Las autoridades senegalesas han desposeído a cientos de agricultores en el oeste de Senegal para dar paso a la minería de fosfatos y extracción de minerales por parte de la empresa hispano-senegalesa SEPHOS y la compañía franco-senegalesa Grande Côte Opérations (GCO).
Estas empresas – y las autoridades que les otorgaron permisos para extraer fosfatos, circón, ilmenita y otros minerales – han violado los derechos humanos de las comunidades locales en Koudiadiène, Lam-Lam, Pambal así como en Diogo y áreas circundantes, incluyendo el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas, el derecho a la tierra, el derecho a un ambiente saludable, limpio y sostenible, el derecho a la salud y el derecho al agua, según un nuevo informe de FIAN International.
Aunque la mayoría de las comunidades en el Senegal rural tienen acceso a la tierra según derechos consuetudinarios tradicionales, en lugar de títulos formales de propiedad, el informe destaca una falta de reconocimiento legal de esta práctica. Esto deja a los campesinos y comunidades rurales desprotegidos cuando las autoridades otorgan concesiones mineras a empresas nacionales o extranjeras.
«Koudiadiène está en la reserva de minería de fosfatos. Este material está bajo nuestros pies y si el estado lo necesita, la población tendrá que mudarse,» lamentó un miembro de la comunidad de Koudiadiène.
Además, el nivel de compensación ofrecido por la pérdida de tierra ha sido irrisorio o inexistente, empujando a muchas personas afectadas hacia la pobreza extrema.
«Antes, estábamos cómodos y teníamos suficiente para comer. Las mujeres ayudaban con las tareas agrícolas. Los ingresos de las cosechas nos permitían comer bien y cubrir todos nuestros otros gastos. Desde que nos quitaron nuestro campo, no trabajo y me quedo en casa,» dijo Ndeye Ndiaye, una víctima del acaparamiento de tierras de Diogo.
«Mis hijos no tienen suficiente para comer. A menudo les pido dinero a los vecinos para pagar la atención médica de los niños. Estamos cansados. Necesitamos ayuda,» añadió.
Las comunidades afectadas no fueron informadas sobre las operaciones mineras con anticipación, a pesar del impacto devastador que ha tenido desde entonces en sus cultivos y salud.
«Los campesinos ni siquiera son notificados a tiempo de la intervención de las máquinas en sus campos… miembros de la comunidad con campos cerca de la mina han perdido todo debido al polvo que se asienta en sus cultivos,» explicó Armand Gondet Dione, un defensor de derechos humanos de Pambal.
«Los campos se han vuelto inadecuados para el cultivo. Los árboles se han secado y muerto antes de que pudieran siquiera ser inventariados. Las áreas de pastoreo están desapareciendo, la flora y fauna están muriendo, la sequía y la erosión están empeorando.»
Tanto SEPHOS, que se dedica a la minería de fosfatos, como GCO, que extrae circón, ilmenita, rutilo y leucoxeno, tienen empresas matrices o activos principales respectivamente en España y Francia.
Mientras que Senegal claramente ha violado sus obligaciones bajo el derecho internacional de derechos humanos y las leyes nacionales, España y Francia también están obligados según el derecho internacional de derechos humanos a tomar medidas para asegurar que las empresas mineras con sede en su territorio no socaven el derecho a la alimentación y otros derechos relacionados en Senegal. Esta obligación también requiere que los estados sancionen a estos actores en caso de abuso, y proporcionen recursos a los afectados por estas empresas, especialmente a través de sus tribunales nacionales y remedios adecuados.
España y Francia deben asumir la responsabilidad por las vidas destruidas por sus empresas y tomar acción sin demora.
Para más información, favor contactar a Valentin Hategekimana hategekimana@fian.org o Tom Sullivan sullivan@fian.org
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