Country: Colombia

Cajamarca es considerada como la “despensa agrícola” de Colombia, debido a su histórico protagonismo en la producción agrícola del país. Sus comunidades rurales son considerads guardianes de los páramos andinos, ecosistemas fundamentales para el suministro de agua de varias ciudades con millones de habitantes. 

Desde 2007, los esfuerzos para instalar “La Colosa”, una operación minera a cielo abierto a gran escala (se esperan 30 toneladas de oro por año) en un territorio tradicionalmente habitado por campesinos, amenaza con transformar irreversiblemente la orientación económica, social y cultural de la región en perjuicio de su gente. El riego y suministro de agua de unas 2.400 familias se verían directamente afectados por el proyecto.

El proyecto La Colosa provocó una fuerte oposición de la comunidad. En 2017, las organizaciones locales convocaron con éxito un mecanismo de referéndum constitucional vinculante (consulta popular), que resultó en un rotundo “No” a la mina (97,92 % de los votos).  

“Considerábamos que con la consulta el Estado iba a tener claro que en Cajamarca no se acepta el proyecto minero, que queremos seguir siendo campesinos, queremos seguir teniendo derecho a la vida digna, al medio ambiente sano, a nuestra autonomía como campesinos y comunidades rurales”, dice Robinson Mejia, del Comité Ambiental de Cajamarca y Anaime  

Desde entonces, la empresa y el pasado gobierno han buscado activamente socavar la legitimidad del referéndum para hacer avanzar el proyecto presentando una serie de demandas. Además, la consulta sólo detuvo a La Colosa, mientras el Ministerio de Minas y Energía de la gestión anterior siguió otorgando una gran cantidad de nuevas licencias a empresas mineras en la zona: en 2008 estas licencias cubrían alrededor del 70% del territorio total y actualmente cubren casi el 30%. 

Comunidad busca apoyo de la ONU 

La legislación colombiana sobre derechos territoriales distingue entre el derecho al suelo, que puede ser privado; y al subsuelo, que pertenece al Estado, incluso estando bajo terrenos privados. Esto implica que puede ser concesionado, impactando directamente en el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria de sus habitantes. El mecanismo de referéndum invocado por la comunidad fue un intento de proteger tanto el suelo como el subsuelo y evitar un desastre social, ambiental, económico y cultural. 

“Es un total atropello a los ciudadanos colombianos, que el gobierno pasado se saltó todos los derechos establecidos en la constitución para imponer algo que no estamos de acuerdo y no aceptamos en nuestro territorio. Tenemos miedo y desconcierto porque en realidad no sabemos a dónde nos va a llegar esta situación”, dice Robinson Mejia, del Comité Ambiental de Cajamarca y Anaime  

La comunidad y sus aliados exigen a las autoridades colombianas que adopten medidas para que las decisiones mineras no se basen en el llamado “potencial minero energético” de los territorios. Están buscando el apoyo del Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación para plantear estas preocupaciones al gobierno colombiano y AngloGold Ashanti, e insisten en la plena consideración del derecho a la alimentación, de las comunidades campesinas y de la participación en la toma de decisiones con respecto a Inversiones económicas y prioridades en Cajamarca.   

Adicionalmente, hacen las siguientes recomendaciones a las autoridades colombianas: 

• Buscar vías legales para desestimar los contratos de concesión minera, en respeto al resultado del referendum, que establece la prohibición de la minería en Cajamarca. 
• Adoptar medidas de reparación para las comunidades campesinas afectadas por la fase de exploración del proyecto minero La Colosa. 
• Apoyar activamente el proceso hacia un Tratado Vinculante sobre las corporaciones transnacionales y otras empresas por el respeto a los derechos humanos, reflejando las demandas de las comunidades amenazadas y afectadas en las negociaciones del tratado, y tomando en cuenta las lecciones aprendidas en el caso de La Colosa.  

Algunas de estas demandas podrían ser satisfechas bajo la ley colombiana existente, pero hay poco acceso a la justicia para las personas afectadas por las actividades de las empresas transnacionales allí en donde las empresas controladoras tienen su sede, o tienen sus activos, ya que no existe un marco legal global vinculante para regularlas.

“AngloGoldAshanti tiene demandado al Estado colombiano en tribunales nacionales, por haber protegido a sus ciudadanos, el medio ambiente y el agua, prohibiendo la minería en páramos. Pero las comunidades vulneradas en sus derechos por esa operación en Colombia no tienen cómo reclamarle a la mina a nivel internacional, o en su propio país” explicó Viviana Tacha, abogada de SIEMBRA, Centro Sociojurídico para la Defensa del Territorio.  

Este caso ilustra la urgente necesidad de un Tratado Vinculante ONU que fiscalice a  las empresas en sus países de origen – en este caso Sudáfrica, donde la AngloGold Ashanti tiene sus oficinas legales. El tratado de Vinculante prioriza a las personas y al planeta y se centra en la responsabilidad, el acceso a la reparación y las áreas afectadas por conflictos, cerrando así las brechas en la protección y la regulación. 

Para más información contactar a Ana Maria Suarez-Franco: Suarez-Franco@fian.org 

Las organizaciones de derechos humanos colombianas y miembros del Grupo NGO-LAC en Ginebra, respaldadas por más de 300 organizaciones de todo el mundo hacen un llamado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se lleva a cabo actualmente en Ginebra, para que condene la brutal represión hacia las y los manifestantes y pidan investigaciones independientes. La declaración conjunta es la segunda después de un llamado global a la actuación de la comunidad internacional al inicio del Consejo por parte de organizaciones de derechos humanos.

“La violencia policial no es nueva en Colombia, como se evidenció en septiembre de 2020, cuando policías torturaron y mataron a un civil indefenso y luego mataron a otros 13 en los días siguientes” dijo Ana María Rodríguez, subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas.  “Lo que no tiene precedentes es la escala de la represión y la crueldad de las actuaciones de los agentes de la fuerza pública que incluyen ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual y la desaparición forzada de cientos de manifestantes pacíficos» añadió Oscar Ramírez, abogado de la Campaña Defender La Libertad: un asunto de todas.

De acuerdo a la Campaña Defender La Libertad, desde el inicio de las protestas el 28 de abril y hasta el 28 de junio se han reportado 83 homicidios, que incluyen al menos 27 víctimas a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).  Un número significativo de muertes atribuidas a civiles armados sin identificar, que a menudo actúan con la complicidad de los agentes de las fuerzas armadas del Estado. 80 personas han sufrido lesiones oculares y otras 114 heridas de bala.  Alrededor de 3.200 manifestantes han sido detenidos arbitrariamente sin garantías a su derecho a un debido proceso, lo que los ha expuesto a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Las organizaciones de la sociedad civil que hacen parte de la Campaña y documentan estas violaciones a los derechos humanos también han registrado golpizas, puñetazos con objetos contundentes, descargas eléctricas, amenazas de desaparición forzada, desnudez forzada y violencia sexual y de género, incluida la violación. Muchas de estas conductas no se están investigando y, para aquellas graves irregularidades donde sí hay investigaciones, estas están en manos de la justicia penal militar o no avanzan con la transparencia y la celeridad que las víctimas necesitan para obtener justicia.

Un hecho particularmente preocupante es la práctica de la desaparición forzada que se presenta cuando las personas detenidas son trasladadas a centros irregulares de detención, como centros comerciales, escuelas y estaciones de transporte público, y permanecen incomunicadas hasta por 36 horas. A la fecha, 327 personas continúan desaparecidas y las autoridades niegan la ocurrencia de aproximadamente la mitad de estas desapariciones.

Los ataques se han dirigido especialmente a grupos en situación de mayor vulnerabilidad, como indígenas, miembros de la comunidad LGBTIQ, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personal médico que atiende a manifestantes heridos. Incluso una misión de verificación de organizaciones de derechos humanos, acompañada por funcionarios de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, recibió amenazas y disparos por parte de policías en Cali, el pasado 3 de mayo.

Otra práctica muy peligrosa es el uso indiscriminado de armas de letalidad reducida como el sistema Venom de lanza proyectiles, que puede tener efectos letales.

“Las movilizaciones sociales recientes tienen sus raíces en la pobreza, niveles extremadamente altos de desigualdad y racismo sistémico”, dijo Gerald Staberock, Secretario General de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), organización miembro del Grupo ONG-LAC. “En lugar de buscar una solución pacífica a la situación, el Gobierno ha negado la mayor parte de los abusos por parte de la fuerza pública y se ha centrado en deslegitimar a los manifestantes, incluso comparándolos con terroristas. Esto, junto con la militarización de la respuesta y la participación de civiles armados, recuerda las horas más difíciles del conflicto en Colombia”.

Más de 300 organizaciones de derechos humanos piden hoy a los Estados reunidos en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que convoquen una investigación e insten a las autoridades colombianas a tomar las medidas necesarias para respetar y garantizar el derecho a la vida y los derechos fundamentales en el contexto de las protestas.

El Grupo ONG-LAC en Ginebra está compuesto de las siguientes organizaciones: Centre for Civil and Political Rights (CCPR Centre), Dominicans for Justice and Peace, FIAN International, Franciscans International (FI), International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race & Equality), International Service for Human Rights (ISHR)), Peace Brigades International (PBI), Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), World Organisation Against Torture (OMCT).

Contactos de prensa:

Bogotá: Paola Sánchez y Santiago Vargas del área de comunicación y relaciones públicas de la Comisión Colombiana de Juristas, celular (+)57 321 8748251 santiagovargas@coljuristas.org paolasanchez@coljuristas.org

Ginebra: Iolanda Jaquemet, directora de comunicaciones de la World Organisation Against Torture (OMCT), celular (+) 41 79 539 41 06 ij@omct.org

Ayer 22 de junio del 2021, en el marco de la sesión numero 47 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, un grupo conformado por más de 300 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, movimientos sociales y asociaciones de víctimas presentaron una declaración oral conjunta pidiendo acción por parte de la comunidad internacional ante las graves violaciones a los derechos humanos cometidas estas últimas semanas en Colombia.

Las numerosas organizaciones reafirmaron las preocupaciones expresadas por la Alta Comisionada de Derechos Humanos, la Señora Michelle Bachelet, este lunes, durante la presentación del informe anual, quien llamó a la realización de investigaciones prontas, efectivas e independientes, ante las 56 muertes (54 de ellas civiles y 2 policías) registradas por su Oficina en el contexto de las protestas iniciadas el 28 de abril de 2021 (Paro Nacional), así como a la implementación del Acuerdo de Paz como clave para abordar las causas estructurales que han generado las protestas y la brutal respuesta del Estado a estas.

Asimismo, durante el respectivo diálogo interactivo, las misiones diplomáticas de Bélgica y Suiza solicitaron respeto al derecho a la libertad de reunión y expresaron preocupación por el uso excesivo de la fuerza, llamando a establecer canales de diálogo.

Mediante la declaración las organizaciones firmantes resaltaron los asesinatos, el uso excesivo de la fuerza, los actos constitutivos de tortura y otros malos tratos, las desapariciones forzadas, la violencia sexual, las detenciones arbitrarias y los ataques, incluidos los ciberataques contra quienes ejercen su derecho a protestar en Colombia.

Las organizaciones expresaron que estos hechos constituyen violaciones flagrantes de los derechos humanos, que han tenido lugar a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que instó a la Fuerza Pública de Colombia a no actuar de manera violenta, arbitraria y sistemática durante las manifestaciones y los llamamientos de mecanismos de derechos humanos a cesar estas violaciones.

Igualmente destacaron que las protestas se vinculan a reivindicaciones estructurales ligadas a los derechos humanos, incluyendo la pobreza – el 42% vive de la sociedad colombiana vive en la pobreza y el 15% en la pobreza extrema – , la desigualdad, injusticias sociales crecientes, la impunidad, el racismo sistémico y la violencia sistemática contra las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo líderes sociales, campesinas, sindicales e indígenas y la prensa y a la falta de la plena implementación del Acuerdo de Paz de 2016.

Las organizaciones exhortaron al Consejo de Derechos Humanos a exigir a Colombia el cese del uso de violencia y el respeto del derecho a la protesta pacífica; a que investigue de forma independiente las violaciones a los derechos humanos cometidas en este contexto; a que acepte la visita de los procedimientos Especiales y a que apoye el logro de consensos sociales en torno a las demandas estructurales.

Finalmente pidieron a la Alta Comisionada a la Alta Comisionada, que, por medio del monitoreo de su oficina en Colombia, elabore un reporte sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas.

La declaración conjunta que agrupó diversas organizaciones de Colombia, América Latina y de distintos países del mundo fue leída ante el Consejo por un representante de la Familia Franciscana en Colombia.

A pesar de que la relación entre las protestas y la falta de una efectiva implementación de los Acuerdos de Paz de la Habana ha sido constantemente mencionada dentro de las demandas de las organizaciones sociales colombianas, en su respuesta a la Alta Comisionada el Estado Colombiano negó la vinculación entre el Paro Nacional y la falta de implementación de los acuerdos, una vez más haciendo oídos sordos a las reivindicaciones de los sectores involucrados en las protestas y restando relevancia a la implementación de acuerdos internacionalmente vinculantes.