinas acogen con agrado las recomendaciones del Comité y seguirán de cerca el proceso de implementación.

NOTA A LOS EDITORES/AS:

  • La Carta Magna de la Mujer (R.A. 9710) es una ley general que garantiza y reconoce los derechos básicos de la mujer. R.A. 9710 busca eliminar la discriminación contra la mujer mediante el reconocimiento, protección, plena realización y promoción de los derechos de las mujeres filipinas.
  • La Recomendación General No. 34 es el primer instrumento internacional específicamente centrado en los derechos de las mujeres de zonas rurales. Asimismo, es el primero en reconocer explícitamente el derecho humano a una adecuada alimentación y nutrición para las mujeres de áreas rurales en el marco de la soberanía alimentaria

Apoyo para aprobar la Ley Hambre Cero

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Tres años después de que la Campaña Nacional por la Alimentación (NFC, por sus siglas en inglés), liderada por FIAN Filipinas, iniciara una campaña para exigir la creación de un marco legal que regule el derecho a la alimentación, el país se encuentra un paso más cerca de lograr dicho objetivo. Recientemente aprobada tanto por el Senado, como por el Comité de Derechos Humanos de la Casa de Representantes, la conocida como ‘Ley Hambre Cero’ está pendiente de una segunda lectura. Oficialmente conocida como la “Ley Marco para el Derecho a la Alimentación”, esta proposición de ley exigiría al gobierno el establecimiento de un conjunto de objetivos políticos para acabar con el problema del hambre en Filipinas en un periodo de diez años. Esta ley no reduce el problema del hambre a una cuestión de caridad o beneficencia, sino que hace hincapié en su carácter legal, a través de un programa de alimentación integral que implica a todo el gobierno en su conjunto. De acuerdo con la NFC, las principales causas del hambre en Filipinas son la pobreza, la desigualdad y la resultante falta de acceso de la población más pobre a los recursos disponibles. Un 37% del total de familias Filipinas, unos 8.1 millones de personas, consideran que su alimentación es insuficiente, por lo que resulta crucial abordar el problema del hambre en el país. 

Compuesta por más de 75 organizaciones y federaciones, y con una base formada por más de 10.000 miembros, la NFC realiza un llamamiento a la sociedad civil para apoyar la campaña “Hambre Cero”, con la que se pretende que el Congreso de Filipinas apruebe dicha ley cuanto antes. Se espera que la petición online que se está desarrollando en la actualidad acelere el proceso y ayude a establecer un marco legal con el que se institucionalice la seguridad alimentaria y se logre liberar al país de la lacra del hambre.     

Visite la página web de la campaña y firme la petición.

Si desea obtener una mayor información, por favor, póngase en contacto con la Coalición Nacional por la Alimentación.

Exitosa instalación en los terrenos de Hacienda Matias, Filipinas

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Tras cuatro semanas acampando en condiciones precarias frente a la sede central del Departamento de Reforma Agraria (DRA) se consiguió que el gobierno reanudara la instalación de los restantes agricultores beneficiarios en Hacienda Matias el 2 de julio de 2015. Mientras defendían su derecho a la tierra, los agricultores beneficiarios han sufrido a lo largo de los años el acoso y la intimidación por parte de los antiguos propietarios. Gracias a su determinación y a su persistencia en la lucha por sus derechos, ahora pueden trabajar los campos en paz.

Aunque el gobierno filipino ha mostrado su compromiso para acelerar la distribución de los terrenos el proceso todavía debe completarse, ya que más de 200 agricultores beneficiarios aun esperan la entrega de sus terrenos.El gobierno filipino, implementando en su totalidad la reforma agraria, no solo estaría cumpliendo con su obligación de asegurar el derecho a una alimentación adecuada y la nutrición, sino que también estaría mostrando un fuerte compromiso político para acabar con décadas de lucha por la tierra en Hacienda Matias.

Con motivo del vigésimo séptimo aniversario del Programa de Reforma Agraria Integral (CARP) de Filipinas, celebrado el 10 de junio de 2015, FIAN Internacional y FIAN Filipinas quieren subrayar que es necesario acelerar la implementación de la distribución de tierras y la prestación de los servicios de apoyo esenciales entre los agricultores beneficiarios. Aunque FIAN Internacional reconoce los recientes esfuerzos del DRA, esta organización de derechos humanos quiere recordar que todavía miles de agricultores continúan sin tierras y viviendo en la pobreza.

Siga las actualizaciones en torno al proceso en Hacienda Matias a través de @FIANista

Más información sobre el Proceso de Reforma Agraria en Filipinas aquí, o consulte el reciente informe sobre Hacienda Matías. 

Décadas de lucha por la Reforma Agraria

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A pesar de que el Programa Integral de Reforma Agraria (CARP, por sus siglas en inglés) fue creado hace 27 años como una medida de justicia social que podría garantizar el derecho humano a una alimentación adecuada y a la nutrición de millones de personas en las áreas rurales de Filipinas, éste todavía no ha sido implementado en su totalidad. Aunque desde FIAN Internacional y FIAN Filipinas elogiamos las recientes acciones llevadas a cabo por el Departamento de Reforma Agraria (DRA), nos gustaría recordar que se necesita completar con urgencia la efectiva implementación de la reforma agraria para conseguir la justicia social en el país. Continuamos expresando nuestra solidaridad con los agricultores sin tierra, y realizamos un llamamiento para que el gobierno filipino ponga fin a esta larga lucha de décadas por la reforma agraria.

En 1988, el gobierno filipino inició el CARP. No obstante, casi tres décadas después, el acceso a la tierra todavía sigue negándose a multitud de agricultores sin tierra que continúan sufriendo las violaciones y las amenazas de este derecho humano fundamental. La Constitución filipina de 1987 encomendaba al gobierno la puesta en marcha de un programa de reforma agraria substancial y significativa. Filipinas también es uno de los Estados Parte del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pacto que consagra el derecho a una alimentación adecuada. Por lo tanto, se ve doblemente obligado a garantizar el derecho humano a una alimentación adecuada y a la nutrición a través de la efectiva implementación del CARP.

Tras casi tres décadas de lucha, la lucha por la reforma agraria en Filipinas todavía debe completarse. Miles de agricultores todavía continúan sin tierra, siendo las mujeres y los niños los que más sufren el hambre y la pobreza. Muchos de estos agricultores son víctimas del acoso y la intimidación de los terratenientes, y algunos incluso han llegado a pagar con sus vidas la lucha por la tierra. El derecho de los agricultores a una alimentación adecuada se ve constantemente violado, ya que el gobierno filipino está fracasando a la hora de emprender las acciones pertinentes para protegerlo, al no acelerar el proceso de distribución de los terrenos y al no prestar los servicios de apoyo esenciales para los agricultores beneficiarios.

Existen dos casos que demuestran la ineficaz implementación del CARP y la violación a manos del gobierno del derecho de los agricultores a una alimentación adecuada y a la nutrición. 

En Hacienda Matias, el gobierno filipino, hace algo más de una década, erró en la protección del derecho a la tierra de los agricultores beneficiarios, y por lo tanto del derecho a una alimentación adecuada y a la nutrición, en una plantación de coco de 1 716 hectáreas de la Península Bondoc en la provincia Quezon. Aunque 283 de los 500 agricultores beneficiarios recibieron títulos de propiedad en diciembre de 2014, muchos de ellos siguieron sin poder acceder a la hacienda para trabajar la tierra en paz a causa de la fuerte resistencia mostrada por los antiguos propietarios. La acampada realizada durante un mes ante la sede central del DRA en Manila presionó al gobierno para que éste asistiera a los agricultores beneficiarios con el apoyo de la policía y de la armada para que finalmente pudieran acceder a sus tierras. Esto es solo el primer paso, ya que más de 200 agricultores beneficiarios continúan esperando la entrega de sus tierras para así poder alimentarse tanto a sí mismos como a sus familias.

En el segundo caso, la reforma agraria de las 6 453 hectáreas de Hacienda Luisita, en la provincia Tarlac, se encuentra estancada. A día de hoy, la mayoría de los 5 990 agricultores beneficiarios todavía no tenían el control de sus tierras a causa de los contratos informales de arrendamiento, en general de hasta tres años, que habían firmado, obligados por las circunstancias, con el arrendador, en general personas influyentes política y económicamente, a cambio de unos pequeños préstamos anuales con los que sustentarse. El DAR ha fracasado de nuevo a la hora de prestar los servicios esenciales de apoyo económico, como por ejemplo la entrega de semillas, bombas de agua o insumos agrícolas a los beneficiarios, para que estos puedan trabajar sus tierras y alimentar a sus familias sin tener que recurrir a contratos onerosos de arrendamiento. Al mismo tiempo, los beneficiarios que no alquilaron sus terrenos a los arrendadores continúan sin recibir servicios de apoyo.

FIAN Internacional y FIAN Filipinas realizan un llamamiento para que el gobierno filipino garantice el derecho humano a una alimentación adecuada y a la nutrición de los agricultores beneficiarios de la Hacienda Matias acelerando el proceso de distribución de los terrenos a través del estudio de los terrenos de los lotes restantes, distribuyendo los títulos de propiedad de la tierra entre los agricultores beneficiarios y manteniendo la paz sobre el terreno. En Hacienda Luisita se necesita con urgencia una investigación sobre los contratos informales de arrendamiento y la ausencia de servicios de apoyo económicos para los agricultores beneficiarios, para que éstos puedan reclamar sus tierras a los arrendadores para hacerlas productivas.

La reforma agraria no solo queda garantizada en la Constitución filipina. Como hemos apuntado anteriormente, Filipinas también es uno de los Estados Parte del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), pacto que consagra el derecho a una alimentación adecuada. Consecuentemente, el gobierno filipino debe cumplir con este derecho fundamental mediante la implementación del CARP, asegurándose de que los agricultores beneficiarios reciban los terrenos que legalmente les corresponden y prestando los servicios de apoyo necesarios. Estos prerrequisitos son fundamentales para que estas personas puedan alimentarse adecuadamente tanto a sí mismas como a sus familias.

FIAN Internacional y FIAN Filipinas exigen el respeto, la protección y la satisfacción del derecho humano a una alimentación adecuada y a la nutrición a través de la implementación eficaz del CARP.

Sigue viva la lucha por la Reforma Agraria en las Filipinas

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17 de abril 2014 – Heidelberg , Alemania: En un contexto de creciente concentración de tierras, la reforma agraria sigue siendo una medida crucial para hacer frente a la desigual distribución de los recursos naturales y la falta de acceso a la tierra y otros recursos naturales para millones de campesinos y trabajadores agrícolas en todo el mundo, afirma FIAN Internacional en el día mundial de acción y movilización en defensa de las luchas de los agricultores y campesinos el 17 de abril de este año.

Desde 1996, el 17 de abril ha sido declarado el Día Internacional de las Luchas Campesinas por La Vía Campesina en memoria de los 19 campesinos brasileños sin tierra organizados en el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) que fueron masacrados por la policía estatal. Al unirse a este llamado internacional para poner de relieve las luchas de los campesinos que tienen lugar en diferentes partes del mundo, FIAN Internacional destaca hoy el papel de la reforma agraria en este proceso.

La Reforma Agraria se ha empleado en países con una distribución desigual de la tierra como un instrumento del estado para sistemáticamente redistribuir la tierra agraria para el ejercicio del derecho de las personas a una alimentación adecuada. Sin embargo, en muchos países, las políticas de redistribución de tierras se han abandonado o han sido sustituidos por los planes de distribución de tierras impulsadas por el mercado.

En Filipinas, el Programa Integral de Reforma Agraria (CARP – más tarde denominado como CARPER) terminará en junio de este año después de casi dos décadas de implementación. Campesinos sin tierra y trabajadores agrícolas, así como de organizaciones de la sociedad civil en todo el país, movilizan sus esfuerzos para pedir la extensión de la CARP/CARPER ya que los objetivos para la distribución de la tierra no se han cumplido. Los terrenos restantes sólo se distribuirán si previo aviso de distribución de estas tierras se emiten a los beneficiarios antes de junio.

El acceso a la tierra está en el corazón de la reforma agraria, que es indispensable para los campesinos sin tierra y trabajadores agrícolas para garantizar el derecho humano a una alimentación adecuada. Hoy en el Día Internacional de las Luchas Campesinas, FIAN pide al gobierno de Filipinas aplicar plenamente el CARP/CARPER y garantizar el derecho a una alimentación adecuada de los campesinos de la Hacienda Luisita y Hacienda Matías, así como de todos las personas campesinas sin tierras y trabajadoras del campo afectadas en Filipinas cuyo derecho a la alimentación y la tierra sigue siendo amenazado.

La campaña sobre el caso de la Hacienda Luisita en Filipinas llega a su fin el 17 de abril. Firme ahora!

FIAN lanza otra campaña en el caso de Hacienda Matías para crear conciencia sobre la lucha permanente que los agricultores de este país están enfrentando . A través de esta Acción Urgente en Hacienda Matías, FIAN invita a los partidarios de pedir al gobierno de Filipinas para acelerar el proceso de redistribución que puede garantizar el derecho a la alimentación de los aparceros afectados y sus familias y para poner fin al acoso de los inquilinos.

Participe y exija el derecho de los campesinos! Firme la Acción Urgente en Hacienda Matías.

Para leer un resumen completo sobre el proceso de reforma agraria en Filipinas, por favor visite aquí.

Acción Urgente en Filipinas: Derecho a la Alimentación infringido en la Hacienda Matias

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Con motivo del Día Internacional de las Luchas Campesinas, FIAN Internacional hace un llamado para exigirle al gobierno filipino la aceleración del proceso de redistribución de los terrenos de modo que se garantice, por un lado el derecho a la alimentación de los agricultores arrendatarios y sus familias, y por otro el cese del acoso hacia las personas arrendatarias.

Desde el 2004, las personas agricultoras aparceras/arrendatarias de Hacienda Matías han estado exigiendo la distribución de 1.716 hectáreas de tierra bajo el programa de reforma agraria nacional. La reforma agraria, no obstante, todavía no se ha implementado en Hacienda Matías y las personas arrendatarias de los terrenos y sus familias continúan siendo acosadas y sufriendo inseguridad alimentaria. Todo esto es debido a la resistencia del propietario de los terrenos, pero también se debe a retrasos en la Oficina Presidencial, y a la lenta implementación de una evaluación de los terrenos por el Departamento de Reforma Agraria.

Lea la historia completa y firme esta acción urgente ...

FIAN lanza una Acción Urgente sobre la Hacienda Luisita en las Filipinas

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Tras décadas de lucha por la implementación del Programa de Reforma Agraria Integral, las personas agricultoras beneficiarias de Hacienda Luisita por fin consiguieron sus títulos de propiedad con la Adjudicación de los Certificados de Propiedad de los Terrenos por el Departamento de Reforma Agraria en octubre de 2013. Aunque han obtenido los títulos de propiedad, las personas agricultoras beneficiarias todavía no pueden cultivar los terrenos asignados, por lo que no pueden ejercitar su derecho a una alimentación adecuada. Esto se debe en parte a: la lentitud en el proceso de evaluación de los terrenos por el departamento de Reforma Agraria, necesario para identificar los límites de los lotes entregados a las personas agricultoras beneficiarias; la existencia de contratos informales con partes terceras/terratenientes según los cuales las personas beneficiarias han alquilado los terrenos para el cultivo de caña de azúcar; y la falta de medidas de protección social y de servicios de apoyo para convertir los terrenos asignados en terrenos productivos una vez la distribución de las tierras haya concluido.

Lea la historia completa y firme esta acción urgente