El objetivo de este documento de FIAN Ecuador es aportar argumentos desde el DHANA y los Derechos Campesinos, que permitan la construcción de políticas públicas que apunten hacia una transición a un Ecuador libre de agrotóxicos.
Esta publicacioón es la primera de la Serie “Derechos Campesinos”, la cual pretende hacer lecturas politicas en el área rural a la luz de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos, campesinas y de otras personas que trabajan en las zonas rurales.
FIAN internacional se solidariza con cientos de movimientos sociales y grupos de sociedad civil de todo el mundo en un llamado a la aprobación de un tratado vinculante que cuente con la suficiente capacidad para proteger a las comunidades campesinas, pequeños grupos de agricultores/as, indígenas y comunidades que no cuentan con los recursos necesarios para defender sus vidas, salud y subsistencia frente a la amenaza corporativa.
“Existen demasiadas lagunas en la legislación internacional que permiten la impunidad de las corporaciones y que contribuyen o tienen un serio impacto sobre los derechos humanos. Tras siete años de conversaciones, los gobiernos han de permanecer firmes del lado de las comunidades afectadas y hacer avanzar estas negociaciones, teniendo en cuenta la urgente necesidad de soluciones a nivel global”, ha dicho la representante permanente de FIAN Internacional en la ONU Ana María Suarez Franco.
No existe actualmente ningún marco legal vinculante global que regule las actividades y la cadena de valor de las compañías transnacionales de minería, agroindustria y otros negocios con un atroz historial de abusos contra los derechos humanos. Esto resulta parcialmente problemático en los países ricos del hemisferio sur que cuentan con la protección legal más débil. En estos casos, las compañías se permiten argumentar que no están rompiendo ninguna legislación local o internacional cuando fuerzan a las comunidades a salir de sus tierras, contaminan el aire de sus entornos e incluso ocasionan la pérdida de vidas.
Directrices voluntarias como los Principios Rectores de la ONU sobre derechos humanos y empresas o legislaciones nacionales como la ley francesa sobre el deber de vigilancia de las corporaciones transnacionales no son suficiente para proteger a las comunidades y el medioambiente frente a las corporaciones sin escrúpulos. Como han demostrado recientes casos destacados como el desplazamiento masivo de las comunidades de Uganda por el gigante petrolero francés Total, el desastre de la presa Brumadinho en Brasil y el acaparamiento de tierras llevado a cabo por POSCO en India, resulta imprescindible el establecimiento de un robusto paquete de reglas vinculantes que garantice los derechos humanos de las personas y los priorice frente a los intereses económicos.
“El establecimiento de un tratado internacional para las corporaciones transnacionales y otras empresas de negocios resulta imprescindible para gobernar las actuales economías globalizadas”, ha dicho Ana María Suarez Franco. “Un marco legal igualitario resolverá las lagunas en asuntos de protección, permitiendo a las personas un mejor acceso a la justicia y exigiendo a las compañías responsabilidades por el impacto de sus acciones sobre los derechos humanos y el medioambiente”, ha añadido.
Tras el fracasado intento por frenar el creciente poder de la agroindustria de la Cumbre de la ONU sobre los Sistemas Alimentarios del mes pasado en Roma, resulta más importante que nunca aprovechar esta oportunidad frente a la ONU en Ginebra entre el 25 y el 29 de octubre.
No ha de permitirse que los intereses corporativos, o los intentos de los estados por defender a estos a expensas de las personas, secuestren el Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta por un tratado vinculante para las empresas transnacionales y otras empresas comerciales con respecto a los derechos humanos (GTA), como ya ha sucedido en el pasado con iniciativas similares.
Esto supondría la pérdida de una gran oportunidad para las comunidades en la lucha contra los abusos a los derechos humanos en todo el mundo y dentro del sistema de la ONU.
Brasilia 28 de abril. Las secciones latinoamericanas de FIAN Internacional, presentaron ayer en un concurrido evento en línea el informe Agrotóxicos en América Latina: violaciones del derecho a una alimentación y a la nutrición adecuadas.
Con 108 páginas, la publicación recoge datos e informes sobre los impactos de estas sustancias en ocho países de América Latina y el Caribe: Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador, Honduras, Guatemala, México y Haití.
El mismo demuestra cómo los pesticidas afectan a la salud humana y al medio ambiente, impidiendo la plena realización del derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas. Igualmente identifica un patrón en la estrategia de las empresas en la región, que se basa en la captura corporativa de las instituciones y los territorios.
El lanzamiento contó con más de 700 participantes en línea. Durante el mismo Juan Carlos Morales González, de FIAN Colombia, y el investigador Leonardo Melgarejo presentaron las principales conclusiones del informe. Comunidades afectadas en Brasil, Haití y Paraguay expusieron sus testimonios sobre los devastadores impactos de los agrotóxicos en la destrucción de sus medios de vida. Posteriormente la geógrafa Larissa Bombardi, autora del atlas Geografía del Uso de Plaguicidas en Brasil y Conexiones con la Unión Europea, y el Relator Especial de la ONU para Sustancias Tóxicas y Peligrosas, Marcos Orellana analizaron los resultados del informe y expusieron sus puntos de vista al respecto. En su intervención el relator Orellana expresó:
“La contaminación legalizada no justifica la violación de derechos…se deben eliminar las sustancias peligrosas”. Igualmente resaltó como “hay responsabilidades compartidas de los países exportadores e importadores…los Estados tienen una obligación de prevención de la exposición a substancias tóxicas que se basa en los derechos humanos”
Para dar seguimiento a este trabajo, próximamente FIAN Internacional entregará una denuncia a los relatores especiales competentes de Naciones Unidas sobre el caso brasileño presentado durante el evento, en el que se utilizó la fumigación aérea como arma para desalojar a los trabajadores rurales del área en litigio de una zona rural en disputa en Pernambuco.
El 5 de mayo, el informe tendrá otro momento de difusión mundial: un seminario en línea en el que FIAN Internacional presentará los resultados de un estudio sobre experiencias de transición hacia comunidades y sistemas alimentarios libres de pesticidas.
Compruebe cómo se desarrolló el debate y acceda a la publicación en portugués, español o inglés.
Para más información puede ponerse en contacto con: Ana María Suárez Franco Suarez-franco@fian.org
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En el mes de mayo el estado ecuatoriano será evaluado en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos por los 56 países que conforman el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas. La sociedad civil en el país ha aportado un total de 18 contribuciones escritas, incluyendo la de FIAN Ecuador tratando diversos temas relacionados con el derecho a la alimentación. Entre estos, la sección apunta la discriminación en la distribución de ayuda durante el terremoto en la costa ecuatoriana y violaciones por causa de los desalojos forzosos a pueblos campesinos e indígenas, como el caso de la Asociación de Montubios* del cantón Colimes (ASOMAC). El desalojo forzoso de ASOMAC evidencia el impacto de los desalojos así como el mal manejo de la redistribución de la tierra. Según datos de la Encuesta sobre condiciones de vida emitida por el Instituto de Estadísticas y Censos del año 2014, el 81,9% de los hogares dedicados a actividades agrícolas no son propietarios de las tierras y solo el 3,2% han obtenido la tierra mediante adjudicación Estatal. La delegación contará con la participación de la sección ecuatoriana de FIAN, así como la del Presidente de ASOMAC, Carlos Carpio. Esta asistirá a diferentes reuniones con relatorías de Naciones Unidas, delegaciones de las misiones diplomáticas de los países que conforman el CDH, así como con organizaciones de derechos humanos en Berlin y Estocolmo. Además, formará parte del panel durante el Foro “Realidades de los derechos humanos para los/las campesinos/as y los pueblos indígenas en Brasil y en Ecuador” en Ginebra. Como punto importante, la delegación se reunirá con la misión permanente de Ecuador en Ginebra para destacar el trabajo que Ecuador está llevando a cabo en las negociaciones para un tratado sobre compañías transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. Es de esperar que dicho trabajo continúe con el presidente recién electo el pasado domingo. Para más información sobre la gira, contactar: Representación de FIAN Internacional para las Naciones Unidas en Ginebra: Suarez-Franco[at]fian.org FIAN Ecuador: vera[at]fianecuador.org.ec FIAN Alemania: A.Abascal[at]fian.de FIAN Suecia: rebecka.jalvemyr[at]fian.se Para trabajo de prensa, contactar: FIAN Ecuador: vera[at]fianecuador.org.ec and FIAN International: delrey[at]fian.org Agenda de la gira europea 03-07 abril- Ginebra, Suiza 07 – 09 abril – Berlín, Alemania 09 – 13 abril – Estocolmo, Suecia NOTAS A LOS EDITORES/AS:
El pasado lunes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó la sorprendente noticia sobre su crisis financiera. La Comisión anunció que tendrá que prescindir del 40 por ciento de su plantilla a partir de julio. Al mismo tiempo, los periodos de sesiones 159 y 160 serán suspendidos a menos que se reciban fondos o donaciones antes del 15 de junio. Estos importantes cambios tendrán un grave impacto sobre la capacidad de la Comisión para cumplir con su mandato y seguir desempeñando sus funciones básicas, lo que pone en riesgo la protección de los derechos humanos de las mil millones de personas que habitan en las Américas. En respuesta a esta situación, diversas ONG de todo el mundo han publicado una carta abierta en la que solicitan a todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se tomen las medidas necesarias que puedan asegurar con urgencia una financiación adecuada de la CIDH. FIAN Internacional quiere recordar que el Sistema de Derechos Humanos Interamericano es fruto de la lucha del pueblo. Fueron los pueblos de las Américas los que delegaron su soberanía en los Estados, para que éstos crearan un sistema que asegurara su protección frente a los abusos y las injusticias. Por lo tanto, los Estados miembros de la OEA están obligados a asegurar una financiación sostenida de la Comisión, para que ésta pueda mantenerse en pleno funcionamiento como último recurso frente a las violaciones de los derechos fundamentales en el continente americano, y como referencia internacional por los grandes esfuerzos realizados en la protección de los miles de personas y comunidades afectadas. Pueden leer la carta abierta aquí. Como parte de las organizaciones que apoyan al II Congreso por la Tierra, Territorios y Soberanía Alimentaria de los Pueblos, que se lleva a cabo el miércoles 10 de diciembre, FIAN Ecuador presenta su análisis de una nueva ley de tierras desde una perspectiva de Derechos Humanos. Este análisis está basado, entre otros, en las Directrices sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el contexto nacional de la seguridad alimentaria nacional, instrumento aprobado hace dos años en el seno del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, luego de un amplio proceso de debate y negociación que incluyó la participación de las organizaciones y movimientos sociales agrupadas en el Comité Internacional de Planificación por la Soberanía Alimentaria (CIP). Luego de haberse mantenido estancado por años, la Asamblea Nacional de Ecuador, ha retomado este año el proceso hacia la aprobación de una nueva legislación de tierras, tal cual lo establecía el mandato de la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria (LORSA). Más allá de las irregularidades observadas en el proceso de elaboración de este instrumento, el análisis de FIAN Ecuador brinda unos lineamientos generales para avanzar hacia el reconocimiento de la tierra como un derecho humano a la luz de la Constitución y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. El señor Milton Yulán, asesor jurídico de la Unión Tierra y Vida y miembro del Comité Ejecutivo de FIAN Internacional, abordará elementos del análisis durante su exposición en el panel «Debate sobre el proyecto de la Ley de Tierras y Territorios Ancestrales». Para más información, contactar a: Mario Macías – Responsable del Programa Tierras y Territorios de FIAN Ecuador. Comunicado de prensa original: FIAN Ecuador Kimsakocha significa tres lagunas en la lengua quechua de los pueblos indígenas y depósitos de metales se encuentran en medio de una fuente de agua que abastece a más de 30.000 campesinos. Ya por varios años, la empresa minera (IAMGOLD en primer lugar – en la que el Fondo de Pensiones Sueca tenía millones de dolares invertidos para finales del 2013 – , y después la filial Metales INV) exploró el área en la que Miriam Chuchuca vive. A pesar de que la exploración ha sido favorable y espera extraer grandes cantidades de oro en los próximos años, esta pone en peligro el acceso de los campesinos y campesinas al agua y los alimentos, y miles de personas tendrán que desplazarse de sus tierras si la compañía envenena el agua o se secan las lagunas en Kimsakocha. Las víctimas son defensores y defensoras de los derechos humanos que están siendo oprimidos por las leyes regresivas que permiten a las autoridades a detener a las personas que participan en las protestas. No ha sido fácil para las mujeres desde el inicio de la lucha, ya que estas han sido sometidos a la opresión. Miriam Chuchuca, al igual que otras mujeres en Kimsacocha que son la base de la lucha, es una de las mujeres valientes que ha sacado esta lucha adelante. «Hemos protestado y luchado. La policía nos ha golpeado y disparado gases lacrimógenos contra nosotras. Cuando protestamos en contra de la ley de minería era casi como una guerra. Era la guerra.», dice Miriam. La criminalización de las protestas sociales ha fragmentado las luchas campesinas y debilitado las iniciativas económicas y de solidaridad para la lucha de las mujeres. Ahora las mujeres no se atreven a arriesgar días en la cárcel porque eso significa que tendrían que estar fuera de casa, y lejos de los hijos e hijas y los animales. Por otra parte, el Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC ) ha dirigido duras críticas contra Ecuador e instó al gobierno a respetar la voluntad y los derechos de la población local. Para obtener más información o si desea una entrevista, por favor póngase en contacto con Rebecka Jalvemyr. FIAN ha trabajado de diversas maneras con el caso Kimsakocha , tanto en Suecia con » AP- fonderna » , la campaña sueca Nacional de Fondos de Pensiones , como también en Ecuador , con el apoyo de los defensores de los derechos humanos que levantaron el caso a nivel internacional ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la ONU en Ginebra. Hoy en Berlín se llevará a cabo un evento en el que el abogado y especialista agrícola Milton Yulán llamará la atención sobre la política de tierras del actual gobierno en Ecuador, representando el actual debate entre los sectores indígenas y pequeños agricultores para nueva propuesta legislativa, y en donde se discutirá sobre los diferentes mecanismos de criminalización de este país. La innovadora Constitución de Ecuador de 2008 y la adopción de leyes sobre la soberanía alimentaria (2009) y el «Plan de Tierras» (2009) han aumentado las esperanzas de una distribución más equitativa de la tierra por parte de los grupos indígenas y los pequeños agricultores en este país. Sin embargo, el progreso real en términos de distribución de la tierra y la reforma agraria son decepcionantes. El gobierno actual tiene una nueva propuesta legislativa («La Ley Orgánica de Tierras Rurales Productivas») sin la participación social o la consulta previa, que genera en la actualidad un debate polémico en Ecuador. Además, la propuesta no parece incluir las principales demandas históricas de los movimientos sociales o la aplicación de una serie de derechos humanos. El abogado Yulán también abordará las preguntas acerca de los objetivos que estas leyes incluyen y si son o no son coherentes con los principios de ‘El Buen Vivir’ y los requisitos para la soberanía alimentaria ya consagrados en la Constitución de Ecuador. Por otra parte, la discusión se examinará en el contexto de las políticas neoextractivas del gobierno de Rafael Correa y la firma del Tratado de Libre Comercio de Ecuador con la Unión Europea. Milton Yulán es un abogado ecuatoriano para la organización de los agricultores de la Unión Tierra y Vida y miembro de FIAN Ecuador. La Asociación de Montubios Autónoma de Colimes (ASOMAC) desde el 2004 realiza el trámite de expropiación y posesión de la tierra en la cual se ha levantado infraestructura como nivelación del suelo, sistema de riego, todo esto en aproximadamente 150 hectáreas, sin embargo de acuerdo al expediente administrativo No. 07-ADM-2014 de la Dirección Distrital Guayaquil de la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria (SSTRA) se ordenó el desalojo de 44 familias montubias, poniéndolas en riesgo y peligro de perder todo lo que han logrado durante estos 10 años de trabajo, por lo que los campesinos de ASOMAC solicitan se realice una inspección real, que verifique dentro del área del predio quienes son los que realmente viven y trabajan la tierra, y que sea descartado el desalojo. Ver comunicado de prensa de FIAN Ecuador
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La realidad indígena y campesina ecuatoriana llega a Europa
Mil millones de personas dependen del adecuado funcionamiento de la CIDH
Proyecto de Ley de Tierras y Territorios Ancestrales se debate en Ecuador
Lea el Informe del Análisis abajo:
Defensora de derechos humanos ecuatoriana visita Suecia
El tour en Suecia incluye los siguientes eventos principales:
Reunión en Berlín discute las políticas de tierras en Ecuador
Para mayor información
Lea el «Informe Monitoreo de Políticas de Tierras y el Derecho a la Alimentación en Ecuador 2013»
Pueblo montubio del cantón Colimes en riesgo por orden de desalojo
Ver la carta abierta
