Country: Estados Unidos

El acaparamiento global de tierras evidencia la creciente desigualdad de riqueza y la necesidad de reformas

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Extensas parcelas de tierra en el Sur Global están siendo cada vez más adquiridas por inversionistas internacionales y corporaciones ultrarricas, fomentando una creciente desigualdad – parte de una tendencia global de transferencia de riqueza que perjudica a los pobres y a la clase trabajadora.

Un nuevo informe de FIAN International y Focus on the Global South, Los señores de la tierra: terratenientes transnacionales, desigualdad y el imperativo de la redistribución, pone el foco en los diez mayores propietarios transnacionales de tierras del mundo – que controlan 404.457 km², un área del tamaño de Japón.

Esto forma parte de una fiebre mundial por la tierra. Desde el año 2000, corporaciones e inversores financieros han adquirido aproximadamente 65 millones de hectáreas de tierra – el doble del tamaño de Alemania. Hoy en día, el 70 por ciento de las tierras agrícolas globales están controladas por el 1 por ciento de las mayores explotaciones industriales.

Desplazamientos forzados

Esta concentración tiene graves implicaciones para la seguridad alimentaria, amenazando los medios de subsistencia de 2.500 millones de pequeños agricultores y 1.400 millones de las personas más pobres del mundo, la mayoría de las cuales dependen de la agricultura para sobrevivir. También está provocando violencia, desalojos forzosos, destrucción ambiental y contribuyendo al cambio climático.

Prácticamente todos los principales propietarios globales de tierras han sido implicados en informes sobre desplazamientos forzados, destrucción ambiental y violencia contra las comunidades.

Uno de los principales actores es el fondo de pensiones estadounidense TIAA, que ha adquirido decenas de miles de hectáreas en la región del Cerrado brasileño, una de las áreas con mayor biodiversidad del mundo. En el Cerrado, aproximadamente la mitad de la tierra ha sido convertida en plantaciones de árboles, grandes monocultivos agroindustriales y pastos para la producción ganadera  – en medio de informes sobre acaparamientos violentos de tierras, deforestación y destrucción ambiental que ya muestran signos de impacto en el clima.

TIAA casi cuadruplicó sus propiedades de tierras entre 2012 y 2023, pasando de 328.200 hectáreas a 1,2 millones de hectáreas.

Desigualdad

La concentración de tierras tiene consecuencias para el mundo entero. El hecho de que vastas extensiones de tierra en diferentes jurisdicciones estatales sean controladas por corporaciones distantes socava la soberanía estatal y la autodeterminación de los pueblos.

El monocultivo industrial a gran escala, a menudo llevado a cabo en estas tierras, es un importante motor del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la destrucción de ecosistemas, impidiendo transiciones justas hacia sistemas alimentarios y modelos económicos más equitativos y sostenibles.

Esto forma parte de una tendencia global de creciente desigualdad y concentración de la riqueza. Desde mediados de la década de 1990, el 1% más rico de la población mundial ha capturado el 38% de toda la riqueza adicional acumulada, mientras que el 50% más pobre ha recibido solo el 2%. Se estima que 3.600 millones de personas, o el 44% de la población mundial, viven ahora con menos de 6,85 dólares estadounidenses al día, un nivel que impide una vida digna.

Dado que el acaparamiento de tierras está impulsado en gran medida por el capital global y la acumulación de tierras a través de diferentes jurisdicciones por parte de corporaciones transnacionales y entidades financieras, la cooperación internacional es esencial. La próxima segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20) en Colombia a principios del próximo año ofrece una oportunidad crítica para que los gobiernos acuerden medidas que pongan fin al acaparamiento de tierras, reviertan la concentración de tierras y aseguren una distribución amplia y sostenible de los recursos naturales.

En un mundo que enfrenta crisis interconectadas – colapso climático, inseguridad alimentaria, pobreza persistente y desigualdad social – y una reconfiguración del equilibrio de poder global, existe una oportunidad para alejarse de las políticas neoliberales que han beneficiado a muy pocos, y crear un futuro global más justo y sostenible para todas y todos.

Para más información o entrevistas con medios, por favor contacte a Philip Seufert seufert@fian.org o Amanda Cordova-Gonzales cordova-gonzales@fian.org

La Transición hacia sistemas alimentarios libres de pesticidas: Las luchas y la imaginación de los pueblos

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Los pesticidas están provocando una catástrofe mundial de derechos humanos y medioambiental.
Se estima que son responsables de unas 200 000 muertes por intoxicación
aguda cada año. La exposición a largo plazo puede llevar a diagnósticos crónicos
como cáncer, defectos de nacimiento y daños reproductivos, y anomalías en los sistemas
neurológico, de desarrollo e inmunológico. La escorrentía de los pesticidas aplicados
a los cultivos contamina con frecuencia el ecosistema circundante y más allá,
con consecuencias ecológicas nocivas que exacerban la pérdida de biodiversidad. Los
pesticidas también pueden dañar la biodiversidad de los suelos, lo que puede acarrear
grandes descensos del rendimiento de los cultivos, y plantear con ello problemas
para la seguridad alimentaria.

El estudio de FIAN investiga cómo están realizando los países la transición hacia la
agroecología y sistemas alimentarios libres de pesticidas. A través del examen de los
casos de la India, el Brasil, la Argentina, Francia, España, Italia y los Estados Unidos
(EE.UU.), el estudio de FIAN proporciona un diagnóstico claro de los problemas de derechos
humanos y medioambientales derivados de los pesticidas. Al fundamentar su
análisis en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos
y de otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, FIAN identifica claramente
las oportunidades y los puntos fuertes que ofrece el marco de derechos humanos en
lo que respecta a la transición hacia el abandono de los agrotóxicos. Al final, el trabajo
de FIAN proporciona los cimientos para que los movimientos de base, los gobiernos
locales y estatales y la comunidad internacional creen sociedades libres de pesticidas
que puedan defender el derecho a un medio ambiente libre de sustancias tóxicas para
todas las personas.

Ver el estudio LA TRANSICIÓN HACIA SISTEMAS ALIMENTARIOS LIBRES DE PESTICIDAS: LAS LUCHAS Y LA IMAGINACIÓN DE LOS PUEBLOS

 

Estados Unido sale del HRC mientras viola los derechos humanos en sus fronteras

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El anuncio hecho esta semana por la embajadora estadounidense para las Naciones Unidas, Nikki Haley, por el que el Estados Unidos abandona el Consejo de Derechos Humanos (HRC), llega como un jarro de agua fría para la comunidad internacional. Setenta años después de su aprobación por la entonces primera dama Eleanor Roosvelt, Estados Unidos manda un claro mensaje sobre el lugar que ocupan actualmente los derechos humanos y la dignidad entre las prioridades del país.

En un momento en el que las instituciones de derechos humanos y sus defensores y defensoras están bajo ataque, es necesario aumentar el compromiso, en lugar de retirarse. Este movimiento sienta un peligroso precedente, perjudicando aún más el cumplimiento de las obligaciones que los estados tienen hacia la comunidad internacional en materia de derechos humanos.

Bloqueo de avances internacionales

Estados Unidos no cuenta particularmente con un fuerte historial en cuanto al impulso de los derechos humanos, tanto a nivel internacional como en su propio país. De hecho, es uno de los pocos países que se ha opuesto firmemente contra la ratificación o implementación de cualquier derecho humano internacional en su propia estructura legal. Más concretamente, para Estados Unidos, el derecho a la alimentación, un derecho básico para la supervivencia de cualquier ser humano, no es una “obligación vinculante”. En los espacios internacionales, como en varios de los procesos en Ginebra y durante el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en Roma, el posicionamiento del país en cuanto al derecho a la alimentación ha sido el de bloquear cualquier avance, además de amenazar a los espacios multilaterales en los que se hacen oír aquellos y aquellas que sufren el impacto del hambre y la malnutrición.

Con esta decisión, el futuro de la financiación pública de la ONU está en riesgo. Estados Unidos ya redujo significativamente su contribución financiera anual a la ONU, impactando en varias agencias y procesos, mas concretamente sobre la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), la que hasta ahora ha sido el apoyo principal de más de 5 millones de refugiados palestinos en los Territorios Ocupados, Jordania, Líbano y Siria.

Inseguridad alimentaria dentro de sus fronteras

Además de los crecientes abusos y violaciones llevados a cabo en el país, como resultado de la tolerada brutalidad policial, racismo, violencia y abusos contra inmigrantes adultos y menores, la actual administración ha presentado una propuesta para cortar el apoyo estatal a los programas de alimentos (incluyendo el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria o SNAP, la conocido cartilla de alimentos), que pondrá fin o cortará los beneficios que recibe un sustancial número de personas con bajos ingresos.

En una situación en la que cerca de 41 millones de personas sufre inseguridad alimentaria en Estados Unidos, casi 5 millones más que en 2008, este movimiento es una clara señal de que la dignidad y protección humana no están entre los puntos más importantes de la lista de tareas del país.

Seguimos adelante, sin Estados Unidos

Actualmente, en un momento en el que las instituciones son cada vez más débiles y las corporaciones están adquiriendo un poder desproporcionado, es fundamental que los estados apuesten por un multilateralismo incluyente, que tenga como objetivo proteger a las personas y no a los negocios. El HRC tiene aún mucho que mejorar, y los procesos en curso, como la Declaración de Derechos Humanos de los Campesinos y el Tratado sobre Empresas Transnacionales y otras empresas, son su oportunidad para reafirmar el papel de la ONU y garantizar que se traten los problemas de los y las que sufren la marginación en el mundo. 

Para cuestiones relacionadas con los medios, por favor, contacta con  delrey[at]fian.org  

 

No hay derecho a la alimentación sin derechos de las mujeres

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Aunque se viene exigiendo la inclusión de una perspectiva de género y de los derechos de la mujer en el área de la seguridad alimentaria y nutricional, la situación de hambre y malnutrición que sufren muchas mujeres y niñas sigue sin mejorar. Estos grupos de población se muestran particularmente vulnerables ante el modelo económico y de desarrollo dominante, modelo explotador de las personas y los recursos naturales que coexiste con las políticas y prácticas patriarcales. Ante las actuales tendencias en la gobernanza internacional, con las que se continúa debilitando la capacidad de los Estados para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, las mujeres siguen sin poder disfrutar de sus derechos en igualdad, y se les sigue negando una vida digna. 

En este evento, activistas de los derechos de las mujeres de todo el mundo se reunirán con la Relatora Especial sobre el Derecho a la Alimentación para debatir unas estrategias comunes que permitan que los titulares de obligaciones tengan que rendir cuentas en función de sus responsabilidades. Se presentará un concepto de derecho a la alimentación en el que la mujer no sea simplemente reducida a su papel en relación con los hijos, las familias y las comunidades, sino que se promoverá una visión que considera que la realización de los derechos de las mujeres es un fin en sí mismo. 

Las participantes, provenientes desde Guatemala, India, España, Togo y EEUU, ahondarán en las causas fundamentales del hambre y la malnutrición, en un mundo en el que las políticas tanto nacionales como internacionales parecen mantener los ciclos de pobreza y aumentar las desigualdades. Éstas prestarán su voz a las mujeres del campo y de la ciudad que alrededor del mundo están sintiendo los impactos de la restructuración económica, de la migración, de un desarrollo desregulado y no sostenible, y del cambio climático, los cuales acarrean unas graves repercusiones sobre su derecho humano a una alimentación adecuada y a la nutrición.
El evento, organizado por una larga lista de grupos de la sociedad civil y copatrocinado por diversos países, se desarrollará entre las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el centro internacional en materia de desarrollo de políticas, el Palacio de las Naciones, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Si desea obtener una mayor información, por favor, consulte el folleto.
Para registrarse, por favor, contacte con fyfe[@]fian.org y/o vaya a la página del evento.

94 Miembros de la Cámara de Representantes expresan su preocupación por la situación de los Derechos Humanos en el Bajo Aguán, Honduras

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FIAN da la bienvenida a la carta enviada por los miembros de la Cámara de Representantes, con fecha 9 de marzo, a la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, en la que comunican su preocupación por las graves violaciones de derechos humanos en el caso del conflicto agrario del valle del Bajo Aguán, en Honduras, en el que se han cometido incontables violaciones del derecho humano a la alimentación, así como asesinatos y la persecución de miembros de las organizaciones campesinas.

Invitados por el Latin America Working Group and Rights Action, defensores de derechos humanos de Honduras y FIAN llamaron la atención del Congreso estadounidense hacia este caso en octubre de 2011.

Noventa y cuatro miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, uno de los dos órganos que componen el Congreso, enviaron una carta a la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, para manifestar su preocupación por las violaciones de derechos humanos en Honduras, donde los defensores, periodistas, líderes de la comunidad y activistas de la oposición están sujetos a amenazas de muerte, ataques y ejecuciones extrajudiciales. Según la carta, «en la región del Bajo Aguán, desde 2009, fueron asesinadas cuarenta y cinco personas asociadas a organizaciones de campesinos que trabajan por la resolución de los continuados conflictos, además de siete guardias de seguridad, un policía, un periodista y su socio, y otras tres personas más. Largos conflictos sobre tierras subyacen la violencia, y los testigos han denunciado que los guardias de seguridad privada a cargo de estas polémicas tierras son los perpetuadores de muchos de estos crímenes.»

La carta pide a este Departamento de Estado que «suspenda la ayuda de Estados Unidos destinada al ejército y a la policía hondureños, dadas las creíbles alegaciones que hablan de violaciones graves y generalizadas de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.»

La carta también pide al Departamento de Estado que continúe con sus esfuerzos de presión sobre  el Gobierno hondureño para que proteja los derechos humanos fundamentales de sus ciudadanos/-as y para que investigue y procese los abusos en la región del Bajo Aguán y en todo el país, comunicando el estado específico de cada caso, y responsabilizando a las compañías privadas de seguridad que actuaron con impunidad.

Además, el Gobierno hondureño debería cumplir con los acuerdos ya firmados con las asociaciones campesinas que tratan los conflictos por tierras en el Bajo Aguán, y procurar soluciones al problema de falta de acceso a tierras y medios de subsistencia que son la raíz de de este conflicto.

FIAN ha trabajado en el caso del Bajo Aguán durante 10 años, con organizaciones campesinas de Honduras y otras organizaciones e individualidades que apoyan el caso. Este trabajo ha constado de misiones investigadoras en conjunto con otras redes internacionales, talleres de capacitación, campañas de acción urgente, informes de la situación dirigidos a la Unión Europea, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los órganos de derechos humanos de la ONU, entre otros. En varias ocasiones, FIAN ha instado al Gobierno hondureño, como Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a investigar los abusos sobre los campesinos/-as y a compensar la pérdida de medios de subsistencia, cumpliendo así con su obligaciones de respetar, promover y garantizar los derechos humanos, y en particular el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, a la vivienda, la salud y la educación, y el derecho a la integridad personal.

Lea la carta abajo